Balance político, económico y social de Nicaragua 2018-2019

A estas alturas de mi vida he aprendido (más bien me han enseñado los golpes, mis exilios, la lucha contra las dos dictaduras) a no creer en las casualidades. He escrito este análisis con el objetivo de proporcionar una reflexión sobre los acontecimientos acaecidos entre abril de 2018 a diciembre de 2019. Los que lean este escrito no necesariamente estarán de acuerdo con todas mis opiniones, pero sería un éxito si induce a la meditación / cavilación sobre la situación del país.

Este ensayo comprende tres partes. La primera parte consiste en un análisis sobre cómo nos encontramos 22 meses después de abril 2018. Para eso analizamos el comportamiento de los poderes fácticos internos y el accionar de los poderes fácticos externos.

La segunda parte analizamos 34 variables económicas, sociales, ambientales, políticas, etcétera. Variables que nos permita visualizar el año 2020, sus retos y perspectivas.

La tercera parte consiste es visualizar hacia dónde nos quieren llevar los actores internos y externos, los contextos posibles de salida a la crisis, analizando las posibilidades reales de cada uno de los escenarios analizados. Hay que tener presente que la victoria política de ningún modo es el fruto sazonado de la “madurez” de los actores. La victoria es una tarea estratégica.

Estamos en el umbral de la cuarta transformación en el transcurso de cerca de dos siglos de vida independiente: La independencia política de septiembre 1821, la revolución liberal de julio 1893, la revolución de julio 1979 y la rebelión cívica de abril 2018.

Lo que pasa en la política y en la economía de nuestro país no puede seguir siendo igual a lo sucedido en décadas pasadas, plagadas de injusticias, opacidad, inmunidad y corrupción. En la vida de los nicaragüenses vendrán cambios. Son cambios evidentes y están en sus inicios. Ya están llamando a la puerta. El pueblo no es tonto.

El gobierno Ortega-Murillo se transformado en un factor de inestabilidad para la región centroamericana. Cada día el gobierno tiene menos credibilidad internacional. Sufre un deterioro evidente. Vivimos el final de la dictadura bicéfala. Del otoño hemos aprendido que, aunque las hojas caigan, el árbol sigue en pie.

Abril 2018: 20 meses después
(Primera parte)

Introducción

El movimiento de abril fue estimulado por represión gubernamental. La represión contra los estudiantes fue como haber rociado con gasolina a un clima social y político ya de por sí encendido con las protestas de los jóvenes por la indiferencia del incendio de la Reserva Natural de Indio Maíz.

En los círculos políticos nadie duda de que la represión incrementó la rebelión estudiantil. Muchos políticos expresan que: si los grupos de choques no hubieran golpeados a los miembros de la tercera edad en la ciudad de León y a los protestantes del Camino de Oriente en la ciudad de Managua, quizás el movimiento no se hubiera extendidos con la misma fuerza que sucedió.

Las siguientes semanas y meses han sido clave para el futuro político de la “heredera” deslenguada y tentada por la política. Sus declaraciones cotidianas sorprenden por su locuacidad y contundencia, impropias de su cargo.

Las declaraciones de la “heredera” fueron como una bomba que alimentó la protesta y que a partir de la primera semana se ensancharon. Las protestas se desencadenaron tras las muertes de los primeros estudiantes.

Las evidencias de los ataques policiales, turbas y grupos de choques dejó al descubierto la mano gubernamental. La información periodística y las redes sociales mostraron la complicidad de la policía con las turbas afines al gobierno que actuaban con la complicidad policial y con total impunidad.

En los mentideros políticos de la capital queda escaso lugar a dudas de que la “heredera” se lanzó sin red al ordenar la represión estudiantil con la consigna “vamos con todo”, creyendo que esa acción iba a apaciguar la protesta social de los estudiantes y al mismo tiempo se llevó por delante la poca credibilidad de la institución policial.

Inmediatamente después de los sucesos de abril, muchas personas manifestaron la opinión que el régimen Ortega-Murillo no es en absoluto el gobierno que puede permanecer en el poder. Cada vez más ciudadanos están convencidos de la necesidad de buscar vías de desarrollo nuevas y democráticas.

Pero la reacción del grupo en el poder fue ciega y muy dura. De esa forma, se hizo evidente el carácter represivo del régimen y sobre la falta de libertad que debíamos soportar.

Antes de abril 2018 había un fuerte autoritarismo en prácticamente en todas las esferas de la vida pública, lo que llevó a los estudiantes a manifestarse para exigir libertades civiles.

Al cuestionar el modelo autoritario los jóvenes conformaron de manera espontánea un movimiento pacífico, formado en su gran mayoría por personas sin ninguna militancia política previa que ha sido reprimido militarmente, pero no vencido políticamente.

Tomar las calles y manifestarse por más libertades democráticas no solo fue solamente un acto de rebeldía, sino una forma de romper las inercias de un modelo político que oprimía la capacidad de las personas para repensar la sociedad nicaragüense.

Ortega padece de una creciente paranoia que exhibe al denunciar a los estudiantes, a los ciudadanos y a los obispos, que son parte de una conspiración en su contra a través de un “golpe de estado”. Los ataques contra los autoconvocados y a los medios independientes ya no son novedosos.

El movimiento de abril 2018 ha iniciado un proceso donde han ocurrido cosas importantes, un movimiento en lucha en el que se ha aprendido un montón, donde como mujeres jóvenes crecieron en la militancia de la lucha. A sido un movimiento donde la participación de las mujeres ha sido fundamental.

El movimiento de abril trascendió porque en él surgieron demandas en pro de las libertades democráticas frente a un régimen autoritario. Aunque las demandas democráticas no eran la demanda inicial y central del movimiento estudiantil en su inicio, éstas surgieron durante las movilizaciones. En todo movimiento social hay una demanda inicial/central, pero en el trascurso del movimiento surgen otras que le dan “cobertura” a la exigencia inicial.

En el movimiento de abril fueron surgiendo la demanda de libertades democráticas. Estas libertades se refieren a que todo hombre y mujer deben poder elegir el partido político que prefiera, la ideología, la religión y la sexualidad que deseen. Todo ello ha estado restringido por el régimen Ortega-Murillo.

El movimiento de abril representa la gran indignación social contra las políticas represivas del régimen. No sé a dónde irá, es un mensaje de hastío, del hartazgo y del cansancio en la forma de conducir la vida pública, política y económica del país.

El movimiento de abril fue un punto de partida en la vida social y política del país. Las banderas izadas por los estudiantes eran políticas, no defendían intereses particulares, ni de contenido económico o distributivo. Resumían anhelos de libertad, elementales derechos cívicos y un firme reclamo al gobierno y al Estado de que respetara los derechos humanos.

El movimiento de abril ha sido una proeza mayor, al volverse nueva conciencia del país real, a partir de la cual es posible conjugar: la tragedia y la crueldad, el momento festivo y lúdico, el respeto a la deliberación colectiva, la solidaridad compartida, el reconocimiento racional y emocionado de unos líderes que no se sometían a las abusivas decisiones del poder. Todo ello ha hecho del movimiento de abril un orgullo portador de la gran promesa de una mutación civilizadora de la sociedad y del Estado.

Que el cumplimiento de la Constitución Política tuviera que ser exigido por un movimiento social tachado de “golpista”, puso al descubierto toda la mentira ideológica en la que vive el régimen. El movimiento social exige el cumplimiento y reivindica la Constitución Política porque en el país existe un divorcio entre el discurso y la realidad de las leyes.

Las marchas en diferentes ciudades demostraron también la incapacidad del gobierno Ortega-Murillo para entender que está surgiendo otra nueva mayoría que refleja una presencia cada vez más protagónica en la sociedad.

