UNAB y Alianza Cívica: relaciones tóxicas

De cómo el movimiento ciudadano ha sido inoculado por la dictadura

Circula en lo que llaman «las tuberías» del movimiento ciudadano y especialmente entre los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), un extenso documento titulado «La encrucijada de la UNAB: convertirnos en nueva alternativa política o ser furgón de cola del gran capital». Es un texto anónimo cuya pretensión manifiesta es «aportar elementos de análisis para discutir y reorientar» la actual estrategia política de esa organización. No pocas cosas inquietantes pone en evidencia ese documento. Una de ellas es la conciencia o el reconocimiento consciente que parece existir entre algunos integrantes de la UNAB, de la nocividad de su relación política con la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD).

El redactor o los redactores del documento reconocen explícitamente que la pretensión de la Alianza Cívica «como proyecto político del gran capital» es controlar a la coalición, aprovecharse del inmenso descontento popular contra la dictadura que la misma aparentemente aglutina o representa, y utilizarlo con intenciones electorales.

Dicen comprender mejor, ahora, «el boicot solapado, encubierto, al interior de la UNAB, que ha impedido convertirla en el polo aglutinante de la oposición». Han descubierto, pues, la existencia de «una estrategia fría, bien planificada, de impedir que la UNAB agrupe al conjunto de la oposición, que tenga sus propias estructuras territoriales y que desarrolle el músculo necesario».

Reconocen así haber llegado a una encrucijada: «o la UNAB se convierte en la nueva alternativa política, agrupando al conjunto de la oposición… o seremos furgón de cola de la ACJD, que ha decidido lanzar su gran coalición con los partidos zancudos y colaboracionistas, convirtiéndola en el proyecto político del gran capital». 

LA BÚSQUEDA DE «INDEPENDENCIA»

Luego de un amplio recuento autocrítico del desarrollo de la UNAB desde su creación hace un año hasta ahora, el documento plantea una serie de propuestas también inquietantes. La más destacable: separarse, o «independizarse», de la Alianza Cívica y «convertir a la UNAB en una nueva alternativa política».

El argumento inicial, a primera vista y pese a notables omisiones, es autocrítico y en gran medida acertado: desde el comienzo de la sublevación de abril 2018, tanto entre el movimiento ciudadano en general como después en la UNAB como organización, se ha carecido de un liderazgo político suficientemente visible y a estas alturas obviamente necesario; al mismo tiempo que la capacidad de organización para la acción política ha demostrado ser deficiente; aunque yo diría que nula, o prácticamente inocua.

Se reconoce en el documento que ha prevalecido el espontaneismo y la improvisación en la dinámica política de la organización, y que los mecanismos de trabajo utilizados han sido propios, más bien, de organizaciones no gubernamentales, lo cual tiene como efecto visible la evidente dependencia de financiamientos de donantes para el desarrollo de acciones políticas y organizativas, con todo lo que eso implica en cuanto a «formalidades» administrativas y otros obstáculos que inciden en el flujo y el empuje de las acciones que se intentan emprender.

Esto, además de la influencia ejercida por la Alianza, me parece clave para entender la situación de inmovilización e invisibilización que los grupos auténticos y verdaderamente fuertes en la UNAB actualmente padecen.

Y es que la consigna de que «solo el pueblo salva al pueblo», que tanto se pregona desde la UNAB, en este caso debería tener su correlato efectivo en los hechos. Todos los movimientos sociales auténticos en la historia han tenido como motor principal las motivaciones y el impulso común que lleva a las personas a movilizarse, y no la dependencia de financiamientos externos sujetos a controles y condicionamientos administrativos o burocráticos, ya no digamos políticos o ideológicos.

Creo que esto obedece, en gran medida, a que una parte de las organizaciones que originalmente formaron la UNAB provienen de la antigua Federación de Organizaciones No Gubernamentales (FONG), pero también a que las nuevas organizaciones emergentes que también la conformaron (principalmente de jóvenes y estudiantes sublevados en abril 2018), carecen de experiencia organizativa o política, y han sido el objetivo principal de la sangrienta y tenaz represión del régimen.

A esto hay que sumar una débil o accidentada alianza con otros sectores sociales beligerantes, como el de madres y familiares de las víctimas del régimen, y principalmente con el movimiento campesino, que por su parte también tiene sus propios problemas o carencias, y que también ha sido objeto de una brutal persecución.

