Incentivos y amenazas para un «aterrizaje suave»
Carlos Javier Aráuz
“Ortega mantendría sobre un eventual nuevo gobierno el chantaje de que sólo él puede controlar a los sindicatos, las tropas de choque, los fanáticos que le siguen, los paramilitares y a la propia policía.”
Si se leen las elaboraciones de los asesores de la Alianza Cívica relativas al denominado aterrizaje suave, lo que se requiere es una combinación de amenazas –la amenaza de potenciales sanciones a funcionarios y entidades vinculados a la dictadura– con «incentivos positivos» para que el gobierno acepte una salida negociada, que incluya reformas electorales aunque sean mínimas, con un CSE más «balanceado».
Las elecciones, por todo lo acordado hasta ahora, se producirían a finales de 2020 o a inicios/mediados de 2021. A cambio, se le ofrece a la dictadura que el FSLN participará como fuerza legítima en las elecciones, y obtendrá en la AN los curules que le correspondan. Se buscaría además, a través de este acuerdo, una arquitectura política con instituciones más «balanceadas» en su composición, donde el FSLN mantendría influencia.
Asimismo, la familia gobernante mantendría todos los activos económicos que acumuló, incluyendo un peso determinante en la generación eléctrica y un peso significativo en la distribución de combustibles.
El tema del control de la Policía es espinoso, porque este aparato represivo no puede tolerar ser negociado –la lealtad mafiosa se rompe cuando hay traición–. Por esta razón se asume que Ortega mantendría su influencia sobre el cuerpo policial, bajo el compromiso de reconocer y respetar a las eventuales nuevas autoridades que surjan de las elecciones.
Dado que se busca, por ambas partes, evitar las sanciones y restablecer lo más pronto la estabilidad para que la economía pueda recuperarse, es difícil esperar que un nuevo gobierno entre en conflicto con estas fuerzas, provenientes de la dictadura, so pena que estas desestabilicen de nuevo el país.
En este mismo contexto se enmarca la justicia transicional extremadamente «light» que se ofrece a la dictadura. La denominada justicia transicional busca un «equilibrio» entre la búsqueda de la Verdad y la reparación moral y material a las víctimas, y un concepto de justicia que no ponga en peligro de nuevo, bajo ninguna circunstancia, la paz y la estabilidad.
A su vez, Ortega mantendría sobre un eventual nuevo gobierno el chantaje de que sólo él puede controlar a los sindicatos, las tropas de choque, los fanáticos que le siguen, los paramilitares y a la propia policía, y que por tanto si no se le preservan sus cuotas de poder tiene capacidad de crear inestabilidad («desde abajo»).
