El conflicto entre Harvard y el poder: libertad académica bajo amenaza
Oky Argüello
En una democracia funcional, las universidades son mucho más que centros de formación profesional: son espacios de pensamiento crítico, análisis profundo y libertad de expresión. Cuando un gobierno decide castigarlas por permitir el disenso, lo que está en juego no es solo su financiamiento, sino el principio mismo de la razón pública.
A finales de 2024, estudiantes de Harvard y otras universidades protestaron pacíficamente en solidaridad con el pueblo palestino. Denunciaron lo que consideran crímenes de guerra cometidos por Israel y exigieron a sus instituciones cortar vínculos financieros con empresas implicadas en la ocupación. Estas manifestaciones, aunque polémicas, estaban protegidas por el derecho constitucional a la libre expresión.
La respuesta del gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Trump, fue fulminante:
– Se congelaron más de $3 mil millones en fondos federales destinados a investigación.
– Se intentó revocar la certificación migratoria que permite a Harvard acoger estudiantes internacionales.
– Se amenazó con revisar el estatus fiscal de la universidad, insinuando represalias financieras.
Estas medidas, lejos de ser técnicas o neutrales, representan una clara forma de represalia política. Castigar a una universidad por tolerar —o no reprimir— el activismo estudiantil no solo atenta contra la Primera Enmienda, sino que sienta un precedente profundamente peligroso.
La jurisprudencia estadounidense ha defendido históricamente la autonomía universitaria como un bastión del pensamiento libre. Como estableció la Corte Suprema en Keyishian v. Board of Regents (1967), el aula universitaria es un mercado de ideas, y el Estado no puede imponer ortodoxias ideológicas.
Harvard ha respondido con una demanda federal, denunciando la violación de derechos constitucionales. Una jueza ya ha bloqueado temporalmente la revocación de visados estudiantiles, pero el conflicto está lejos de resolverse.
Este tipo de confrontación no es nuevo. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán logró expulsar a la Universidad Centroeuropea mediante mecanismos fiscales y legales similares. El patrón es claro: se intenta debilitar a las instituciones que albergan pensamiento crítico para reforzar un modelo de obediencia ideológica.
Y sin embargo, más allá de Harvard, Estados Unidos o cualquier ideología particular, queda una verdad fundamental:
Todo país cuyo gobierno ataca a sus universidades por permitir la crítica, el pensamiento divergente o la libertad de expresión está decapitando las bases mismas del pensamiento humano.
Oky Arguello
