Nicaragua, Abril-Julio de 2018: crónica del aplastamiento de una insurrección desarmada

Juzgue el lector cuales eran las reales intenciones de los empresarios: no querían la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y la ONU, aplicara un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, pero para evitar que una nueva insurrección popular triunfara sobre el régimen.

La situación en Nicaragua sufrió un giro dramático con las movilizaciones juveniles contra el gobierno sandinista en 2018. La hegemonía política que el FSLN había logrado construir, en contubernio con los empresarios, de repente se agrietó.

Los estudiantes de la UCA organizaron, para el día miércoles 18 de abril, un acto de solidaridad con la protesta de los jubilados por la reforma del Reglamento del INSS. El gobierno lanzó fuerzas de choque de la JS-19, que atacaron con palos y piedras a los estudiantes de la UCA. El tema de la reforma a la seguridad social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus familiares.

1.- Inicio del levantamiento estudiantil y popular

Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), pero tuvo poca asistencia. Algo estaba pasando. La maniobra de organizar una marcha el 19 de abril, no funcionó porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tomas de edificios en solidaridad con los estudiantes de la UCA y en solidaridad con la lucha contra las reformas al INSS.

Los estudiantes de la UNA libraron una batalla campal contra los antimotines en la carretera norte, frente a las instalaciones. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuyos dueños son la Convención Bautista, también iniciaron protestas frente a sus instalaciones.

1.1.-Rebelión estudiantil y primera masacre

Las movilizaciones se generalizaron en todo el país. Se produjeron enormes manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de choque sandinistas (los “motorizados”) en la ciudad de León, baluarte histórico del sandinismo. Las escenas de violencia de los motorizados contra los estudiantes y los pocos pensionados, enardecieron los ánimos. En Masaya, en el barrio indígena de Monimbó, otro antiguo bastión del FSLN, quienes se oponían a las reformas del INSS se enfrentaron a palos, piedras y morterazos contra las fuerzas de choque del sandinismo. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde se produjo una masiva movilización frente a la Catedral. En Estelí y Jinotega también se produjeron movilizaciones. En Managua, se produjo una enorme movilización frente a la Catedral, la cual fue reprimida a balazos por la Policía Nacional. Esta primera masacre estudiantil caldeó los ánimos y provocó enfrentamientos callejeros en todo el país. Las movilizaciones fueron espontáneas. Este estallido social reflejó el enorme descontento popular acumulado en los 12 años de gobierno de Daniel Ortega.

1.2.- Iglesia Católica y empresarios piden Diálogo Nacional

La noche del 20 de abril, después de una escalada represiva en todo el país con el objetivo de ablandar la resistencia de los jóvenes, Rosario Murillo anunció que el gobierno estaba dispuesto a reanudar el Diálogo con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Las masivas movilizaciones de protestas obligaron a los empresarios del COSEP a dar un giro y distanciarse un poco de la política de “diálogos y consensos”, que tantos beneficios económicos les había dejado. En un primer momento, el COSEP llamó al gobierno a restablecer el Diálogo. Para presionar, el COSEP convocó a una marcha nacional para el día lunes 23 de abril, a las 3pm, saliendo de la rotonda de Metrocentro, en Managua, con destino hacia la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), donde se habían refugiado los estudiantes que lograron sobrevivir a la masacre del 19 de abril.

La Iglesia Católica exhortó al gobierno a “escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y derogar las reformas a las políticas de dicho Instituto publicadas recientemente en la Gaceta (Decreto Presidencial 03-2018). Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad, escuchar es camino de sensatez, buscar a toda costa la paz es sabiduría. Por tanto, una vez más invitamos a los autores de dichas reformas a plantearse el diálogo como posibilidad para solucionar este conflicto que puede agravarse si no se toman decisiones acertadas para todos y a tiempo que nadie perturbe y obstaculice la posibilidad de este diálogo. La máxima expresión de esta arbitrariedad es el cobro del 5% a los jubilados que con su esfuerzo han cotizado durante muchos años”. (Comunicado 28/04/2018)

No obstante, la presión social obligó al COSEP a endurecer posiciones contra el gobierno, en un comunicado expresó: su “total respaldo a todos los jóvenes y a la población en general, que se han movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos. Dado que la crisis va más allá del descontento de reformas del Sistema de Pensiones, demandamos urgente al gobierno de la República a: Cesar de inmediato la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al gobierno y garantizar el derecho a la libre movilización pacífica. b. Liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente. c. Restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión. No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo, el cual debe partir de una agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de Jóvenes, Sectores Académicos y la Conferencia Episcopal”.

Mientras las marchas se sucedían casi a diario, gritando la consigna de renuncia de la pareja presidencial, los empresarios comenzaron a preocuparse por la dinámica de los acontecimientos.  Todo el reacomodo político de los empresarios conducía a un solo punto: instalar una mesa de negociación, a través del Diálogo Nacional, tal como había recomendado el diario La Prensa.

El 3 de mayo del 2018, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) reforzaron la petición de los empresarios, a través de una Carta Pastoral que, en sus partes medulares, expresaba: “(…) el objetivo de este Diálogo Nacional debe de ser “revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia”. Creemos también que el tema de las dolorosas muertes sufridas durante las manifestaciones universitarias, deben de ser esclarecidas a fondo. Hacemos un llamado a los estudiantes universitarios para que terminen de organizarse lo más pronto posible y definan su agenda y a sus representantes. Igualmente, a estar atentos a grupos ajenos al movimiento estudiantil que están actuando agresivamente, sembrando confusión”.

1.3.- Primer triunfo: derogación de las reformas al INSS

A pesar de contabilizar los primeros 30 muertos, 121 heridos y centenares de detenidos la primera oleada de la insurrección popular produjo un triunfo. El domingo 22 de abril, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) derogó la Resolución 1317, que dio origen al Decreto Ejecutivo No 03-2018, el cual también fue derogado

En esa ocasión, Daniel Ortega retrocedió en sus decisiones, y declaró: “la Resolución 1318 fechada el 22 de abril anula la anterior Resolución. O sea, queda la Mesa limpia para sentarse a tratar el Tema (…) invito a Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes para que pueda participar con una Delegación de Obispos, (…) como Garantes, como Testigos, para estimular, darle seguimiento y darle fortaleza a lo que es un Diálogo que lleve al restablecimiento de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro País”. (La voz del sandinismo, 22/04/2018)

La dictadura había retrocedido, pero al mismo tiempo había lanzado una trampa contra la revolución democrática en curso: el Diálogo Nacional, que tanto habían reclamado la Iglesia Católica y los empresarios.

