Contra el terrorismo de estado en Nicaragua (paramilitar o fiscal): derechos para todos, privilegios para nadie
Francisco Larios
El autor es Doctor en Economía, escritor, y editor de revistaabril.org.
…salir en puntillas de la crisis, esperando que nadie note que el pacto con Ortega sigue en pie: cada uno a sus millones, y al tirano los cañones.
El respetado periodista Guillermo Osvaldo Cortés Domínguez publica afirmaciones que creo vale la pena comentar. La primera: “Me viene llamando fuertemente la atención que haya personas que, con una extraordinaria disciplina, metódica y sistemáticamente se han dedicado a atacar a los grandes empresarios privados desde el mismo mes de abril del 2018, pese a que ellos cortaron drásticamente con la dictadura…” La segunda es que quienes así critican a los grandes empresarios privados siguen “instrucciones precisas desde un cuartel general orteguista.“
Hago estos comentarios porque yo soy uno de esos que consideran al gran capital parte del sistema dictatorial que oprime a Nicaragua, y soy uno de los tantos que consideran los actos de sus representantes, el proyecto de “aterrizaje suave” y sus gestiones fuera de Nicaragua para atenuar las sanciones, como un esfuerzo de evitar que el sistema dictatorial caiga. Quedarían felices con un rostro maquillado que les permitiera decir “ya somos democracia” sin que nada fundamental cambiara.
No han logrado hacerlo porque las heridas en el pueblo son muy grandes y muy recientes. No han logrado hacerlo porque su socio principal, capo di tutti capi, Padrino de todas las famiglias, no quiere soltar la jefatura de las mafias de Nicaragua, y como el mismo Sr. Cortés Domínguez ha comentado, no va a dejar el poder a menos que lo saquen los ciudadanos por la fuerza (no por las armas, necesariamente; pero si, necesariamente, por la fuerza).
¿Cómo se llegó a esta situación?
En un giro de la historia que debería ser la más trágica ironía–para quienes aceptan la fábula sandinista de pureza revolucionaria y socialismo– el FSLN se convirtió en el brazo armado de la oligarquía post colonial. Y como ha sido lo común en el país, el brazo armado terminó imponiéndose sobre una cabeza oligárquica que es, políticamente, tan incompetente y débil como es cruenta, implacable y excluyente en su dominio económico.
Terminó imponiéndose porque usa contra sus socios el poder monstruoso que sus socios lo dejaron acumular, para ellos engordar riquezas cómodamente. Y como ha ocurrido también antes en la historia, desde Emiliano Chamorro y Zelaya hasta los Somoza, si los socios quieren rebelarse contra il capo di tutti capi el tirano los ataca donde a estos más duele, donde la ambición de ellos reside: en sus fortunas. Solo entonces, en ocasiones, se ven obligados a un enfrentamiento directo con la dictadura militar, que la esperanza de democracia del pueblo puede aprovechar.
El dilema de las famiglias
En esas estamos.
Las famiglias tienen muy pocas opciones. Una es aceptar que no pueden arriesgar “los permisos de exportación”, como increíblemente declara Michael Healy ante las cámaras, y soñar con que sus aliados en “la comunidad internacional” operen el milagro de una transformación estética del régimen dictatorial, la cual todavía creen necesitar, porque sienten ira en el aliento del pueblo.
Otra, si la primera falla, es hacer como que nada ha pasado, y resbalarse de nuevo hacia el silencio, salir en puntillas de la crisis, esperando que nadie note que el pacto con Ortega sigue en pie: cada uno a sus millones, y al tirano los cañones.
La tercera, que representaría un salto cuántico para las élites nicaragüenses, sería cruzar verdaderamente la calle y poner sus enormes recursos del lado de la ciudadanía, para acabar con la tortura de un país entero y emprender el camino hacia un Estado de Derecho.
