Nicaragua ante la exclusión del CAFTA‑DR: una ruta sin salida
Ante la amenaza de suspensión de las concesiones arancelarias negociadas con Estados Unidos en el Cafta, hay preguntas urgentes que responder: ¿qué importancia económica y política tendría la subida de aranceles? ¿Qué costos? Como una contribución al diálogo ciudadano presentamos dos textos sobre el tema, uno firmado por el consultor Leonel Peñaranda Rodríguez, el otro preparado por analistas que contribuyen con revista Abril. Los invitamos a leer, compartir y comentar.
No se puede eximir al régimen de Nicaragua del posible empeoramiento de la economía, y de las condiciones de vida de los miles de trabajadores que probablemente pierdan sus empleos actuales si el gobierno de Estados Unidos decide, como amenaza, suspender las preferencias comerciales que bajo el tratado Cafta fueron negociadas con gobiernos anteriores al de Ortega-Murillo.
Sin embargo, para especular pegado a tierra sobre los posibles escenarios futuros, hace falta identificar la causa o causas del problema. Hay por lo menos dos fácilmente identificables.
Una es la manifiesta inclinación del actual gobierno estadounidense por crear barreras arancelarias a las importaciones de la mayor parte de las economías, con excepciones que parecieran ser de corte político-propagandístico, o—usando el término de manera muy amplia—“ideológico” (el caso de Argentina). Fuera el que fuere el gobierno de Nicaragua en 2025, estaría en peligro de que la administración estadounidense abandonase unilateralmente acuerdos firmados. Esto no es especulación: viene ocurriendo en gran escala desde inicios del año.
Otra y, por decirlo en términos más legalistas, del tipo de causa que se conoce como próxima o inmediata, hay que buscarla en la política. Aquí hay al menos dos.
La primera es el crudamente expresado deseo del régimen estadounidense de establecer un modelo de dominio político regional militarizado, al estilo del Gran Garrote de Teodoro Roosevelt. Esa voluntad expansiva choca con el poder de todos los estados nacionales de la región, ya sean aliados o socios tradicionales de Estados Unidos, o no. De hecho, los conflictos más notables son con países que han mantenido por décadas relaciones diplomáticas, comerciales y políticas cercanas (no sin fricciones manejables) con Washington: Canadá, México, Brasil, e incluso Colombia y Venezuela. La inclusión de Venezuela en esta lista puede sorprender, pero hasta la fecha tanto Chávez como Maduro se han beneficiado de la existencia de vastas reservas petroleras en su país, independientemente de la baja calidad del crudo.
Los estrategas estadounidenses han tratado al chavismo con una actitud ambivalente y han quedado a medio camino entre retórica y práctica en lo que concierne a su presunta aspiración de “cambio de régimen” en Caracas. Si esto llegase a cambiar, y los gruñidos del presidente de Estados Unidos se convirtieran en mordiscos, habría que suponer que la evaluación de costo-beneficio ha cambiado radicalmente; que, por ejemplo, Trump está convencido de que una acción militar contra Venezuela no traerá consecuencias mayores de corto plazo en el mercado de petróleo mundial, de que puede completarse la operación militar sin enviar tropas invasoras, lo cual le acarrearía enormes costos políticos con su base, y de que, en caso de enviarlas, el costo en vidas sería mínimo, y él podría de hecho, erigirse ante sus seguidores como “conquistador”.
Demás está decir, aunque poco se dice y menos se piensa, que inevitablemente habrá reverberaciones políticas adversas a la estabilidad regional aún en un escenario de “éxito” tal. Como queda implícito, Trump puede tomar la decisión, puede estar convencido de sus propias elucubraciones sobre costo-beneficio, pero una intervención como la que amenaza su gobierno no puede tomarse sin entrar en aguas tenebrosas de incertidumbre. Cierto es que no se trata de un político de racionalidad común, y puede atreverse; cierto es también que hay gran resistencia dentro del establishment del poder estadounidense, y cierto es que las consecuencias son imprevisibles, pero es posible que sean gravemente desestabilizadoras para los mercados y para la política de la región.
La segunda es el conflicto político que tanto dentro de Venezuela como de Nicaragua se origina en el rechazo de amplios segmentos de las respectivas poblaciones al modelo autoritario.