Aunque Daniel Ortega retrocedió, ya era muy tarde: la radicalización política de la juventud universitaria se expresaba en la consigna de renuncia de la pareja presidencial, que era coreada en las manifestaciones masivas que casi a diario se produjeron en todas las ciudades de Nicaragua.

Esta situación preocupó al diario La Prensa, y por eso trazó el rumbo para una transición ordenada, para evitar una nueva revolución triunfante, como la de 1979. “Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma (..) Los empresarios también deben convocar a un paro nacional. Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza (…) En el diálogo nacional, que debería ser mediado y garantizado por la comunidad internacional, al menos por la OEA, se tiene que acordar la salida de Ortega, las garantías de una transición ordenada y pacífica a la democracia y, primordialmente, la convocatoria a elecciones libres y transparentes” (Editorial de La Prensa, 23/04/2018).

2.- Desesperados llamados a favor del Diálogo Nacional

En ese momento de gran efervescencia política, la mayoría de los grupos estudiantiles mantuvieron la ilusión de que, a través del Diálogo Nacional, en alianza con los empresarios que de pronto se volvieron demócratas, por medio de negociaciones se podrían obtener la rendición voluntaria de la dictadura, es decir, organizar su salida del poder, sin un mayor derramamiento de sangre. Otros sectores, más combativos, creyeron que los empresarios convocarían a un gran Paro Nacional y de esta forma se aceleraría la salida pacífica de la dictadura.

En un comunicado, con fecha 24 de abril del 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó “estar en carácter de “mediador y testigo” en el diálogo convocado por el Sr. Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra “(…) para facilitar el clima de diálogo consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil: evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses”.

Casi al mismo tiempo, alzaron sus voces los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), apoyando la propuesta de Diálogo hecha por Ortega. José Adán Aguerri declaró: “reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social (…) Valoramos como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y apelamos a su inicio urgente (…)”. (END, 23/04/ 2018)

A la posición del COSEP y de la Iglesia Católica a favor del Diálogo Nacional se sumó Maria Nelly Rivas, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), quien fue un poco más allá en sus demandas: “estamos atentos y listos al llamado de los obispos nicaragüenses para iniciar el diálogo nacional que debe tener una agenda amplia, entre ellos, el derecho a la movilización pacífica, garantías para los estudiantes y todos los nicaragüenses que participaron en las protestas, respeto a la libertad de prensa y de expresión, elecciones libres, entre otros” (Metro, 27/04/2018)

Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reconoció que “el objeto de discusión ya no es solamente el decreto sobre las medidas recaudatorias para cerrar el déficit del INSS, sino que consiste en evitar que la situación se deteriore más y se logre detener esta espiral de violencia”. (END 23/04/2018)

Mientras se producían los naturales forcejeos entre las cámaras empresariales y la dictadura Ortega-Murillo, se produjeron las multitudinarias marchas del lunes 23 de abril convocada por el COSEP, la del sábado 28 de abril convocada por la Iglesia católica, y la del miércoles 9 de mayo convocada por los organismos de la sociedad civil. La presión popular crecía en las calles.  La dictadura respondió con dos contramarchas, el 30 de abril y 9 de mayo, que fueron mucho más reducidas. La erosión política del FSLN era visible.

2.1- Las demandas de la oposición burguesa

En un hecho sin precedentes, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), los exportadores de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), exigieron lo siguiente: “I.- Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018. (…) II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses. III. Reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción. IV. Resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio a lo inmediato una auditoría forense e integral de la institución”.

El programa de los empresarios era bien claro: 1.- reformas al sistema electoral 2.- reformas institucionales y eliminación de la corrupción que perjudica sus negocios, 3.- un plan específico para el INSS.

2.2. Estados Unidos y la Unión Europea llamaron también al Diálogo Nacional

En su sucia campaña de desinformación, los medios de propaganda de la dictadura calificaron el levantamiento estudiantil y popular como un “golpe blando”, promovido y financiado por el gobierno de Estados Unidos.

Estas afirmaciones no reflejaban la realidad. Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado condenó “la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión”. (La Prensa 22/04/2018)

Ese mismo día, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado reflejó la posición de la Unión Europea: “La violencia es inaceptable, las diferencias solo se pueden resolver a través del diálogo inclusivo. Las protestas deben llevarse a cabo pacíficamente, y las fuerzas de seguridad pública deben actuar con la máxima moderación. La UE está dispuesta a apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el Estado de derecho en Nicaragua» (EFE, 22/04/2018.

Al día siguiente, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, emitió un comunicado afirmando que “Canadá está profundamente preocupada por las informaciones de varios muertos y heridos en las manifestaciones que se están produciendo en Nicaragua. Demandamos a todas las partes involucradas que resuelvan la situación con un diálogo pacífico e incluyente para proteger los derechos y seguridad del pueblo nicaragüense” (El Nuevo Diario, 24/04/2018)

La Casa Blanca emitió un comunicado que reflejaba la posición oficial de la administración de Donald Trump: “Estados Unidos condena la violencia y la represión propagadas por el Gobierno de Nicaragua y el cierre de medios de comunicación (…) La administración se une a la comunidad internacional en llamados a un diálogo amplio y apoyo para el pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y las verdaderas reformas democráticas que tanto se merece” (AFP, 25/04/2018)

La posición de la Unión Europea y de la administración de Donald Trump era la de presionar diplomáticamente a favor del Diálogo Nacional para negociar una reforma que democratizara al régimen dictatorial, y bajo ninguna circunstancia se habían propuesto el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega. Esta postura fue confirmada con el discurso del vicepresidente Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 7 de mayo del 2018.

En relación a la crisis en Nicaragua, Pence se refirió tangencialmente en dos párrafos, en los siguientes términos:

“En Nicaragua, cientos de miles de personas tomaron las calles para mostrar su enojo contra su envejecido líder socialista y su exigencia de regresar al orden democrático. Pero el represivo gobierno de Ortega ha respondido con fuerza letal, matando a docenas de manifestantes pacíficos y cerrando medios de comunicación independientes que se atrevieron a informar sobre sus acciones mortales.

Los Estados Unidos condena estas acciones brutales en los términos más enérgicos posibles. Pedimos al gobierno de Ortega que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Y nos unimos a las naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y haga rendir cuentas a los responsables de la violencia. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que el empeoramiento de la represión del gobierno de Daniel Ortega”.

