Democracia y reformas electorales: Diagnóstico de nuestro sistema electoral y propuestas de reforma desde la ciudadanía

Tradicionalmente en la cultura política nicaragüense han pesado más las cosas que nos separan en perjuicio de las que nos unen. La ausencia de diálogo a través de la historia ha sido un rasgo determinante que ha contribuido a crear una cultura que se expresa en la intolerancia y en no aceptar a quienes no comparten nuestras ideas o nuestra doctrina política.

Hasta hoy no hemos sido capaces de escuchar las ideas de los demás y mucho menos aprender a convivir en una multiplicidad de disensos en forma tolerante. El actual diálogo nacional no ha escapado a esta tendencia de imposición sin consenso.

Siempre tengo presente las palabras de Pablo Antonio Cuadra, quien decía que en Nicaragua existen y persisten una serie de malestares que son origen y causa de males que, generaciones tras generaciones, gobierno tras gobierno, mantienen sumido al país en el caos y la pobreza.

“Males como la reelección, el clientelismo político, la elección de diputados en lista cerrada y bloqueada, la no modernización de los partidos políticos, el personalismo, el caudillismo, el desprecio a la ley, la politización de las instituciones del Estado, etcétera, son los que han tenido a nuestro país soterrado en la desdicha y en la ignorancia”

EL SISTEMA ELECTORAL Y LA DEMOCRACIA

Los sistemas electorales son reflejo de las relaciones de poder, y principalmente de los intereses existentes en el momento de su instauración. Por nuestra experiencia histórica conocemos que los cambios institucionales, y principalmente los de sistemas electorales, conllevan a tensiones, y que estos cambios no resultan únicamente de la acción guiada por una lógica racional-constructiva de naturaleza técnica, si no más bien son el resultado de un proceso de largo alcance, inherente a la dinámica y al conflicto de intereses y valores en la lucha por el poder entre los actores sociales.

De ahí que la reforma a la Ley Electoral no sea solamente un problema técnico, de cambio de artículos a la Constitución y a la ley electoral, si no también político. Es necesario partir de diagnósticos precisos, examinar la tradición del país en materia electoral y tomar en cuenta los intereses políticos que entran en juego. Pero aun así, el juicio puede ser errado si se basa en esquemas engañosos o simplistas.

El establecimiento de un sistema electoral es una de las decisiones institucionales más importantes para cualquier democracia. Sin embargo, en términos históricos, en nuestro país ha sido muy poco usual que un sistema electoral sea seleccionado de manera consciente y deliberada. A menudo, la elección es accidental: el resultado de una inusual combinación de circunstancias, de una tendencia pasajera o de una coyuntura histórica en particular.

Cualquier democracia en transición debe escoger o heredar un sistema electoral que brinde legitimidad y representatividad, pero a menudo tales decisiones son tomadas bajo  una  de  las  siguientes  condiciones:  O  bien  los  actores  políticos carecen del conocimiento o información básica y la elección del sistema electoral y sus consecuencias no son reconocidas en su totalidad, o por el contrario tienen un conocimiento tan claro de todo ello que promueven la adopción de aquel que consideran que maximizaría o serviría de mejor forma a sus intereses particulares.

En ambos escenarios, con frecuencia la selección no es la más apropiada para el bienestar político y social del país en el largo plazo; y en el peor de los casos suele traer consecuencias desastrosas para las perspectivas democráticas del país.

La forma en que debe ser elegido un sistema electoral debe ser tan importante y destacada como las elecciones en sí. En nuestros países la mayoría de los sistemas electorales son adoptados bajo cuatro fórmulas básicas: por herencia colonial, a través de un diseño consciente, por imposición externa o por accidente. En Nicaragua, a través de su historia se han dado estas cuatro fórmulas. Sin embargo el rasgo característico de todas las Leyes y reformas electorales ha sido el de excluir a diferentes actores políticos y sociales; lo cual confirma la tendencia centrífuga del sistema político nicaragüense.

