Única salida para Nicaragua: reactivar la resistencia pacífica de la ciudadanía
Guillermo Cortés Domínguez
El autor es escritor.
El momento cumbre de la lucha política de los nicaragüenses en las últimas décadas es, por mucho, el estallido social de abril del 2018, cuando nos sentimos libres protestando en las calles y nos dejamos acariciar por vientos que supuestamente anunciaban la caída de la dictadura orteguista y el inicio de una nueva Nicaragua, nueva de verdad, alejada del pasado populista, clientelista, autoritario, oportunista y corrupto, donde prevalecerían la institucionalidad, la ley, el respeto a los derechos humanos y comenzaríamos a construir nuestro pase hacia el desarrollo. Pero todo fue una ilusión.
Dos años y cuatro meses después, no estamos en las mismas, sino que, lamentablemente, hemos retrocedido a grandes pasos mientras la dictadura se ha fortalecido. Creímos tenerla tambaleante pero era solo una apariencia mientras ella organizaba su ejército paramilitar que destrozaría los tranques y barricadas, asesinaría a más de 200 nicaragüenses y nos impondría un Estado de sitio y ley marcial de hecho, como si fuéramos un país ocupado por un ejército invasor.
Pasamos del mayor ejercicio masivo de ciudadanía en nuestra historia, a una triste e incomprensible inmovilidad que pareciera alimentarse del recuerdo y vivir de las luces deslumbrantes de abril, pero sin que estas marquen un derrotero consecuente que le de continuidad a esos momentos vibrantes y dramáticos de nuestra historia nacional cuando parecía que estábamos tocando el cielo con nuestras manos.
En el plano internacional la dictadura continuamente recibe fuertes reveses, pero insuficientes, porque ninguna presión del exterior puede sustituir a la fuerza organizada de un pueblo en lucha. Ni siquiera las más abiertas intervenciones de las más poderosas naciones del mundo han logrado cambios sustanciales, por ejemplo en Venezuela, con sus complejas operaciones divorciadas del sentir popular.
La dictadura no quiere dejar el poder
Pareciera que en Nicaragua las organizaciones sociales y políticas agrupadas en la Unidad Nacional y la Alianza Cívica y el esfuerzo de estas por una Coalición Nacional, se pusieron un antifaz para caminar obedientemente en un precario equilibrio sobre una ruta electoralista en la que no hay ni mínimas condiciones para un sufragio seguro, libre y transparente.
La dictadura, que recientemente comenzó una inaudita ofensiva sin precedentes contra la iglesia católica, quizá la institución más fuerte del país, ha dado múltiples muestras inequívocas de que no quiere dejar el poder y que, por el contrario, ambiciona perpetuarse en él y actúa en consecuencia. Su naturaleza militarista, guerrerista, autoritaria, intolerante y corrupta, no le permite un enfoque en el que haya una lucha por la administración pública que debería tener una alternancia de las fuerzas políticas. No concibe el orteguismo que existen otros actores y que tienen derechos, que cuentan en la vida nacional y que deben participar en igualdad de condiciones en la disputa por conducir el país.
No se puede esperar nacatamales de un palo de mango ni zapatos de uno de limón, es imposible de la misma manera como no les pasa por la cabeza a los Ortega-Murillo que debería haber elecciones limpias y transparentes en las que se cuenten bien los votos y gane los comicios la fuerza que haya tenido la preferencia de la ciudadanía.
Pero se empeñan en la ruta electoral presuntamente porque Washington les ha dicho que esa vía con toda seguridad será abierta por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las sanciones de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. A veces da la impresión de una subordinación que choca de plano con posiciones nacionalistas.
Sanciones internacionales son insuficientes
No se trata de que la oposición esté desconectada del mundo, pues hay otros jugadores internacionales que apoyan a la dictadura, como Rusia, Irán y Cuba. La cuestión es entrar al juego con una autonomía que está dada por la fuerza interna que solo puede otorgar el accionar organizado de una vigorosa resistencia pacífica ciudadana que lamentablemente no existe.
Las sanciones de los EE. UU. y Europa no han tenido los efectos deseados y la dictadura sigue adelante, muy golpeada, con una pérdida de la correlación de fuerzas en la ciudadanía, pero lejos de una derrota estratégica mientras tenga el poder de las armas de la Policía, el Ejército, los paramilitares y sus grupos de choque, es decir, su poderosa violencia represiva.