Tampoco les funciona el oído; se alejaron de todas las demandas de la población en la calle. Están atrapados en sus propios anuncios mientras que la inestabilidad afecta a la gente. El país se ha militarizado para intentar frenar las protestas.

Al movimiento de abril se le puede ver como un parteaguas en la lucha contra la dictadura, pero, a la vez, como una consumación de movilizaciones y confrontaciones sociales que se dieron entre el 2007 y 2017. Recordemos la lucha del movimiento campesinos, mineros, trabajadores de la zona franca, mujeres, ambientalistas, estudiantes, personas de la tercera edad, etcétera.

La respuesta que dio el gobierno fue responder al reclamo social con fuerza policial y cárcel. El 19 de abril la Sra. Murillo transmitió, a los secretarios políticos de las diferentes dependencias del Estado, la orden “vamos con todo” o sea reprimir las protestas a sangre y fuego, con todas las armas disponibles y de la manera más dura posible. A la concreta la orden era “todo está permitido”.

Para el dúo Ortega-Murillo la disciplina y la obediencia son lo primero, los cuadros tienen que creer que el mando superior sabe lo que hace, siempre lo sabe. No te apures, si Murillo dio la orden que “vamos con todo”, es porque tiene razones para hacerlo. Era una orientación de palabras, no de soluciones a un problema sociopolítico.

La orden comunicada por Fidel Moreno, Gustavo Porras y Lumberto Campbell fue acompañada con la frase: “métanse esto en la cabeza de una puta vez; ustedes no piensan, ustedes actúan, solo ejecutan; ustedes no deciden, solo cumplen; ustedes serán las manos y la voz del presidente Ortega”. Para terminar con la frase: “La compañera siempre tiene la razón, y si no entienden, no importa, tienen que obedecer sin discusión”.

La reunión del Parque Japonés significó, si acaso, un grito en la oscuridad de la historia. Lo peor de las agresiones a la condición humana es la humillación, porque desarma al individuo, agrede lo esencial de su dignidad. En esa reunión se constató que el pueblo había dejado de creer en el régimen autoritario, entonces, se impuso la necesidad de hacerlas creer por la fuerza.

Con la orden “vamos con todo”, el sepulturero de la revolución de 1979 terminó de hundirse en la historia y su existencia en el poder ha dejado de ser útil para los principales poderes fácticos.

Hasta el 19 de abril, el gobierno Ortega-Murillo había logrado disfrazarse de benefactores, de mesías, de elegidos por Dios, de hijos de la necesidad histórica y de la dialéctica insoslayable de la vida. Sin embargo, la represión desatada produjo una herida física y política en la sociedad que no ha terminado de cerrarse.

La guerra a muerte no era solamente contra los autoconvocados, sino contra la historia. Murillo quería aniquilar a los que habían salido a las calles. Pretendía acallar a todos los que habían decidido protestar contra todas las medidas adoptadas por el régimen autoritario. Lo que logró, desde la perspectiva histórica, es hundirse.

La ola de terror desatada contra los campesinos dueños de tierra, contra los estudiantes universitarios y contra la población en general alcanzó unos niveles de insania que parecía que el dúo estaba dispuesto a devorar un país que vivía postrado por el miedo y la práctica de la delación.

La voluntad de sofocar la protesta pacífica los llevó a cometer asesinatos fríos y premeditados de estudiantes, de ciudadanos autoconvocados cuyo único cargo fue pensar y, si acaso, decir que Ortega-Murillo no era la mejor opción para el país.

Entre 2007 y 2017, se dieron movimientos de ruptura, tanto en el orden intelectual como social, que señalan que algo se estaba desplazando en la sociedad, sin previo aviso, las protestas campesinas y el reclamo juvenil devinieron ser una llama para la conciencia cívica que rechazaba el autoritarismo, la corrupción y la impunidad, que se daban por inconmovibles en la política criolla.

Estas exigencias tenían un indudable carácter político elemental, tenía implicaciones transformadoras del orden político vigente. Sobre la marcha se configuró una organización de autoconvocados.

Universitarios prácticamente de todos los centros de estudios y buena parte de ciudadanos del país, amplios grupos sociales, clases medias mejor educadas, profesionales, encarnaron el reclamo, un reclamo unánime de legalidad y modernidad democrática. En realidad, el país experimentó una auténtica revuelta democrática, no hubo grupo social escapara al movimiento de abril.

Estoy convencido de que, sin la insurgencia del movimiento campesino, más de cien marchas, contra la concesión canalera no se hubiera creado las condiciones del movimiento de abril; el movimiento campesino no sólo exigía respeto a sus tierras, sino además plateaba una alternativa, un cambio en la política ambiental, la protección del lago Cocibolca.

En la primera fase, fue la represión tradicional, se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; en tanto que la segunda fase, fue la implementación de la operación limpieza, la cual fue utilizada para eliminar a punta de balas las barricadas y tranques situados en las carreteras y en las ciudades. La tercera fase ha sido la más cruda porque el gobierno utiliza el sistemas judicial y penal para arrestar personas y conducir procesos criminales y judiciales en su contra.

La violación de los derechos humanos a la ciudadanía es una de las expresiones más clara de la crisis actual. Han sucedido cosas que han sobrepasado todas las fronteras de la imaginación. Nadie se esperaba, por ejemplo, el ataque armado a la marcha del día de las madres. En la masacre del 30 de mayo se vio la máxima expresión del autoritarismo con la violencia brutal del Estado.

El 13 y 14 de julio 2018, ocurrió la más grave violación a la autonomía universitaria, cuando las tropas de la policía, paramilitares y grupos de choques pro-gubernamentales invaden el campus como territorio enemigo.

Los días previos estuvieron cargados de inquietud y agitación íntima y colectiva de los estudiantes y, cada vez más, de sus familias, amistades y vecinos.

El 13 por la noche y la madrugada del 14 de julio, se suceden los ataques coordinados de los paramilitares y las turbas pro-gubernamentales en el recinto universitario. La invasión estaba en marcha. Había gran actividad estudiantil en las escuelas y facultades de la UNAN-Managua.

Voces de alarma se oían en todas partes. Hubo movimientos nerviosos, se disolvían las reuniones, los estudiantes corrían para evitar las balas de los fusiles militares. Había desconcierto. Los estudiantes se refugiaron en la Iglesia de la Divina Misericordia, los paramilitares continúan disparando contra los estudiantes provocando dos muertos y varios heridos.

La política lo real es lo que no se ve

Desde 2007, Daniel Ortega abandonó los viejos ideales revolucionarios, abrazando el modelo capitalista de compadrazgo, manteniendo un talante autoritario, manipulando las instituciones y violando la Constitución Política; es decir, Ortega se transformó en el “Termidor” de la revolución social de 1979.

La política lo real es lo que no se ve. La política real se esconde detrás de las negociaciones debajo de la mesa, en el trasfondo de los acuerdos y pactos, en los intereses que mueven las alianzas -pasajeras o prolongadas-, en la falsa promesa, hasta en la inocente invitación a compartir la mesa o sumarse a la tertulia de una fiesta, etcétera.

Para analizar la política real hay que basarse no sólo en los planes del régimen, sino también en las complicaciones que pueden surgir de sus propias políticas. El mundo de la política criolla es un mundo de engaños, de hipocresía calculada y cinismo sin límites. De falsa modestia y oculta prepotencia. Un verdadero teatro.

En la historia política de Nicaragua nos enseña que las dictaduras siempre apuntan sus pistolas contra la inteligencia, porque una de su fuente de poder es la ignorancia de los ciudadanos “de a pie”, a los que oprimen. Cuando surge una protesta social masiva de los “de abajo”, el poder autoritario acusa de injerencia extranjera o a sectores de querer implementar un “golpe de estado”.

