Si mejoramos la educación, mejoramos todo
«Hace falta un pueblo para educar a un niño y a una niña».
Reformar la educación y adaptarla a nuestro siglo XXI es uno de los grandes desafíos que tendrá nuestra Convención. De nuestros constituyentes depende que seamos capaces de acercar al fin las instituciones educativas a los jóvenes, a sus apoderados y a las comunidades. Se trata de una urgencia mundial en esta etapa histórica que nos tocó vivir. Es por esa razón que tiendo a considerar la educación como el eje central. Para valorar el rol de la educación en nuestra sociedad, no solo nos toca entender el espacio histórico y social en el que nos desenvolvemos -nuestro tiempo presente- también es necesario debatir desde las ciencias políticas sobre los recursos que le deben ser asignados a la Educación. Y cuando hablamos de educación, debemos resaltar que no se trata solo de lo que un profesor pueda enseñarle a su estudiante. La educación lo es todo; por lo tanto, además de los aprendizajes fundamentales, la educación también es socialización, experiencias creativas, integración a un colectivo social, sensibilización con el lenguaje, las artes, la literatura, las ciencias y el deporte. Todo este aprendizaje constante merece recursos muy por encima de los que hoy se le asignan.
Desde Paulo Freire, pasando por Jacques Lesourne, se ha señalado constantemente a la pedagogía como un valioso instrumento de promoción de la educación cívica y de la participación ciudadana. También es gracias a la educación que logramos desarrollar un sentido de pertenencia colectivo, el compromiso por una justicia imparcial y la ambición por alcanzar un especie de bienestar colectivo. Es más, la educación también permite a los jóvenes liberarse de los sesgos y limitaciones de sus propios entornos familiares.
La educación es algo central en un proceso constituyente, porque estamos hablando de un derecho con carácter universal que condiciona el desarrollo del país. Como derecho fundamental, la educación implica un derecho personal y se sabe que existen países que logran su desarrollo económico y social poniendo el foco sobre la educación básica, media y superior. En esos países, el desempleo es más bajo y la participación política es más alta, por lo tanto, el sufragio se ejerce con mayor conocimiento.
En nuestro próximo debate constituyente, debemos esforzarnos por comprender la educación en forma distinta. Debemos debatir sobre cómo reorganizarla, con más recursos. Debemos humanizar nuestra forma de abordar el tema, y dejar de considerar la educación como un gasto o como un mercado. Por eso, propongo los siguientes principios rectores para orientar el debate sobre la educación pública en nuestra próxima Convención Constitucional.
- Es necesario que nuestro Estado asuma un rol preponderante: por eso, nuestra futura Constitución deberá garantizar el derecho y el acceso a una educación pública, de calidad e inclusiva. El debate constitucional deberá centrarse en el valor social y cívico que tiene la educación pública por encima de cualquier idea de Estado subsidiario.
- Se debe debatir la libertad de enseñanza como forma de enriquecimiento del campo educacional. Esto tiene que incluirse en un proceso de formación continua que beneficia constantemente a los docentes y les permita adquirir conocimientos de otras áreas que no sean necesariamente las de su especialización .
- Necesitamos una visión ampliada y ambiciosa del derecho a la educación, estableciendo alianzas efectivas entre escuela y hogar, una colaboración que debiera ser garantizada constitucionalmente. Necesitamos acercar la escuela a los apoderados, para que no perciban la escuela como una competencia a su rol. También es necesario acercar el hogar al recinto educativo para que el profesor y la institución puedan comprender las necesidades específicas de los alumnos, el entorno en el que les toca vivir, sus capacidades y sus limitaciones. Con esos conocimientos, surgidos de una colaboración más estrecha, será posible invitar con más facilidad a los adultos a apoyar las labores educativas y sociales de las instituciones y de los profesores que la integran.
- La crisis política, la precarización social y la violencia intrafamiliar en medio de esta crisis sanitaria nos recuerdan el apoyo constante que deben brindar en materia de prevención, acompañamiento y protección los recintos educativos y su personal pedagógico. Para apoyarlos en su labor, se debe crear un nuevo Ministerio de la Familia con presupuesto fijo y que no dependa de los gobiernos de turno. Se necesita un Ministerio con un plan claro y estructurado que fomente la orientación educativa y profesional y prepare emocionalmente a nuestros estudiantes para que destaquen y salgan adelante profesionalmente en las áreas que cada uno habrá escogido.
Todas estas propuestas son centrales y necesarias para acabar con un modelo educativo que está totalmente desprestigiado y desconectado de la realidad. Este modelo nefasto depende hoy de un dogma político-económico neoliberal, que no valora ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni al personal pedagógico. Se trata de un modelo que ha precarizado la gestión de los establecimientos educacionales y hoy tiene comprometido nuestro futuro. Gracias al pueblo de Chile y a nuestro proceso constituyente, hoy estamos a tiempo para cambiar nuestro modelo educativo, y así encaminar nuestro país hacia un mejor futuro.