Déjà vu de la izquierda mexicana
El ingeniero Heberto Castillo Martínez (1928-1997) tenía dos columnas en Proceso y El Universal, que eran de consulta necesaria por los diversos temas que abordaba con una visión crítica y analítica pocas veces vista. Desde esos espacios, además de analizar la realidad de México y el mundo, hacía propuestas que provocaban polémica y discusión en la opinión pública. Me vienen a la memoria dos de ellas.
Una fue apoyar la movilización del PAN en 1986 por el fraude en las elecciones estatales de Chihuahua, la que fue calificada por el entonces Manuel Barttlet y especialmente un sector de la izquierda doctrinaria como un fraude patriótico para detener el avance de la derecha. Eran los tiempos cuando el gobierno controlaba las elecciones para asegurarse no perderlas.
Heberto no sólo hacia grandes declaraciones, sino que actuaba en consecuencia y fue a mostrar su solidaridad personalmente a Luis H. Álvarez en huelga de hambre, para convencerlo de que la levantara y comprometerse a presionar para que se lograra una reforma electoral en la que el sufragio fuera efectivo porque los votos no se contaban, como finalmente ocurrió en 1996.
La otra fue cuando propuso que el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y en general la izquierda abriera la puerta al empresariado, considerando que podría ser un aporte importante para la transformación del país. La izquierda más radical, imbuida en la premisa de la lucha de clases, consideraba esto como un total desatino.
Estas posturas generaron un gran rechazo en ciertos sectores dentro y fuera del partido, incluso creando una corriente dentro del mismo para oponerse a las desviaciones del ingeniero, que estaba abandonando la lucha socialista. Paradójicamente, algunos de estos personajes serían años después figuras destacadas dentro de Morena, algunos incluso como intelectuales orgánicos.
El cuestionamiento a las dictaduras de izquierda en Latinoamérica, también era rechazado por esta corriente sectaria con la consabida retórica de estarle haciendo el juego al imperialismo y a la derecha. Por ende, no pudieron comprender que el Partido Socialista chileno se aliase con la Democracia Cristiana en el plebiscito nacional en octubre de 1988, para impedir que Augusto Pinochet siguiera en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Reclamaban que cómo era posible aliarse con ese partido que apoyó el golpe contra Salvador Allende en 1973.
Estos recuerdos vienen a colación de lo sucedido este 2024. El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 reformas, 18 de ellas constitucionales como una apuesta electoral para provocar un cambio de régimen con el Plan C el 5 de febrero, como epitafio adelantado, y sellado con la posterior aprobación de la “Supremacía Constitucional” para impedir que el Poder Judicial pueda impugnar cualquier modificación que haga el Legislativo, abrogando cualquier control de convencionalidad por incumplimiento de tratados internacionales como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Es decir, la Carta Magna definida por el oficialismo estará por encima de cualquier convención de derechos humanos o acuerdo comercial firmado por el Estado mexicano, contradiciendo lo que señala el mismo artículo.
Estas modificaciones se lograron gracias a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados con una interpretación a modo de parte de las autoridades electorales, capturadas sigilosa y eficazmente por el oficialismo, con lo que 54% de los votos se transformaron en el 73% de los curules, y logró más de dos terceras partes de los escaños en el Senado con presiones y deserciones de legisladores. Paradójicamente, quienes se quejaban de esa práctica en un pasado, se beneficiaron en una proporción no vista desde que se presentó esta situación en 2009.
Con las modificaciones legales y con las que todavía están pendientes, regresamos a una etapa de un estado corporativo como en la época priista de los sesentas, pero peor, porque estamos inmersos en una militarización legalizada al modificarse el artículo 129 constitucional, que les da facultades amplias a las fuerzas armadas para poder intervenir en cualquier ámbito y con fuero. Es decir, si violan los derechos humanos, sólo pueden ser sancionadas al interior. Exactamente lo que querían en el gobierno de Enrique Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior, pero ahora llevada a rango constitucional.
En Venezuela, ocurrió un fraude descomunal contra la oposición unida contra el régimen de Maduro en julio. México tomó una postura de aparente neutralidad con el recurso de respeto a la soberanía, pero que avaló por la vía de los hechos lo sucedido y que contrastó con la denuncia clara y decidida de Chile. En el caso de Nicaragua y de la represión a la oposición, un silencio cómplice con un gobierno que por medio de una reforma por un legislativo controlado por los sandinistas legaliza una dictadura suprimiendo el estado de derecho, ocurrió lo mismo.
En conclusión, no resulta extraño que en Morena se adopten esas posiciones si los priistas de ayer y de la izquierda populista antidemocrática son los sectores dominantes hoy en día en ese organismo, dirigido tras bambalinas por su fundador. Pero, también está claro, que sectores de la izquierda democrática estamos buscando nuevas opciones, para revertir la regresión política registrada este año. El Frente Cívico Nacional es una opción en ciernes.
Adenda
1. La Reserva Federal redujo 25 puntos base la tasa de fondos federales como se esperaba. La decisión podría ser replicada por el Banco de México hoy.
2. El PIB turístico aumentó 4.4% en 2023 frente a 3.2% de la economía en su conjunto; sin embargo, su contribución respecto al total pasó de 8.7% en 2022 a 8.6% en 2023 porque el comparativo se hace a precios corrientes.
3. Ahora resulta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la UNAM no puede sancionar el plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Me queda la duda de que el TFJA tenga facultad para dictar esa resolución y que la máxima casa de estudios deba acatar la resolución sin apelar a una autoridad superior. Claro ejemplo de cómo las instituciones protegen a los suyos. El signo de los tiempos, como diría mi padre.
Pablo Álvarez Icaza Longoria
El autor es Economista, Catedrático de la EST-IPN.