Antiguos enemigos políticos de Ortega hoy son sus aliados y amigos. Antes lo denigraban y hoy lo bendicen. Ortega les remunera con cargos y beneficios. Son los nuevos “orteguistas” que predican a favor de Ortega. Estos “orteguistas” tienen como doctrina los privilegios, las prebendas, el servilismo y la corrupción”.

El “orteguismo” se caracteriza por su cohesión en torno a la corrupción, a los beneficios que se obtienen de ocupar espacios de poder. Eso resulta atractivo a gente que lo único que quiere es un puesto, un cargo, un salario, prebendas, privilegios.

Con esa estrategia, entre 2007 y abril 2018, Ortega quería mostrar que él tenía numerosos aliados. Ortega jugaba a que tenía grandes aliados: liberales, somocistas, resistencia (ex contras), católicos, evangélicos. Quería enseñar que tenía muchos aliados cuando en realidad eran subordinados de él, que le servían de pantalla, para que hablarán bien de él, lo elogiarán y marcharán a favor de él y exhibir al exterior que, en Nicaragua, había consenso.

Fue la represión de los estudiantes por protestar por la quema en la Reserva Indio Maíz, la represión los adultos mayores en la ciudad de León y la represión en el Camino de Oriente lo que permitió el inicio de la explosión social de abril.

El movimiento de abril 2018, no estalló a través de un tranquilo proceso ininterrumpido, sino a través de una serie de protestas sociales separadas, espaciadas por intervalos bien definidos, a veces prolongados, durante los cuales se fueron modificando las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales.

Al observar el proceso social entre 2007-2017, se verá que el estallido social de abril 2018, venía precedido por pequeñas oleadas de malestar que se expresaron, entre otros, por las 95 marchas del movimiento campesino en defensa de la tierra, las protestas en las minas La India y El Limón, las movilizaciones de Rancho Grande y las incansables pequeñas luchas de ciudadanos en diferentes regiones del país.

Así, bajo la delgada cáscara de una normalidad autoritaria, cada vez más aislada de la sociedad y de un desarrollo económico engañoso, se dejó por fuera a importantes sectores de la población.

El descontento fue creciendo de manera invisible para los medios oficiales y para la mayoría de la clase política; a partir de abril 2018, el enfado social se expresó en las calles y arrinconó al régimen autoritario que se sentía inmune a las turbulencias sociales y políticas que tuvieron lugar en diferentes lugares del país.

Desde abril 2018, las contradicciones entre el régimen y la sociedad se aceleraron. Las posibilidades para mantener el mismo sistema político de alianza con el gran capital se agotaron; las condiciones económicas internas, la presión internacional, los nuevos liderazgos, etcétera; hicieron imposible volver para atrás. Cada paso comenzó a producir resultados contrarios a los intereses de la dictadura.

Desde abril de 2018, asistimos en “sensu stricto” al fin del ciclo político de Ortega-Murillo. Los acontecimientos entre abril 2018 a diciembre 2019 confirman el inicio del fin de la dictadura y la iniciación de una coyuntura política caótica y difícil.

De la crisis de abril 2018 surgen dos lecciones importantes: (a) antes de abril, el régimen juzgaba la situación política como muy estable para su permanencia en el poder de manera indefinida; (b) después de abril, la dictadura no se quedó esperando pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, sino que tomó la iniciativa, lanzando a sus bandas armadas a la calle para reprimir a los ciudadanos. Para Ortega-Murillo el mecanismo de mantenerse en el poder es esencialmente la represión.

Al movimiento de abril se le puede ver como un parteaguas en la lucha contra la dictadura, pero, a la vez, como una consumación de movilizaciones y confrontaciones sociales que se dieron entre el 2007 y 2017. Recordemos la lucha del movimiento campesinos, mineros, trabajadores de la zona franca, mujeres, ambientalistas, estudiantes, personas de la tercera edad, etcétera.

Entre 2007 y 2017, se dieron movimientos de ruptura, tanto en el orden intelectual como social, que señalan que algo se estaba desplazando en la sociedad; sin previo aviso, las protestas campesinas y el reclamo juvenil devinieron ser una llama para la conciencia cívica que rechazaba el autoritarismo, la corrupción y la impunidad, que se dan por inconmovibles en la política criolla.

Estoy convencido de que, sin la insurgencia del movimiento campesino, casi cien marchas, contra la concesión canalera no se hubiera creado las condiciones del movimiento de abril; el movimiento campesino no sólo exigía respeto a sus tierras, sino además plateaba una alternativa, un cambio en la política ambiental, la protección del lago Cocibolca.

Universitarios prácticamente de todos los centros de estudios y buena parte de ciudadanos del país, amplios grupos sociales, clases medias mejor educadas, mujeres, pequeños comerciantes, profesionales, encarnaron el reclamo; un reclamo unánime de legalidad y modernidad democrática. En realidad, el país experimentó una auténtica revuelta democrática, no hubo grupo social que escapara al movimiento de abril.

Miles de jóvenes se movilizaron contra la represión que el autoritarismo gubernamental había dado siempre por sentado para congelar los movimientos sociales, ya que antes del 18 de abril la incuestionable razón de Estado era ley por encima de la ley.

La juventud salió a las calles para impugnar al gobierno Ortega-Murillo en todas sus acepciones. Ha sido la movilización social más importante por la democracia en la Nicaragua en el siglo XXI. Desde abril 2018, no existe ninguna estabilidad para el régimen Ortega-Murillo.

El epicentro de la rebelión se inició en la ciudad de Managua, pero la onda expansiva se extendió por una buena parte del territorio nacional. En el fondo, lo que se cuestionaba era la vigencia del régimen que se consideraba sempiterno. El movimiento social de abril es un punto de inflexión en la historia política de Nicaragua.

Las movilizaciones estudiantiles alcanzaron diferentes centros universitarios, inmediatamente comenzaron las movilizaciones de campesinos y población en general en apoyo a los estudiantes; las redes sociales proliferaron, al igual que la simpatía de los ciudadanos “de a pie” y otros sectores sociales. La respuesta no se hizo esperar, el manotazo represivo arrojo decenas de muertos, centenares de heridos, indeterminado número de desaparecidos e innumerables presos políticos.

Las acciones implementadas mostraron que el régimen tenía a su disposición todas las palancas de mando policial y militar. El régimen implementó, para reprimir a la revuelta social, la combinación de dos estrategias, la “guerra de desgaste” y la “guerra de abatimiento”.

La utilización de los paramilitares y las fuerzas de choques para la destrucción de los tranques y las barricadas fue la expresión exterior del derrumbe completo del equilibrio político previo.

Los procesos que se desarrollan a posteriori de abril 2018, tienen una importancia excepcional para apreciar la situación política. La rebelión y crisis sociopolítica expresan, ante todo, la falta de confianza del pueblo en los partidos tradicionales para resolver el problema de cómo salir de la dictadura.

La última encuesta de Cid Gallup, septiembre 2019, revela que el 57 por ciento de la opinión pública ciudadana calificó de mal o muy mal la labor de Ortega-Murillo frente al Poder Ejecutivo, frente al 19 por ciento que lo respalda. Al mismo tiempo, señala que Ortega y Murillo cuentan con una desaprobación de menos -38 puntos y menos -25 puntos respectivamente.

El régimen permanece enormemente debilitado, y sigue marcado por el autoritarismo, la represión, la mala gestión y la corrupción masiva, tampoco es capaz de remontar la pendiente de la economía cuando en paralelo las sanciones norteamericanas, canadienses y europeas pesan mucho sobre las condiciones sociopolíticas y económicas de la “nueva clase” en el poder.

