La violencia contra los indígenas de la Costa Caribe no está en cuarentena

Oscar René Vargas
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<<Es hora de no callarse, pues es claro que para los pueblos indígenas del Caribe no hay tregua de parte de los paramilitares. Siguen implementando la política de tierra arrasada, las expropiaciones de tierras, la acumulación por desposesión y las ejecuciones de líderes y pobladores.>>

Cinco indígenas de la etnia Mayagna de la comunidad Wasaking y Isnawas, territorio de Tashra, municipio de Rosita, fueron asesinados por invasores de tierra y paramilitares. Ese baño de sangre ocurrió el 26 y 27 de marzo de 2020. También se reporta dos heridos.

La represión, hostigamiento y asesinatos contras las comunidades indígenas de la Costa Caribe no conoce de cuarentena ni distanciamiento social. Estas semanas, mientras el foco de las noticias se mantiene en la crisis sanitaria por el coronavirus, los grupos criminales y paramilitares siguen asesinando a miembros de las comunidades indígenas del Caribe.

En la Costa Caribe masacran a los indígenas para despojarlos de sus tierras, con el objetivo de realizar el proceso de acumulación de capital de los colonos o de sus protectores, lo cual implica un desplazamiento horrible y criminal, así como la opresión inherente de los pueblos indígenas.

La política destructiva que el régimen consiente es que las tierras de las comunidades indígenas misquitas se abran, vía la actividad armada de los colonos, al negocio de los madereros, a las actividades de la agricultura comercial (Agronegocio), a la ganadería extensiva y a la minería a gran escala.

Esas comunidades no desean que los grandes intereses económicos locales y extranjeros implanten su modelo y destruyan la selva milenaria tropical más importante de Nicaragua, Bosawás. “Los pueblos indígenas padecen una crisis humanitaria y están expuestos a una constante amenaza y clima de violencia provocado por colonos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales”, dijo la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Lottie Cunningham, “están intimidados y en el perímetro de todas sus comunidades ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia, así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria”, añade, “muchos de los colonos son personas que están fuertemente armadas y por eso nosotros le hemos venido solicitando a las autoridades del Estado que procedan a la investigación”.

Los anteriores ataques ejecutados por colonos y paramilitares sucedieron en febrero de 2020 en la comunidad Santa Clara, territorio Wangki Twi Tasba Raya, en Waspam, una zona habitada por misquitos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) aseguró que el 31 por ciento del territorio nicaragüense alberga actualmente a pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de que el Estado les ha concedido derechos sobre sus tierras ancestrales mediante la aprobación de la Ley 445 en 2003, siguen enfrentándose a desafíos y presiones debido a las recurrentes invasiones de colonos y paramilitares.

Los paramilitares y colonos están apropiándose de las tierras y para ello asesinan a sus dueños, que son protegidos por las autoridades del régimen de la zona sin que la Policía y el Ejército actúen. Policía y Ejército saben quiénes son los paramilitares y colonos y para quién trabajan, y tienen mucha capacidad operativa.

Es hora de no callarse, pues es claro que para los pueblos indígenas del Caribe no hay tregua de parte de los paramilitares. Siguen implementando la política de tierra arrasada, las expropiaciones de tierras, la acumulación por desposesión y las ejecuciones de líderes y pobladores.