Reconstrucción nacional en manos de la dictadura [¿viene otra piñata?]
Guillermo Cortés Domínguez
El autor es escritor.
…las empresas constructoras privadas vinculadas al capital tradicional desde ya se están relamiendo por el gran banquete que les depara la reconstrucción nacional, donde nuevamente irán abrazados con los constructores del orteguismo… La familia Ortega-Murillo seguramente ya hace cálculos sobre el tamaño de la tajada que le corresponderá del pastel, en lo que sería, sino se impidiera, la más grande “piñata” de la historia de nuestro país.
Nicaragua se apresta a iniciar una nueva etapa, similar a la que surgió tras la catástrofe causada por el “Mitch” en octubre de 1988, para enfrentar la devastación dejada por los huracanes “Eta” e “Iota” en el país más pobre de América después de Haití. ¿Cómo transcurrirá tan indispensable e importante proceso de reconstrucción en una nación sumida en una profunda crisis política desde el estallido social de abril del 2018 que el régimen sofocó a sangre y fuego asestándole cerca de 300 muertos a la ilusionada población que protestaba pacíficamente?
¿Cómo se maneja una cuantiosa ayuda internacional cuando el gobierno es ejercido por una dictadura que controla férreamente todo el Estado? Es un control absoluto, porque en esta zona del poder no se mueve la hoja de un árbol si no lo autorizan Rosario Murillo o Daniel Ortega, quienes encabezan algo así como una monarquía.
Tan absoluto es el control, que los ministros y principales funcionarios se invisibilizan para que solo se proyecte la imagen de la pareja gobernante. Y si por alguna razón comparecen en público, ya conocemos su estribillo de que hicieron tal cosa “por orientaciones de la Compañera y del Comandante”.
El poder suele corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así ha sido en Nicaragua, donde la familia Ortega-Murillo ahora tiene un capital desmesurado, maneja turbiamente importantes negocios como la empresa eléctrica y gran parte del de los combustibles; además, se apropió de la inmensa cooperación venezolana de más de tres mil millones de dólares. ¿Cómo evitar que los Ortega-Murillo metan las manos? Este es un desafío para los organismos internacionales que han ofrecido su ayuda tras la reciente catástrofe.
¿Cómo hacer un control social?
El tejido social está desbaratado en Nicaragua hasta el punto que es impensable constituir un comité nacional de emergencia o crear una organización poderosa de la sociedad civil, pues son reprimidas brutalmente por el régimen, que ya clausuró a nueve de ellas y las confiscó, aunque lo prohíbe la ley. La debacle demanda unidad nacional, pero, ¿cómo, en dictadura férrea? Pareciera que no hay ninguna posibilidad de un control social efectivo. El Observatorio Ciudadano de la Corrupción que surgió este jueves 26, ¿podría contribuir? Ya veremos. Por ahora se sabe de 600 millones de dólares que están en camino.
Es imposible una fiscalización del uso de la ayuda internacional de parte del órgano al que le corresponde, como es la Contraloría General de la República, silenciada desde que de nuevo asumió el gobierno el FSLN y Daniel Ortega. Desde entonces esta institución perdió las garras que tuvo por años y se convirtió en un nido de funcionarios mudos que tampoco ven ni escuchan, expertos en tapar los grandes negociados deshonestos de la familia gobernante y su claque de nuevos y avariciosos empresarios. Entre los contralores fantasmas está una hija de Arnoldo Alemán, el expresidente que se apropió de gran parte de la cuantiosa cooperación del exterior para enfrentar las secuelas del “Mitch”.
Las pocas alcaldías que no quedaron en manos del FSLN en las elecciones del 2018 no están recibiendo las partidas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República, más bien son saboteadas por el orteguismo, que ha llegado al extremo de darles “golpes de estado” a ediles electos. Estas instituciones son claves para administrar la reconstrucción en todo el país, pero la gran mayoría está controlada directamente por la vicepresidenta Rosario Murillo.
Durante doce años los Ortega-Murillo cultivaron una alianza corporativa con el siempre voraz gran capital, que se aprovechó golosamente de las palancas del Estado, gozó de bajos impuestos y costosas exoneraciones fiscales y de ventajas para hacerse de jugosas ganancias. A cambio, los grandes empresarios tradicionales se hicieron de la vista gorda de la creciente pérdida de la democracia y de las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución, traicionando a la ciudadanía.
No hay licitaciones técnicas y profesionales
El nuevo capital empresarial orteguista, como un cáncer, comenzó a invadir todas las áreas de negocios del país. Estos empresarios de nuevo cuño controlan gran parte del transporte público, la construcción, telefonía, energía eléctrica convencional, eólica y geotérmica, turismo, banca, servicios, etcétera.
Esa alianza con el gran capital se rompió con el estallido social del 2018, pero las empresas constructoras privadas vinculadas al capital tradicional desde ya se están relamiendo por el gran banquete que les depara la reconstrucción nacional, donde nuevamente irán abrazados con los constructores del orteguismo. ¿Quién controlará las licitaciones, el uso de materiales adecuados, los plazos para la finalización de las obras, etc?
La dictadura orteguista es ejecutora, intermediaria, supervisora, calificadora, es todo. No hay manera que la infraestructura y las viviendas que hay que construir se liciten de manera técnica y que todo el proceso sea administrado de modo profesional. Nada de esto es posible en el absolutismo reinante en Nicaragua donde todo, absolutamente todo, pasa por las manos de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos.
Cada nombre que surja de organizaciones que administrarán proyectos constructivos carreteros y habitacionales, de compra de materiales y de tierras, de siembras, proyectos agropecuarios, etc., solo será un tentáculo más del mismo pulpo gigantesco que es la familia Ortega-Murillo, cuyo poder descansa en el apoyo del Ejército, la Policía y un ejército paramilitar que organizó contra el pueblo en el 2018.
Algunos préstamos y donaciones tienen la condicionalidad de que deben ser administrados por agencias de las Naciones Unidas, que casi fue desmantelada en Nicaragua, excepto, por ejemplo, Unicef y PMA, por contradicciones con el Estado absoluto. ¿Se reactivará el PNUD? ¿La representación de la ONU en Managua podrá realmente administrar estos fondos? La familia Ortega-Murillo seguramente ya hace cálculos sobre el tamaño de la tajada que le corresponderá del pastel, en lo que sería, sino se impidiera, la más grande “piñata” de la historia de nuestro país.