Frente a la ofensiva represiva del régimen se constata el mantenimiento de las fuerzas sociales y las resistencias colectivas que expresan que la rebelión de abril 2018 no ha sido derrotada; a pesar de la amplitud de la represión estatal y de la criminalización de las protestas con centenas de muertos, miles de heridos, prácticas de torturas, violaciones, desapariciones, detenciones ilegales y asesinatos por parte de una policía militarizada, los paramilitares y los grupos de choque.

El 82 por ciento de las personas que han muerto durante la crisis sociopolítica ha sido producto de disparos. De ese porcentaje, el 51 por ciento han sido a la cabeza, cuello y tórax, lo que deja claro el uso de francotiradores durante la matanza. El 64 por ciento de los asesinados eran menores de 40 años.

El régimen sabe que una nueva reacción popular no la podrá controlar y sería el inicio de la segunda ola de protestas sociopolíticas que culminaría con la caída de la dictadura.

Hay un proceso de recomposición de la lucha social que configura un período marcado por la incertidumbre, tanto desde el punto de vista del poder autoritario como de los sectores sociales. Estos intentan reorganizarse, pero en un contexto degradado por represión extrema y sin hacer el necesario balance crítico del período abril 2018 a diciembre 2019.

El futuro de Nicaragua no está prefijado, el futuro es pocas veces predecible. El objetivo de este análisis es diferenciar entre lo posible y lo imposible, y hallar las variantes más probables, entre las teóricamente posibles.

Hemos de tomar conciencia de los escenarios posibles y reflexionar sobre el rol de cada uno de los principales actores que vayan a intervenir, conocer sus intereses en juego y fijar el posible rumbo de la sociedad nicaragüense.

La tarea del análisis es interpretar los zigzags de la cúpula del poder y sus aliados. El objetivo de este ensayo es exponer los hechos concretos y aportar un análisis que contribuya al necesario balance.

Este análisis es solamente una hipótesis de trabajo sobre el proceso sociopolítico en movimiento constante y cambiante. La tarea de los sectores progresista es controlarlo constantemente, precisarlo más y más, acercarlo más a la realidad con el objetivo de derrocar a la dictadura.

Poderes Fácticos Internos

En política los tiempos cuentan. Es más, hacer política es saber medir los tiempos cuentan. Se dice fácil. Es mucho más difícil conciliar la inteligencia con la pasión a fin de alcanzar los objetivos políticos. El buen político convierte el tiempo en ventaja. A veces, la información recibes de tu adversario es más útil para establecer los tiempos políticos.

Los poderes fácticos, tanto de tipo financiero y económico como social, político e institucional, ejercen una enorme influencia en la definición de los parámetros de la vida y la lucha sociopolítica del país.

En las últimas décadas (1990-2019), el sector bancario y financiero consolidó su dominio sobre la economía. Las transacciones e inversiones se hicieron y se hacen cada vez más a la imagen y semejanza de la circulación del capital financiero.

El ciclo del capital productivo se fue subordinando cada vez más a los dictados de los intereses del sector bancario. Y las prioridades de la política macroeconómica se convirtieron en simple reflejo de las necesidades de los bancos y demás agencias del sector financiero.

La tasa de rendimiento promedio del capital ha estado en los últimos años por arriba del aumento del salario mínimo y de las remuneraciones medias nominales por persona ocupada. Por ello tenemos una creciente inequidad en la distribución del ingreso.

Hay una profunda inequidad en la propiedad de los activos que impacta negativamente en la distribución del ingreso. Más riqueza implica más ingreso y viceversa, principalmente entre aquellos cuyas percepciones provienen de la renta de la propiedad.

Los poderes fácticos del capital pueden, según las circunstancias, gobernar valiéndose de diferentes sistemas y métodos políticos. Así, el gran capital, en su trayectoria histórica, gobernó a través de los gobiernos conservadores, durante la dictadura somocista, en los años ochenta, en los gobiernos neoliberales y también durante la dictadura Ortega-Murillo.

Todas estas formas de gobierno conservaron el carácter de capitalismo dependiente, permitieron la concentración de las riquezas en pocas manos, beneficiando a los “de arriba” y empobreciendo a los “de abajo”.

Los poderes fácticos se atraen, aunque no necesariamente se identifiquen, sobre todo si a una de las partes le falta la convicción que a la otra le sobra. La notoria debilidad, ineptitud y afán de enriquecimiento de los poderes fácticos económicos y financieros favoreció que el régimen Ortega-Murillo tomara derroteros de cínica autorregulación, descarado disfraz de abusos, fraudes y engañifas contra el desarrollo, la identidad y la autoestima del pueblo que pretendía gobernar.

Ortega, como si fuera un personaje del Señor de los Anillos, ha sido incapaz de sustraerse al influjo más perverso y negativo del poder y se ha convertido en un dictador como los Somoza.

Los poderes de las elites en el fondo tienen algo de miedo de las movilizaciones sociales. No hay nada que asuste más a los poderes de las elites que una manifestación en la calle, en la plaza o una marcha, donde puede pasar cualquier cosa. Las calles, las rotondas y las plazas son los lugares donde se hace visible lo invisible.

Las calles, las rotondas y las plazas son espacios de las visibilidades, donde no se pueden ocultar los conflictos sociales y políticos. Se nutren de los mismos problemas que las alteras. Las calles son los que son, porque reflejan lo que pasa en la sociedad: es un escenario político social por naturaleza.

Las contradicciones que hay en la sociedad se escenifican en las calles, en las rotondas y en las plazas, en definitiva, son un teatro de las demandas y los conflictos donde las personas “de a pie” se pueden manifestar y expresar su disgusto o rechazo al poder.

Cuando el poder autoritario tiene miedo y reprime a los ciudadanos “de a pie” que se manifiestan en los espacios públicos abiertos es un síntoma que el proceso social comienza a tener presencia en las decisiones de la política nacional.

Los acontecimientos sociales y políticos de las sociedades maduran en la sombra, sin ningún tipo de control; los hechos que han madurado llegan a confluir y articularse de manera no visible para el establishment local; entonces parece ser la fatalidad lo que lo arrolla todo y a todos; para el poder el surgimiento del movimiento social se debe a una enorme conspiración, negando el desarrollo subterráneo de los procesos políticos y sociales.

A pesar de la represión generalizada, hoy Nicaragua es distinta, sin los funcionarios corruptos pavoneándose en las calles porque la gente se manifiesta públicamente contra ellos; les hace saber que son indeseables, despreciables, reprochables, miserables. Se lucha contra ellos, contra sus prácticas y su manera de esparcir odio y mentiras.

Familia Ortega-Murillo. Existe un grupo de unas 200 personas alrededor de la pareja presidencial que operan con mentalidad de cartel (familia ampliada, miembros de la nueva clase y altos miembros del aparato del estado). La historia política de este país ha sido historia de familias.

Este nuevo grupo de poder familiar ha cooptado todos los poderes del Estado. En el correr de los años demostraron que entre más poder fueron adquiriendo más soberbio se volvieron, comenzaron a cometer muchos errores y aislarse de la realidad del país.

Con la sanción del gobierno de Estados Unidos contra Rafael Ortega Murillo, a las empresas DNP-Petronic, Inversiones Zanzíbar y El Goliat se conoció un jugoso negocio de la familia presidencial, incubados a la sombra de la corrupción del dinero de Venezuela y del poder desmedido del régimen Ortega-Murillo.

En doce años (2008-2019) de construcción del eje monopólico DNP-Petronic, este negocio que no conoció leyes, reglas del juego, ni de límites ni de moral.

DNP-Petronic (propietaria de los tanques de almacenamiento de combustibles, gasolineras y distribuidoras de combustibles) operó todo este tiempo a sus anchas, no pagó los impuestos que le correspondían, sobre todo el de la renta, con lo que incurrieron en una gigantesca evasión fiscal.

