FSLN: organización criminal y terrorista que sostiene a la dictadura
Jaime Espinosa
El autor es doctor en Medicina.
“Pretender elecciones presidenciales adelantadas es un contrasentido que debemos superar… Es importante que los gobiernos del mundo registren como una organización terrorista al FSLN y sus miembros sean declarados fuera de la ley”
Recuperar el país para los nicaragüenses, esa es la meta que alienta a la mayoría de los ciudadanos que nos movilizamos en el país y el mundo, con nuestra bandera, nuestros cantos y bailes exigiendo que los traidores vendepatria y asesinos dejen el poder para así refundar nuestro Estado y hacer justicia. En esos dos objetivos se resume nuestra lucha.
El FSLN surge a inicios de los años sesenta en el contexto de los movimientos de liberación nacional que surgieron en varios países del tercer mundo como parte de la lucha anticolonialista en África y antidictatorial en América Latina. Siendo la principal fuerza armada en la lucha anti-somocista, lucha que había movilizado todos los estratos sociales, al colapso del régimen inició un proceso de control del poder político y económico, que, por sus arbitrariedades, principalmente en las zonas rurales, produjo un movimiento de resistencia armada que recibió un amplio apoyo militar y financiero de los Estados Unidos.
El FSLN, utilizando sus vínculos con La Habana, convencieron a la ex Unión Soviética y otros países del llamado campo socialista como Alemania Oriental y Bulgaria, de involucrarse en el conflicto a través del financiamiento de armas y entrenamiento para hacer frente a la Contrarrevolución. Se argumentaba que la consolidación de una revolución en el continente contribuiría a mejorar la situación de Cuba, bloqueada por los Estados Unidos y con una extrema dependencia de los países de la órbita soviética del continente europeo. Esta confrontación costó miles de vidas de jóvenes nicaragüenses, que murieron sin saber que estaban luchando en el último conflicto de la guerra fría.
Aunque la guerra terminó con los acuerdos de Sapoá y la derrota en las urnas del FSLN, dicha organización nunca pudo transformarse en un partido democrático. Con el argumento de que se aplicaba el centralismo democrático, las decisiones se tomaban en base a los intereses de la alta dirigencia, la que, con el pretexto primero de la guerra y segundo de la recuperación y mantenimiento del poder, subordinaban sin discusión a la militancia.
Producto de las contradicciones surgidas al interior de este partido entre aquellos que pugnaban por democratizar al FSLN para efectuar una sano recambio en la dirigencia y moralizar las prácticas políticas, esta organización se escindió y perdió en el camino la mayoría de los cuadros de dirección y la llamada “inteligencia” del partido.
Esta situación permitió a Ortega y más adelante su mujer adueñarse de esta organización, convirtiéndola en el principal instrumento de dirección y control de la represión de los Ortega-Murillo al pueblo nicaragüense. En la actualidad el FSLN es una organización terrorista, que utiliza los recursos del Estado nicaragüense para reprimir, asesinar, robar y secuestrar nicaragüenses. Sobran los testimonios gráficos, las declaraciones públicas y los testimonios de esta situación.
Han creado una importante red de informantes, tanto en los barrios y comarcas como en las instituciones estatales. Cualquier manifestación, comentario o gesto que sea interpretado como contrario a los dictadores es denunciado a los Secretarios Políticos del partido, los que, en coordinación con la policía, se encargan de ejecutar las acciones represivas necesarias.
A pesar de sus alegatos de neutralidad, los altos mandos del Ejército responden a los intereses del FSLN y en la práctica dicha institución utiliza sus recursos para apuntalar al régimen. El Ejército ha sido una pieza clave en el conflicto entre los ciudadanos y el régimen dictatorial. Permitió que se organizara una tercera fuerza armada, la que fue equipada con armas de guerra, uniformes y otros pertrechos militares; además proporciona inteligencia a estas fuerzas, las que actúan en combinación con la Policía. En las zonas rurales el Ejército desarrolla una labor de intimidación y represión a las manifestaciones campesinas, llegando incluso al asesinato.
Algunos oficiales en retiro y desmovilizados del Ejército se constituyeron en la columna vertebral de los paramilitares, los que, junto a la Juventud Sandinista y los secretarios políticos del FSLN constituyen un cuerpo represivo que secuestra, tortura, viola, confisca y asesina a los ciudadanos nicaragüenses que manifestamos el rechazo a la dictadura mediante la exposición de nuestros valores nacionales, como son la bandera, el himno nacional, las danzas y los cantos.
El régimen dictatorial modificó la ley de las Fuerzas Armadas, garantizándose la permanencia de los altos mandos en las jefaturas del Ejército y la Policía de forma indefinida, bloqueando de esta forma la sucesión periódica en la conducción de ambas instituciones y de paso bloqueando el ascenso de cuadros militares y policiales que no estuviesen comprometidos con la pareja presidencial. Por otra parte, los principales beneficios sociales que otorga el Ejército los gozan únicamente los altos mandos, al igual que las prebendas del régimen.
Es imperativo que las sanciones individuales que algunos países están aplicando a personeros del régimen se apliquen también a los altos mandos del Ejército. Igualmente es de suma importancia bloquear el acceso a los recursos del Ejército que se encuentren en el exterior.