El día de hoy, uno de los temas de discusión en el frustrado diálogo nacional ha sido el de las reformas electorales. Creo que antes  de  proponer  medidas  de reforma “a diestra y siniestra”, habría que tener claros y consensuados –con el mayor margen de flexibilidad posible– los objetivos de las reformas. Así se evitaría recorrer el camino de presentar un sinnúmero de propuestas concretas (incluso sistemas electorales “ideales”)  por  parte  de  políticos  y  especialistas,  ya  que  este  es  el  camino más seguro para no alcanzar ninguna reforma, pues el debate se cansa en la polémica y la confrontación.

El politólogo alemán Dieter Nohlen recomienda que para la realización de una reforma electoral efectiva hay que examinar el sistema electoral (como variable dependiente), con relación al sistema de partidos políticos, al sistema de gobierno y a la cultura  política. En nuestro caso creo que además hay que preguntarse: ¿sabrán  los  reformadores  cómo  cambiar  lo  que desean cambiar?, ¿en dónde y cómo buscan su inspiración como creadores o modificadores de un sistema electoral?, ¿estudian la estructura dividida de nuestra sociedad?, ¿profundizan en los determinantes más relevantes de la historia de nuestro país?

Tomando en cuenta los avances logrados en el estudio de los sistemas electorales, habría que diferenciar tres aspectos relevantes para poder opinar científicamente sobre esta problemática: Primero: Leyes electorales (conocimiento de lo histórico-individual).  Segundo: Sistemática electoral (formas de distritos electorales y métodos  de  cómputo). Tercero: Elementos  conceptuales  (requisitos  conceptuales  para poder formular enunciados teóricos y para poder optar entre alternativas).

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

Cada conjunto de nuestras reglas electorales rige para un ámbito preciso de elección: dos de carácter nacional (elecciones presidenciales y legislativas), otro de carácter local (elecciones de consejos municipales, y aquí incluyo las de la Costa Caribe) y la que regula la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano. Veamos:

Elecciones presidenciales. Al igual que en los demás sistemas presidencialistas, se sigue el sistema de mayoría relativa uninominal, artículo 146 y 147 de la Constitución Política de Nicaragua. Es evidente que se debe volver al sistema antes del pacto Alemán-Ortega, y establecer al menos el 40 o 45% de los votos validados para ser electo Presidente y Vice-presidente de la República.

En el caso que ninguno de los candidatos alcance el porcentaje para ser electo, se realizaría una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, y serían electos los que obtengan el mayor número de votos.

Si tomamos en cuenta la cultura política de Nicaragua y su tendencia a la polarización política, es importante que existan dos vueltas, debido a que el partido ganador gozará de una clara mayoría y de mayor legitimidad. Lo más importante de este escenario sería que al existir la posibilidad de dos vueltas los partidos pequeños tendrían una mayor oportunidad, ya que el votante podría optar por otras posibilidades al conocer que tendrá una segunda oportunidad de expresar su preferencia. Para evitar el oportunismo y la industria política se debe dejar el umbral de inscripción para los partidos hasta en un 2% de firmas de ciudadanos, correspondiente al total de registrados en el Padrón Electoral de las últimas elecciones nacionales.

Elecciones parlamentarias. La elección de los diputados se realiza a nivel nacional y departamental. De acuerdo al artículo 132 de la Constitución Política de Nicaragua  y 146 de la Ley Electoral, se establece que se elegirán 20 diputados en circunscripción nacional y en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas 70 diputados, mediante el sistema de representación proporcional por cociente electoral.

El cociente electoral nacional se obtiene dividiendo el número total de votos válidos emitidos en el país para esta elección entre el número de escaños a elegirse. Los escaños que hagan falta distribuir se asignan a cada partido o alianza política de la siguiente manera: “Luego de la adjudicación anterior, se ordenarán de nuevo los votos obtenidos por cada partido de mayor a menor y el siguiente escaño se asignará  al  partido  que  obtenga  en  la  primera  operación  más  uno, asignando el escaño al partido que resulte con la media mayor. En caso que la distribución de escaños no se complete se repetirá de nuevo esta misma operación,  pero  ahora  únicamente  respecto  del  partido  que  obtuvo  el escaño anterior, es decir, se divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido que resulte con la media mayor”.

