Más allá de las máscaras: concesión táctica o estratégica

«La solución popular es no permitir una negociación cupular, que no se retroceda al “cocinar” un acuerdo a la vieja usanza de la política tradicional, a la vieja política de los pactos tradicionales»

La inteligencia política combina un conjunto de disciplinas destinadas a generar capacidades creativas, anticipatorias y ejecutivas en el análisis y la gestión política. Propone opciones de acción y calcular las consecuencias de cada decisión. Es decir, es conocimiento, acción y responsabilidad ética.

Antes de abril 2018, Ortega-Murillo encabezaban un régimen hibrido compuesto de la nueva clase, la vieja oligarquía, la burguesía tradicional y sectores militares y policiales.

La rebelión de abril 2018 se expresó como un conflicto de una alta inorganicidad política, expresión del divorcio entre la política tradicional y la sociedad insurrecta. El gran potencial de la rebelión de abril es que de manera pacífica puso centenas de miles de personas en la calle.

La sociedad explotó por fuera de los moldes de la política tradicional y de los canales habituales para procesar los conflictos sociales. Los viejos actores políticos desaparecieron durante el clímax de las protestas y actualmente son irrelevantes.

La capacidad de convocatoria la tienen los nuevos actores sociales. Estos actores no tienen la institucionalidad y son invisibles en la lógica de la política tradicional, pero son los que tienen la capacidad de convocar a la población y están apareciendo nuevas vocerías.

Los políticos tradicionales suelen justificarse diciendo que el régimen autoritario no los dejó hacer cosas, pero el problema es que construyeron su accionar político en una comunión de intereses con el régimen y son parte subalterna del modelo corporativo.

20 meses después de la rebelión de abril 2018, las condiciones están abiertas para una salida conservadora a la crisis, liderada por sectores empresariales que no quieren ceder los beneficios de la economía rentista y de compadrazgo.

Durante el régimen Ortega-Murillo, algunos mandos militares y policiales desarrollaron una relación estrecha con el gobierno, incluso de negocios, con sectores del poder económico. Dichos mandos han ganado influencia, poder y dinero. La Ley de Seguridad Soberana (2015) se cocinó con el aliento de los poderes fácticos que vieron en esa legislación una protección a sus intereses.

Con la Ley de Seguridad Soberana el régimen terminó de construir toda una arquitectura para anular, desautorizar y enfrentarse a cualquier protesta social. En abril 2018, el régimen no tenía una estrategia para hacerle frente a una protesta pacífica, democrática y de desobediencia civil, respondió con la represión de antaño, “vamos con todo”.

En Nicaragua hay una derecha económica y política que no es menor, que tiene anclajes en los sistemas confesionales religiosos, en reductos construidos en las fuerzas militares y policiales, en centros de pensamiento y empresarios favorables en la línea de construir un nuevo pacto y tienen intelectuales favorables a un entendimiento con la dictadura en aras de evitar la profundización de la recesión económica.

¿Cómo enfrentar el peligro de un nuevo pacto de cúpula? La derecha tiene decenas de años de hacer política, décadas de favorecer el modelo corporativo, tiene la capacidad y recursos para llevar a líderes sociales a un terreno donde son capaces de dar vuelta a las cosas, pero cuando marchan en las calles miles y centenares de miles de ciudadanos, ahí la derecha no tiene nada o poco que hacer.

¿Hasta qué punto Ortega es útil a la derecha empresarial y política? Tengo la impresión de que, para el sector ultraconservador y los partidos comparsas, Ortega sigue siendo el pivote en el cual se negocian las alternativas de “salida al suave” del régimen.

A través de la figura de Ortega se está realizando esa negociación, pero si fracasa creo que podríamos conocer que la represión se agudice y que los militares, policías y paramilitares se fortalezcan como el principal sostén del régimen.

¿En un acuerdo político qué sería lo aceptable? El nuevo contrato social será producto de una medición de fuerzas, porque ni el gran capital ni el régimen tienen la capacidad de reeditar el modelo corporativo, si no la crisis tenderá a reventar nuevamente.

La solución popular es no permitir una negociación cupular, que no se retroceda al “cocinar” un acuerdo a la vieja usanza de la política tradicional, a la vieja política de los pactos tradicionales.

¿Cuál es el mínimo aceptable? Necesitamos tener una escalera larga y una chiquita. La chiquita tiene que tener medidas concretas inmediatas que satisfaga a los ciudadanos: liberación de todos los presos políticos, cese a la represión, libertad de movilización, libertad de prensa y de opinión.

La escalera larga contemplaría: eliminación de los paramilitares, reformas a la ley electoral, nuevo padrón electoral cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE), elecciones transparentes y verificables e inicio de la negociación de un nuevo pacto social. Sin reformas de fondo, no vale la pena ir a las elecciones.

En la negociación del nuevo pacto social tiene que participar las organizaciones sociales que han promovidos estas movilizaciones por un cambio democrático.

A largo plazo hay que trabajar en desmantelar el sistema judicial y la de desigualdad que produce una estructura tributaria que hace sostener que las arcas fiscales caigan sobre los que menos tienen. Revertir el sistema tributario significará eliminar una de las fuentes de la desigualdad social en beneficio de “los de arriba”.

En Nicaragua hay un tipo de desigualdad que proviene de la acción del Estado en favor del alto empresariado. Este modelo político-económico no funciona sin la protección del poder político.

Hay que desmantelar el Estado corporativo y de compadrazgo y construir otro con la participación de los sectores sociales. Eso es lo que está en el centro de la rebelión de abril 2018.

¿Hacia una nueva Constitución? No hay que olvidar que toda Constitución expresa el proceso de llegada de una acumulación de fuerzas y no a la inversa. Por eso razón hay que ser cautos.

No se puede perder de vista las medidas inmediatas. El debate de una nueva Constitución puede producir desmovilización y desgaste sociopolítico y que los ciudadanos perciban que ya se resolvió todo o que no se cumplió con las demandas originales.

De cara a la comunidad internacional hay que mostrarse razonable, el régimen no tiene ningún tipo de argumento para negarse a una salida negociada. Por eso buscan, y buscarán, que la salida sea de violencia. Ellos no quieren una salida negociada. En su lógica nunca habrá negociación con el movimiento popular.

Este es un régimen que antes de sentarse en una mesa de negociación toma rehenes: presos políticos. Más operaciones policiales y paramilitares, y, más gente en la cárcel. Los presos políticos son rehenes del régimen.

Necesitamos darle solución integral al problema de los presos políticos que tenemos. Es una tarea prioritaria y primordial. En la cárcel estás en sus manos y los instrumentos de presión que reciben son muy fuertes. Ellos son referentes del pueblo y de un país que quiere hacer las cosas de forma diferentes.

Hay que evitar que el proceso iniciado con la rebelión de abril 2018 se reduzca a las “mesas de expertos”, controladas por los “técnicos apolíticos” o por la “tecnocracia” o por los viejos políticos tradicionales.

Un consejo político: buscar la unidad sobre un programa mínimo. La gente lo exige, reclaman diciendo a los líderes de abril: “vos me has traído hasta aquí y yo quiero llegar hasta allí”. En mi criterio, la demanda es de unidad para llegar hasta allí. Unidad y programa mínimo es el camino por donde se debe caminar.

Para asegurarse que las negociaciones no conduzcan a un nuevo pacto de cúpula, es necesario las movilizaciones, de diferentes maneras, de los ciudadanos en las calles.

San José/Costa Rica, 04 de noviembre de 2019.