Uribe, el vulnerable

Tras conocerse la noticia de la orden de arresto contra Álvaro Uribe Vélez, miles de personas han salido a marchar o en caravanas en su apoyo. En Medellín, en el sur de la Florida y en otras ciudades. Estas manifestaciones son importantes expresiones de la opinión de muchas personas que creen que es injusto que su líder esté arrestado. Sin embargo, no representan una visión unánime de lo que el país está viviendo.

Para algunos seguidores del expresidente es imposible concebir que el hombre más poderoso del país haya podido cometer algún delito. Ellos lo ven como esos cuadros en los que aparece como si fuese la imagen rediviva del Sagrado Corazón, un santo impoluto. Otros más saben con certeza que los crímenes del paramilitarismo sí se han cometido, pero los justifican, los aceptan y los defienden como el precio que el país tenía que pagar para deshacerse de las guerrillas.

Para nadie es un secreto que el paramilitarismo es un fenómeno que está íntimamente ligado a Álvaro Uribe Vélez y al uribismo. Esta connivencia ha sido probada muchas veces en los tribunales y hay muchos uribistas de la primera hora condenados por toda clase de acciones, desde masacres, hasta manipulación de pruebas, espionaje ilegal y otros delitos. Ante todos estos casos, Uribe es la sombra que los cubre. Decenas de sus exfuncionarios están condenados, pero en ninguno de esos casos se logró alcanzarlo.

El martes 4 de agosto de 2020 los colombianos estábamos aún convencidos de que Uribe permanecería intocable en los estrados judiciales. Esa jornada, por fin, el poder judicial de la Nación logró vencer sus propias limitaciones y sostuvo los cargos en contra del avezado político.

El caso

El caso, que es un verdadero bumerán jurídico, puede entenderse muy bien en este artículo de BBC Mundo. No amerita transcribirlo aquí.

Baste destacar que el caso comenzó en 2014 cuando en un debate en el Congreso el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe, junto a su hermano Santiago Uribe, de haber sido creador de uno de los peores grupos de paramilitares: el Bloque Metro.

Furioso, Uribe quiso destruir a Cepeda por haberse atrevido a acusarlo de esa manera tan frontal, y presentó una demanda contra el Senador de la izquierda por supuestamente haber sobornado a los testigos que le acusaban de ese hecho.

Tras seis años de investigación, la Corte Suprema absuelve al demandado Iván Cepeda y en cambio presenta cargos contra Uribe y sus abogados por hacer exactamente aquello que le falsamente reclamaban. La Sala de Instrucción asegura que Uribe fue el instigador y beneficiario del esfuerzo de sus abogados por convencer a varios testigos paramilitares presos para que declararan en contra de Cepeda.

En resumen: los abogados de Uribe, bajo sus órdenes, intentaron sobornar a varios de esos testigos para que dijeran que habían sido sobornados por Cepeda. La Corte decidió que la verdad era todo lo contrario.

La contradicción que no toleran

Lo que más ofende hoy a los uribistas es que su líder se encuentre arrestado mientras que varios comandantes de la misma guerrilla que él, con tanto ahínco, y apoyo de sus aliados paramilitares y funcionarios del Estado, quiso destruir, en cambio están sentados en el Congreso.

Es muy difícil hacerles entender que las apariencias engañan.

Uribe está arrestado acusado de un delito más reciente y de poca monta, si se compara con los otros crímenes de los que se ha acusado al expresidente o incluso a sus enemigos. Uribe no está arrestado “por haber combatido a la guerrilla”, como afirman y sacan pecho muchos de sus seguidores, sino por intento de soborno de testigos y por tratar de manipular la justicia a su favor.

Sus abogados, así como personal de su oficina del Congreso y otros allegados, hacen parte de un expediente de 1554 páginas que presentó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el que dan cuenta de la gravedad de la acusación y las muchas pruebas que la sustentan.

Por el otro lado, los ex guerrilleros de las Farc están en el Congreso como consecuencia de un acuerdo alcanzado con el Estado que permitió su desmovilización y que ojalá nos lleve al hallazgo de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición.

Los comandantes de las Farc no están impunes, sino que aún no han sido juzgados. Sus procesos se deben ir surtiendo a través del tribunal creado para juzgarlos por sus crímenes políticos, llamado Justicia Especial para la Paz (JEP) que hace pocos meses comenzó a operar en forma, y de la cual quedan excluidos los delitos de lesa humanidad o los que se cometan después de la firma de los Acuerdos, tal como sucedió con Santrich, quien hoy es, de nuevo, prófugo.

Reclaman impunidad; Exigen impunidad

En su furia, los más acérrimos seguidores exigen que Uribe quede libre. Aseguran que la Corte Suprema ha sido cooptada por la guerrilla (una acusación sin sustento y, además, una imposibilidad política) y que por lo mismo el caso es simplemente una persecución política en su contra.

