La diplomacia mexicana y Nicaragua: entre la “no intervención” y la defensa de los derechos humanos.

¿Podría México retomar el liderazgo regional al impulsar la democracia en Nicaragua en el 2021 con presiones adicionales, como lo hizo el 20 de mayo de 1979?

La política exterior de México se ha ventilado últimamente en los medios como tibia o no contundente hacia Nicaragua, caracterizándose por anclarse en sus principios de no intervención, el respeto a la libre determinación de los pueblos, y la solución pacífica de las controversias. Lo cierto es que hoy ya no puede cerrar los ojos a las violaciones flagrantes del régimen Ortega-Murillo que se han venido dando paulatinamente desde abril del 2018 rumbo a las elecciones del próximo noviembre.  

La cancillería mexicana no ha estado al margen, puesto que ha realizado varias acciones en el marco de las Naciones Unidas, de la OEA, y de la relación bilateral con Nicaragua. Estas acciones, sin embargo, hay que reconocerlo, han tenido un desbalance en los medios de comunicación generalmente ventilados por opositores al gobierno de México privilegiándose subrayar la abstención de México en la OEA. Muchos de los medios quieren forzar la percepción de un obradorismo en el paradigma de las izquierdas y derechas cuando en realidad la narrativa ya se rebasó. Pero, como en todo, hay matices.

La cancillería también sí ha realizado votaciones contundentes contra la violación de los derechos humanos y civiles en Nicaragua en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra de la Asamblea General de Naciones Unidas desde marzo.

En lo personal, aún con estas actuaciones en pro de la votación contra la violación de derechos en Nicaragua, considero que México pudo actuar mucho antes.

Pero también reconozco que no sólo es México quien se ha tardado en actuar, es toda la comunidad internacional que hasta ahora, en vísperas de las elecciones de Nicaragua y observando el desencadenamiento de encarcelamientos sumarios de todos los candidatos opositores al régimen en Nicaragua, so pretextos y razones maquilladas, y tras lo acontecido en el 2018 con los asesinatos de estudiantes y manifestantes pacíficos llamados vándalos por el régimen Orteguista, se empieza a corroborar el imperativo de actuar a nivel internacional.   El imperativo de supervisar los derechos humanos y la seguridad y la paz regional.

En la Asamblea General de Naciones Unidas, durante el período 46 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos este pasado marzo, se condenó fuertemente con diecinueve puntos específicos en su resolución las actuaciones del gobierno nicaragüense de cara a sus opositores y se instó a Nicaragua a restablecer un camino imparcial y justo hacia las próximas elecciones.[i]   

México se unió a la condena y dicho sea de paso también Argentina. Asimismo, más adelante, junto con Argentina, México lanzó el comunicado, que fue más difundido por los medios, de retirar a los embajadores Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, para hacer consultas sobre los acontecimientos recientes. En un video de noticias de Nicaragua también logré escuchar que México expresó una amenaza velada al decir que México ¨no espera romper relaciones si hay enmiendas de la reparación de los derechos civiles en Nicaragua¨.  Es una manera clara de advertir la inconformidad.

Las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua se anuncian como un ejercicio sin opciones, elecciones dudosas en donde ya se han aniquilado de antemano a todos los opositores con cuatro meses de anticipación. El propósito de este artículo de reflexión es que pongamos en tela de juicio la situación que vive México frente a Nicaragua en condiciones muy parecidas justo en aquel momento en que sí se tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas contra un régimen autoritario, genocida y violador de los derechos humanos, el de Anastasio Somoza Debayle,

Parece humorístico subrayar que Daniel Ortega fuera parte de aquella primera Junta Popular del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua junto con Violeta Chamorro -convertida en futura presidenta en el 1990- y madre de Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro hijo, a quien Daniel Ortega acaba de detener el 25 de junio mientras ya había dado a la primera casa por cárcel. Doña Violeta Chamorro fue la primera que renunció a aquella Junta Popular de Reconstrucción tan pronto se dio cuenta que no correspondía a sus convicciones políticas ya al año de formada, ella se retiró en 1980, aunque el asesinato de su esposo Pedro Joaquín Chamorro, quien encabezaba la prensa contra las violaciones de Somoza, haya sido el detonante para dar camino al triunfo revolucionario del entonces FSLN al que México apoyó y reconoció con dicha Junta un 18 Julio de 1979.

Cuando el presidente López Portillo rompió relaciones con Anastasio Somoza Debayle el 20 de mayo de 1979, el principio de no intervención también estaba vigente, y sin titubeos, el rompimiento apeló al genocidio y a la violación a los derechos humanos en Nicaragua por el Estado. Se calificaron entonces los actos políticos del gobierno y no su origen. México actuó unilateralmente invitando a que otros países se unieran entonces al bloqueo diplomático. A los dos meses decidió reconocer la Junta Popular del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, y solo ofreció ayuda a esa Junta en caso de ser pedida. Es decir, México como mediador, papel que jugó el siguiente presidente Miguel de la Madrid con el grupo Contadora a nivel Centroamérica haciendo de México un líder regional.