No hay ninguna indicación de que esta sea la preferencia de los “grandes empresarios”, ni que hasta la fecha se sientan obligados por las circunstancias a optar por ella. Ortega es capaz de administrar abusos de acuerdo con la jerarquía social que tiene la maldad política en Nicaragua; la regla general parece ser balas y cárcel para los pobres, terrorismo fiscal para los díscolos acaudalados. De esta manera les recuerda a estos últimos que lanzarse a la desobediencia real les traerá costos, y busca cómo mantenerlos en el limbo de la duda, bamboleándose entre las primeras dos opciones.
Ortega, por supuesto, no es infalible, y por la persistente aspiración democrática del pueblo y su propio temor (los crímenes de lesa humanidad cuelgan como espadas sobre él y su clan) podría empujar a los socios oligarcas hasta un punto en que no tengan más remedio que enfrentarlo.
No sería la primera vez que un tirano calcula mal la cantidad de veneno y termina intoxicándose a sí mismo. A propósito, creo haber visto en una copia de La Prensa de 1978, cuando las famiglias se rebelaron y abrieron las puertas al ascenso del FSLN, un titular que decía algo así como “Abajo el competidor desleal”.
Contra todo abuso del poder: derechos para todos, privilegios para nadie.
Independientemente de las maquinaciones maquiavélicas de uno u otro bando, en nombre de la democracia que soñamos, y del Estado de Derecho indispensable para sostenerla, los ciudadanos debemos denunciar cualquier atropello de la dictadura militar, sea contra quien sea; no porque las víctimas sean siempre ajenas a toda culpa en la pesadilla, sino porque no queremos, punto, no aceptamos, bajo ninguna excusa, que ningún régimen utilice impunemente la autoridad que se supone del pueblo, la del Estado, para mantenerse en el poder en contra de nuestra voluntad, y no aceptamos que viole los derechos humanos en nombre nuestro.
En pocas palabras: exigimos un Estado de Derecho, con derechos para todos, privilegios para nadie. Aunque los grandes capitales y sus políticos ignoren esta demanda, porque prosperan y se sienten casi siempre protegidos en sus privilegios, el ciudadano común debe exigir respeto al derecho de todos y cada uno, para que nadie pueda ejercer el poder en su contra. Llámese Álvaro Conrado, Eddy Montes, Cristhian Fajardo, doña Francisca, o Juan Pedro X; trátese de la familia del exilado Norwin Orozco, que como muchas otras es víctima de amenazas de sicarios; o de la familia de Juan Sebastián Chamorro; sea laico o seglar, católico, evangélico o agnóstico, hombre o mujer, heterosexual o LGBTQ; liberal, conservador, socialdemócrata, sandinista, aliancista, unabista, vayan por donde vayan sus preferencias, el Estado está en obligación de ejercer nuestro mandato de que cada quien se exprese libremente, y de no reprimir a favor de los intereses de un grupo particular.
Esto es esencial. Y no es que nos llamemos a engaño acerca de quiénes luchan y quiénes estorban la marcha hacia el sueño de una república democrática. Porque estamos muy claros de que si alguien trabaja “con extraordinaria disciplina, metódica y sistemáticamente”–cito la frase que el Sr. Cortés Domínguez dirige a los críticos de la oligarquía– para que la voluntad popular de democracia no triunfe, es el gran capital y sus representantes políticos.
¿Qué me queda por decir?
Solamente (lo digo para que crea quien quiera creer, o que quien pueda demuestre lo contrario), lo siguiente: hacer las críticas que arriba resumo, basadas en estudio y experiencia, y que ya son de amplia aceptación entre los ciudadanos demócratas, no es “seguir instrucciones precisas desde un cuartel general orteguista.” Esta última afirmación del Sr. Cortés Domínguez es un ad hominem, un truco retórico que desvía del argumento; una manera de no debatir el mensaje, sino atacar al mensajero. Pero no estamos ya en tiempos de “Dirección Nacional Ordene”, ni de “el que no brinque es contra”. El debate democrático debe darse.
