Asamblea Constituyente: Hacia la refundación del Estado de Nicaragua
Carlos Pérez Zeledón
Debemos reconocer que la simple salida del gobierno actual, por la vía que fuere, es insuficiente para restablecer el orden jurídico y social en nuestro país
A raíz de las protestas ciudadanas iniciadas en el mes de abril del año pasado y la respuesta excesivamente violenta del régimen del FSLN encabezado por la familia Ortega Murillo, se ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo corporativo de gobierno impulsado entre las élites económicas y políticas nicaragüenses. La reacción unánime de todo el aparato del Estado para reprimir violentamente a la población y criminalizar cualquier tipo de protesta o reclamo, así como la instrumentalización de cada Poder del Estado, han dejado claro que no vivimos en un sistema democrático, sino en una verdadera dictadura.
Frente a esa cruda realidad debemos reconocer que la simple salida del gobierno actual, por la vía que fuere, es insuficiente para restablecer el orden jurídico y social en nuestro país. La falta de independencia de los Poderes del Estado y su ostensible sometimiento a la voluntad e intereses del partido actualmente en el poder nos llaman a reconocer que un nuevo gobierno, aunque fuese electo con suficiente mayoría de votos, difícilmente podría ejercer su mandato sin tener que enfrentar obstáculos insuperables que podrían venir (y seguramente vendrían) de fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia administrativa o constitucional; del irrespeto a las leyes por parte de la Policía Nacional o de medidas de presión ejercidas por segmentos de la población debidamente manipulados para “gobernar desde abajo”. Todo sin obviar que seguramente los grupos paramilitares, armados por el FSLN desde mediados del año pasado, podrían continuar operando en la clandestinidad y bajo la aceptación tácita del Ejército y la misma Policía.
Las situaciones descritas en párrafos antecedentes, junto con el rechazo de un segmento de la población a la representación de la empresa privada en la mesa de diálogo, la falta de representatividad de los partidos políticos tradicionales, la timorata actitud de la Unidad Nacional Azul y Blanco para tomar una posición política de liderazgo y la falta de capacidad organizativa de la población en general, son claros indicadores de la ruptura del “contrato social” que debe ser restablecido para que podamos continuar viviendo pacífica y civilizadamente en sociedad.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE
Nuestra Constitución Política actual fue aprobada en el año 1987, como producto indirecto de la Revolución Popular que derrocó a Anastasio Somoza Debayle en 1979. A la fecha se resumen nueve reformas constitucionales que han ido transformándola para acomodarla a los intereses de las clases política y económicamente dominantes. Esas reformas nunca han sido consultadas abiertamente con la población, siendo el resultado de pactos y componendas entre las élites, cuando no una simple imposición desde el ejercicio del poder político.
La última reforma constitucional data del año 2014 y comprendió modificaciones importantes como la posibilidad de reelecciones indefinidas a favor del gobierno actual del FSLN en la presidencia y las alcaldías. Los diputados del FSLN con la mayoría absoluta obtenida en el proceso electoral del año 2011, proceso que fue considerado inauditable y altamente irregular por las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea, modificaron 54 artículos constitucionales que vinieron a fortalecer el poder omnímodo y autoritario del actual presidente.
“Para democratizar a Nicaragua se hace necesario desmontar el modelo constitucional actual que concentra y centraliza el poder político, no solamente desde la perspectiva jurídico-legal, sino también desmontando las estructuras institucionales construidas bajo ese modelo y separando a las personas que ocupan los cargos principales de esas estructuras”
Fundamentalmente en los poderes Electoral y Judicial, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, cosa que es imposible de lograr sin antes cambiar radicalmente el ordenamiento jurídico, es decir, el marco constitucional.
¿REFORMA ELECTORAL O NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?
Si bien es cierto podríamos acceder a muchos de los cambios requeridos mediante, por ejemplo, la simple abrogación de las reformas constitucionales del 2014; también lo es que las actuales demandas de una gran parte de la población requieren de otros cambios democratizantes más profundos, como el restablecimiento de las candidaturas por suscripción popular, la posibilidad de crear movimientos o partidos políticos regionales o locales, el establecimiento de un modelo de “gobierno abierto”, la democratización de la economía, etc. Algunas personas, entre las que me incluyo, incluso creemos necesario pasar de un sistema presidencialista a otro de tipo parlamentario… y para discutir todas esas opciones la reforma es insuficiente, haciéndose necesaria la redacción de una nueva Constitución que recoja el espíritu de los nuevos tiempos.
Para provocar un cambio total a la Constitución Política es necesario convocar a una Asamblea Constituyente y eso puede lograrse a través de dos vías: Primero: un referendo o plebiscito, y segundo: la convocatoria desde la Asamblea Nacional. El partido Propuesta Ciudadana, al que pertenezco, y se encuentra en proceso de formación, en reiteradas ocasiones se ha manifestado expresando la posibilidad de salir de la crisis actual mediante un acuerdo que convocara a la formación de una Asamblea Constituyente, que sería la mesa de negociación idónea para poner fin a la crisis y dar salida a sus consecuencias inmediatas y mediatas. Nuestra propuesta podría haberse manejado desde la mesa de diálogo o promoverse desde la figura del referendo, pero ha sido poco estudiada y hasta rechazada de plano por quienes prefieren la continuidad del actual esquema, haciendo solo algunos cambios en lo que respecta al reparto del poder político.
UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y SUS OBJETIVOS
Estando estancadas las negociaciones y fuertemente reprimidas las manifestaciones populares, todo parece indicar que el gobierno actual logrará su objetivo de permanecer en el poder hasta el año 2021, cuando se espera habrá un proceso electoral que comprende cambios de funcionarios en todos los niveles (territorial y nacional). Desde esa perspectiva parece ser que el único mecanismo legal para acceder a los cambios constitucionales expuestos depende directamente de los resultados que se obtengan en ese proceso electoral.
Es sumamente importante que la ciudadanía nicaragüense, sobre todo quienes participan de las organizaciones activamente involucradas en los procesos políticos actuales, tengan entendido y asumido que el próximo gobierno está obligado a dar respuesta a tres asuntos fundamentales:
Uno: El establecimiento de un modelo de Justicia Transicional y Restaurativa, que nos permita solucionar legalmente el conflicto sociopolítico actual y sus consecuencias, dos: La instauración de una Asamblea Constituyente, que nos permita discutir un nuevo modelo político que, a su vez, nos permita garantizar que no volveremos a repetir los errores del pasado, Tres: Sentar las bases para la democratización de la economía, que nos permitan la reconstrucción del país y aspirar a un futuro de paz y progreso.
La refundación del Estado de Nicaragua a través de una Asamblea Constituyente es un paso indispensable para la construcción de una sociedad más democrática.
