Estado mafioso

«Evidentemente, el aferramiento al poder de la mafia gobernante, a sangre y fuego, no es solo cuestión de poder político. Tienen miles de millones de motivos más. Miles de millones de motivos que se cuentan en dólares»

A nivel internacional se utiliza la expresión Estado mafioso para referirse a un régimen en el cual una banda, o varias bandas de delincuentes, se apoderan del aparato del Estado y utilizan los instrumentos del poder político para cometer fraudes, crímenes y latrocinios, con el propósito de apropiarse de caudales públicos, monopolizar negocios, estafar a la población, despojar de propiedades y empresas a sus legítimos dueños, cobrar coimas y cometer y todo tipo de fechorías, cubiertos bajo el manto de la impunidad, gracias al dominio que ejercen sobre el aparato judicial, los poderes públicos y los cuerpos armados.

El caso de Nicaragua es emblemático: Tenemos un Estado mafioso en firme y en forma.

Muchas evidencias pueden mencionarse, tales como la apropiación privada de la cooperación petrolera venezolana; la concesión de los escáneres para las aduanas; las compras de medicinas por el MINSA; la charanga con el patrimonio del INSS; las compras del Ministerio de Educación y el negocio del combustible. En este último caso, DNP, que era una empresa estatal, apareció mágicamente como propiedad privada de la familia gobernante. Por supuesto, estos son solamente unos cuantos ejemplos.

Estamos hablando de miles de millones de dólares acumulados de manera fraudulenta por la banda en el poder.

Menos mal que falló el negocio de la planta hidroeléctrica Tumarin, que tenían armado con mafiosos brasileños, los cuales, dicho sea de paso, ahora están presos en su país. Hasta habían aprobado la ley que les aseguraba ganancias por más de veinte años y embolsarse así centenares de millones de dólares a costillas de los nicaragüenses.

También resultó fallido el más portentoso de los negocios: el canal interoceánico.

Sin embargo, la palabra escandaloso es insuficiente para calificar el caso de la energía eléctrica. Hagamos una breve descripción:

Albageneración es una empresa privada, propiedad de la camarilla en el poder. Se creó con fondos de la cooperación venezolana. Esta empresa dispone de plantas térmicas e instalaciones eólicas que le permiten concentrar la mayor capacidad instalada de producción de energía eléctrica del país. Los contratos de venta de energía de Albageneración a la empresa distribuidora de electricidad son avalados por el INE, que está a cargo de un sirviente de la misma banda en el poder. O sea que los precios de venta de energía se los establece a sí misma la misma camarilla. Por esta razón Albageneración cobra los precios más altos por la energía que vende, en comparación con las otras empresas generadoras.

El comprador de energía es la empresa propietaria de DISNORTE y DISSUR, que también pasaron mágicamente a ser propiedad privada de la familia gobernante. Estas empresas imponen, a su gusto y antojo, las tarifas de energía que cobran a los consumidores, vea usted,  con el aval del INE.

Así que, generación, transmisión, regulación y distribución están bajo control de la misma camarilla.

Por otro lado, en la tarifa que usted paga, mes a mes, va incorporado el abono a una deuda que contrajo el INE con CARUNA, que es la cooperativa de Ortega. En su origen, el monto de esta deuda fue de 200 millones de dólares, con una tasa de interés del 8% anual. Ahora no se sabe por donde andará esa deuda, pero lo que sí se sabe es que sigue pagándose.

A lo anterior sume otro porcentaje que se embolsan por un subsidio en concepto de lo que llaman “pérdidas técnicas”. Aproximadamente 90 millones pagan los consumidores para compensar la ineficiencia de la empresa. Si quiere poner vinagre en la herida, agregue las abusivas alteraciones a las facturas de servicio de luz que castigan a nicaragüenses de todos los niveles.  

Pero no  les basta: en el 2019 elevaron en 20% las tarifas.

Si usted quiere más, tome nota de que el mismo INE es el encargado de resolver los reclamos por alteraciones de tarifas y que el ministerio que tiene la obligación legal de proteger a los consumidores es nada menos que el ministro de la canasta. Sí. El que no sabía el costo de la canasta básica. Finalmente,  están quienes debieran investigar los fraudes y podredumbres en la administración pública: hablamos de la Contraloría. Nada que esperar de ese lado pues ahí reposa otra camada de cómplices y encubridores del régimen.

Agregue a los sirvientes de la Asamblea que aprobaron una ley para acosar, perseguir y sancionar a los consumidores que caigan en mora, a pesar de que los nicaragüenses padecen una situación en que campea el desempleo, la pérdida de ingresos y la zozobra económica y social.

Esto explica que las tarifas que pagan empresas industriales, comerciales y residenciales sean de las más altas de América Latina. Por esa vía también se castiga a la población en su conjunto ya que todos sabemos que en los costos de producción de las empresas va incorporada la carga que representa el costo de la energía eléctrica.

Para que tengamos una idea del negocio: solo por tener las plantas paradas, Albageneración recibe aproximadamente 35 millones de dólares por año, en concepto de algo que llaman “factor potencia”. Esto significa que se han embolsado en los últimos años más de 300 millones de dólares. Esto del factor potencia lo reciben, como decíamos, aunque las plantas no produzcan un kilowatts de energía. Súmele a eso las ganancias por la venta de energía, las ganancias por la venta del búnker, que es el combustible que utilizan las plantas térmicas y las ganancias de DISNORTE y DISSUR.

Pues bien, todo eso se echan a la bolsa.

Esto no incluye los centenares de millones que han recibido en concepto de crédito tanto de cooperantes bilaterales como de organizaciones multilaterales financieras. El BCIE y el BID para señalar dos casos.

Y seamos claros, este negocio ha podido prosperar porque también hay empresarios privados que por temor o por interés se han prestado y se prestan al juego de la camarilla gobernante.

Se nos quedaba algo: El precio del barril de petróleo en diciembre del 2019 era de 60 dólares. Ahora cuesta menos de 20 dólares. Y no han reducido un centavo en la tarifa de electricidad.

Evidentemente, el aferramiento al poder de la mafia gobernante, a sangre y fuego, no es solo cuestión de poder político. Tienen miles de millones de motivos más. Miles de millones de motivos que se cuentan en dólares.

¿Se imaginan cuánto podrían disminuir las tarifas eléctricas para beneficio de empresarios y consumidores si esta mafia no estuviera en el poder?

¿Se imaginan cuántos empleos podrían generarse, cuántos créditos podrían otorgarse, cuántas empresas podrían abrirse y cuánto podría prosperar la economía del país?

Imagínenlo.