¿Nace o muere la dinastía Ortega?
Oscar René Vargas
Ortega al desnudo
En 2021, todo parece indicar que el régimen apuesta por incrementar la represión para evitar e impedir las protestas sociales durante el periodo electoral. Esta estrategia tiene un costo político para Ortega: va a revelar nuevamente al mundo la naturaleza abiertamente represiva de este régimen, dejando de lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la matraca es brutal. El régimen mantiene, de facto, un violento Estado de Sitio.
La estrategia del garrote
La ley 842 es parte de esa estrategia. Su propósito particular es someter, simbólica y financieramente, al gran capital a su voluntad política. Busca también tapar con un dedo la verdadera influencia del Gran Capital en la sociedad. Ortega calcula que esta estrategia le ayudará a mantenerse más allá de 2021. ¿Olvida que, donde hay dinero, hay poder?
Tampoco parece importarle al gobierno cortar canales de comunicación con amplios estratos de la sociedad, en especial con el mundo de los pequeños y medianos empresarios. Por otra parte, la represión acelera su aislamiento internacional, incrementado su actual nivel de ostracismo. El gobierno prefiere prolongar las diferentes crisis que acechan el país a permitir la libertad de reunión, de manifestación, etcétera, porque estas podrían ser aprovechadas para protestas callejeras en el marco del proceso electoral.
Ortega cree que si mantiene a los presos en las cárceles, e incrementa su número, va a paralizar a los ciudadanos. Piensa que liberar a los presos políticos o bajar el nivel de represión sería una muestra de debilidad.
Ortega teme, más que todo, dar cualquier muestra de debilidad. Sería una terrible señal que podría ser interpretada por los militares, policías y paramilitares; como una muestra de que el “jefe” anda débil, y esto podría causar una crisis y/o una implosión en la élite gobernante y dentro de su base electoral.
Ley 842: ¿Se verán obligados a resistir los banqueros?
Con la ley 842 Ortega pretende iniciar una negociación con el Gran Capital –especialmente con el capital financiero local– en condiciones ventajosas. Busca obligar a este a que gestione el levantamiento de las sanciones internacionales que lastran su economía personal, familiar y la de sus allegados, quienes mantienen desde la sombra el control de inmensos y opacos negocios que ninguna fiscalía nicaragüense se atreve a investigar.
Ortega no duda en utilizar la represión, el chantaje y el miedo como parte de su armamento político para someter a los banqueros a sus intereses. El dictador calcula que la crisis con ellos será pasajera. Pero su política de terror podría empujarlos en sentido opuesto. Cada acercamiento de parte de algunos de los sectores del Gran Capital se ve frustrado por alguna tropelía o comportamiento errático del régimen.
Sin embargo, una ventaja de Ortega -y no la menor, es su amplio conocimiento de todos los beneficios recibidos por los empresarios, así como del esquema utilizado para recibir adjudicaciones amañadas en contratos o favores del Estado; es decir, Ortega puede señalar los actos de corrupción de muchos empresarios que hoy se dicen de oposición, y sería capaz, por ejemplo, de cuestionar las altas tasas de intereses bancarios y chantajearlos. La acción judicial, naturalmente, es fundamental para esto, pero no menos lo es la dimensión política del asunto. Ni la cúpula de la dictadura, ni los principales miembros del partido de gobierno, ni la elite empresarial han sido renovadas desde el año 2007; es decir, los principales actores del pacto público-privado siguen en los resquebrajados puentes de mando de sus respectivas organizaciones. Por sus fechorías, todos están expuestos a las presiones extrajudiciales, lo cual favorece a Ortega.
En todo caso, la incógnita es qué podría suceder si los banqueros y el gran capital no entran a negociar a pesar de tener el revólver en la sien. Si la intención de Ortega con la Ley 842 es realmente disminuir el poder de las élites económicas en la ecuación política nacional, existe un riesgo para la dictadura de que el tiro le salga por la culata. Ante la falta de un liderazgo social reconocido, Ortega ha creado las condiciones para que el capital financiero se transforme en un improvisado y espontáneo foco de resistencia al control total de la dictadura.
Por el momento, el Gran Capital se resiste a resistir
A pesar de todo, las elites políticas y económicas siguen insistiendo en la [pésima] estrategia de mejorar las relaciones con el régimen para garantizar sus intereses. Piensan que un nuevo pacto con Ortega ayudaría a amortiguar los enfrentamientos en los avisperos en donde chocan. Al mismo tiempo, interpretan como peligrosa una ruptura de lazos, que los dejaría—temen– a merced del humor del dictador. La actitud del Gran Capital sigue siendo vendepatria, como de costumbre.
Divide y vencerás
La ecuación de Ortega es simple: si la oposición está dividida, entonces será débil y resultará más cómodo mantenerla sometida; si la oposición permanece separada y siguen despreciandose entre sí los líderes, entonces puede ser fácilmente doblegada. Una vez vencidos quedarán sometidos, piensa Ortega, dejemos que luchen entre ellos.
Por eso, Ortega está dispuesto a usar el chantaje, la extorsión, el soborno, la intimidación, la violencia, la compra de voluntades y el entendimiento con los poderes fácticos que le permitan proclamar su victoria en las elecciones de 2021, independientemente de la legitimidad del voto.
La legitimidad es incomprable, irrecuperable
Lo único que Ortega no podrá comprar nunca es legitimidad. La perdió hace mucho tiempo y no la podrá recuperar jamás. La oposición a la dictadura es abrumadora en la sociedad civil. Por lo tanto, Ortega solo puede mantenerse en el poder a través del fraude y de un perpetuo “Estado de sitio de facto”. El dictador ha dado muestras de que no está dispuesto a abandonar el mando en forma voluntaria.
¿De qué sirven las sanciones internacionales?
De hecho, la dupla dictatorial no va a cambiar su posición, ni su estrategia, por las sanciones a personas de su círculo íntimo de poder. Es por eso que decidieron implementar la reforma a la Ley 842. Para ser verdaderamente efectivas, las sanciones internacionales deberían estar acompañadas de sanciones macroeconómicas internacionales, como por ejemplo, excluir a Nicaragua del CAFTA y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Urge un centro político
De no lograrse un nuevo centro político, el país corre el peligro de encaminarse hacia una nueva dinastía. Para cambiar la actual correlación de fuerzas es necesario construir alianzas políticas y sociales inéditas y amplias, concertar un bloque histórico buscando objetivos de interés común para construir contrapesos civiles y un contrapoder político capaz de plantar cara al régimen. Para eso, se necesita de un pacto sociopolítico que ponga en el centro de las demandas la derrota de la dictadura.
Las demandas del grito de Abril siguen vigentes: acabar con la dictadura, acabar con la impunidad, acabar con las violaciones a los derechos humanos, e instaurar una democracia participativa en donde la dignidad ciudadana sea norma.
Dada la historia política de Nicaragua, cuando nuestro pueblo derrote al fin a la dictadura, nuestro futuro primer gobierno legítimo deberá poner los derechos humanos en el corazón de su estrategia política de refundación democrática.