Los dos países son muy diferentes en cuanto a su peso económico. El de Venezuela es únicamente estratégico, ligado al suministro de petróleo. El de Nicaragua es prácticamente nulo, aunque la influencia de capitales estadounidenses sobre sus representantes políticos en Washington puede en ocasiones darle una dimensión que exagera la realidad. Y si alguna importancia estratégica tiene o ha tenido Nicaragua, se relaciona con la percepción del establishment de seguridad nacional de Estados Unidos sobre el nivel de cooperación que obtiene, o la complicidad que enfrentan, en el tema del narcotráfico internacional y la migración. En ambos frentes la actual administración ha tomado, según entienden, el toro por los cuernos, y ha establecido su “independencia” a través del bombardeo de presuntas embarcaciones de transporte de drogas prohibidas y la presencia naval masiva en el Caribe. De esa forma, el régimen nicaragüense tiene poco que ofrecer—poco que el actual gobierno estadounidense crea “necesitar”. En otras palabras, la asimetría de poder entre Estados Unidos y Nicaragua, ya monstruosa, se ha agigantado aún más; igual puede decirse de la asimetría entre ambos países latinoamericanos. Mientras que Venezuela tiene aún enormes reservas petroleras que puede utilizar como cartas en el juego del poder, Nicaragua no tiene ya ni siquiera la amenaza de un desbordamiento migratorio o de un “dejar pasar” el narcotráfico.
Vistas las diferencias, hay que decir que los dos países tienen algo en común, que es factor también en el conflicto: migrantes y políticos que residen en Estados Unidos, que agitan en contra de los regímenes en sus respectivos países de origen, y que de una manera u otra se han adherido a la coalición trumpista, y proponen directamente y a través de políticos del exilio cubano-Republicano que Estados Unidos reemplace a Maduro y a Ortega-Murillo y los lleve al poder.
Este es el contexto y el trasfondo de cualquier decisión estadounidense sobre la relación Cafta con Nicaragua: se trata de política doméstica en Estados Unidos y de la forma en que el actual régimen estadounidense entiende la conexión entre comercio internacional y poder; se trata también de los conflictos políticos en Nicaragua y Venezuela, y cómo se entrelazan con el conflicto político estadounidense. Las motivaciones que guían este embrollo no son consideraciones tradicionales de mercado. Evidentemente que los mercados se verán afectados, y la economía nicaragüense sufrirá, sin que haya —ni haya habido nunca en al menos medio siglo— ninguna estrategia económica para reducir la vulnerabilidad de aquella a decisiones políticas foráneas ni mucho menos a las fluctuaciones de la economía y política estadounidense.
Por otro lado, es improbable que el problema que marca a Nicaragua en este siglo XXI (como lo hizo en el XX) un problema de democracia y desarrollo, se resuelva a través de una estrategia de aislamiento, sea esta producto de fantasías en las mentes de quienes dirigen Nicaragua, de la ambición de los políticos nicaragüenses que quieren entrar al poder amparados por el poder de Estados Unidos, o la (accidentada) regresión de este último país hacia el proteccionismo.
La eliminación de los privilegios arancelarios del Cafta, en términos netos, traerá miseria sin cambio político, mucho menos cambio democrático. La medida, de adoptarse, y para propósitos nuestros, de los nicaragüenses democráticos, viene a destiempo: la amenaza de expulsión del Cafta, que no se dio, y contra la cual abogaron los dirigentes políticos que, hoy exilados, apoyan, pudo ser parte de un paquete de iniciativas de peso que obligara al gran capital nicaragüense a inclinar la balanza a favor de la democracia.
En aquellos momentos, el beneficio bien pudo haber superado el costo. Hoy en día, el costo para los pobres es incalculable pero inevitable, mientras que muchos grandes capitales han encontrado refugio y construido amortiguadores para protegerse, mientras que el régimen nicaragüense ha alterado la relación con los jerarcas del gran capital, estableciendo un control mayor.
En cualquier caso, la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos estará guiada por el instinto político y los cálculos de poder regional y doméstico del grupo gobernante; poco o nada podemos incidir en tal decisión.
Al final, el problema de Nicaragua será el mismo: democracia y desarrollo, o mejor dicho, dictadura y atraso. Si el objetivo es democracia y desarrollo, la visión estratégica debe ser otra: pasa por el desarrollo de un movimiento ciudadano que lleve eventualmente a un sistema de poder radicalmente diferente, con dispersión de poder, y políticas económicas ambiciosas (el sudeste asiático muestra posibilidades) para industrializar el país encarrilando la producción y —sobre todo, ante todo, primero que todo— la educación hacia las nuevas actividades rentables del siglo XXI.