El grupo económico Ortega-Murillo obtuvo ganancias, por el control de los combustibles, por encima de los US$ 720 millones de dólares en una década.

A eso hay que agregarle los contratos de las empresas Zanzíbar, Goliat y muchos otros negocios que pasaron “invisibles” en este período, para el gran público, como restaurantes, tiendas duty free en el aeropuerto.

Además, tienen escondidos miles de millones de dólares en cuentas off shore en los paraísos fiscales. Sus activos son vastísimos, desde hoteles, haciendas ganaderas y cafetaleras, hasta generadoras de energía.

Poder Ejecutivo/ Gobierno: El poder presidencial domina los otros poderes del Estado (Legislativo, Electoral, Judicial). Desde el 2007, el poder ejecutivo, en manos de Ortega-Murillo, ha logrado concentrar el poder total y reforzar el autoritarismo.

La estrategia del régimen ha sido crear la “presidencia imperial” donde no hacen falta argumentos ni razones. No se requiere convencer ni consensuar, solamente ordenar.

La elección de los funcionarios del Estado se hace con la lógica de consolidar todo el poder en la “presidencia imperial”. El actual control del poder que tiene Ortega nunca lo tuvo ninguno de los Somoza.

La fuerza del régimen se basa en seis puntos: a) alianza con sectores del capital privado en manos de la nueva oligarquía nacida al amparo del poder; b) control de las fuerzas de seguridad tanto de la policía como del Ejército; c) control mayoritario de los medios de comunicación, d) cooptación de los movimientos sociales afines al gobierno; e) subordinación de los otros poderes del estado, de los alcaldes municipales y de los partidos zancudos; y, f) apoyo de los paramilitares y grupos de choque. Todos estos son los sectores que sostienen a la dictadura.

El poder ejecutivo es el punto clave de todo el país, ya que desde ese centro se configura el desarrollo de todos los demás niveles de poder, considerados como “periféricos”.

El poder ejecutivo controla la autoridad central y definitoria del país, característica que se ve reflejada también en el control de los aparatos del Estado: sistema judicial, sistema electoral y los aparatos de seguridad (ejército y policía).

La judicialización de la política y la conocida falta de independencia del poder judicial respecto al poder político central es un claro ejemplo de la subordinación del sistema judicial al poder ejecutivo y su utilización como órgano de represión.

Una debilidad del régimen es la corrupción y la desigualdad. Por ejemplo, en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se han producido erogaciones por miles de millones de dólares por adquisiciones no financieras violentando la ley, sin licitaciones en beneficio de miembros de la “nueva clase”. Macrocorrupción que se da, también, en otras instituciones del estado.

Partido de Gobierno: Depende directamente de Ortega-Murillo. La militancia ha dejado de lado la lucha de clases, la lucha ideológica; ahora es la lucha por los puestos.

Los nuevos militantes “carnetizados” (la mayoría de ellos empleados públicos y sectores juveniles) quienes han convertido su militancia en un “modus vivendi”, prefieren no pensar y seguir las consignas desde arriba para mantener sus puestos de trabajo e ingresos.

La mayoría de las personas que hoy ocupan los principales cargos de gobierno están imbuidas de un espíritu de pandilla, un pacto de sangre, en el que todos defienden a todos. Dentro de esa lógica nunca se emprenderá acciones legales contra quienes se le atribuyen actos no transparentes con el dinero público del Estado.

Retener el poder es un imperativo insoslayable para la “nueva clase”, porque el poder, para ellos, es como el oxígeno que les permite mantener sus privilegios e incrementar su acumulación de capital.

En el partido de gobierno las relaciones se basan por el grado de incondicionalidad, satelismo y lacayismo, y se considera solo militantes aquellos que incondicionalmente aceptan todo y son incapaces de discrepar absolutamente nada.

Los partidarios del gobierno Ortega-Murillo reciben las siguientes orientaciones: tú no piensas, solo obedeces; tú no actúas, solo ejecutas; tú no decides, solo cumples; tú vas a ser la mano y la voz de la voluntad del caudillo y de la “heredera”.

La política autoritaria militarista de mando vertical no deliberativa, permite que los abusos de poder se vean normales. A nombre de la supuesta “segunda etapa de la revolución” se fueron borrando, poco a poco, los límites entre lo público-estatal y lo público-partido-familia presidencial.

Cuando la familia presidencial consideró que las fronteras entre lo público-estatal y lo público-partido-familia constituyen separaciones que deben ser superadas en nombre de la revolución, se van diluyendo la frontera entre lo público y lo privado. De esta manera se crearon las condiciones políticas-institucionales para la masiva corrupción que ha caracterizado al gobierno Ortega-Murillo en todos los niveles.

Las primeras manifestaciones de crisis y distanciamiento de las bases del partido de gobierno se expresaron en las elecciones del 2016 y 2017.

La abstención en esas elecciones de una parte considerable de su base social demostró que la política clientelar había comenzado a ser aguas. Solamente el 10 por ciento de la población ha recibido láminas de zinc, el 4 por ciento juguetes para los niños, 2 por ciento animales de granja y 1 por ciento semillas para siembra o alimentos.

Es decir, el clientelismo político practicado con el dinero venezolano no tuvo las repercusiones sociopolíticas permanentes, tuvo un efecto transitorio por las limitaciones de alcance que tuvo y por la corrupción que se practicaba en direcciones de los diferentes proyectos; eso trajo como consecuencia cierto malestar entre la población pobre.

El distanciamiento de esa base social descontenta y volátil, el voto blando, se fue incrementado, poco a poco, por las medidas autoritarias que muchos de los dirigentes locales, municipales, barriales y nacionales ejercían cotidianamente. Fenómeno que no fue percibido por la cúpula política del régimen, posiblemente los informes alterados de sus responsables.

La crisis de abril 2018, lo que hizo fue incrementar ese distanciamiento y descontento debido a las muertes, heridos, presos y desaparecidos que el régimen Ortega-Murillo ha implementado y que han afectado directamente e indirectamente a la base social amplia que tenía el partido de gobierno.

Después de abril 2018, muchos “militantes carnetizados” expresan su desacuerdo con la política del régimen. A partir de abril 2018, el partido de gobierno ha perdido mucho de su base de social.

Por el abandono de muchos principios originales, y por su sectarismo, su arrogancia, su negativa a renovarse, y con los principales cuadros señalados como corruptos, el partido de gobierno dejó de ser un partido progresista. Aunque han impulsado algunos proyectos sociales, a la vez, los han usado para enriquecerse. Recurren al pasado sin mirar hacia el futuro, y esto hace que el FSLN se encuentre encallado.

Partidos de Oposición: La crisis de los partidos políticos tradicionales se conoce desde las elecciones de noviembre de 2016 cuando cerca del 70 por ciento de los votantes no acudieron a las urnas. Los mismo sucedió en las elecciones municipales de noviembre 2017.

Los partidos políticos que participaron en esa contienda electoral “amañada” fueron los partidos políticos zancudos o comparsas. Desde esa fecha se hizo evidente el deterioro de los partidos zancudos en imaginario colectivo de la población.

Muchas personas, cuando les preguntan sobre los partidos políticos piensan inmediatamente en los partidos comparsas que no tienen ninguna credibilidad. Ortega al transformar a los partidos en zancudos los deslegitimó antes los ojos de la población.

Los políticos tradicionales piensan que no hay gobierno que funcione sin el aceite de la corrupción. La corrupción lubrica, sostienen. Ortega-Murillo aprovecho esa visión de la política para corromperlos y comprarlos. La lucha contra la corrupción requiere una revolución cultural, en la cultura política.

