Las sanciones al ejército: ¿Punto de quiebre?
Enrique Sáenz
¿Siguen los norteamericanos enfocados solamente en presionar a Ortega para que abra nuevas negociaciones tendientes a la realización de elecciones libres y competitivas en el 2021… o este punto de quiebre significa que abrieron su abanico de opciones para lograr la salida de Ortega del poder?
Indudablemente, las sanciones que impuso el gobierno norteamericano al ministro de Hacienda, Iván Acosta, y al jefe del ejército, general Julio César Avilés, constituyen dos golpes contundentes para el régimen, aunque de diferente repercusión y alcance.
En el caso del ministro de hacienda, el disparo acertó en el funcionario del área económica de mayor confianza del mandamás. En su carácter de titular del ministerio, Acosta tiene entre sus competencias: administrar los ingresos y los gastos del Estado, suscribir créditos y donaciones internacionales, atender todo lo relativo a la deuda interna y externa, controlar el inventario de los bienes estatales, administrar la contabilidad del Poder Ejecutivo, para citar algunas. Además, ejerce la representación oficial del gobierno ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCIE y el Banco Mundial. Cabe mencionar que el gobierno ha estado gestionando recursos de emergencia ante varias de estas instituciones, por consiguiente, el mensaje político del gobierno norteamericano al sancionar al funcionario a cargo de encabezar tales gestiones es, sencillamente, categórico.
Sin embargo, desde el punto de vista administrativo e institucional el régimen tiene opciones que pueden mitigar el daño: Puede preservar a Acosta al frente del ministerio y delegar funciones de representación en un viceministro; o bien, puede designar otro ministro y dejar a Acosta como poder en la sombra. Lo que queremos señalar es que no hay un grave trauma institucional. No tienen que reformar ninguna ley. El golpe es principalmente político.
Otra cosa muy distinta es el caso del ejército.
Estemos claros: el principal soporte de poder del régimen es el ejército. La policía y los paramilitares pudieron actuar a su gusto y antojo porque contaron con el consentimiento del ejército. Como institución pasaron haciéndose los suecos, en público, pero es elemental razonar que los servicios de inteligencia militar conocían y conocen perfectamente quiénes dirigían, cómo estaban organizados, de dónde emanaban las órdenes operativas y cuáles eran los planes de los grupos irregulares que recibieron la encomienda de aplastar a sangre y fuego la rebelión cívica de abril del 2018.
De lo contrario, ¿cómo puede explicarse que estos grupos armados irregulares se movilizaran con armas de grueso calibre, a media calle y a plena luz del día, en las propias narices del ejército?
Jamás se supo que el ejército detuviera, retuviera, contuviera o neutralizara a estos grupos. Ni un solo incidente se produjo.
Otra parte de la realidad es que el ejército logró, a lo largo de estos años, cultivar buenas relaciones con mandos militares norteamericanos y con otros ejércitos de la región. Hace apenas un mes formaron parte de una operación militar conjunta, denominada Orión V, cuyo propósito fue golpear al cartel de narcotráfico conocido como Los Soles, que la administración norteamericana vincula directamente al gobierno de Venezuela. Y allí estuvo el ejército de Nicaragua.
Evidentemente, las sanciones a Avilés representan un punto de quiebre en la política estadounidense hacia el régimen de Ortega. Poco tienen que ver en esto las tarjetas de crédito o las cuentas bancarias del general. Formalmente son sanciones que recaen en la persona pero, en los hechos, son indesligables de la institucionalidad del ejército. En pocas palabras, son un golpe directo a la cabeza del principal soporte de poder de Ortega. Y denotan una determinación que, a pesar de los estragos de la pandemia, sigue un curso ascendente. Recordemos que las sanciones anteriores fueron a la policía, como institución.
El hecho da lugar a interrogantes de fondo:
¿Hasta cuándo seguirá Ortega con su aferramiento ciego al poder? ¿En qué dirección se orientarán los próximos pasos de la administración norteamericana?
¿Siguen los norteamericanos enfocados solamente en presionar a Ortega para que abra nuevas negociaciones tendientes a la realización de elecciones libres y competitivas en el 2021… o este punto de quiebre significa que abrieron su abanico de opciones para lograr la salida de Ortega del poder?
En la otra cara, después de este rudo mensaje, ¿hasta dónde los mandos militares del ejército estarán en disposición de encadenar el destino de la institución a las obstinaciones del dictador?
No queda mucho tiempo para que los hechos respondan a estas preguntas. En menos de seis meses, en noviembre próximo, son las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el electorado en Florida ha mostrado ser decisivo en las elecciones norteamericanas. Así que el presidente Trump se verá urgido de exhibir a estos electores, resultados convincentes en su política frente a los gobiernos de Venezuela, o de Cuba, o de Nicaragua.
Por otro lado, en menos seis meses también comienza en Nicaragua el año electoral… si es que vamos a hablar de elecciones en el 2021.
Como estos temas exigen análisis más detenidos -nada más ni nada menos que nos estamos jugando el presente y el futuro del país-, en nuestro próximo comentario continuaremos compartiendo con ustedes nuestras reflexiones.
