Hitler en Nicaragua
Enrique Sáenz
El espectro de Hitler y del fascismo, señoras y señores, con toda su aura siniestra, avanzan a pasos agigantados en nuestro, por ahora, desventurado país.
Adolfo Hitler ha pasado a la historia como uno de los seres más funestos de la humanidad a causa del sufrimiento que provocó a los pueblos que agredió y a su propio pueblo, toda vez que llevó a Alemania a una devastadora conflagración que provocó millones de muertes y arrasó con el país. Lleno de soberbia y de un mesianismo demencial, encabezó el partido nazi, una organización de corte paramilitar que impuso el fascismo totalitario en Alemania. Todo el que no se rendía a sus designios fuera civil, extranjero o militar era exterminado sin piedad. Por supuesto, también los judíos.
Hitler no impuso el fascismo de la noche a la mañana, fue un proceso que comenzó con el desmantelamiento de las instituciones del Estado, la eliminación de adversarios, la prohibición de partidos políticos, hasta centralizar en su persona todo el poder. Heil Hitler, Viva Hitler, era el saludo general.
La esencia del fascismo es la violencia, la aniquilación de toda oposición, el desprecio a la democracia, la represión permanente a todo adversario, que es tratado como enemigo, sea interno o externo. El instrumento político es el partido. Un partido único, disciplinado, de carácter paramilitar, obediente, en permanente movilización, Al frente del partido y del Estado un líder dictatorial. La propaganda sistemática y la anulación de todo pensamiento, opinión o expresión independiente son parte complementario del sistema. Ocurrió en la Italia de Mussolini, la España del general Franco y, naturalmente, la Alemania de Hitler. La principal forma de organización social es el corporativismo. Las cámaras empresariales, los sindicatos y las organizaciones sociales, concilian sus intereses al arbitrio del Estado, el cual, a su vez, se encuentra sometido a la voluntad del gran líder.
¿Por qué estamos hablando de Hitler, de totalitarismo y de fascismo?
Porque el régimen dictatorial de Daniel Ortega está transformándose a pasos agigantados en un Estado fascista.
Ortega comenzó por desmantelar de manera sistemática las instituciones democráticas y someter a su control el aparato judicial, el aparato electoral, la Asamblea, las alcaldías, la Contraloría. En fin, todas las instituciones públicas, incluyendo la policía y el ejército. Sometió a sindicatos, atenazó o eliminó organizaciones de la sociedad civil y ahora se prepara para formar sus propias cámaras empresariales. Después de imponer su dictadura, avanza con rapidez hacia un Estado de corte decididamente fascista.
No le basta la represión, la violación sistemática a los derechos humanos, la suspensión de facto de los derechos, libertades y garantías constitucionales, el cierre de medios de comunicación. En el presente, de un lado, amenaza con imponer cadena perpetua, es decir, cárcel de por vida a sus opositores. Y de otro, bajo el mote de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, pretende aplastar cualquier vestigio de derechos ciudadanos en los nicaragüenses.
¿Cuáles son los verdaderos objetivos de esa aberración que llaman proyecto de ley?
En primer lugar, no nos enredemos, esta NO ES una ley orientada únicamente para anticiparse a un posible proceso electoral, o para impedir la financiación de actividades políticas, o para controlar a organizaciones no gubernamentales. Las ONGs están suficientemente restringidas en su accionar y en materia electoral y política dispone de los instrumentos suficientes.
La principal característica de esta ley es el control social totalitario al colocar bajo sospecha a todo ciudadano o ciudadana nicaragüense e implantar dos categorías de personas, las que se someten a su voluntad fascista, y los demás. Ni siquiera hay que ser opositor, ni siquiera hay que participar en alguna actividad política. Los ciudadanos, todos, caen en la órbita de la sospecha y la amenaza de castigo.
De aplicarse esta ley en su formulación actual, no solamente tiene consecuencias políticas, toda vez que Ortega puede a su gusto y antojo eliminar candidaturas, organizaciones o partidos, sino que cercena el derecho a pertenecer a un partido, organización, o realizar cualquier actividad política a ciudadanos que desarrollen actividades lícitas y legítimas, como trabajar en un organismo internacional, una embajada o tener contratos normales con organizaciones en el exterior.
La consecuencia visible directa es acabar con cualquier expectativa de elecciones libres. Pero, hay implicaciones más graves: Aniquila prácticamente la totalidad de los derechos ciudadanos, desde la presunción de inocencia, pasando por el derecho al debido proceso hasta llegar al derecho de propiedad.
Porque, y esto hay que remarcarlo, se coloca en manos de Ortega la potestad de confiscar los bienes de quien se le antoje, sin forma ni figura de juicio. De nuevo el espectro siniestro de las confiscaciones que tanto daño y perjuicio provocaron en la década de los ochenta.
A la par de las consecuencias jurídicas y políticas, de aplicarse esta ley tendría consecuencias fatales para la economía del país, así como la economía de familias y de empresas ya que las actividades de inversionistas, empresarios, exportadores, importadores dejan de ser actividades económicas normales para pasar a ser actividades de excepción.
Como si a los desempleados, los pequeños o medianos empresarios, los exportadores de queso, frijoles, café o artesanías, o las familias que subsisten con las remesas, no les bastara con la crisis socioeconómica y el impacto de la pandemia. Ortega agrava las perspectivas económicas del país al profundizar la desconfianza e incertidumbre con esta amenaza a todo aquel que realice transacciones económicas con el exterior. Hasta un turista se vuelve sospechoso.
Todavía más: Hasta los nicaragüenses residentes en el exterior caen en la órbita de la sospecha. Sabemos que, por ejemplo, en Costa Rica, Estados Unidos o España se otorgan subsidios para mitigar el impacto de la pandemia. O bien, en estos países los ciudadanos nicaragüenses pagan impuestos y están sometidos a las regulaciones tributarias. Esos hechos normales en cualquier país civilizado son objeto de sospecha.
El espectro de Hitler y del fascismo, señoras y señores, con toda su aura siniestra, avanzan a pasos agigantados en nuestro, por ahora, desventurado país.
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