La crisis sociopolítica de abril 2018, vino a demostrar la ausencia de legitimidad y de protagonismo de los partidos políticos tradicionales en la búsqueda de solución a la actual crisis. Es decir, la crisis termino de profundizar la debacle de los partidos políticos zancudos.

Los ciudadanos, en sus demandas en las calles, nadie levanta la consigna a favor de ningún partido político comparsa. Todos hablan de la necesidad de crear una nueva estructura política para terminar con la dictadura Ortega-Murillo.

Los “dirigentes” de los partidos zancudos no se vieron en las marchas, los que quisieron aprovecharse del descontento popular fueron abucheados, desaprobados, criticados por los ciudadanos autoconvocados.

La llamada “oposición comparsa” está subordinada y dependiente del poder presidencial, son eslabones de dominación de la “presidencia imperial” que le sirve y apoya.

Los partidos comparsas y/o zancudos, son una oposición formal al gobierno Ortega para el cual son funcionales. Los partidos zancudos hasta ahora han votado todos los proyectos en la Asamblea Nacional, sin diferenciarse del gobierno.

Existe un interés del régimen de revivir a los partidos comparsas. Posiblemente en un diálogo ampliado van aparecer algunos dirigentes de los partidos zancudos. Sin embargo, no tendrán ninguna legitimidad de cara a la población.

En la oposición real hay diferentes corrientes conectadas a las luchas sociales. Hay una búsqueda de encontrar un programa mínimo para actuar coordinadamente. La verdadera oposición se encuentra en la resistencia ciudadana. Sin embargo, existe una corriente que está a favor de una política de apaciguamiento para favorecer una “salida en frío”.

Con el objetivo de debilitar a la oposición real el régimen Ortega-Murillo actúa de diferente manera: intimidando y represión a los líderes excarcelados y a los ciudadanos autoconvocados; impidiendo el regreso el liderazgo que permanece en el exilio; cerrando la opción de la negociación para mostrar su incapacidad política; reviviendo a los partidos políticos tradicionales ya sea zancudos o no (PLC, CxL, APRE, ALN, PC, PLI); y fomentando las divisiones internas a través de los infiltrados en las diversas organizaciones.

Capital Local / Gran Capital (COSEP): Los grandes capitales han tomado distancia Ortega-Murillo. Ellos habían dado la sombrilla empresarial al régimen, a cambio de un buen ambiente de negocios para obtener ganancias extraordinarias.

Habían preferido hacerse de la vista gorda frente a la demolición completa de la oposición política y al acaparamiento absoluto de todas las instituciones y poderes públicos. Hoy tienen temor de pagar los costos de su insensatez, por eso se aferran a una “salida al suave” que significa el “orteguismo sin Ortega”.

El sector del gran capital es responsable que Nicaragua esté retrasada en la modernización de la economía, porque no tienen una visión empresarial realmente efectiva.

En su lógica, persiste una adhesión al paternalismo porque esperan que el gobierno resuelva todo en lugar de emprender proyectos propios de largo plazo, buscan la rentabilidad de sus inversiones vía exoneraciones y se apegan a inversiones especulativas que les rindan ganancias de inmediato.

Existe una “combinación perversa” entre el régimen, que se empeña en negar la magnitud del atraso del país y los empresarios nacionales, que no invierten en proyectos a largo plazo.

El gremio de los grandes y medianos capitales no representa a más del 5 por ciento de todo el empresariado nicaragüense, donde más de dos tercios de las empresas son informales.

Las ventajas de este grupo son formidables bajo el régimen Ortega-Murillo, solo las exoneraciones fiscales que reciben representan entre el 8 por ciento y 10 por ciento del PIB (aproximadamente US$ 1,000 millones de dólares anuales).

Antes de abril 2018, el gran capital era aliado del régimen; a partir de abril, toma distancia; sin embargo, son favorables de una “salida al suave” a la crisis sociopolítica.

Según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), hasta el 06 de septiembre 2018 tenían registro de 9,800 manzanas que habían sido afectadas por invasión ilegal, de las cuales 2,483 manzanas, propiedades pertenecientes a extranjeros y a miembros de la “nueva clase”, habían sido desalojadas por la policía.

A finales de 2019, 7,317 manzanas de tierras siguen ocupadas en ocho departamentos del país. Esto ha provocado pérdidas por US$ 17.1 millones de dólares a 36 propietarios asociados a UPANIC y no así otros afectados que no pertenecen a esa organización.

Nueva clase: Ortega, al carecer cada vez más de principios, motivaciones ideológicas e ideas propias, sólo tiende a confiar en lo más primitivo y ancestral: los lazos de sangre de la familia directa, para mantener el poder.

La “nueva clase” padecen el síndrome estalinista de que no hay que cuestionar a quien conduce el gobierno, ellos lo ven de la misma manera como el que conduce un automóvil, al cual no hay molestarlo, no importa que esté borracho o lleve a sus pasajeros al abismo.

La “nueva clase” son los miembros del “partido oficial”, los que están en el gobierno, que se han enriquecido gracias al poder presidencial y al dinero venezolano. Son aliados del gran capital, aunque sean aliados coyunturales por el momento, aunque desean ser reconocidos como parte de la clase dominante.

Los favores del gobierno al sector permitieron el enriquecimiento extraordinario de muchos y el surgimiento de un grupo de millonarios desde el 2007 a la fecha.

El hermano del presidente, Humberto Ortega, hace pública, el 04 de julio, una carta en la que propone adelantar las elecciones presidenciales como la salida pacífica a la crisis que vive el país. Sin embargo, no menciona en ninguna ocasión la represión impuesta por su hermano. Reconoce que existen fuerzas militares irregulares e ilegales y aboga por el desarme de los grupos parapoliciales a cambio de quitar los tranques.

El 11 de diciembre de 2019, en un campo pagado, nuevamente pide elecciones para resolver la crisis sociopolítica y la liberación de todos los presos políticos. Un año atrás, el presidente Ortega acusó a su hermano menor de ser un peón de la “oligarquía” del “imperio”, en alusión al gran capital y a Estados Unidos.

Humberto Ortega se presenta como el portavoz de la “nueva clase” enriquecida al amparo del gobierno Ortega-Murillo y desea ser un puente de negociación con la oligarquía y la vieja burguesía. Todos ellos son favorables por una “salida al suave” de la crisis, que significaría mantener un “orteguismo sin Ortega-Murillo”.

A mi criterio, el adelanto de las elecciones va a depender de cuatro factores básicos: 1) La presión internacional. 2) La presión de la calle. 3) Las negociaciones del régimen con el gran capital. 4) La correlación de fuerzas entre las diferentes corrientes de la cúpula gubernamental.

Hay que tener en cuenta que al interior del círculo íntimo del poder existen al menos dos tendencias bien definida.

Una favorable a una salida negociada con el objetivo de preservar los bienes adquiridos, conservando una fuerza social y política considerable que le permita tener un espacio en el escenario nacional.

La otra es favorable a continuar la represión, aplicando el método de eliminar a los principales líderes de la rebelión, de los tranques y los intelectuales críticos más visible en el panorama nacional.

Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN): Antes de abril 2018, estaba dividida un sector mayoritario a favor de mantener un perfil bajo y amigable con el gobierno. Un sector minoritario más crítico al proceso político-social encabezado por Ortega-Murillo.

Después de abril 2018, se mantiene las dos corrientes, aunque con menor peso el sector favorable a mantener un perfil amigable hacia el régimen, debido principalmente a la represión que ejerce el régimen hacia sectores importantes del clero en diferentes departamentos del país.

La CEN propuso a Ortega, el 7 de junio 2018, adelantar los comicios generales de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección, para superar la crisis.

