Sobre la guerra contra el narcotráfico en México

La más reciente operación gubernamental contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desatado una violenta reacción en todo México, subrayando la profunda inestabilidad que sigue a la eliminación de un jefe de cártel. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue seguida de inmediato por acciones de represalia generalizadas: decenas de muertos —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y presuntos criminales—, cientos de bloqueos que paralizaron ciudades y carreteras, aeropuertos sumidos en el caos y la vida cotidiana interrumpida en regiones mucho más allá de Jalisco.

Aunque las autoridades mexicanas, con ayuda de la inteligencia estadounidense, han celebrado el éxito de la operación, sus secuelas han dejado en evidencia la fragilidad persistente del orden público y las limitaciones de la llamada estrategia de “decapitación”. Las declaraciones oficiales a ambos lados de la frontera han sido enfáticas. Dirigentes estadounidenses han elogiado la determinación de México y renovado sus llamados a una acción más agresiva contra las organizaciones criminales, destacando el “nivel sin precedentes” de cooperación bilateral. Al mismo tiempo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha mantenido firme en la defensa de la soberanía nacional, insistiendo en que la colaboración debe respetar los límites territoriales y rechazando cualquier insinuación de una intervención militar directa de Estados Unidos.

Sin embargo, estas victorias retóricas y momentos de aparente unidad esconden una realidad mucho más perturbadora. Los motores fundamentales de la guerra contra el narcotráfico permanecen intactos. El mercado ilícito de drogas en Estados Unidos sigue floreciendo, sostenido por una demanda persistente y protegido por infraestructuras financieras y logísticas que trascienden el alcance de cualquier gobierno. Cada golpe mediático contra un líder criminal genera un vacío de poder, incitando nuevas oleadas de violencia mientras las facciones rivales compiten por el control. El ciclo se repite, sin que se adviertan señales de una seguridad sostenible.

Es sumamente improbable que una organización criminal de la magnitud del Cártel Jalisco pueda ser desmantelada —financiera y militarmente— dentro de México, si realmente es tan vasta y descentralizada como se afirma, sin una intervención decisiva de Estados Unidos en dos dominios críticos: el monitoreo y la interrupción de los flujos financieros ligados a las drogas, que casi con certeza recorren los principales bancos estadounidenses, y el cese de la venta de armas que viajan sin trabas de Norte a Sur. Ambas propuestas, sin embargo, están plagadas de dudas respecto a su viabilidad, dadas las restricciones impuestas por las realidades del poder interno estadounidense.

No obstante, si la inteligencia militar posee información suficiente sobre las altas esferas de estas organizaciones, podría concebirse —aunque casi seguramente al precio de una campaña profundamente sangrienta— la decapitación, al menos temporal, del ejército de los narcotraficantes. Sin embargo, el término “temporal” persiste de manera ineludible. Incluso en el mejor de los casos, la restauración del orden sería efímera, y las estructuras subyacentes de violencia e impunidad permanecerían intactas.

Lo que no es del todo incierto es que mientras Estados Unidos siga desviando la mirada del origen del problema, cualquier administración mexicana enfrenta una auténtica hidra. Esta es la esencia del asunto: el mercado de drogas es ilegal en Estados Unidos, lo que significa que sólo puede ser dominado por quienes poseen una marcada inclinación al riesgo y una voluntad de desafiar la ley. El mercado estadounidense es, además, el centro de gravedad de todo el comercio, con una magnitud que eclipsa a los demás. Como se ha indicado antes, es razonable asumir que fortunas colosales provenientes del narcotráfico circulan por el sistema financiero de Estados Unidos: son demasiado voluminosas para ser transferidas ilícitamente de un país a otro fuera de cauces financieros formales y, crucialmente, se originan en el propio territorio estadounidense. El mercado de armas de Estados Unidos es asimismo el principal proveedor del arsenal que alimenta a las fuerzas irregulares del narcotráfico.

Para agravar la situación, las políticas antiinmigrantes contribuyen a concentrar masas de personas empobrecidas dentro de México, dejándoles escasas alternativas de supervivencia. Como si esto no fuera suficiente, el Estado mexicano ha sufrido históricamente de una crónica insuficiencia fiscal. Incluso contando los ingresos petroleros, la recaudación apenas ronda el 20% del PIB; sin el petróleo, apenas alcanza entre el 10.5% y el 11%, y ello dentro de una estructura profundamente regresiva. Esta condición, perpetuada por un poder oligárquico resiliente, impide que el Estado extienda su presencia a todos los rincones del país, no sólo en lo militar, sino también en lo social, dejando así espacios abiertos para que el narcotráfico prospere.

La presidenta Sheinbaum se enfrenta a la necesidad de remediar esta situación, pero cada paso que da en esa dirección la desgasta políticamente, pues debe confrontar a las poderosas clases dominantes del país. Si, en un intento por evitar tal confrontación, opta únicamente por la vía militar sin avanzar simultáneamente en una expansión agresiva —y sin duda costosa— del Estado, perderá el respaldo popular, pues la nación podría verse sumida en una guerra semejante a la de Calderón, con decenas de miles de vidas perdidas en vano.

Su posición es, por decir lo menos, poco envidiable: atrapada entre un imperio que exporta una política de fuerza bruta, desdeñando matices y complejidades; la necesidad —que ella, como cualquier líder, comprende— de someter el poder criminal de los narcotraficantes; y la urgencia de ofrecer paz, seguridad y oportunidades reales de mejora económica a las mayorías empobrecidas.

La solución utópica, paradójicamente, es la más realista: si Estados Unidos realmente desea resolver el problema, debe regularizar el mercado de drogas, regularizar la migración, apoyar a México con inteligencia militar y policial, dotar al gobierno mexicano de recursos económicos y abstenerse de entorpecer su economía con aranceles. Por su parte, el Estado mexicano no debe reducirse, sino crecer: acumular recursos para combatir la corrupción política, administrativa y policial —facilitada por la pobreza—, incrementar de manera sustancial y visible la inversión social a corto plazo y expandir oportunidades de empleo lucrativo que la estructura oligopólica ha negado históricamente.

Por supuesto, semejantes políticas de inversión requieren un horizonte de planificación mucho mayor que el de los políticos y los intereses de capital cortoplacistas que dominan Estados Unidos, y deben también vencer la resistencia crónica de las élites poscoloniales mexicanas. Si estos obstáculos se superaran—la aparente utopía—más temprano que tarde —y quizá de manera sorprendente— ambos lados de la frontera serían testigos de avances considerables.