¿PROYECTOS POLÍTICOS DISTINTOS?

Otra debilidad aceptada en el texto es la falta notable de una relación productiva o el aprovechamiento (en términos organizativos y de acciones políticas) de la ira acumulada por los ciudadanos contra la dictadura y del evidente respaldo de una gran parte de la población hacia lo que en apariencia significa o representa la UNAB.

Este es un factor potencialmente positivo que ha sido desaprovechado en virtud de las constantes tensiones e indecisiones que durante todo un año convulso la UNAB ha padecido en su tóxica relación de mutua dependencia con la Alianza Cívica.

Siempre he pensado que este ya crónico problema del liderazgo y las deficiencias organizativas y movilizativas en el movimiento ciudadano después de abril 2018 han sido más bien causa de un propósito deliberado, es decir, de la imposición de una particular visión política proveniente de los sectores más influyentes entre los diversos actores políticos que conforman la UNAB.

Es obvio que me refiero a los empresarios que pujan por sus intereses tras la Alianza Cívica. Y esto es algo que plausiblemente reconoce el documento: la relación con la Alianza y sus intereses evidentemente opuestos a los de la UNAB.

Yo agregaría sin embargo que esa contradicción de intereses solo existe en relación con los sectores actualmente más «débiles», independientes y en apariencia «aplastados» que silenciosa pero mayoritariamente conforman la UNAB, y que paradójicamente son los más genuinos y fueron los más beligerantes durante la insurrección ciudadana que estalló en abril 2018.

Lo que digo es que en la UNAB también se ha posicionado con fuerza un polo aparentemente opuesto a la Alianza Cívica pero que tiene con ella mucho en común: el conglomerado de oenegés mencionado al inicio, que también funciona, igual que el COSEP y AMCHAM, como una pequeña «cámara de comercio» o agrupación de «empresas» que se procuran financiamiento externo proyectando a sus donantes nuestras crónicas necesidades y la ingente agudización de nuestra crisis.

En el documento se plantea que las tensiones hasta ahora no muy visibles públicamente entre la UNAB y la Alianza Cívica se deben a que cada una constituye un proyecto político distinto. Pero esto es sólo relativamente cierto. Desde las primeras movilizaciones y manifestaciones masivas funcionó la unidad entre ambas coaliciones, pero en el documento se reconoce, con verdad, que esa unidad ya no funciona. Sin embargo quienes al parecer ejercen cierta influencia decisiva en la UNAB han insistido en sostenerla, pese al crecimiento de las tensiones y contradicciones y su repercusión negativa en el fortalecimiento y el empuje del movimiento ciudadano.

CAUSAS DE LA DESMOVILIZACIÓN

El documento también afirma que ha sido la Alianza Cívica la que se ha apartado del camino de la insurrección cívica de abril 2018, pero en mi opinión esa posición política no solo ha afectado directamente a la UNAB, sino que de hecho ésta (o quienes política y financieramente la influencian) la ha aceptado o asumido pasivamente, y junto a los otros factores y debilidades ya señalados ha incidido negativamente en su dinámica organizacional y política, produciendo un efecto de desmovilización entre la población organizada, que solo estuvo verdaderamente activa en las calles entre abril y junio de 2018.

Hablamos, pues, de una desmovilización que es precisamente la que ha necesitado la dictadura para sostenerse.

El documento reconoce la existencia de una relación dialéctica (y directa) entre esa desmovilización (que en mi opinión no solo es «producto de la represión», como se dice en el texto, sino también de factores internos del movimiento) y la insistencia -por parte de la Alianza y de algunos sectores de la UNAB que la secundan- en una salida negociada o electoral a la crisis, la cual implicaría insólitamente una supuesta «reforma gradual» de la estructura dictatorial.

«La desmovilización y la salida electoral son las dos caras de una misma moneda», afirma el documento. Y en efecto, el aplastamiento militar de la insurrección cívica ha llevado ya a muchos a justificar como única la salida electoral, una salida hipotética que al parecer inevitablemente se produciría, lean bien: «conforme los plazos establecidos por la dictadura» (¡!).

«Desde puntos de vista e intereses diferentes (afirma el documento) se ha producido una confluencia entre el gran capital y la dictadura: mantener la estabilidad macroeconómica y convocar a elecciones hasta el 2021».

