¿Es un derecho participar en la farsa electoral de la dictadura? Los payasos y el circo
Carlos A. Lucas A.
La única salida inmediata a la trampa electoral de la dictadura es no contribuir a su legitimidad actual y futura.
Algunos han alegado que participar en el proceso electoral sandinista, viciado en forma, fondo, ética e intención, es un derecho ciudadano.
Vivir es un derecho y se lo arrebataron a más de 350 personas.
Tener un espacio, un lugar para vivir, trabajar, estudiar, realizarse como persona humana, es un derecho y se lo han arrebatado a más de 100 mil y lo siguen haciendo.
Estar registrado como un ciudadano en pleno ejercicio de su ciudadanía, es un derecho y al decidir ellos quiénes están o no están en este listado, han arrebatado ese derecho.
Votar libres, sin chantajes, extorsiones, ni amenazas, es un derecho y ellos también lo han arrebatado.
¿Qué derecho estarás defendiendo al ir a votar o votar nulo el 7 de noviembre, si la dictadura militar sandinista, lo único que necesita y le importa para re legitimarse para otro periodo en el poder, después del holocausto del 2018, es verte a vos haciendo fila en su circo, tomarte tu fotito en esa fila, pacífico y resignado, no lo que marcarás o mancharás en la boleta, porque eso no cuenta, no sirve para nada?
¿Recordás lo sucedido en las “elecciones” del fraude electoral del 2016? Hubo una abstención del 70% y, aun así, Ortega dijo que ganó con el 70% de los votos válidos. La oposición intentó inútilmente que la OEA declarara nulas dichas elecciones, a pesar de la ausencia de observación internacional.
Pensá: la única salida inmediata a la trampa electoral de la dictadura es no contribuir a su legitimidad actual y futura. Esta es la única base necesaria para las nuevas etapas de lucha. Necesariamente, independientemente de los resultados del circo de noviembre, la lucha Pueblo vs Dictadura deberá continuar. La solución inmediata no es votar ingenuamente por el candidato opositor que seleccione el régimen (hasta el inodoro, incoloro e insípido Noel Vidaurre estará secuestrado, con todo y sus ideas de insurrecciones post electorales).
Tampoco es solución el solo abstenerse de ir a votar. La verdadera solución es más profunda, más cívica, más ciudadana: Se trata de rechazar de plano y de fondo, y definitivamente, su circo de elecciones. Hay que declarar el boicot al circo electoral, el no colaboracionismo, la no convivencia con estos piratas, asaltantes, represores del pueblo.
Las del 7 de noviembre son elecciones nulas, inexistentes, falsas, falaces. Son la Gran Mentira.
Todo payaso ama a los circos que le dan tarima, luces y fama. Por eso, es natural que ellos vean su participación como un derecho inalienable. Aunque sea el dueño del circo el que les dé los permisos y les diga cómo hacer reír al público.
La única solución cívica es lograr la gran unidad nacional que declare, que sostenga, que presione con un gran Boicot al circo electoral de la dictadura; que nos empeñemos en obligar a todos los vividores, parásitos y habladores a boicotear, a no asistir, a no participar, a no apoyar, a no legitimar las farsas de la dictadura. Dejar solos a Ortega, al FSLN, a Murillo. Urgentemente, empujar a que las bases del PLC y CxL despierten y exijan más honradez política y beligerancia a sus respectivas cúpulas, que han vivido babeándose por “ganar”sus segundos lugares en la Presidencia y diputaciones.
Hay que gritar un ¡NO! rotundo a la dictadura, un ¡Basta Ya! de atropellos, de crímenes y engaños. ¡Impongamos ese NO, a la dictadura, retomemos la iniciativa política!
Anexo (justo y necesario)
[Este texto es parte del “informe final “elecciones nacionales” del año 2016, en nicaragua” (11 de noviembre de 2016) es el informe de resultados preparado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sobre las “elecciones” del 2016, diseñadas para intentar disimular la imposición ilegal e ilegítima de un matrimonio en el poder Ejecutivo, además de otra anti-constitucional “re-elección” de Daniel Ortega a la presidencia del país.]
1. La decisión del Presidente Ortega de prohibir, sin facultades para ello, la observación internacional de los comicios de noviembre.
2. La violación flagrante de la obligación estatal de respetar el pluralismo político establecido constitucionalmente, ya que mediante la ilegal y extemporánea sentencia Número 299 del 8 de junio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, despojó a Eduardo Montealegre de la representación del Partido Liberal Independiente, quien lideraba la Coalición Nacional por la Democracia , a escasos cinco meses de las elecciones. Esa representación fue la que logró que en 2011 el PLI fuera la fuerza de oposición más votada. De esta forma, una maniobra del partido de gobierno realizada por la Sala de lo Constitucional desproveyó a las elecciones de 2016 de toda competitividad.
3. Como consecuencia del traslado de la representación del PLI, resultaron impedidos de participar como candidatos los propuestos por la Coalición encabezada por el PLI, Luis Callejas y Violeta Granera, candidatos para Presidente y Vice Presidenta, respectivamente, presentados tres días antes de ser el Partido Liberal Independiente (PLI) intervenido, en una clara maniobra del partido de gobierno para excluir a la principal fuerza de oposición del país.
4. Para asegurarse que los candidatos presentados por la Coalición no participaran en ninguna casilla, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró nulas las dos directivas del Partido Acción Ciudadana, partido que pertenecía a la Coalición Nacional por la Democracia cuya casilla podría haber representado una opción para que se presentaran en la contienda.
5, Otra acción orientada a debilitar a la oposición en el contexto electoral que se avecinaba fue la destitución realizada el 29 de julio de 28 diputados de la bancada del Partido Liberal Independiente (BAPLI) por parte de la acción coordinada del CSE, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia dominadas por el FSLN.
6. La nominación de Rosario Murillo como candidata a Vice-Presidenta de la República. Este hecho inédito en la historia nacional representa la reafirmación de la voluntad de concentrar el poder en la familia Ortega Murillo y la decisión de perpetuarse en el mismo en detrimento de los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
(…)
Estas condiciones en las que se desarrollaron “las elecciones” de 2016 no permitieron la participación amplia y plural que corresponde al Estado de Nicaragua garantizar, por el contrario, resultaron claramente violatorias del derecho de elegir y ser elegidos/as ya que se impidió decidir entre opciones reales de poder como corresponde en un proceso competitivo y justo. Así lo declararon, previa elección, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, editoriales de medios independientes, analistas y expertos independientes”.
Fin de cita.
Nota: ¿Repetiremos, como fatal dejá-vu, estos mismos procesos, estrategias y tácticas?