Sin embargo, en ese momento de la ruptura en 1979, también existía la OEA, y también estaba a punto de tener un papel injerencista al cual México se opuso. Fue en junio del mismo 1979 que México lideró a varios países en el marco de la OEA para que bloquearan la iniciativa de los Estados Unidos encaminada a la conformación de una fuerza interamericana de paz para restablecer el orden y asegurar elecciones.  El canciller Jorge G. Castañeda (padre) insistió en el principio de no intervención en este contexto:  

¨Cualquier sugestión de que lo que ocurre en Nicaragua es el resultado de un complot inspirado y organizado desde el exterior, sería no sólo falsa, sino un insulto al noble pueblo que se ha lanzado a una lucha sin cuartel para conquistar su libertad. Ciertamente no le corresponde a la OEA ni a nadie decirle cómo debe constituir su gobierno una vez que derroque al dictador y cese la lucha. Menos aún tenemos la facultad para negociar las modalidades en que Somoza debe abandonar el poder. Ello equivaldría a imponerle al pueblo nicaragüense, desde afuera, condiciones y limitaciones a su derecho inmanente de ejercer su libre determinación. Todos deseamos que cese la violencia y que pronto se constituya ahí un gobierno democrático y estable. Pero sin duda sería paradójico, por no decir cínico, que al acercarse el final de la lucha pretendamos imponerle a un pueblo ciertas modalidades sobre la forma en que debe ejercer la democracia.

¿Qué puede hacer en esas condiciones la OEA? Lo esencial, primero, es lo que no puede hacer. La OEA no puede ni legal, ni política, ni moralmente, intervenir en este asunto puramente interno de Nicaragua.¨[ii]

Recurrir a la memoria de la historia permite comparar la postura actual de México y preguntar: ¿Por qué hoy el canciller Marcelo Ebrard no considera sugerir el rompimiento diplomático al presidente con un régimen que al igual que Somoza, también está violando los derechos humanos y amenazando la paz y la seguridad? Un régimen que ha asesinado, desde el estado, a más de 300 personas, ha herido a más de 2,000[iii]  además de tener a un ciento de presos políticos desde el 2018, y a pesar de seguir encarcelando todos los potenciales opositores candidatos presidenciables, empresarios influyentes y activistas. Son más de 100,000 nicaragüenses en el exilio desde abril del 2018 que también levantan cejas en la migración regional.

¿Qué democracia se defiende en un país en donde parecen estar fumigando a cuanto opositor emerge? Este es un buen momento para que el canciller Marcelo Ebrard atienda a una estrategia de bisturí a su regreso de Europa y de no esperar ingenuamente a que el régimen de Ortega vaya a cambiar en los próximos cuatro meses. ¿Habrá cambios cuando observamos que todo su actuar se ha encaminado a ir en dirección opuesta a la democracia desde abril del 2018? 

Ya la comunidad europea, por cierto, está proponiendo sanciones económicas contra el régimen de Ortega de manera multilateral, en el marco de asignación de recursos del Plan de Cooperación 2021- 2027[iv], tal cual indicó Joseph Borell, el Alto Comisionado de la Unión Europea para asuntos de política exterior y políticas de seguridad y paz. También indicó que tras el encuentro de los embajadores miembros de la Unión Europea con el ministro de Asuntos Exteriores nicaragüense, les quedó claro de aquella reunión, que el gobierno nicaragüense no tiene ninguna intención de abandonar su intransigencia.

Por su parte, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, tras mencionar la tensión que se vive en el país con todas las detenciones, invoca el respeto al voto del pueblo, para que las elecciones sean creíbles justas y transparentes¨ (…)  ¨que se respeten, una vez más los derechos humanos de todos los nicaragüenses especialmente los que están injustamente detenidos¨.

Con este recuento esperemos que el siguiente paso de la política exterior de México para Nicaragua, tras las consultas del canciller mexicano Marcelo Ebrard con el Embajador de México recién retirado de Nicaragua, como se anunció a su regreso de Europa, se determine un paso firme que muestre el real compromiso con la democracia, con los derechos humanos y civiles y que se traduzca en la firmeza de la postura mexicana en Nicaragua donde México es el segundo socio comercial.

El presidente López Obrador se congraciaría de reiniciar un liderazgo en la política exterior, reiterando que son los pueblos los que, de manera democrática, con alternancia y participación cívica, quienes eligen sus destinos, no con represión, no con coerción de opositores, no con violación a los derechos humanos.

Hasta ahora parece haberse resguardado al apego de no intervención que para muchos resulta en indiferencia.

No se trata de dar una receta de rompimiento de relaciones con Ortega, pero si de un vislumbrar el ingenio político -que considero que tiene el actual canciller mexicano- para actuar conforme a una política exterior congruente con los principios de política exterior mexicana en pro de la paz y la seguridad regional. Espero con ansia la postura de México después del encuentro entre el Embajador Cabrera y el canciller.

Cualquier académico de las ciencias sociales entiende a la legua que cinco aspirantes a la presidencia tras las rejas, políticos, banqueros, ex -guerrilleros icónicos de Nicaragua, no pueden ser esos ¨criminales¨ como se los ha denominado por el gobierno actual, como tampoco lo fueron los jóvenes estudiantes asesinados de abril 2018. Las elecciones de Nicaragua por ahora se anticipan como una farsa anunciada, no parecen edificar un proceso democrático con estos pasos del régimen Ortega-Murillo, por lo que México haría bien en buscar estrategias adicionales de mediación regional.

---

[i] Consejo de Derechos Humanos. 46 periodo de sesiones, del 22 de febrero a 24 de marzo 2021. Tema 2 de la agenda. Informe anual del ACNC para los DH e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General.

[ii] Guillermo Garcés Contreras, México. Cincuenta años de política internacional. México. ICAP. 1982, p. 304. Citado por Mónica Toussaint, pág 9 de su paper: La política exterior de México hacia Centroamérica.

[iii]  Según el Alto comisionado para los derechos humanos el 5 de Julio del 2018.

[iv] Discurso del Alto Representante de la Unión Europea en asuntos de política exterior y seguridad, Joseph Borrell Fontelles en el pleno de la reunión del EEAS (European External Action Service). Estrasburgo, 6 de Julio, 2021.