Por enfocarse en la ruta electorera en la Alianza y en la UNAB –incluyendo las organizaciones populares participantes–, se olvidaron de la protesta pacífica de la ciudadanía desde que la Policía prohibió las movilizaciones en las calles en septiembre del 2018. No obstante, hay una tenue resistencia de comunicados –que son necesarios en la lucha—de parte de estas y otras organizaciones.
Tiene una gran importancia que la Asociación de Madres de Abril (AMA), la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), las 14 organizaciones del Sector Estudiantil y Juvenil (SEJ), la Asociación Médica Nicaragüense, etc., fiscalicen el quehacer represivo de la dictadura y comuniquen sus puntos de vista, denuncien, rechacen y condenen constantemente.
Reactivar la resistencia pacífica organizada
Es relevante el trabajo que realizan los organismos defensores de Derechos Humanos como la CPDH y el Cenidh que ponen al desnudo las flagrantes y constantes, casi permanentes violaciones a los DD.HH. de parte del régimen; y por otro lado, es invaluable la información y análisis que a diario transmiten los periodistas independientes de Nicaragua. Todo esto es resistencia, como la que ha opuesto la población a la indolencia del régimen ante el Covid-19. Pero es insuficiente.
También hay algunas, muy pocas, valientes acciones aisladas de protesta en las calles de varias ciudades. Pero es insuficiente.
Se requiere reactivar la resistencia pacífica organizada de la ciudadanía para que mediante múltiples actividades simultáneas en todo el país le pongan una fuerte presión a la dictadura. Es el único camino a la victoria, es lo que le daría continuidad al estallido social del 2018, lo que volvería a la vida la consigna ¡Qué se vayan!, que ahora solo es una remembranza que perdió su contenido porque no tiene un respaldo en la práctica social.
En el 2018 la victoria estaba a un paso, luego se fue alejando hasta el punto actual en que incluso líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco no le ven posibilidades a la reactivación de la resistencia porque, como han declarado en el Canal 10, es peligroso y hay que salvaguardar a las personas, como si históricamente para rebelarse los pueblos han necesitado permiso y seguridad de parte de los opresores.
La resistencia francesa y la de los partisanos italianos contra la ocupación nazi no contó con el visto bueno de Hitler para manifestar su rebeldía. Ellos no esperaron a que no hubiera peligro para poder actuar. Los luchadores contra las dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, enfrentaron una adversidad casi total.
Rechazo a la violencia
Tampoco hay actividades de resistencia seguras como dijo recientemente un líder de la Alianza, quien seguramente sacó ese extraño concepto de la chistera de un mago atrofiado. En la lucha de los pueblos no hay seguridad, al contrario, la resistencia está plagada de peligros. Por eso es que se requiere de un nuevo enfoque pues no se trata de replicar la forma de protesta de antes de septiembre del 2018, sino de una en la que son esenciales la planificación, la organización y la disciplina, características que deben evadir y eludir la represión y garantizar que se efectúen exitosamente las misiones en la calle y que sean comunicadas ampliamente.
Por las extremas medidas de seguridad que la resistencia debe adoptar ante el entorno represivo en Nicaragua, no todas las personas podrían participar, sino quizás las más fuertes y ágiles, los jóvenes mejor entrenados, las personas aptas para enfrentar situaciones de alta tensión, aunque no se trate de misiones violentas sino de acciones pacíficas, incluso algunas que en otro contexto parecerían infantiles. Y hay múltiples tareas que toda la ciudadanía puede asumir
La reactivación de la resistencia pacífica de la ciudadanía rechaza la violencia y su puesta en práctica no es más que la restitución de hecho de los derechos constitucionales de la población. No se trata de realizar actividades ilegales sino todo aquello que permite la ley, aunque para el Orteguismo todo es delito, todo es punible y tiene su sistema policial y judicial para capturar, torturar, fabricar pruebas y condenar a prisión.
Nicaragua no tiene opción: o continúa a la deriva a la espera de que ocurra un imposible hecho sobrenatural que le regale la libertad a la gente; o se pone de pie y lucha para conquistar sus sueños.