Ortega rechaza cumplir acuerdos: ¿ha muerto la opción electoral?
Byron Henri Avilés
“Mientras los sectores más humildes de nuestra sociedad, los pobladores de los barrios, los campesinos, los estudiantes secuestrados que regresan a sus humildes hogares han sacrificado prácticamente todo por conquistar un país distinto, los sectores económicamente más poderosos se han mostrado absolutamente reacios a asumir riesgos en esta batalla por la libertad, la justicia y la democracia. Es tiempo que también ellos hagan un aporte fundamental a esta batalla”
Hasta hace pocos días prevalecía la convicción en numerosos sectores de nuestra sociedad de que, ante la amenaza de las posibles sanciones si incumplía los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo, y en vista de los eventos clave que se producirían en junio (plazo de 180 días establecido por la Nica Act y Asamblea General de la OEA), la dictadura terminaría cumpliendo dichos acuerdos, y se crearían las condiciones para proceder a la negociación de reformas electorales.
La liberación total e incondicional de los presos políticos al cumplirse el plazo de 90 días establecido en los acuerdos, se consideró, a nivel interno e internacional, como un criterio clave para determinar el grado de compromiso del gobierno con lo acordado.
Al agotarse ese plazo, el gobierno ha incumplido con este compromiso fundamental, primero, porque a ninguno de quienes se ha excarcelado se les ha procedido a “cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales”, ni tampoco se les han anulado los registros de antecedentes penales por las autoridades competentes.
A estas alturas a un número significativo de ellos no les han sido devueltas sus pertenencias, ni documentos personales, incluyendo cédulas de identidad y pasaportes. Tampoco se han cerrado los juicios, ni cancelado los antecedentes penales de las 296 personas procesadas y que no habían sido capturadas.
Por lo demás, quienes han sido excarcelados lo han sido bajo una Ley de Amnistía que los amenaza con volver a convertirlos en prisioneros si vuelven a “repetir los comportamientos” por los cuales se les detuvo arbitrariamente, esto es, si continúan participando activamente en las protestas ciudadanas.
En segundo lugar, el gobierno se ha negado tajantemente a liberar a los 85 presos políticos que aún mantiene como prisioneros, alegando que no forman parte de la lista que fue conciliada por la Cruz Roja Internacional al mes de abril, sin mencionar que, desde entonces, continuó con las detenciones arbitrarias, lo cual incrementó el número de presos políticos, y se obtuvo información sobre personas secuestradas de las cuales anteriormente no se tenía registro.
Finalmente, no se registra absolutamente ningún cumplimiento del gobierno en lo que se refiere a garantizar plenamente la libertad de expresión y movilización, el desarme de los grupos paramilitares, la devolución de las personerías jurídicas de las ONG a las cuales se les arrebató arbitrariamente, el cese del bloqueo a la internación del papel por parte de los periódicos independientes, la devolución de los medios de comunicación confiscados, el retorno de los exiliados con todas las garantías necesarias, y el cese del asedio, el hostigamiento, la represión por parte de los aparatos represivos.
El país continúa viviendo bajo un Estado de Sitio Policial de facto, que se refuerza y recrudece cada día más. Esto podría indicar que la dictadura ya incorporó en sus previsiones el hecho de que habrá nuevas sanciones, sobre todo dirigidas a entidades e individuos asociados a la violación de derechos humanos y a la corrupción, cuyo potencial impacto ha procurado minimizar mediante el uso de testaferros y el cambio en la razón social de diversas entidades, y mediante el empleo de transacciones en efectivo en un país en el cual estas tienen un peso importante, y ha determinado que no cederá ante las presiones externas.
Si esto es así, resultaría imperativo aceptar que el escenario político ha variado por completo, y que, sin que se acentúen al máximo las presiones internas y externas sobre la dictadura, no será posible lograr los objetivos que se plantean.
En este escenario resultaría más que contraproducente seguirse aferrando a expectativas electorales. Si este es el caso, a nivel interno no puede seguirse haciendo descansar sobre una población mayoritariamente humilde que ha sufrido ya unos niveles de represión y sacrificios con muy pocos precedentes, todo el peso de la lucha, indicando además que queda a la iniciativa de los barrios, comunidades y territorios que acciones tomar, exponiéndose a nuevos niveles de represión y a nuevos secuestros.
La dictadura ha mostrado que dispone de los medios para identificar y secuestrar a quienes encabezan y participan en actos de protesta. Esto por sí mismo resulta ya insuficiente, e incluso, también por sí mismo, contraproducente en muchos casos.
La dictadura podrá sostenerse mientras la recaudación tributaria le permita mantener el aparato represivo, la planilla salarial y los gastos operativos que determine como prioritarios para su continuidad en el poder, y mientras pueda seguir desembolsando préstamos externos ya contratados, aunque en menores proporciones que en el pasado reciente.
Recuérdese, para quienes han apostado a que la inercia del deterioro económico será suficiente para que el gobierno ceda, que la economía venezolana se ha reducido a menos de la mitad de lo que era hace solo 5 años, un nivel de caída con muy pocos precedentes a escala mundial y, pese a todo, la dictadura de ese país ha logrado sostenerse.
Lo cierto es que, mientras los sectores mas humildes de nuestra sociedad, los pobladores de los barrios, los campesinos, los estudiantes secuestrados que regresan a sus humildes hogares han sacrificado prácticamente todo por conquistar un país distinto, los sectores económicamente mas poderosos se han mostrado absolutamente reacios a asumir riesgos en esta batalla por la libertad, la justicia y la democracia. Es tiempo que también ellos hagan un aporte fundamental a esta batalla, mediante la desobediencia tributaria o paros como los que la empresa privada escenifico en 1978 y 1979.
Estos son los únicos métodos de resistencia civil que no se han implementado, por la resistencia de los grupos empresariales. Los costos, los riesgos y los sacrificios los continúa asumiendo la población, y eso no es admisible.
Esto, junto a la resistencia ciudadana y a las sanciones externas, es lo que podría contribuir a asfixiar a la dictadura hasta el punto en que le resultará sumamente difícil sostenerse. En ausencia de esto, habrá que prepararse para soportar a la dictadura hasta 2021, por o menos.
Por otra parte, el silencio y el comportamiento ambiguo de los garantes internacionales del acuerdo sobre liberación de presos políticos, y su posición de que ellos son garantes DENTRO de la mesa de Dialogo, podría estar apuntando a una presión para que la Alianza Cívica retorne a dicha mesa, para que la negociación continúe y se atenué la amenaza de nuevas sanciones.
O podría estar apuntando a que aquellos a quienes representan han decidido hacerse de la vista gorda frente a los incumplimientos.
