Mercado versus Estado: falso dilema
Rogelio Durán
«No aportan mucho las posturas ideológicas extremas que suelen absolutizar el papel del mercado o del Estado, fetichizándolos, y que con demasiada frecuencia procuran imponer estas posturas al resto de la sociedad, en lugar de analizar y promover un debate abierto y constructivo sobre los problemas concretos y específicos que enfrenta cada sociedad, buscando las maneras concretas en que pueden enfrentarse de la mejor manera».
No existe, en ninguna parte del mundo, algo así como un «Estado ideal». Lo que se enfatiza es que, independientemente del tipo de arreglos sociales e institucionales predominantes en el contexto de los cuales se desenvuelve la actividad económica, el sector público debe desempeñar funciones y proveer bienes y servicios que, en su defecto, no serían proveídos por el mercado o lo serían de manera insuficiente.
En mi opinión, no aportan mucho las posturas ideológicas extremas que suelen absolutizar el papel del mercado o del Estado, fetichizándolos, y que con demasiada frecuencia procuran imponer estas posturas al resto de la sociedad, en lugar de analizar y promover un debate abierto y constructivo sobre los problemas concretos y específicos que enfrenta cada sociedad, buscando las maneras concretas en que pueden enfrentarse de la mejor manera.
En el caso de Chile, por ejemplo, se impuso, bajo la dictadura militar, un modelo de fuerte raigambre ideológica que otorgaba al mercado —el cual, en presencia de economías de escala, tiende a concentrar el dominio del mercado en unas cuantas grandes empresas— el rol de organizador del conjunto de relaciones sociales, al tiempo que tendía a debilitar al extremo la capacidad de negociación organizada de los trabajadores y minimizar la solidaridad que resulta indispensable para la cohesión social.
Así, se eliminó el concepto mismo de seguridad social y se impuso un esquema obligatorio de ahorro privado, administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que prometía tasas de reemplazo equivalentes al 70% del ingreso imponible promedio de los últimos 10 años.
Sin embargo, debido al debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, los salarios son muy bajos, a lo cual se agregan los bajos niveles de actividad y empleo en las mujeres, en los jóvenes, en los trabajadores con baja cualificación y en grupos indígenas, así como las grandes diferencias de ingresos entre hombres y mujeres y la elevada proporción de contratos temporales y de empleo de cuenta propia.
Como resultado de lo anterior, son relativamente pocos los trabajadores que tienen la capacidad de ahorrar lo suficiente para asegurarse una pensión digna.
Según el FMI, la tasa de reemplazo promedio que proporcionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) equivale al 34%, y para las mujeres solo el 14%. Para el periodo 2025-2035 se reducirían a 15% y 8%, respectivamente. Ello explica que el 80% de las personas se retiran con una pensión inferior al salario mínimo.
En los últimos años la disminución en la tasa de interés real usada para determinar las rentas vitalicias y los retiros programados ha contribuido a la baja en el monto de las nuevas pensiones.
Normalmente, el proceso de envejecimiento significa que el gasto total de pensiones como porcentaje del PIB se incrementa, debido al incremento del peso en la población de adultos mayores en la población total. Por ejemplo, a fines de los años 70 el gasto total en pensiones equivalía a 5% del PIB.
En 2017, a pesar del fuerte aumento en el número de pensionados, el gasto fue menor, llegando al 4,7 % del PIB.
Por tanto, actualmente tenemos casi el doble de pensionados como proporción de la población y destinamos menos recursos en proporción al PIB al pago de beneficios. Esto se traduce en que el monto de la pensión ha crecido más lento que el PIB per cápita a lo largo de este periodo. La pensión promedio como proporción del PIB per cápita se redujo prácticamente a la mitad.
Es decir, que las pensiones ni siquiera se han beneficiado de los incrementos en la productividad y en el PIB per cápita.
Por su parte, debido a que existe una parte importante de la población sin ninguna capacidad de ahorro, el Estado, bajo la democracia, estableció un esquema de pensiones no contributivo, cuyo objetivo es evitar la pobreza extrema en la vejez, que representa el 25% del total de pensiones que se pagan, aunque el monto de las mismas apenas alcanzaría para cubrir el costo de un tratamiento para una determinada patología crónico-degenerativa, dado que las tres cadenas farmacéuticas que dominan el mercado de la distribución de medicamentos les imputan precios que superan hasta 6 veces su costo de producción, más impuestos y una tasa razonable de beneficios.
Al mismo tiempo, el Estado ha tenido que continuar asumiendo el pago de pensiones de las personas que tuvieron que permanecer en el viejo sistema, las cuales representan el 39.6% del total de pensiones contributivas, el bono de reconocimiento de quienes se pasaron al nuevo por sus contribuciones al viejo y una pensión mínima para el 37.7% de los afiliados a las AFP, quienes no alcanzaron a cotizar los 20 años establecidos como requisito.
De esta manera, el Estado ha terminado financiando el 70% del gasto total en pensiones.
Es importante exponer que las Fuerzas Armadas, que impusieron el sistema administrado por las AFP, se rehusaron a someterse al mismo y se mantuvieron bajo el esquema de seguro social de reparto, al cual el Estado hace un generoso aporte.
