La sombra del bipartidismo
“Si permitimos que quienes lleguen a controlar el Estado mantengan las mismas pretensiones de los que mantuvieron un contubernio con la dictadura por doce años, le daremos la oportunidad al orteguismo (con el control partidario de las fuerzas armadas y el capital) y al empresariado (con el capital y el Estado) de mantener el sistema corporativo, y crear así un orteguismo sin Ortega”
Mientras continúa la lucha por el derrocamiento de la dictadura Ortega-Murillo (que no el cambio del sistema, de eso no quieren hablar muchos), la nueva coyuntura hace que cada vez más actores políticos y sociales volteen la mirada hacia propuestas concretas de refundación del Estado y cambio de cultura política.
Al elegir un método de resistencia y protesta no violenta en abril, nos quedamos con dos opciones para solucionar esta crisis:
La renuncia: Mi generación, la del bono demográfico, que por la globalización y al vivir con una idea colectiva de democracia, en primer momento, vimos esto como la salida viable e ideal para la crisis. Nos esperanzamos que con marchas de cientos de miles de personas podríamos hacer que el dictador y su cúpula dimitieran. Nos equivocamos. Los lazos que hay entre el Estado y los poderes facticos (económico-empresarial, alianzas internacionales y corrupción institucionalizada) fueron demasiado estrechos y fuertes, frenaron esta opción y dieron el beneplácito para que el régimen “estabilizara” el país a su manera: a través de las armas y la violencia. La renuncia fue casi una utopía (la cual nunca debemos descartar como un escenario sobrevenido), que cada vez se encuentra más lejos en el horizonte político nicaragüense.
Elecciones: La comunidad internacional nos lo dijo desde el principio, desde Estados Unidos hasta Eurodiputados “Nicaragua necesita elecciones adelantadas, limpias y transparentes”. Con la visita de la delegación de oposición a la OEA y el discurso del 19 de julio, la ciudadanía comienza a vislumbrar que estamos a la espera de estas elecciones, no se sabe muy bien cuando, lo que sabemos es que tienen que ser transparentes y observadas.
Ante este escenario, es posible identificar, al menos cinco tendencias distintas de la oposición nicaragüense:
Los partidos políticos con personería jurídica (CxL, PLC, PC) encuentran en la crisis una oportunidad para recuperar legitimidad y ofrecen sus casillas y sobre todo, candidatura a la presidencia; sin extenderse más allá –al menos públicamente- sobre las concejalías, diputaciones y ministerios. Buscan integrar por medio de ofrecimiento de cargos a figuras mediáticas para ganar apoyo de la ciudadanía sin que esto signifique una democratización interna a sus estructuras verticales y excluyentes.
Los sectores empresariales urgidos por estabilidad aceptan un nuevo arreglo sin recelo, para ellos el modelo de Alianzas, Diálogo y Consenso aún no se ha agotado. Desde su perspectiva, lo que se necesita es un cambio de socio, pero los espacios de poder adquiridos en los últimos doce años no deben perderse.
Los movimientos sociales y políticos organizados, obstaculizados por la represión estatal (asedio, encarcelamientos y asesinatos), se encuentran a la expectativa. Al ser actores que no están involucrados de forma directa en las negociaciones reales con la dictadura, reciben esta propuesta en un estado permanente de shock e incertidumbre y se encuentran divididos en diferentes tendencias:
El sector que apoya las reformas mínimas y la ruta electoral trazada por la Alianza Cívica que por el momento vislumbra en CxL una plataforma electoral.
Un sector que desde los movimientos de sociedad civil intenta desde lo teórico hacer un contrapeso al Estado y a los poderes económicos. Sin embargo, en los momentos de confrontación al capital, aceptan con pragmatismo la ruta trazada por la Alianza Cívica.
Un movimiento estudiantil combativo y con propuestas, que por las condiciones adversas y su pluralidad de expresiones, se encuentra en un momento de reorganización y en busca de la unión en torno a ideas comunes.
Los movimientos políticos y sociales que no se sienten representados por las propuestas de reformas mínimas presentadas por la Alianza Cívica, sino que apoyan un programa que proponga un cambio del sistema corporativo hacia algo distinto y reformas profundas a las distintas estructuras de poder que existen en nuestro sistema político.