Las exigencias de Estados Unidos Canadá y la Unión Europea eran coincidentes: el cese de la represión, la aplicación de reformas democráticas, la instalación de un Diálogo Nacional y la presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua.

2.3.- Diferentes visiones e intereses en torno al Diálogo Nacional

En el primer semestre del 2018, en Nicaragua se produjo una situación sumamente contradictoria. Por un lado, se produjo una dinámica insurreccional de las masas que demandaban cada vez más claramente la renuncia o salida del gobierno Ortega-Murillo, y por el otro lado, existieron también enormes ilusiones democráticas, a pesar de los enfrentamientos violentos y las muertes diarias, en una posible salida pacífica de la crisis. Para evitar una nueva y sangrienta guerra civil, el único camino posible era la salida pacífica, bajo la mediación de la Iglesia Católica y la instalación del Diálogo Nacional.

Incluso, entre los miles de activistas democráticos se desarrolló la ilusión que el Diálogo Nacional seria la mesa de negociación para lograr la rendición de la dictadura.

3. La ruptura del statu quo y el nacimiento de nuevas expresiones políticas

El viejo orden había sido atacado mortalmente por el levantamiento estudiantil y popular. Los viejos partidos políticos tradicionales no asomaban la cabeza. El despertar político de la sociedad nicaragüense condujo al surgimiento de nuevas e improvisadas fuerzas políticas

Casi en las mismas fechas, a inicios de mayo del 2018, surgieron dos nuevas agrupaciones. Por un lado, surgió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, pero controlada y dirigida por las cámaras empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) que rápidamente se reacomodaron, rompieron sus alianzas con la dictadura, y con un discurso democrático atrajeron a una parte de los movimientos sociales que habían surgido al calor de la rebelión de abril, y a otros que tenían larga trayectoria de lucha como el movimiento feminista y el movimiento campesino.

No obstante, el objetivo central de la ACJD no era el derrocamiento de la dictadura, sino su reforma a través de una salida electoral, es decir, crear condiciones para un “aterrizaje suave”. Por ello la principal consigna de la ACJD era la exigencia de elecciones anticipadas, las que se debían negociar en el Diálogo Nacional.

También a inicios de mayo del 2018, producto de la ebullición social, surgió la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS) conocida también como Articulación, que agrupaba a oenegés y los movimientos de autoconvocados. En ese momento, tanto la ACJD como la Articulación tenían vasos comunicantes, porque muchos de los movimientos sociales que surgieron en abril se entrelazaban con ambas organizaciones, aunque hubo contradicciones en torno a cuál era la ruta para salir de la dictadura.

4.- Nacimiento y primeros intentos de coordinación de los grupos estudiantiles

Los estudiantes universitarios fueron el sector social que se colocó a la vanguardia de la lucha democrática en abril del 2018. Los grupos estudiantiles que surgieron no tenían experiencia política, y muchas veces rivalizaban entre sí.

En el año 2018, al calor de la rebelión estudiantil y popular, se produjeron dos intentos de crear una nueva organización estudiantil, que superara la dispersión y se postulara como alternativa ante la decadente y burocrática Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que se había transformado en una fuerza de choque de la dictadura.

El primer intento fue la creación de la Coalición Universitaria (CU), conformada por cinco agrupaciones estudiantiles. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME-19A), el Movimiento 19 de abril de la Universidad Agraria (M-19-UNA), y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), que agrupaba a otro conglomerado de grupos estudiantiles.

La Coalición Universitaria fracasó, fue imposible conciliar posiciones. Rápidamente, los grupos estudiantiles se alinearon en torno a las nuevas fuerzas políticas emergentes. La CUDJ se alineó con la Articulación, y los restantes cuatro grupos se afiliaron a la ACJD. La vanguardia estudiantil quedó dividida en dos segmentos.

Los bloques estudiantiles en lucha, por su parte, se dividieron en torno al tema del Diálogo Nacional. El sector más radicalizado agrupado en la CUDJ planteó que no había nada que negociar con el gobierno asesino, que “los muertos no podían negociar”, pero otro sector, ligado a la ACJD sostuvo que era necesario dialogar con el gobierno para negociar puntos torales como la autonomía en las universidades o la propia renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Mientras la CUDJ se concentraba en las tomas de recintos universitarios y en las movilizaciones, sin habérselo propuesto, probablemente por inexperiencia política, dejaron el campo libre a los grupos estudiantiles que sostenían una postura negociadora.

Al final, se impuso este línea negociadora y en una conferencia de prensa en un hotel en Managua, el Movimiento 19 de Abril brindó una conferencia de prensa en conjunto con José Adán Aguerri, presidente del COSEP, y Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES, en que reafirmaron su alianza: “(…) demandamos el cese inmediato de las agresiones por parte de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque; así como el cese de los mensajes y acciones de odio, desinformación y amenazas en contra de nuestros compañeros y familias. Estamos listos. Tenemos nuestros representantes y nuestros puntos de agenda, esperamos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) indique la fecha y la hora para la apertura del diálogo nacional. Reiteramos la demanda de invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y a los Relatores para Temas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que efectúen la investigación sobre la responsabilidad de los crímenes en contra de los estudiantes y la población, que es el primer punto de agenda por parte de todos los que suscribimos este mensaje”. (El Nuevo Diario, 12/05/2018)

La creación de nuevas organizaciones estudiantiles fue un fenómeno enormemente progresivo, después de un largo periodo de control totalitario del FSLN en las universidades públicas y privadas. Sin embargo, también reflejó otro fenómeno peligro: la inexperiencia política. Era la primera vez que, en la historia de Nicaragua, los grupos estudiantiles se convertían en aliados incondicionales de los empresarios, ahora convertidos en opositores

5. Instalación y fracaso del Diálogo Nacional

Inicialmente, la dictadura Ortega-Murillo propuso un diálogo para resolver la crisis relacionada con las reformas a la seguridad social, invitando a la Iglesia Católica como mediadora, garante y testigo, creyendo que así se restablecería el modelo de “diálogos y consensos” con los empresarios. Pero estos, temerosos de la dinámica del levantamiento estudiantil y popular, aprovecharon el momento para ampliar la agenda, incluyendo otros temas económicos y políticos.

