El desacierto político de CADIN
Fernando Bárcenas
El autor es ingeniero eléctrico.
Este grupo de empresarios de la industria y del comercio no tiene una ideología hegemónica, no se une a la cultura occidental que se ha propuesto liberar al ser humano del miedo por medio de la razón. Es simplemente un sector sumiso al poder de un aventurero que tampoco aporta cultura, es decir, que no construye sociedad, sino, un Estado fallido, parasitario, opresivo mafiosamente. CADIN no se apunta por una normalización de los roles sociales, acepta el rol sumiso, dependiente del poder dictatorial, al que pide ayuda separándose políticamente del resto de empresarios.
La Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias escribieron en conjunto una carta a Ortega, recibida el 22 octubre 2020, referente a la ley 987, de reformas y adiciones a la ley 822, de Concertación Tributaria.
El error de CADIN y de la CCSN afecta directamente a la nación, por su contenido político, en una situación crítica terrible que lleva a enfrentamientos de vida o muerte para la sociedad.
En dicha carta expresan: “Nos dirigimos a usted (a Ortega) para exponerle la crítica situación de diferentes sectores de la economía nacional como consecuencia de la ley de Concertación Tributaria y su reforma de marzo de 2019”.
Abstraerse del análisis de la situación política actual, y del carácter criminal del régimen que controla actualmente el poder, como hace CADIN con esta carta, es tan tonto (la palabra adecuada debiera ser más fuerte) como abstraerse del paso destructivo de un huracán.
Parecen ignorar, además, que estas reformas y adiciones a la ley de Concertación tributaria son parte de la ofensiva de Ortega para perpetuarse en el poder con el uso discrecional de las instituciones estatales, para captar fondos a cualquier precio. Y que la situación crítica de la sociedad en su conjunto tiene su origen en esa perpetuación criminal en el poder a cualquier costo, más que en las arremetidas fiscales de Ortega. Hace un año Ortega dijo torpemente al respecto: “¿Los empresarios nos dicen que van a quebrar?, ¡pues que quiebren, otros vendrán en su lugar!”.
Y estos grupos empresariales agregan: “Hacemos esto con el interés de que con su apoyo (el de Ortega) trabajemos en la búsqueda de una propuesta tributaria que ayude a fomentar el crecimiento económico…, aportando a la sostenibilidad financiera del Estado”.
Es decir, no denuncian la descapitalización de las empresas provocada por Ortega, sino, que solicitan el apoyo del Estado orteguista, al que ofrecen sostener financieramente. Su análisis es sumamente sectario e irracional. ¿A cuál Estado aportarían sostenibilidad financiera? A la dictadura que actualmente lleva a la destrucción a la sociedad. Esperan progresar junto a Ortega mientras la sociedad se hunde a manos de Ortega.
Y precisan: “La eliminación de las listas taxativas para exoneración de IVA, DAI e ISC en los insumos nacionales e importados que utilizan las diferentes empresas que suministran bienes a los distintos sectores de la economía que acceden a exoneraciones en sus compras, (tal eliminación de las exoneraciones) implica la pérdida de competitividad de los productos nacionales”.
En síntesis, piden a Ortega que les apoye para acordar con él una propuesta tributaria con medidas que restablezcan las exoneraciones de impuestos para conservar competitividad.
La competitividad es expresión de productividad
La exoneración de impuestos no es el concepto de competitividad. La competitividad, en esencia, es productividad. La capacidad de hacer más con menos y con mejor calidad. La cual se basa, como principal pilar, en la institucionalidad del país. Resulta irónico que se pida apoyo para ser competitivos a un Estado corrupto (Nicaragua, en el índice de Percepción de Corrupción, ocupa el puesto 161 entre 181 países, con 22 puntos respecto a cero). De ello depende que se ahuyente la inversión de largo plazo y se atraiga capitales buitres.
La productividad se basa, también, en niveles aceptables de salud y educación. El 31 % del presupuesto educativo provenía de la cooperación internacional (que el régimen, con su afán represivo, violatorio de los derechos humanos, ha conseguido que se retire). En Nicaragua, el 40 % de los estudiantes no concluye primaria, y el 50 % de quienes logran ingresar a secundaria no la concluyen. El 70 % de los niños de quinto año de primaria tiene un bajo desempeño en lectura, y un 80 % tiene un bajo desempeño en matemáticas.
En cuanto a preparación tecnológica, y a capacidad de transitar hacia una economía basada en conocimientos, basada en innovación comercial y sofisticación, con establecimientos de investigación, baste comprobar el nivel sumamente bajo del PIB per cápita, USD 1,913 (6.4 veces inferior a Costa Rica). Lo que revela que la producción no aporta valor agregado, dado que somos exportadores de materia prima.
En competitividad, Nicaragua ocupa el puesto 109 de 141 economías (está a 77 % del nivel del último), con un puntaje de 51.5 (10.5 puntos por debajo de Costa Rica). Es la economía más abierta de la región, después de la panameña. Es decir, la más expuesta a riesgos exógenos.
Ambas cámaras solicitan a Ortega exoneraciones, es decir, que la sociedad invierta a ojos cerrados en sus negocios. No ofrecen, a cambio, volverse competitivas, o sea, ser más eficientes en un tiempo prudencial. Ni argumentan, comparativamente, cuál es la carga impositiva preferencial de sus competidores en Centroamérica.
La carga impositiva con relación a las ganancias es similar a la de Costa Rica. Los ingresos tributarios totales respecto al PIB son mayores en Costa Rica que en Nicaragua.
En otras palabras, las exoneraciones demandadas por ambas cámaras no vienen a paliar las deficiencias y distorsiones en el uso de los impuestos en Nicaragua. Esta demanda no se justifica políticamente, es decir, no es coherente con una mejora estructural para la sociedad. Es una petición apolítica. Una súplica.
Demandar una reducción del costo de la energía eléctrica es más coherente socialmente, es decir, produce un mayor beneficio a la colectividad, disminuye en mayor medida el costo de los productos industriales; fomenta la generación de empleos y atrae con mayor acierto la inversión. Y pone de manifiesto, políticamente, que la industria eléctrica es ineficiente y cara para la sociedad por falta de transparencia.
Este grupo de empresarios de la industria y del comercio no tiene una ideología hegemónica, no se une a la cultura occidental que se ha propuesto liberar al ser humano del miedo por medio de la razón. Es simplemente un sector sumiso al poder de un aventurero que tampoco aporta cultura, es decir, que no construye sociedad, sino, un Estado fallido, parasitario, opresivo mafiosamente. CADIN no se apunta por una normalización de los roles sociales, acepta el rol sumiso, dependiente del poder dictatorial, al que pide ayuda separándose políticamente del resto de empresarios.
Sobre esta claudicación apremiante es que los dictadores construyen su poder. A Ortega le da resultado atemorizar a unos empresarios que desconocen el aporte liberador, aunque puramente formal, de la modernidad democrática.
La decisión de los empresarios industriales, que debería ser política (porque su razón de ser –como industriales- depende de su rol en la sociedad), se toma irracionalmente, como solicitud de apoyo a la dictadura por motivos economicistas, sumamente parciales y limitados, sin enfrentar -ni siquiera bajo una falsa ideología dominadora empresarial- la contradicción de la totalidad en la que se desenvuelve la sociedad (una sociedad inacabada, con remanentes precapitalistas, estancada en una economía de enclave con clases sociales muy embrionarias).
Es la superación del orteguismo la que abre la perspectiva real de un mejor destino para la sociedad y, así también, para los empresarios industriales. No hay ningún atajo a la disyuntiva histórica que se presentó vigorosamente a partir de abril.
