Sobre la grave crisis social en Estados Unidos
Rodrigo Ibarra
El autor es militante obrero en San Francisco, California.
En todos los Estados Unidos hay combustibles a los cuales cualquier chispa puede prender fuego. Desde el 25 de mayo, día del asesinato de George Floyd, las movilizaciones en Estados Unidos continúan, y ahora ya contamos más de un mes . El grito de ¡JUSTICIA! sigue escuchándose en todo el territorio del país y el debate nacional se enfoca en el racismo enarbolado por los partidarios de organizaciones con base en la ideología de la Supremacía Blanca que apoyan al Presidente Trump. Pero la lucha de la calle va mas allá de la lucha en favor de la democracia y la justicia.
La economía sigue hundida en la recesión, sin perspectivas sólidas para una verdadera recuperación. Desde la crisis anterior, de 2007 /2008, los asalariados vieron sus ingresos disminuir enormemente. Los nuevos trabajos conseguidos son con menos salario que los anteriores. La pobreza se ha expandido. Existe una verdadera crisis de vivienda. En grandes ciudades ya es imposible pagar la renta. El número de gente sin techo ha crecido aceleradamente, generando ciudadelas en los centros urbanos al estilo de los países latinoamericanos. La pobreza crece incesantemente. Al mismo tiempo los distintos gobiernos, tanto Demócratas como Republicanos, han aplicado políticas de reducción del gasto social, desmantelando planes y programas sociales destinados al alivio de la pobreza.
Bonos para alimentación, ayuda para vivienda, disminuidos; muchas clínicas comunitarias han cerrado, y las escuelas han reducido sus programas de ayuda después de las horas de clase, programas de deportes, entre otros. El futuro promete ser peor.
Durante 2019 muchos economistas nos alarmaron con signos de una nueva recesión en marcha. Y fue en esas condiciones que sobrevino la pandemia del Coronavirus, llevando la economía hasta el fondo. Se paralizó toda la cadena de producción y del comercio, dejando activas solamente algunas actividades. Entre 50 y 60 millones de trabajadores se fueron al desempleo y hoy enfrentan las consecuencias. Apenas consiguen ingresos para sobrevivir, comprar comida y gastos básicos. Muchos de los desempleados también perdieron su seguro médico, dental y de visión. Aquí, en Estados Unidos, el seguro médico está atado a una categoría de trabajadores (permanentes), mientras que el trabajo precario, o temporales, no cuentan con un seguro médico. Antes de la pandemia se estimaba que unos 40 millones de americanos carecían de seguro, y se han contabilizado unos 17 millones de trabajadores que perdieron sus trabajos y su seguro médico.
El presidente Trump esperó el momento perfecto, con mayor número de personas sin seguro, para solicitar a las cortes eliminar de raíz Obamacare. En los últimos meses un medio millón han comprado seguro con Obamacare. Esa será una nueva batalla que dar.
Además, los estados han dejado de percibir ingresos por impuestos. Debido al paro total de la economía los presupuestos estatales y de los gobiernos locales, de las alcaldías, también se hundieron, y han pasado a déficits presupuestarios, y a reajustes presupuestarios en los proyectos de presupuesto para el próximo año. Entre los reajustes viene la eliminación de innumerables proyectos y programas sociales. El segundo paquete de rescate que se discute en el Senado contempla otorgar miles de millones de dólares para Estados y Alcaldías. El primero otorgado en marzo benefició a las grandes corporaciones.
Así, las grandes corporaciones han sido salvadas por el sistema de su quiebra, lo mismo que seguramente será hecho para salvaguardar la estructura de las instituciones del Estado, sobre todo los estados y ciudades, pero se deja hundir a los trabajadores y a los pobres.
La resistencia en las calles continúa y se pueden observar el brote de algunas huelgas obreras, como la del Sindicato de Estibadores y Bodegas (ILWU International Longshore and Warehouse) que cerró los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos, desde San Diego hasta Seattle y en Maine, los trabajadores de producción de uno de los mayores constructores navales de la Armada votaron abrumadoramente en favor de la huelga, rechazando la oferta de contrato de tres años de Bath Iron Works y amenazando retrasar aún más la entrega de barcos.
El movimiento contra la brutalidad policial en los parlamentos locales, por su parte, se centra en lo que llaman “desfinanciar a la policía”, que se convirtió en una consigna para luchar por programas sociales.
Esta huelga se produce cuando el debate nacional se enfoca en la contradicción entre el enorme presupuesto para la defensa de alrededor del 50% del Presupuesto Nacional y la resistencia obrero y popular que lucha por conservar los gastos sociales que alivian la pobreza, ahora en proceso de desmantelamiento bajo el gobierno del Presidente Trump.