La elección de diputados por circunscripción departamental y de las Regiones Autónomas se hace asignando inicialmente a cada organización política un escaño por cociente electoral departamental o de las Regiones Autónomas conforme el procedimiento siguiente: “Se obtendrá el cociente electoral departamental o regional dividiendo el total de votos válidos emitidos para esta elección en la correspondiente circunscripción, en los escaños a elegirse para la misma, excepto en las circunscripciones en donde se elija solamente uno o dos diputados, para las que el cociente electoral se obtendrá dividiendo el total de votos válidos de la circunscripción entre los escaños a distribuirse más uno”.

Creo que se debe de eliminar las diputaciones a los expresidentes, y a los del segundo lugar en las elecciones presidenciales. Asimismo, se debe eliminar las diputaciones nacionales. Esto tenía sentido cuando existían dos cámaras en Nicaragua; hoy es unicameral.

En la actualidad, una de las principales críticas de los ciudadanos a la Asamblea Nacional y principalmente a los diputados, es que éstos aparecen alejados de su comunidad, sin rendir cuentas y sin informar sobre sus actividades legislativas. Sin embargo, como conocemos, lo anterior ocurre porque no existe un sistema parlamentario de carácter verdaderamente democrático, como consecuencia de un sistema electoral no representativo cuya forma de votación es de lista cerrada y bloqueada, es decir, un sistema de partidos excluyente, en donde el autoritarismo y las lealtades personales son las que se imponen a la hora de escoger a los candidatos a diputados. Esto de hecho configura una institución legislativa no democrática, y poco o nada representativa de los intereses de los distintos sectores sociales. Acompaña a esta imagen negativa de falta de representatividad, el hecho de que muchos diputados se han visto asociados a actos de corrupción, y utilizan la ley de inmunidad como escudo para su impunidad.

“La percepción general de la población es que la función de  intermediación partidaria se encuentra deslegitimada por la creencia ciudadana de que la mayoría de sus representantes utiliza el poder en beneficio propio, y no en favor de sus comunidades o de la ciudadanía”

Esto ha hecho que los ciudadanos propugnen por otras formas de representación con el objetivo de acercar a los representantes con los representados. Se han propuesto diferentes alternativas, sin embargo, creo que se deben presentar listas no bloqueadas.

 Elección de los Consejos Regionales. Para la elección de los Miembros de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, se aplica el sistema de representación proporcional por cociente electoral y a cada lista se le asignará tantos escaños como resulten de dividir el total de votos obtenido entre el cociente electoral de la circunscripción.

Elección de Alcalde y Vicealcalde y de los Concejos Municipales. La elección del Alcalde y del Vicealcalde se realiza con voto directo, personal y secreto, en cada uno de los Municipios del país.

Creo que se debe de volver a elegir en el municipio de Managua diecisiete concejales con sus respectivos suplentes, y no como en la actualidad: 78. En las cabeceras departamentales o municipios con más de treinta mil habitantes se deben elegir ocho concejales y en los municipios con menos de treinta mil habitantes, cuatro concejales, y no la forma desproporcionada del día de hoy.

En la actual ley electoral se impide la suscripción popular y la existencia de partidos de ámbito local. Una reforma democrática exige que entren en vigencia estas formas de participación. Asimismo, desde mi punto de vista habría que modificar el tipo de representación mayoritaria que rige en la elección del Alcalde y Vicealcalde, y adoptar (como lo tenía, aunque parezca paradójico, el último de los Somoza) a un sistema proporcional total.

Esto permitiría una mejor representatividad de los Consejos y la presencia de diversos intereses en la gestión municipal. Además contribuiría a la despersonalización de la disputa política, especialmente si la elección no se plantea como elección del alcalde o alcaldes sino de todo el consejo  municipal. Este último sería el encargado de elegir al jefe edilicio. Incluso podría experimentarse en este nivel el recurso al voto preferencial para darle un mayor protagonismo a los electores frente a la propuesta partidista. Una medida en esta dirección implicaría también la adopción de una lista cerrada pero no bloqueada.

En cuanto al Parlamento Centroamericano es necesario preguntarse: ¿Es en realidad necesario? Considero que deben ser los mismos diputados nacionales quienes nos representen en el Parlamento Centroamericano. De esta forma ahorraríamos casi millón y medio de dólares y garantizaríamos que las recomendaciones se traduzcan en leyes nacionales. Como sabemos, en los años de existencia del Parlacen ninguna recomendación se ha traducido en Iniciativa de Ley, lo que lo hace disfuncional para los intereses nacionales.