La memoria histórica
Oscar René Vargas
«Sin elecciones generales, sin libertad ilimitada de prensa y de reunión, sin confrontación libre entre las opiniones, la vida muere en todas las instituciones públicas, se vuelve una apariencia de vida en la cual la burocracia queda como único elemento activo»
La escasa y/o falta de memoria histórica en los círculos políticos, mediáticos y académicos explica el que no exista conciencia de que la dictadura somocista logró tener una vigencia de 47 años por su alianza con el gran capital de la época, controlar a los dirigentes políticos zancudos, hacer fraudes electorales, reformar la Constitución Política para permitir la reelección y someter a las fuerzas armadas a su proyecto político.
Sin embargo, la tergiversación de la historia del país continúa dominando el relato del pasado y del presente. No hay plena conciencia ni pleno conocimiento de que Anastasio Somoza García logra iniciar la dictadura por su alianza con el gran capital y con el partido zancudo de la época (conservador) en el pacto de 1939.
Así como no hay plena conciencia que el gobierno de Daniel Ortega permanece en el poder por su alianza con el gran capital, el apoyo de los partidos zancudos y la obediencia de la cúpula militar al proyecto de la “nueva clase”. Ortega sin el apoyo de esta triple alianza sería imposible que consolidara su gobierno.
Me niego a creer que el gobierno Ortega está aplicando políticas represivas como resultado de su incompetencia. El modelo Ortega encaja perfectamente en el molde del capitalismo salvaje. Cree, como muchos miembros de la nueva clase, que los movimientos sociales son manipulados desde el exterior, sin aceptar que la realidad social es la que los ha hecho crecer.
Ha sido el hecho de desoír las justas demandas de los campesinos, de los ciudadanos de la mina El Limón o de Rancho Grande y de los sectores progresistas y ecologistas, lo que ha convertido el deseo de eliminar la ley 840 o la lucha contra el despale indiscriminado o la lucha contra las minas de cielo abierto, en una voluntad de lucha y de defensa de los bosques, de la tierra y del agua.
La represión del gobierno Ortega contra los movimientos sociales demuestra la falta de sensibilidad hacia las peticiones de derogar la ley 840, razón por la cual ha generado esa protesta campesina importante. La represión está afectando los derechos políticos y civiles de toda la población campesina. La lucha campesina contra la concesión canalera ha transformado en un auténtico debate democrático sobre los méritos o deméritos de la ley 840.
El gobierno ha utilizado métodos represivos y sectarios contra todos los movimientos sociales. Se vive un proceso de represión molecular que se extiende por el país que ahoga la discusión política al interior del partido de gobierno. La represión no puede ser nunca un instrumento válido en política. Cada persona víctima de la represión física, laboral e intelectual es un ataque contra todos los ciudadanos.
Sin elecciones generales, sin libertad ilimitada de prensa y de reunión, sin confrontación libre entre las opiniones, la vida muere en todas las instituciones públicas, se vuelve una apariencia de vida en la cual la burocracia queda como único elemento activo. Esta burocracia lucha por el derecho de legar sus bienes adquiridos al amparo del poder a sus hijos, trata de apropiarse otros bienes del Estado y convertirse en propietaria accionista de muchas empresas (electricidad, combustible, etcétera).
La prohibición de disentir ha dado lugar a la prohibición de pensar otra cosa que lo que diga el jefe infalible. El monolitismo del partido de gobierno ha tenido como consecuencia la impunidad burocrática que a su vez es una de las causas de todas las variantes de desmoralización y de corrupción. El monolitismo es la expresión de todo un proceso de asfixia democrática.
Se vive la difusión de un poder de represión totalitario político. Cualquier persona democrática, consciente de la realidad social y no tergiversada, necesita decir NO a la represión de los movimientos sociales. La democracia está en peligro y el máximo responsable de ello es la persistente cultura autoritaria en los poderes del Estado.
La centralización, inherente a toda estrategia autoritaria, incrementó el poder de la burocracia y, por consiguiente, disminuyó la vigilancia sobre los muchos vicios burocráticos. El presidente Ortega, en sus distintas intervenciones manifiesta su desconocimiento total de la real problemática social, ambiental, etcétera; y, a la vez, da una prueba más de la pobreza de su memoria histórica.