A pesar de sus diferencias políticas, los grupos estudiantiles coincidían en la negociación como un mecanismo para detener la salvaje represión y aclarar las responsabilidades en la masacre del 19 y 20 de abril. La dictadura retrasó la instalación del Diálogo Nacional con la esperanza de controlar la rebelión, antes de sentarse a negociar. Necesitaba recuperar la iniciativa estratégica y superar la fase defensiva en que se encontraba.

La estrategia de negociación del FSLN siempre ha sido golpear primero para negociar después, y hacerlo en el filo de la navaja. Dentro de su estrategia de negociar al borde del abismo, la dictadura sostuvo negociaciones secretas por separado con los con los principales económicos, en un intento de reconstruir el consenso roto por la reforma al INSS y la masacre estudiantil de los días 19 y 20 de abril.

En su afán de recuperar la iniciativa política, la dictadura alentó los saqueos, para atemorizar a los empresarios, llegando, incluso, a quemar edificios municipales, para culpar a la rebelión.

Después de muchas maniobras, que incluían asesinatos selectivos con francotiradores, el 16 de mayo, un mes después del inicio de la rebelión, fue instalado solemnemente el Diálogo Nacional, con la presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los obispos de la Conferencia Episcopal y el cuerpo diplomático. Esta primera sesión del Diálogo Nacional fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

Con la instalación formal del Diálogo Nacional se inició una gigantesca maniobra de la dictadura Ortega-Murillo con el objetivo de cansar y debilitar al movimiento de masas, recomponer su imagen en el exterior, sobre todo para mantener la neutralidad amistosa de la administración de Donald Trump.

Ortega hizo concesiones unilaterales: invitó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a visitar Nicaragua, como demandaba la ACJD, la que arribó el mismo día de la instalación del Diálogo Nacional. El discurso de Ortega no fue conciliador, sino amenazante. Los estudiantes, por su parte, denunciaron los asesinatos con el histórico discurso de Lesther Alemán.

La primera sesión de trabajo del Diálogo Nacional se realizó el viernes 18 de mayo, y produjo los primeros acuerdos. En comunicado oficial, la Comisión Mediadora, formada por los obispos, expresó que todas las partes llamaron urgentemente a “detener los actos de violencia (…) Todos los sectores se comprometieron a realizar una tregua, el sábado 19 y domingo 20 de mayo, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía y retirar fuerzas de choque, simpatizantes del gobierno, y la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al Diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo 2018”.

Esta “tregua” hizo crecer las expectativas de que el Diálogo Nacional podría traer soluciones, pero reflejó al mismo tiempo las debilidades políticas de la dirigencia de la ACJD y la Articulación, así como de los grupos estudiantiles. Estas posturas “flexibles” le permitieron a la dictadura retomar la ofensiva contra las masas, como efectivamente ocurrió.

La segunda sesión del Diálogo Nacional se realizó el lunes 21 de mayo, donde se produjo un nuevo acuerdo: ambas partes, dictadura y opositores, retomaron las 15 conclusiones del informe demoledor de la visita de la CIDH: 76 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas, 868 fueron heridas, 438 personas fueron detenidas.

El informe de la CIDH incluyó el cese de la represión, respeto al derecho de protesta, creación de un mecanismo internacional de investigación de la masacre, investigación y sanción a los culpables, “ asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley”, desmantelamiento de los grupos paramilitares, libertad de prensa, correcta atención de los heridos en los hospitales, y seguimiento internacional de los hechos.

A esas alturas, la dictadura Ortega-Murillo no podía negar lo evidente, el alcance de las masacres y la represión, pero nuevamente maniobró para desvirtuar el informe de la CIDH. EL FSLN dio la orden a su militancia que presentara denuncias masivas ante la CIDH, sobre supuestas agresiones, para colocarse en un plano de igualdad como víctimas. Ya no negaba los acontecimientos, pero afirmaba que también había policías y sandinistas muertos.

En esta sesión, afloraron las tensiones y las recriminaciones mutuas, debido a que el gobierno comenzó a insistir en la necesidad de suspender los “tranques” (bloqueos) en las carreteras, caminos y barrios, para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación.

6.- El surgimiento de los tranques

Para el lunes 21 de mayo, los tranques, bloqueo de caminos y carreteras, se habían convertido en el eje de la lucha. La represión hizo disminuir temporalmente la cantidad de marchas, que se producían especialmente en el sector urbano.

La lucha se había prolongado y la dictadura no daba señales de caer. Contrario al ambiente eufórico que siguió a las primeras gigantescas marchas en Managua y otras cabeceras departamentales, Daniel Ortega no estaba con un pie en el avión, sino que se mostraba desafiante, maniobrando, para ganar tiempo y con una voluntad firme de aferrarse al poder a cualquier costo.

En las movilizaciones de finales de abril y comienzos de mayo, eran visible dos grandes segmentos sociales que marcharon unidos: sectores radicalizados de los diferentes estratos de la clase media, principalmente en Managua, y la enorme masa popular de las barriadas y los pueblos del interior.

Mientras impulsaba el Diálogo Nacional, la dictadura Ortega-Murillo utilizó los primeros grupos paramilitares para mantener el asedio y zozobra sobre los tranques y recintos universitarios tomados, llegando a utilizar francotiradores o pistoleros que asesinan selectivamente a los luchadores más combativos.

Algunos sectores de la oposición que luchaban honestamente contra la dictadura, concebían la movilización solamente como mecanismo de presión auxiliar dentro del Diálogo Nacional, y no como el eje de la actividad para lograr la meta final de derrocar a la dictadura. No comprendían la relación dialéctica entre movilización y negociación. La intensidad y generalización de la movilización eran determinantes, sin ellas cualquier negociación estaría condenada al fracaso, y le permitiría maniobrar a la dictadura Ortega-Murillo, ganar tiempo para recomponer sus fuerzas de choque.

Por esta razón, dentro del Diálogo Nacional, la dictadura concentró sus presiones para lograr el desmantelamiento voluntario de los “tranques”, que se habían convertido en la principal trinchera de lucha. Levantar los tranques era equivalente a rendirse ante la dictadura.

6.1.- La agenda de democratización de la ACJD

Para la tercera sesión del Diálogo Nacional, convocada el miércoles 23 de mayo, la ACJD presentó la agenda para la democratización de Nicaragua, la cual fue presentada ante la Comisión Mediadora presidida por los obispos.

El primer punto de esta agenda demandaba la realización de una “Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible. Un título transitorio que incorpore: 1.- Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano. 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República”.