En un país donde los poderosos y los ricos pueden eludir las consecuencias jurídicas de sus crímenes, lo más extraño es que el hombre más poderoso de todos al fin se enfrente al menos un proceso judicial que prospera y se sostiene. He ahí lo histórico de este caso.

A los uribistas les duele que Uribe esté arrestado mientras se lo juzga y los exguerrilleros estén en libertad mientras se los juzga. Esa contradicción es una ironía, es cierto, pero no es producto de una intención de los juristas, sino una consecuencia del orden en el que han ido ocurriendo los acontecimientos.

No por ello pueden exigir que se ejerza la justicia con impunidad en este ni en otros casos. Si su intención es exigir justicia, esta debe aplicarse para todos, incluso para los propios.

Un asunto de institucionalidad 

El país político reaccionó de inmediato a la noticia del arresto domiciliario, incluyendo alocución presidencial de Iván Duque en apoyo a su líder y mentor político Álvaro Uribe, de quien dice debe respetarse su “presunta honorabilidad”.

Esto deja ver que lo que está en juego es la institucionalidad del país, es decir, su capacidad de sostener las instituciones del Estado más allá de las veleidades del poder y de los poderosos. Parte de ello consiste en demostrar que la justicia está ahí para todos, tanto para el individuo sin poder político, como para el más poderoso de los políticos.

Si las Cortes ceden ante las presiones –y las amenazas- y no llevan el caso hasta sus últimas consecuencias, lo que demostrarían en ese acto es que Colombia sigue siendo un país infantil, ese que con sarcasmo aún llamamos “Patria boba”, incapaz de enfrentar sus demonios del poder.

El juego constituyente

En Colombia, cada vez que hay una crisis política, sale a relucir el fantasma de la Asamblea Constituyente. Apenas se supo del arresto, de inmediato los aliados de Uribe en el Centro Democrático desempolvaron su propuesta que plantea desmontar al actual sistema judicial e imponer otro favorable a su líder y más estricto con sus enemigos. En otras palabras: quieren un sistema judicial que deje impune a su líder.

Los otros actores políticos que hablan de Constituyente son precisamente las Farc y, además, el excandidato presidencial que enfrentó a Iván Duque, el senador Gustavo Petro.

El juego de proponer una Asamblea Constituyente abre un camino difícil de recorrer y muy peligroso. Un país en pandemia, polarizado, al borde de un resurgimiento explícito de la violencia política (pues hoy existe el conflicto de manera solapada) corre el riesgo de descuadernarse del todo.

El Opinón estima que esa propuesta fracasará al intentar superar los muchos obstáculos que va a enfrentar. Una Constituyente con nombre propio sería fatal para el país, que ya una vez cayó en el engaño cuando el mismo Uribe intentó, con dádivas y tramoyas, perpetuarse en el poder. Esa vez nos salvamos, pero nada nos garantiza que esta vez suceda lo mismo.

Sería funesto que se realizara una reforma a la joven Constitución de 1991 con el fin de favorecer a un hombre y sus aliados y que además correría el riesgo de destruir, por completo, las partes fundamentales de los Acuerdos de paz del Teatro Colón.

Dejar que el proceso siga su curso

Lo mejor que puede hacer Colombia es dejar que el proceso jurídico siga su curso, que nos enteremos todos de lo que de veras ha sucedido y que, al final del trayecto, con transparencia, se condene o se exculpe a los supuestos responsables.

Si el hombre más poderoso puede ser juzgado; si en dicho juicio se le respetan sus garantías; si también se respetan los derechos de las víctimas; si se revela la verdad y se cumplen todos los requisitos de ley, entonces podremos dar un respiro de alivio, independientemente de la sentencia, pues habremos demostrado que podemos crear instituciones fuertes y que existe una verdadera independencia de poderes.

La suerte de Uribe

Tantas veces ha ido ese cántaro a la fuente que al fin se resquebrajó. Y, todos sabemos lo que sucede con los cántaros fracturados: tarde o temprano se desmoronan. El mito de su invulnerabilidad se ha acabado. El arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez es, en sí mismo, un castigo y una condena en el tribunal de la popularidad.

El golpe jurídico tiene inmensas consecuencias políticas para el hombre y su partido. Sin importar el resultado de la sentencia, a partir de ahora podemos decir que ya no es el hombre más poderoso del país. Ese solo hecho es inmenso. La vulnerabilidad de Uribe parece ser su propia arrogancia y la de sus seguidores. Tantos años en el poder le hicieron creer a él y a sus colaboradores que por siempre sería invencible. Ya no más.