Pero, ¿por qué diferentes?, me pregunto, y al tratar de responderme con lógica llego a razonamientos tan simples como concluyentes.

Como todos sabemos, desde hace una década existe una alianza llamada «público-privada» entre los grandes empresarios y el régimen, de cuya verdadera ruptura aún no hay pruebas concretas y contundentes. Por tanto no se trata de una repentina «confluencia» de intereses, si no de la continuidad de la misma vieja alianza.

Esto se debe subrayar con suficiente insistencia, pues la idea contraria, auxiliada por una evidente y a veces deliberada falta de memoria histórica, ha permitido que entre las fuerzas del movimiento ciudadano se haya no solo inoculado o infiltrado la dictadura misma, sino que se haya apoderado de posiciones de influencia dentro del movimiento.

«La relativa estabilización de la crisis económica, según los datos aportados recientemente por el FMI, no pueden ser explicados sin tomar en cuenta esas negociaciones secretas entre la dictadura y el gran capital», se afirma en una de las partes significativas del texto.

Y ante eso también hay que hacerse no pocas preguntas. ¿No está suficientemente claro ya que la colaboración del gran capital con la dictadura en el último año no ha sido un asunto simplemente de «omisión», ni es tan «secreta» como la caracteriza el documento? ¿No está muy claro ya que se trata de una posición política activa y deliberada, producto de una evidente recomposición de su vieja alianza con el régimen? ¿Por qué entonces las cúpulas que pugnan por ejercer hegemonía en la UNAB persisten, aunque a veces lo nieguen, en esa «tóxica» coexistencia»?

LA «VIA ELECTORAL»

Las propuestas que más llaman mi atención en el texto son aquellas que plantean la necesidad de «independizar» a la UNAB de la Alianza Cívica y convertirla en una nueva alternativa como proyecto político.

«Crear el gran polo que aglutine a los diferentes sectores sociales», propone el anónimo; convocarlos a que «apoyen la propuesta unificada de reformas electorales, cuyo contenido en su mayor parte es la propuesta original de la UNAB».

La propuesta unificada de reformas electorales a la que se alude es un amplio proyecto elaborado al parecer por una comisión «bipartita» de ambas coaliciones más un comité de «técnicos» ad hoc, entre los que habrían juristas y especialistas en asuntos electorales. Según confirmaron explícitamente en entrevista reciente algunos representantes de la Alianza y la UNAB, ya existe un consenso alrededor de la propuesta, lo cual, pese al aparente optimismo expresado por ambas partes, indica la gravedad del dilema en que, efectivamente, se encuentra ahora la UNAB, y en menor medida también la Alianza.

Este documento anónimo que propone la separación e independencia de la UNAB y la Alianza Cívica refleja, en este digamos dramático momento, las discrepancias latentes al seno de ambas coaliciones respecto a un destino político en unidad.

Llama la atención que el documento, pese a que propone iniciar esta «transición» fortaleciendo «el trabajo territorial» y las «estructuras departamentales, municipales, distritales y barriales», es decir, mejorando las ya reconocidas debilidades organizativas; lo hace finalmente como propuesta de discusión para «convertirse en un bloque electoral», sin mencionar otras propuestas o soluciones al problema de la desmovilización.

¿Por qué solo prepararse organizativamente para elecciones?, me pregunto, en el entendido de que un movimiento ciudadano como el surgido en abril 2018 eventualmente habría de culminar en un proceso de transición para un cambio radical de gobierno. ¿Por qué no también reactivar todo ese tendido organizativo para emprender acciones de resistencia orientadas a acelerar el debilitamiento y eventual debacle del régimen? 

Por lo visto hasta ahora la respuesta a esa pregunta es que en el ánimo de quienes influencian ambas organizaciones no existe absolutamente ninguna voluntad política de hacerlo. Están más concentrados en asuntos considerados de mayor prioridad, algo que en un próximo artículo trataré de dilucidar teniendo en cuenta el origen, composición y naturaleza de ambas coaliciones, que pese a enfrentarse a la aparente posibilidad de una latente división (según se proyecta en este documento anónimo), parecen estar dominadas, cada una, por agrupaciones «cupulares» cuya fuerza política depende, más que del empuje del movimiento ciudadano emergido en abril, de la capacidad de manipularlo en beneficio propio a través del poder económico y la gestión de financiamientos.