Como parte de la democratización, proponían “volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995”, es decir, restablecer el 50% más uno de los votos para la primera vuelta electoral, y la mayoría dentro de la segunda vuelta electoral. Para realizar la reforma constitucional, proponían reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de manera que en un año la legislatura de la Asamblea Nacional se dividiese en dos periodos, uno que terminase el 30 de junio del 2018, y otro que comenzaría en agosto y terminaría en diciembre del 2018.

Para aplicar este plan, proponían aprobar una Ley Marco para la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo Nacional, que debe ser aprobados por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el FSLN. En pocas palabras, todas las propuestas de la ACJD dependían de la buena voluntad del FSLN.

También plantearon que el adelanto de las elecciones debía ser vigilado por la OEA, ONU, Centro Carter y Unión Europea. El Consejo Supremo Electoral (CSE) debía restructurarse, y sus magistrados nombrados por consenso dentro del Diálogo Nacional. De la misma manera debía aprobarse la reforma a la Ley Electoral y aprobar una nueva Ley de Partidos Políticos, así como realizarse otras reformas estructurales que propiciaran la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, y la independencia de los poderes del Estado.

La dictadura Ortega-Murillo tildó la agenda de la ACJD como un “golpe de Estado”, porque con el adelanto de las elecciones se pretendía terminar con el periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El canciller Denis Moncada Colindres, declaró asustado: “La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno” (Confidencial, 23/05/208)

Los obispos presentaron la Agenda de la ACJD como parte del orden del día, lo que provocó el malestar del gobierno. Al no haber acuerdos, los obispos se vieron obligados a emitir un comunicado que en un su parte final, expresó lo siguiente: “Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del Diálogo Nacional  lamentamos  vernos  obligados,  debido  a  esta  falta  de  consenso,  a suspender  por  ahora  esta  mesa  plenaria  del  Diálogo  Nacional. No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este (…)”. (Comunicado del 23/05/2018).

De esta manera, la realidad se encargó de poner fin a las ilusiones democráticas que existían sobre la posibilidad de que en el Diálogo Nacional se negociaría la salida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El gobierno acusó a los obispos de haberse parcializado a favor de la ACJD, insinuando que se debía cambiar al mediador.

6.2.- El gobierno Ortega-Murillo desempolva los acuerdos secretos con la OEA.

Un día antes que el Diálogo Nacional entrara en coma, el martes 22 de mayo, arribó a Managua una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Gonzalo Koncke y Luis Ángel Rosadilla. Al día siguiente, en la tercera sesión del Diálogo Nacional, el gobierno solicitó que la delegación de la OEA participara en el Diálogo Nacional, pero los obispos respondieron que aceptarían solo si la delegación estaba encabezada por Luis Almagro.

Al final de esa jornada, el Diálogo Nacional entró en crisis, pero resultó evidente que la dictadura no estaba dispuesta a hacer concesiones sustanciales en una mesa de negociación a nivel nacional, sino que necesitaba retomar los acuerdos secretos que fueron firmados en enero del 2017 con la secretaria general de la OEA, en la que se habían comprometido a realizar elecciones vigiladas para el año 2021. La estrategia de la dictadura no solo era ganar tiempo en la negociación que no había comenzado, sino establecer la idea central que las elecciones debían realizarse en el año 2021, es decir, que Daniel Ortega tenía que terminar su periodo presidencial. Daniel Ortega se resistía a renunciar.

El mismo día que el Diálogo Nacional entró en crisis, Luis Almagro difundió un video en donde aclaraba cual era la nueva posición de la OEA: “(…) en cuanto a la salida política en Nicaragua hemos insistido en que la salida debe ser electoral, sin exclusiones, sin habilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. (…) Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo. (…)”. Con esta alocución, Luis Almagro dejo a un lado los acuerdos de enero del 2017, y avanzó unos pasos más para presionar al gobierno Ortega-Murillo para adelantar las elecciones.

El 25 de mayo, dos días después de la crisis del Diálogo Nacional, el departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una corta nota de prensa, en que expresaba: “El gobierno nicaragüense debe crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes. Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y actuemos sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el Diálogo Nacional debido a la incapacidad del gobierno de participar creíblemente en la democratización. Instamos al gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses”.

Hasta ese momento, la administración Trump había mantenido un perfil bajo, y en anteriores declaraciones, se inclinó por el diálogo y la implementación de reformas democráticas. A Trump le preocupaba que la ausencia de reformas provocara una frustración masiva, un nuevo estallido insurreccional, un desbordamiento y radicalización del movimiento de masas.

7.- Las tomas prolongadas de los recintos universitarios y la dispersión de la vanguardia estudiantil

Al suspenderse las clases de manera indefinida en las universidades públicas y privadas, se dispersó el sector social que inició la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo; su vanguardia quedo encerrada en los recintos tomados.

Las tomas de los recintos universitarios se produjeron en un momento de alza de la lucha contra la dictadura, y su expresión estudiantil: la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). En los recintos tomados estaban concentrados los elementos más combativos de la vanguardia estudiantil, pero al prolongarse la lucha se produjo un resultado contradictorio: lo más combativo y decidido de los estudiantes quedaron aislados de sus bases, debilitando al conjunto de los grupos estudiantiles. La situación se agravó cuando la propia dictadura suspendió las clases, para desmovilizar a los estudiantes.

El motor de las movilizaciones, los estudiantes universitarios, estaba cercado en los recintos, resistiendo las presiones de los grupos paramilitares que los asediaban a diario, mientras que el grueso de la masa estudiantil estaba desmovilizado, en sus casas, participando como individuos en las marchas de protesta.

8. La preocupación del gran capital

La dictadura Ortega-Murillo rompió las negociaciones del Diálogo Nacional, el 23 de mayo, argumentando que la agenda de democratización de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), significaba un “golpe de Estado”. En una clara maniobra, pateó la mesa de negociaciones, pero las reacciones no se hicieron esperar.