Estas acciones son estratégicas en la medida que debilitarían uno de los pilares más importantes de la dictadura Ortega Murillo. La Policía se ha convertido, junto a las fuerzas paramilitares y el aparato judicial, en el principal ejecutor de las políticas represivas del régimen. Ha sido acusada de secuestros, violaciones, torturas y asesinatos. En la práctica funciona como el aparato de control ciudadano del FSLN, junto a las organizaciones territoriales de este partido. Sus fuerzas especiales junto con francotiradores del Ejército han sido acusadas de cientos de muertes, en los tranques y en las manifestaciones.
Existen evidencias fotográficas y forenses que demuestran el uso de armas especializadas en el asesinato de gran cantidad de jóvenes y niños.
Además de los múltiples crímenes descritos, hay que agregar los malos tratos, violaciones, abusos y torturas que sufren los ciudadanos que han sido secuestrados por las fuerzas policiales o paramilitares en las celdas de Auxilio Judicial, principalmente el Chipote; cárcel utilizada por el régimen de los Somoza con el mismo propósito.
Después de los eventos de abril, la Policía triplicó el número de sus fuerzas, equipándolas con recursos técnicos financiados con recursos externos de préstamos al BCIE. Es importante bloquear internacionalmente el acceso a fondos internacionales y a la compra de recursos represivos, incluyendo armas a la Policía Nicaragüense. Es también obligatorio identificar a los policías que han cometido violaciones a los Derechos Humanos para perseguirlos internacionalmente.
Si bien las condiciones carcelarias del país han sido tradicionalmente deplorables, la población carcelaria se incrementó en varios cientos con hombres y mujeres que por razones políticas fueron acusados de crímenes inverosímiles, como terrorismo, golpe de Estado, tenencia de armas de destrucción masiva y otros delitos imposibles. Igualmente, las penas sobrepasaban la norma constitucional que limita a treinta años la pena máxima.
El Sistema Penitenciario fue convertido en un campo de tortura, los prisioneros son sistemáticamente golpeados, desnudados, violados. Muchos sufrieron su privación de libertad con grilletes en celdas aisladas y sin ventilación por varios meses, en otros casos hacinaban varios prisioneros en celdas pequeñas sin ventilación. Les fue suministrada en varias ocasiones comida con vidrio molido y otros objetos. Acceso limitado al agua, de dudosa calidad. Eran frecuentes las golpizas en las celdas. Las prisiones de hombres y de mujeres recibieron siempre el mismo maltrato. En todas las ocasiones los ejecutores de los abusos se identificaban como militantes del FSLN.
El sistema jurídico ha sido corrompido en todos sus niveles. La Corte Suprema de Justicia perdió totalmente su independencia y se convirtió en un órgano partidario que actúa según dictados de los operadores políticos vinculados a los dictadores Ortega y Murillo.
Por esa razón los jueces ante los que fueron presentados los reos políticos, dictaron sentencias en contra de cualquier lógica jurídica, actuando contra ley expresa y violando sistemáticamente la Constitución del país. Igualmente, este aparato ha servido para negociar la liberación de narcotraficantes, expropiar propiedades y liberar criminales afines al régimen.
La Asamblea Nacional es otro instrumento partidario, el FSLN tiene el control total de dicha institución. Las leyes más importantes son elaboradas por el régimen y aprobadas sin mucho trámite. Entre las leyes aprobadas se destacan la Ley del Canal Interoceánico, que entregó por cincuenta años prorrogables la soberanía del territorio nacional a un empresario chino; la ley antiterrorista que criminalizó la protesta civil contra el régimen; la ley de reconciliación, que pone en manos de la Policía y el FSLN el control de la población; la ley de amnistía, que borra los crímenes en contra de la población cometido por la policía y el FSLN y aplicada a los prisioneros políticos deja abierta la posibilidad de volverlos a meter en prisión.
El Tribunal Electoral está en manos del FSLN y sus aliados, por lo que pretender elecciones presidenciales adelantadas es un contrasentido que debemos superar. Para nadie es desconocido que el régimen de los Ortega-Murillo llegó al poder a partir de cambios constitucionales logrados por medio del chantaje a Arnoldo Alemán y que se reeligió sucesivamente en medio de violaciones constitucionales y fraudes electorales, así como el control de los otros poderes del Estado.
Reconocer la legitimidad del régimen es un absurdo. Debemos denunciar la usurpación del poder en Nicaragua por todos los medios posibles. Hay que destruir la falsa imagen de institucionalidad que el régimen quiere dar ante los ojos del mundo. Hay que exigir la renuncia de los Ortega-Murillo y la entrega del poder a una Junta de Transición, esta debe ser la que se encargue de efectuar las elecciones para una Asamblea Constituyente que reconstruya el Estado y represente las diversas fuerzas de la sociedad nicaragüense. Desde un punto de vista estratégico es muy importante que los gobiernos del mundo registren como una organización terrorista al FSLN y sus miembros sean declarados fuera de la ley.
Esto es esencial, ya que esa condición haría muy difícil que su candidatura a eventuales elecciones sea considerada válida, así mismo, se bloquearía su actividad de propaganda internacional y agregaría elementos para el desconocimiento de Ortega y Murillo como legítimos mandatarios de nuestro país.
