El declive económico y la necesidad de deshacernos del régimen Ortega Murillo
María Angélica Almendárez
La ausencia de cuestionamientos y de conciencia de nuestras propias responsabilidades ciudadanas contribuyó a la formación de la imagen de una Nicaragua que florecía gracias a los programas sociales del gobierno.
La responsabilidad del declive económico de Nicaragua ha recaído en la repartición de culpas y la victimización del régimen, que desean minimizar su corrupción y sus crímenes atacando a los autoconvocados y a la lucha cívica desde abril del 2018.
Resumiendo un poco y enfocándome desde la dimensión económica como factor condicionante de la participación ciudadana, el mandato «representativo» del régimen desde un inicio fue más allá de conformarse con los fines determinados por la voluntad general; él mismo se consideró autorizado a hacer lo que consideraba «bueno» o «correcto».
No nos enfrentamos a un aislamiento económico producto de intervenciones extranjeras, sino a las consecuencias de una mala administración de los recursos del Estado y el inminente agotamiento fiscal producto del empeño de un grupo de personas por mantenerse en el poder.
La ausencia de cuestionamientos y de conciencia de nuestras propias responsabilidades ciudadanas contribuyó a la formación de la imagen de una Nicaragua que florecía gracias a los programas sociales del gobierno y a las donaciones de los aliados del FSLN.
Las construcciones de carreteras, de nuevas infraestructuras, los préstamos de Usura- cero, los terrenos, los cerditos, los eventos en los barrios, el 6% de las universidades públicas… Todas estas inversiones apuntaban hacia partidarios e individuos beneficiados mínimamente por afirmar que Ortega era un benevolente.
No es así, nada es gratis aunque sea haga en nombre de los pobres. La ignorancia de ciertos sectores vulnerables de la población, la carencia de información veraz, la nula educación o la educación libre de adoctrinamiento, la ilusión de integración social, la ilusión de equidad y solidaridad fueron aprovechadas para incrementar las riquezas personales de los funcionarios públicos, de sus familias y cómplices.
La adquisición de canales de televisión, de radios, de empresas de publicidad, restaurantes, propiedades, armamento militar innecesario, incluso de las drogas «de calidad» que muchos consumen, entre otros gastos superfluos, todos financiados por las clases trabajadoras estancadas.
Los beneficios de los que se jactan nada más llegaban a la militancia sandinista. El INSS colapsaba, las reservas ardían, Ortega había entregado el país a un empresario chino con su promesa de la construcción de un canal interoceánico, la deforestación crecía exponencialmente, el sistema educativo mediocre premiaba absurdamente la ignorancia y mientras los que no estábamos cegados, protestábamos y cuestionábamos, algunos caíamos en el ridículo y otros ya eran víctimas de la represión y la violencia.
El estallido de la crisis sociopolítica fue en respuesta a la violencia desmedida de la policía, paramilitares y también de la complicidad del Ejército que niega su involucramiento.
Mientras continúe Ortega en el poder y siga aferrándose a este, mientras muchos empresarios prioricen sus intereses económicos y continúen evitando el flujo informativo y las reuniones colectivas contrarias a los intereses del régimen, entonces, amigos, ustedes serían afectados incluso más.
Nicaragua en este momento no es un sujeto confiable para ninguna inversión nacional o extranjera. No sean ingenuos y crean que retractarse de su papel de «defensores del pueblo» o fotografiarse en eventos con dignatarios cercanos al FSLN los va a librar de los estragos económicos que se aproximan.
No olviden que la prolongación de OrMu en el poder es equivalente al aumento de la necesidad de mayor financiamiento para conservarlo y ellos no temerán continuar con su política de confiscación.
Hay que revocar las ideas equivocadas de que el gobierno debe darnos todo «gratis»: en la cultura ciudadana, los gobernantes no pueden ser más que agentes ejecutivos y debe suprimirse y restringirse su inmunidad.
Debe crearse una ruptura de los lazos de dependencia del Estado y debe concebirse que la satisfacción de necesidades materiales básicas sea responsabilidad de los individuos ejerciendo sus derechos ciudadanos en un Estado democrático participativo.