Días después, el empresario Piero Coen Ubilla, presidente del Grupo Coen, el segundo grupo económico en importancia, después del Grupo Pellas, declaró que “(…) Lo que el pueblo quiere no es un Golpe de Estado, sino una salida constitucional, democrática y pacífica”. (Confidencial, 29/05(2018)

Carlos Pellas, presidente del grupo económico más fuerte de Nicaragua, declaró “(…) el modelo que traía el país se agotó (…) hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades”. (La Prensa, 30/05/2018)

Y para que no quepan dudas, el mismo 30 de mayo, los presidentes de los principales grupos económicos y de la oligarquía financiera, enviaron una carta conjunta a Daniel Ortega, expresándole que “el sector privado está de acuerdo y apoya los aspectos fundamentales relativos a garantiza la institucionalidad democrática (…) creemos conveniente invitar que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea. (…) los años pasan y nadie es eterno. Usted (…) debe colaborar en replantear el funcionamiento del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un estado democrático”. (La Prensa, 30/05/2018)

En Nicaragua, los grandes empresarios casi nunca emiten declaraciones, ni gustan del protagonismo político. Ellos prefieren que sus empleados o agentes hagan el trabajo. Pero los acontecimientos revolucionarios del 2018 los obligaron a salir de sus mansiones y fortalezas, y en un hecho inusual, los jefes de los principales grupos económicos y financieros, brindaron opiniones y declaraciones sobre la crisis del país.

Entre estos empresarios del “gran capital” se destacan Carlos Pellas, presidente del Grupo Pellas; Piero Coen, presidente del Grupo Coen; Ramiro Ortiz Gurdián, presidente del grupo financiero Promerica; José Antonio Baltodano, presidente de Merco Coffee Group o CISA AGRO.

En menos de 48 horas, los jefes de los principales grupos económicos emitieron sendas declaraciones sobre la crisis de Nicaragua, algo que no se miraba desde el año 1974 cuando todos los grupos empresariales condenaron la competencia desleal de la familia Somoza.

En una entrevista al diario La Prensa, Carlos Pellas manifestó que “El modelo que traía el país se agotó… (…) En Nicaragua no se puede vislumbrar ninguna salida a la situación actual que no pase por una profunda transformación institucional y porque se restablezca la democracia como uno de los pilares fundamentales en la organización del país. (…) Desde mi punto de vista, y es algo que compartimos plenamente en el sector privado, hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades. Tal como lo dijimos en el comunicado de todo el sector privado: se requiere, a lo inmediato, la renuncia de todos los miembros del Consejo Supremo Electoral. (…) Asimismo, habrá que realizar otros cambios acordados en el proceso de diálogo, para ir depurando las instituciones a fin de que vayan adquiriendo un perfil auténticamente nacional, no partidista, y que exprese la realidad de la separación de poderes propia de un sistema democrático. (…) Hay que trabajar y pensar mucho en la mecánica de la transición para que esta sea duradera, sostenible y dentro de un marco legal, que permita enrumbar de nuevo al país por una senda de crecimiento y justicia. Considero que la Organización de Estados Americanos puede coadyuvar como acompañante y garante del proceso, en apoyo a la labor extraordinaria que realiza la Conferencia Episcopal de Nicaragua”. (La Prensa 30/05/2018)

En una entrevista al programa televisivo “Esta semana” del Canal 12, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y que fue reproducida de manera impresa en el semanario Confidencial, Piero Coen dijo lo siguiente: “Creo que el Gobierno, al igual que muchos nicaragüenses, se enfocó en un modelo que consideraba únicamente los buenos resultados económicos. Jamás se percibió el grado de descontento que existía en muchos sectores de nuestro país por medidas que fueron, de una u otra forma, debilitando la independencia de los poderes del Estado y cerrando espacios políticos. (…) Todos tenemos claro que un golpe de Estado no se lleva a cabo en una mesa de diálogo. El concepto mismo de diálogo desacredita el de golpe de Estado. Yo sigo creyendo que un Diálogo accesible de parte del Gobierno es la mejor opción para resolver las demandas de la población (…) Lo que el Pueblo quisiera no es un Golpe de Estado, sino que una salida constitucional, democrática y pacífica (…) La relación del sector privado empresarial con el Gobierno ha venido deteriorándose pues es un modelo que por definición no era sostenible para siempre y que como todo modelo sufre al no ser revisado”. (Confidencial, 30/05/2018)

Al día siguiente, el banquero Ramiro Ortiz Gurdián publicó una entrevista en El Nuevo Diario, de su propiedad, en la que expuso lo siguiente: “(…) es imperativo que en el seno del Diálogo nacional se acuerden las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones, pero de una manera ordenada y bajo un proceso justo, claro, transparente y supervisado. No puede haber otra manera de salir de esta crisis que no sea a través de elecciones incluyentes y constitucionales y a través del diálogo que resulte en un ambiente de convivencia pacífica para todos los nicaragüenses. Creemos que es esencial que se tomen las acciones para que se incorpore la OEA al Diálogo nacional, que es la organización que más camino ha recorrido en este campo y que ha hecho las recomendaciones más integrales y profundas para sanear el sistema electoral nicaragüense”. (El Nuevo Diario 31/05/2018)

El diario La Prensa publicó otra importante entrevista a José Antonio Baltodano, en que expresó lo siguiente: “(…) Sin duda alguna, urge adelantar elecciones y cambiar magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero también se deben crear opciones para poder elegir en libertad. Estos son solo los primeros cambios, se tiene que reconstruir la institucionalidad de este país y esto no podemos hacerlo de un día para otro. Debemos priorizar adelantar las elecciones, cambiar a sus magistrados y contar con observadores electorales nacionales e internacionales. Los nicas debemos encontrar una salida ordenada a la crisis que tenemos actualmente, debemos cuidar el país y el empleo. No por correr vamos a avanzar. Recordemos que debemos cambiar a los siete magistrados del CSE y a sus tres suplentes; debemos darle tiempo a la ciudadanía para que se organice políticamente y pueda presentar candidatos y opciones. (…) debemos enfocarnos en el Diálogo Nacional. El paro no es una varita mágica que traerá la paz y la democracia. El paro tiene implicaciones serias que afectan, principalmente a el empleo de miles de nicaragüenses por lo que esta medida es una opción y debemos usarla en el momento adecuado. Lo mejor para Nicaragua hoy es enfocarnos en el Diálogo Nacional y las protestas pacíficas, tener confianza en los participantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y en la Conferencia Episcopal. (…) Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el modelo de trabajo impuesto por el gobierno se agotó, que consistía en consensuar leyes económicas dirigidas a crear inversión y empleo para todos los nicaragüenses. Pero para crecer sosteniblemente debemos tener libertad, justicia y democracia (…)”.  (La prensa 31/05/2018)

Los criterios expresados de manera individual por estos capos de la burguesía nicaragüense fueron expresados de manera conjunta, no solo por ellos, sino también por todos los presidentes de las cámaras afiliadas al COSEP. Un inusual documento que reunió a todos los empresarios, incluidos la oligarquía financiera.