Los obispos de la CEN, se pusieron al lado de los jóvenes y de los ciudadanos, los acompañaron y abrazaron sus demandas democráticas; pero, sobre todo, hicieron una férrea defensa de la vida de los pobladores sublevados contra el autoritarismo. Daniel Ortega, en el discurso del 19 de julio de 2018, cargó contra los obispos de la CEN, a quienes tildó de “golpistas”.

El actual Nuncio Apostólico, representante del Estado Vaticano, es un aliado del gobierno Ortega-Murillo. Desde un comienzo la mediación del Nuncio ha servido para legitimar al régimen Ortega-Murillo. Todo parece indicar que el representante del Vaticano es favorable a una “salida al suave” de la crisis sociopolítica.

Al lograr el exilio del Obispo Báez, el Vaticano le lanza un salvavidas al régimen a pesar de que no ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo de 2019. La salida de Báez es parte de la estrategia para implementar un pacto entre los poderes fácticos.

El 24 de septiembre 2019, el dictador acusó a los Estados Unidos, a la Iglesia Católica, al empresariado y la sociedad civil por alentar las protestas sociales.

Se mantiene el distanciamiento entre la Iglesia y el régimen. Muchos sacerdotes y algunos obispos tienen una posición favorable a las demandas de los ciudadanos: democracia, justicia, reparación, libertad a los presos políticos y cese de la represión.

El retiro del apoyo financiero de 38.2 millones de córdobas del presupuesto a las diferentes iglesias del país, la persecución contra sacerdotes, intimidación a los fieles y acoso a los templos católicos es parte del menú de la política represiva del régimen.

Iglesia Evangélica: Representa alrededor del 35 por ciento de los creyentes nicaragüenses. La Asamblea de Dios es la denominación mayoritaria.

Muchos pastores son asalariados del régimen, otros tienen diferentes beneficios.

Dividida un sector mayoritario a favor de mantener un perfil bajo y amigable con el régimen. Un minoritario más crítico al proceso político-social.

Ejército Nacional (EN): El 12 de mayo 2018, el Ejército emitió un comunicado ambiguo, a través del cual hacía un llamado a la no violencia, respaldaba el diálogo y a la Conferencia Episcopal, pero no condenaba las muertes provocadas por las fuerzas paramilitares del Gobierno. Posteriormente adoptaron la tesis del “golpe de estado”. Hay muchos indicios de la participación del personal militar activo en el desarme de los tranques.

Desde el 2007, los altos mandos han sido sistemáticamente cortejados por el régimen Ortega-Murillo, les han ayudado financieramente, le han cedido espacio en la administración del Estado o paraestatales como ALBANISA.

También el régimen les aumentó su presupuesto en un 7.59 por ciento anual en los últimos 12 años, el doble del crecimiento promedio anual del PIB de Nicaragua.

Los altos mandos militares han recibido apoyo gubernamental para crear empresas propias y, junto con muchos oficiales, se beneficiaron de una serie de ventajas salariales y laborales.

Los mandos superiores están alianza con el poder presidencial. Muchos de los altos mandos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder. No hay ningún malestar evidente en la tropa. El poder fáctico que sostiene este modelo político-familiar es el Ejército y la Policía.

Toda crisis sociopolítica nacional tiene, inevitablemente, una repercusión en el Ejército. La rebelión de abril 2018 supuso una extrema exacerbación de lucha sociopolítica en las ciudades y en el campo, y, por consecuencia, también en el Ejército. 

Desde abril 2018, se han producido en el Ejército oscilaciones inevitables, se ha librado en él luchas internas no visibilizadas por el gran público.

Hay que tener la claridad política de que las fracciones más democráticas del Ejército no se pronunciarán, abierta y activamente, al lado de los ciudadanos insurrectos hasta que vean con sus propios ojos que los ciudadanos son capaces de vencer.

La estrategia implementada, por el alto mando militar en concordancia con el poder ejecutivo, ha sido pasar a retiro a los altos oficiales señalados por la inteligencia militar como simpatizantes de las protestas, evitando así, que sectores del Ejército pudieran apoyar las manifestaciones.

La tarea del régimen ha sido la de no permitir el acercamiento entre los ciudadanos insurrectos y el Ejército, para evitar la contaminación de la rebeldía ciudadana.

La inteligencia militar, con la asesoría cubana, trata de conocer el estado de ánimo de la mayoría de los altos oficiales del Ejército, quienes forman parte de la nueva clase enriquecida.

Así mismo, descubrir el posible malestar entre mayores, capitanes y tenientes que hacen de tripas corazón con sus salarios y ven sus pensiones en peligro de volatilizarse por culpa de un general sumiso que atornillándose en su posición ha truncado cientos de posibles ascensos.

Por último, el trabajo de la inteligencia militar es conocer el estado de ánimo de los soldados y suboficiales ya que pueden tener influencia, posiblemente, del descontento que viven sus familiares al igual que los ciudadanos en general por la crisis sociopolítica.

Policía Nacional (PN): Al igual que en el Ejército, los mandos superiores de la Policía están alianza con el poder presidencial. Algunos de ellos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder.

La Policía en alianza con los paramilitares y grupos de choque son los principales actores de la represión social mientras la cúpula del Ejército sirve de soporte tanto a la Policía como al régimen.

En relación a los paramilitares, Daniel Ortega en declaraciones a diferentes televisoras internacionales manifestó cuatro versiones diferentes: a) eran grupos financiados por los partidos opositores; b) que eran financiados y entrenados por los Estados Unidos; c) que son policías voluntarios; d) que eran ciudadanos que defendiéndose de los ataques de los manifestantes.

Sin embargo, toda la población y la comunidad internacional saben que esos paramilitares obedecen al mandato del gobierno, que actúan junto con la policía y que gozan de la impunidad gubernamental.

La Policía actúa como una fuerza política y represiva al servicio de los intereses del régimen Ortega-Murillo, en contravía de su mandato constitucional de proteger sin distingo a todos los ciudadanos.

Las cúpulas de la Policía y Ejército están integradas a la nueva clase y son favorables a la recomposición de la alianza con el gran capital y al mantenimiento del régimen Ortega-Murillo.

La Policía, tanto como el sistema judicial elaboran sus mentiras oficiales para justificar sus crímenes, pero las evidencias de los hechos presentados por testigos que fotografiaron o filmaron con sus celulares derrumban cualquier acusación oficial que falsifican los hechos.

La Policía tienes doble rol, reprimir y atemorizar a la población con su presencia armada en las calles, ejecutar ataques violentos en diferentes ciudades del país, y proteger, encubrir y apañar a los paramilitares mientras estas hacen uso de la violencia.

En septiembre 2019, en el 40 aniversario de la policía, el régimen se apresuró a graduar nuevos cadetes y perros policía, tan mal entrenados los unos como los otros. Seiscientos ascensos en la policía –de rango la mayoría, no de posiciones de mando– con el objetivo de comprar fidelidad en una tropa que se ha convertido en el principal sostén de la dictadura.

Juventud: El 70 ciento de la población es menor de 30 años. Hoy en día los jóvenes luchan por la ampliación de derechos humanos, sociales y políticos; y por la redistribución de la riqueza como algo inherente a sus vidas.

El tema de la juventud es esencial. En Nicaragua, de acuerdo al informe titulado “Trabajo decente y juventud en América Latina, políticas para la acción” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2014, se estimaba que de los 1.2 millones de personas entre las edades de 15 a 24 años el 19.5 por ciento ni estudiaban ni trabajaban (los llamados ninis).

La gran mayoría de las personas de los desempleados y trabajadores informales son personas jóvenes y mujeres; la gran mayoría de ellos de extracción humilde y del interior del país.

Ambos elementos explicarían que la gran mayoría de los jóvenes alimentan las protestas sociales abiertas o encubiertas contra el régimen.