Las organizaciones de familiares de presos, asesinados y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que impulsan una agenda de justicia, memoria, reparación y no repetición, verdad y que exigen –con toda la razón– un papel protagónico en esta coyuntura.
Los exiliados políticos, asediados aún en otros países, que cada día ven más lejano su retorno, abandonados, ahogados por el hambre, la miseria, la ansiedad de poner su vida en pausa, la lejanía de la familia, el choque cultural, la xenofobia y otros dramas imposibles de describir para una persona que no lo ha vivido, presentan serias inconformidades con las estrategias políticas y las representaciones de liderazgo erigidas dentro del territorio nacional.
La ciudadanía en general, que observa a la política como un ente abstracto y apartado, puede considerar el proceso electoral como una transición para lograr una paz relativa y un cese de las brutalidades cometidas por la dictadura, sin visualizarse como un actor político protagónico capaz de generar cambios desde sus entornos.
Unas elecciones libres y transparentes dependen en primer lugar de voluntad política del régimen, que por la presión nacional, internacional y las sanciones dirigidas a las cúpulas partidarias, parece no tener otra alternativa que aceptarlas.
En segundo lugar, depende de reformas electorales. Si son adelantadas, se debe hacer una reforma a la constitución que acorte el período presidencial; si son en noviembre del 2021, se deben hacer reformas a la Ley electoral y este es el meollo del asunto.
Estas reformas, entre otras cosas, deberían negociar la despartidización del Consejo Supremo Electoral a través de la elección de nuevos magistrados, asegurar la observación electoral, posibles cambios en la forma de elección de diputados y concejales, habilitar el voto en el exterior, las normas de conformación de partidos políticos, restitución de personerías jurídicas, creación de alianzas electorales y techo electoral.
Tenemos que preguntarnos dos cosas concretas, ¿en nombre de la Unidad deberíamos aceptar cualquier reforma electoral? y, ¿qué reformas debemos proponer y exigir los ciudadanos, quienes queremos un cambio radical en nuestra cultura y sistema político?
Las negociaciones son difíciles, la dictadura no va a ceder dócilmente a nuestras pretensiones democráticas, ni desea entregar el Estado y darte la llave de su cárcel. Sin embargo, el FSLN ha demostrado históricamente que cuando es fuerte cierra espacios democráticos (como pasó en los 80s y del 2006 al 2018) y, cuándo es débil, busca abrirlos para dividir a su oposición.
Ante este escenario, se necesita un acuerdo político de altura entre las fuerzas de oposición, inclusivo y no impositivo, a las propuestas de reformas electorales. Debemos de tener especial cuidado con quienes plantean unas reformas electorales mínimas, en una sola casilla con los partidos políticos existentes, ya que desean copar la asamblea con dos tendencias: el liberalismo de CxL y el orteguismo. Y que plantean –con descaro– que el bipartidismo representa una estabilidad para el país.
Como juventud (no sólo de edad, sino de ideas), debemos entender que el poder no se ejerce solamente desde el Estado. El poder se ejerce también, desde los grupos que controlan la economía (en este momento, capital sandinista y opositor, condenados a entenderse), desde la sociedad civil, desde las fuerzas armadas y desde la potencias extranjeras.
Si permitimos que quienes lleguen a controlar el Estado mantengan las mismas pretensiones de los que mantuvieron un contubernio con la dictadura por doce años, le daremos la oportunidad al orteguismo (con el control partidario de las fuerzas armadas y el capital) y al empresariado (con el capital y el Estado) de mantener el sistema corporativo, y crear así un orteguismo sin Ortega.
Los nuevos liderazgos deben aspirar a posiciones políticas de cambio, donde puedan ser fuerzas transformadoras desde el Estado y fuera del mismo. Refiriéndonos al primero, se debe aspirar a la Asamblea Nacional y los que tengan las competencias necesarias, a los ministerios. Las muertes, las torturas, los encarcelamientos, los exilios y todos los delitos cometidos nos exigen convertirnos en agentes políticos de cambio.