La carta con fecha 30 de mayo está dirigida a Daniel Ortega y pretende convencerle de la necesidad de adelantar las elecciones e implementar un conjunto de reformas democráticas.

En su parte medular, la carta expone lo siguiente: “(…) consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional entre los representantes de su gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.(…) para procurar la agilización de los mecanismos de diálogo y negociación y salvar a nuestra nación, creemos conveniente invitar a que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea (…)”. (La prensa 30/05/2018).

Juzgue el lector cuales eran las reales intenciones de los empresarios: no querían la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y la ONU, aplicara un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, pero para evitar que una nueva insurrección popular triunfara sobre el régimen.

9.- Peligros y debilidades de una “insurrección desarmada”

El levantamiento estudiantil y popular que comenzó en abril del 2018 fue una “insurrección desarmada”. Se caracterizó por una incorporación masiva de importantes destacamentos de la juventud (estudiantes y jóvenes de los barrios), que desafiaron el control de la dictadura, y fueron apoyados por vecinos y familiares, quienes se tomaron las calles, levantaron barricadas, brindaron solidaridad a los familiares de las víctimas, organizaron cocinas populares, y cerraron filas contra las embestidas de la Policía y las fuerzas de choque, organizando una improvisada autodefensa con palos, piedras y morteros como únicas armas.

A pesar del vigoroso levantamiento popular, en realidad las masas se enfrentaron con el pecho descubierto a las balas asesinas.  A esto se debe el elevado número de muertos y de heridos. Retomando las tradiciones de la insurrección contra Somoza en 1979, rápidamente los jóvenes comenzaron a fabricar morteros artesanales, bombas de contacto, incluso algunas armas hechizas (que nunca superaron a las armas convencionales).

Este proceso insurreccional fue desigual, es decir, no fue general en todo el territorio nacional. Los focos más álgidos se concentraban en las ciudades de la costa del pacifico. Antiguos bastiones del sandinismo, como Masaya y León, se habían rebelado. La marcha del 20 de mayo el León contra la dictadura Ortega-Murillo, fue apoteósica. La insurrección del barrio indígena de Monimbó, en Masaya, fue la vanguardia del proceso insurreccional. En Masaya, por la intensidad de los combates, se desarrollaron comités que asumieron funciones de doble poder, ante el repudio de la población a las instituciones del Estado. Pero Masaya fue una verdadera excepción a la regla.

Estelí, en la zona norte, otro antiguo bastión del sandinismo, también se sublevó, aportando una dolorosa cuota de muertos y heridos.

En Managua, donde se habían producido 4 enormes marchas masivas (23 y 29 de abril, 9 y 30 de mayo), el levantamiento se concentró alrededor de los recintos universitarios. En el día, la capital mostraba cierta normalidad, rota por los adoquines de las barricadas que habían sido destruidas, pero por la noche las calles estaban vacías, los negocios y bares sin clientes, predominaban el temor y la cautela ante el accionar de las fuerzas de choque de la dictadura que se movilizaban en camionetas gubernamentales

La zona oriental, compuesta por los departamentos de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, desarrollaron un proceso más o menos general, con algunos ritmos diferentes.

La zona central, que comprende los departamentos de Boaco y Chontales, antiguos baluartes el ejército contra, contradictoriamente, no se levantó de manera generalizada, pero fue la zona donde proliferaron los tranques.

Durante el mes de mayo, mientras el Diálogo Nacional agonizaba, se desarrollaron tranques en casi todas las principales carreteras. Estos bloqueos no fueron totales, sino parciales. Los muchachos, y la población que les apoyaba, dejaban pasar los vehículos particulares y de carga, cada cierto lapso de tiempo, causando inconformidad en algunos y alivio en otros. Estos tranques flexibles explican por qué los mercados y supermercados permanecieron abastecidos.

Los tranques más masivos e importantes se instalaron en la carretera al Norte y al Atlántico, en los municipios tradicionalmente anti sandinistas. En algún momento, los tranques se convirtieron en símbolos de la lucha y la resistencia. Pero, en realidad, los tranques fueron barreras defensivas, trincheras en las carreteras para contener el envió de tropas del gobierno, manteniendo focalizado el proceso insurreccional dentro de los territorios. Esta situación creó un equilibrio por algún tiempo; no pasaban las tropas de la Policía, pero tampoco avanzan la insurrección. En cierta medida, los tranques fragmentaron la insurrección en la medida que no hubo una coordinación departamental o regional.

La gran debilidad de esta insurrección fue que no tuvo una dirección centralizada. Parecía un contrasentido: una insurrección conformada en realidad por una enorme cantidad de procesos de levantamientos locales, que no tenían conexión unos con otros. Todo proceso insurreccional implica cierto grado de centralización y coordinación, que no existió. Los diferentes tranques se mantenían informados de lo que ocurría en su departamento, por los medios de comunicación independientes, especialmente por los informes de la ciudadanía a través de Radio Corporación.

Este fue el talón de Aquiles, que la dictadura explotó cuando desarrolló su ofensiva militar en junio y julio del 2018. La dictadura Ortega-Murillo percibió esta debilidad, y se dotó de una táctica inteligente para aplastar la insurrección: atacar los tranques uno por uno. Al estar descoordinados y separados unos de otros los levantamientos locales, la información de inteligencia proporcionada por el Ejército y la Policía permitió a la dictadura concentrar tropas y grupos paramilitares en un solo punto de ataque, como lo hizo en Masaya o Estelí.

Toda insurrección implica una lucha de masas por tumbar al gobierno de turno y tomar en sus manos el poder. Esta fue la otra debilidad esencial. Los levantamientos populares en las localidades fueron espontáneos, no tenían un plan siquiera para instaurar el poder popular en la localidad. Esta falta de objetivos claros es una lógica consecuencia de la ausencia de una dirección centralizada.

Existió una enorme contradicción entre la dinámica insurreccional, en una buena parte de los municipios del país, y la política de negociaciones que la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia (ACJD) impulsaba dentro del Diálogo Nacional.

10.- La ofensiva militar contra los tranques y el primer paro nacional del 14 de Junio

El 7 de junio se produjo una fallida reunión de mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) con Daniel Ortega. Después de escucharlos en silencio, Ortega solicitó 48 horas para dar una repuesta a la propuesta de Agenda de Democratización planteada por la ACJD, pero al vencerse el plazo no hubo la repuesta esperada.

