El paraguas del servilismo
Una imagen puede decir más que mil discursos, y la que vimos recientemente lo dice todo: Laureano Ortega, hijo del dictador nicaragüense, sosteniéndole un paraguas a un embajador chino. Algunos intentarán disfrazarlo de gesto diplomático, de cortesía o incluso de protocolo. Pero no nos engañemos. Esa imagen no es un símbolo de hospitalidad; es un retrato del servilismo.
Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprime al pueblo de Nicaragua, encarcela opositores, exilia voces críticas y se aferra al poder por la fuerza, se muestra dócil y complaciente ante potencias extranjeras como China. ¿Por qué? Porque necesita su respaldo económico, político y mediático para sobrevivir. Y está dispuesto a pagar cualquier precio, incluso entregar la soberanía nacional.
No es la primera vez que esta dictadura se humilla. Con tal de asegurar inversiones y apoyo internacional, el régimen ha cedido tierras, recursos naturales y decisiones estratégicas a gobiernos extranjeros que no rinden cuentas ni respetan nuestros derechos. Bajo ese paraguas no hay dignidad, hay sumisión. No hay soberanía, hay entrega.
Lo que debería ser una relación entre iguales se convierte en una escena de vasallaje. Y esa imagen de Laureano, inclinado, servicial, agachado bajo la lluvia, no es sólo patética. Es reveladora. Porque cuando un gobierno pierde la vergüenza y vende el país pedazo a pedazo, los gestos importan. Las imágenes, al igual que las consecuencias, también importan.
Esto me hace recordar cuando en diciembre de 2021, el gobierno de la dictadura Ortega-Murillo, rompió relaciones con Taiwán y restableció vínculos diplomáticos con la República Popular China. Un mes después, se anunciaron acuerdos comerciales, energéticos y de infraestructura. Luego en 2023, Nicaragua se unió oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto geoestratégico de China que ha sido criticado internacionalmente por endeudar y subordinar a países en desarrollo.
¿El ejemplo más claro? El proyecto del canal interoceánico, concesionado en 2013 a una oscura empresa china, HKND Group, por 50 años (prorrogables), con derechos de expropiación sobre más de 270 mil hectáreas. Aunque el proyecto está suspendido, la ley sigue vigente, y la entrega de soberanía está escrita en papel oficial. Se estima que más de 100 mil personas —muchas de ellas campesinas e indígenas— habrían sido desplazadas si la obra avanzaba. Organismos como Amnistía Internacional y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunciaron la falta de consulta y las violaciones a los derechos humanos. No debemos perder de vista que todo lo actuado por la dictadura, en materia de concesiones a los chinos, es ilegitimo, ya que ella, (la dictadura), es ilegitima y, en consecuencia, los chinos lo saben perfectamente, por lo tanto, su expansión silenciosa en territorio nicaragüense, se convierte en una violación a la soberanía nacional.