Para resucitar al Diálogo Nacional que había entrado en una profunda crisis, la ACJD convocó al primer paro nacional para presionarla, y convencerla de restaurar el Diálogo Nacional. Este Paro Nacional fue, en realidad, un lock out, los empresarios dieron vacaciones a sus trabajadores, aunque la población participó no saliendo a la calle.

El Diálogo Nacional entró en crisis terminal el 16 de junio. En el comunicado sobre la sesión del día 15 de junio, en el Diálogo Nacional, el punto seis estableció que ambas tomaron el acuerdo de “6.- El cese de toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio nacional y un plan con su implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad”.

La ACJD, en un afán de mantener con vida el Diálogo Nacional, había hecho la enorme concesión de remover voluntariamente los tranques. Este acuerdo provocó una enorme conmoción política dentro de la ACJD, e inmediatamente tuvieron que recular, pero ya era tarde.

El Diálogo Nacional fue suspendido de manera indefinida el 23 de junio, y con ellos se inició la ofensiva militar para desarticular a los tranques. Debido a que las tropas de la Policía Nacional resultaban insuficientes para aplastar la dinámica insurreccional, la dictadura recurrió a su vieja militancia que participó en la guerra civil (1982-1990), armó grupos paramilitares para sembrar el terror en los barrios, atacando hogares, capturando a reconocidos activistas del movimiento popular, golpeando o asesinándolos, a veces secuestrándolos, destruyendo la vivienda y enseres domésticos, y finalmente atacando militarmente a los tranques y barricas, hasta disolverlos, uno por uno

El primer ataque fue contra el tranque de Maderas y Sébaco, siguieron los ataques contra Ticuantepe y Nindirí, hasta culminar con el desmantelamiento del tranque en la entrada sur de Estelí. El objetivo central fue restablecer la circulación de vehículos en la carretera Panamericana

Muchos de estos tranques fueron desmantelados, no por falta de coraje y voluntad de lucha de quienes los defendían, sino porque las fuerzas de choque del FSLN, apoyadas y protegidas por la Policía Nacional, al bajarse de sus camionetas entraron disparando sus armas de guerra, matando e hiriendo. Los morteros resultaron insuficientes para contener semejante volumen de fuego y metralla. Era una lucha absolutamente desigual. El repliegue de los luchadores era inevitable. Pero fue una retirada desordenada, sin plan alternativo para reagrupar las fuerzas.

La eliminación del tranque de Nindirí creó condiciones favorables para el posterior ataque despiadado contra la ciudad de Masaya, ocurrido el 19 de junio. Masaya fue, junto a Jinotepe y León, baluarte de la insurrección nacional. Masaya fue la primera ciudad en liberarse de la tiranía y la que dio el ejemplo al constituir el primer gobierno revolucionario local.

Después, la dictadura lanzó una ofensiva militar que despejó la carretera Managua-Masaya, para reabastecer el cuartel policial esta última ciudad. Al recuperar esa parte de la carretera centroamericana, no solo hizo la primera incursión militar sobre la ciudad e Masaya, tanteando sus defensas, sino que creó un vasto anillo alrededor de Masaya y Jinotepe, dos ciudades cercanas, igualmente liberadas y con gobiernos locales autónomos e independientes.

El 17 de julio fue atacada la toma de la UNAN-Managua, produciendo muertos, heridos, desaparecidos y capturados.

El aplastamiento de los tranque se produjo ante el silencio sepulcral de la comunidad internacional, y con ello la dictadura logró cambiar la correlación de fuerzas, y derrotar al proceso insurreccional.

11. Ortega proclama su triunfo.

La ofensiva contra los tranques duró un mes, y finalizó con la celebración del 18 de julio del 2018, cuando Daniel Ortega, eufórico, proclamó su victoria.

En su discurso Ortega se refirió a los detalles de la reunión con los obispos de la Iglesia Católica, el día 7 de Junio: “(…) reunidos en la Casa de Los Pueblos (…) sacaron la estrategia y ahí decían, hay que cambiar ya, a partir del día 11, nos daban un plazo de dos días, al poder judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los poderes del estado, a la Asamblea Nacional,  y hay que quitar al Presidente y adelantar las elecciones (…) ellos no esperaban consenso, simplemente aparecieron con un ultimátum, yo no quise hablarles con toda claridad, simplemente agarré la nota, la ojeé, me asombré (…)”

Ortega confesó que no quiso “hablar con claridad”, lo que en lenguaje político significaba, como lo dijimos en su momento, que estaba ganando tiempo. Ortega reconoció cínicamente que ocultó sus reales intenciones. La convocatoria a Diálogo Nacional con la mediación de la Iglesia Católica, creó la falsa ilusión de que se obtendría la renuncia o rendición de la pareja presidencial, lo que le dio un compás de espera necesario y permitió a la dictadura superar la crisis, reorganizar sus fuerzas para iniciar posteriormente una ofensiva militar con los paramilitares.

Ortega se sintió feliz al reconocer públicamente las maniobras que hizo, engañando a los obispos y a los ingenuos negociadores de la AJCD: “(…) Ellos pensaban que ya estábamos derrotados, simplemente porque teníamos paciencia, paciencia, paciencia. (…) Y nuestra paciencia, nuestra flexibilidad llegó al extremo que aceptamos acuartelar a la Policía, pero llegó un momento en que dijimos, somos pacientes, pero también somos responsables de la seguridad de este pueblo. (…) Y nos lo dijo incluso la embajadora de los Estados Unidos, que la Policía debía actuar (…) “Entonces, no porque lo dijera la embajadora de los Estados Unidos, sino porque sabemos que es una obligación del Estado nicaragüense velar por los ciudadanos, dijimos:  Esto se acabó y tenemos que restablecer el orden en nuestro país (…)”

La enseñanza es muy clara: Ortega siempre tuvo una estrategia clara y coherente para aplastar la rebelión popular. La estrategia de la ACJD siempre estuvo basada en ilusiones, no en realidades. En vez de acelerar la dinámica de la insurrección popular, muchas veces la frenó, y eso ha tenido consecuencias fatales. De esta manera, Ortega logró superar el momento de debilidad.

Aunque la crisis de la dictadura continúa, con el aplastamiento de la insurrección popular y los tranques, Ortega logró prolongar dos años más su caótico gobierno, provocando más dolor y sufrimiento al pueblo de Nicaragua.