Desde abril 2018, la gran mayoría de los jóvenes se han expresado, de diferentes maneras, en contra del régimen Ortega-Murillo. El problema de la falta de empleo para los jóvenes ha sido un detonante importante en la rebelión social.

Los jóvenes en la batalla contra la dictadura han sido y son la palanca estratégica a favor del cambio que los políticos tradicionales olvidan.

Sin embargo, la falta de empleos, la recesión económica, la precariedad del salario, las malas condiciones sociales y la represión empuja a los jóvenes más conscientes a emigrar.

El régimen ha perdido al estudiantado, a la juventud en general como lo demostraron las corajudas protestas de los estudiantes en las promociones escolares en diferentes partes del país; sin embargo, no aseguran luchas inmediatas, ni masivas futuras resistencias en las calles.

Al interior de la Juventud Sandinista se practica el fanatismo político. Inevitablemente el fanatismo nos conduce al fundamentalismo. Un fundamentalista es alguien que cree que es dueño de la verdad, y por esa verdad es capaz de hacer cualquier cosa, incluso las que la mayoría de las personas consideramos éticamente reprobables: matar. La cultura de la muerte es también parte del fanatismo.

Sindicatos. El Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que Nicaragua presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que comprende aproximadamente a 80 por ciento de los trabajadores del país.

El régimen Ortega-Murillo ha logrado reducir la lucha sindical a una demanda por el salario mínimo de los trabajadores activos y agremiados como productores y consumidores (que son sólo una parte menor de la clase trabajadora).

Los sindicatos y las centrales obreras pasaron a ser un instrumento del partido de gobierno. Fuera de los sindicatos quedaron los desocupados, los trabajadores precarios, los campesinos y la gran mayoría de las trabajadoras.

En los sindicatos, por encima de los afiliados, se construyó una losa de plomo, la burocracia sindical, que decide todo en nombre de los afiliados sin consultarlos, y que defiende antes que nada su organización como fuente de sus privilegios y prebendas, sin preocuparse por los intereses generales de los trabajadores.

Bajo la superficie del consumismo (utilizado como anestésico social), la cooptación de líderes sindicales intermedios se convirtió en una labor prioritaria del régimen y de los líderes sindicales.

La casta política/sindical –con sueldos superiores a los dos mil dólares mensuales– no tiene relación ninguna con la realidad social de la pobreza de la mayoría de la población. Y esa es la casta encargada de dirigir y orientar a los asalariados del país.

La mutación que se producido en los dirigentes de las organizaciones manipuladas por una burocracia que goza de los privilegios del poder y enriquecida inexplicablemente.

Son los dirigentes del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), de la Asociación Nacional de Enseñantes (ANDEN), de la Confederación General de Trabajadores José Benito Escobar (CGT/JBE), de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP).

La clase obrera no es muy numerosa, no hay debate ni discusión sobre las condiciones laborales. Los asalariados formales pierden, año con año, su poder de compra. La tasa de empleo informal se ubica alrededor del 80 por ciento de la PEA.

Desde el 2007 muchos sindicatos independientes murieron y otros se debilitaron hasta la irrelevancia por la represión, con lo cual desapareció el poder de negociación de los trabajadores.

No hay sindicatos independientes capaces de organizar una resistencia social a las políticas contractivas del régimen, cualquier intento de conformación de un sindicato independiente es reprimido ya sea con despido o prisión.

Por ello, se consolidó el estancamiento de los salarios reales, rasgo negativo que perdura hasta la actualidad. Esa parálisis en la evolución de los salarios trajo consigo una deficiencia en el mercado interno.

Por otro lado, dirigentes sindicales admiten que los sindicatos afines al gobierno, han aceptado “solidariamente” la reducción de sus salarios en las maquilas para lograr que más empresas de este tipo se instalen en Nicaragua.

Movimiento Social: Ante de abril 2018, el movimiento social se movilizaba alrededor de temas como la migración, canal, minas, etcétera. Sin embargo, eran movimientos de poca repercusión nacional, salvo el movimiento campesino. Aunque tuvieran fuerte presencia a nivel local. La única oposición social que amenazaba al poder autoritario es la lucha contra el canal.

A partir de 2016 y 2017, las movilizaciones tuvieron mayor presencia que los años anteriores por el deterioro de la situación económica y social. ¿Cómo lo resolvió el gobierno? con más represión.

El éxito de las marchas de los campesinos por la derogación de la Ley 840 no viene dado por la revocación o no en la Asamblea Nacional de la ley, sino por la capacidad de situar en la agenda política nacional la necesidad de un proyecto diferente frente al proyecto autoritario de Ortega y de las élites.

Ya sean las marchas de Rancho Grande rechazando la concesión minera o la marcha de San José de Bocay (Jinotega) demandando sus cédulas de identidad; significa, en definitiva, el surgimiento de un movimiento social no detectado por los políticos tradicionales

Los movimientos sociales fueron incrementando su presencia, mayor cantidad de personas se movilizaban, aunque de manera dispersa y aislada. En el campo, dispersos y a cuenta gotas, los muertos pasan desapercibidos en la mayoría de los medios.

A partir de abril 2018, los movimientos sociales se transformaron en un actor de primer orden de la política nacional. Los movimientos de estudiantes, de ciudadanos autoconvocados y de los campesinos adquirieron un peso político nacional considerable.

La sociedad nicaragüense ya se hartó de falsas promesas repetidas hasta la náusea por muchas décadas. Las grandes mayorías quieren alternancia, pero no con partidos zancudos y representantes tradicionales que ya han probado ser la misma cosa con diferente cara, sino más bien con proyectos distintos y diferenciados de los que ahora repudian porque no las han beneficiado en ningún sentido.

En el transcurso del año 2018, se realizaron tres huelgas generales. La primera huelga nacional fue el 14 de junio, la segunda fue el 13 de julio ambas exitosas. La tercera huelga del 07 de septiembre, ha sido acatada por el 90 por ciento de la población, bancos, empresas, comercios, colegios, mercados, etcétera.

La represión y cancelación de su personería jurídica y expropiación de los bienes materiales de nueve Organismos No Gubernamentales (ONG’s), del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y de los medios de comunicación independientes (Confidencial y 100% Noticias), lo cual despertó un avispero de condenas internacionales que el régimen Ortega-Murillo no supo valorar previamente.

Movimiento de Mujeres: Antes de abril 2018, el movimiento de mujeres había renacido en la presencia local. Por ejemplo, Ocotal, la lucha contra la violencia de género, a favor del aborto terapéutico, etcétera).

Después de abril, las mujeres han tomado las riendas de muchos liderazgos sectoriales y locales desde el inicio de las protestas. Las madres de los caídos, de los presos políticos y de las organizaciones de los campesinos, las lideresas de los mercados han encabezado las marchas en diferentes ciudades.

En las fábricas maquiladoras hay aproximadamente unas 120 mil mujeres, el gremio laboral más importante del país. Sin embargo, el grado de organización es limitado por la represión extrema de los empresarios y del régimen. Los intentos de demandar mejores salarios y la libertad organizativa han terminado en despidos, cárcel y violencia.

Los abusos cometidos por agentes del Estado y empresarios contra los trabajadores de la zona franca se han incrementado. Usan la ley como instrumento de persecución política.

Por otra parte, el incremento del desempleo, producto de la crisis sociopolítica, hace que las trabajadoras de la zona franca prefieran conservar sus puestos de trabajo.

Las mujeres más jóvenes tienen dificultades para conseguir trabajo formal, salvo en las zonas francas, por el nivel de escolaridad, asociado a la pobreza y a la maternidad temprana.

Del total de embarazos que se registran en Nicaragua cada año, el 24.4 por ciento son de adolescentes, es decir, decir, 92 de cada 1,000 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años son madres, siendo este país el que registra un mayor índice de embarazos en adolescentes en América Latina.

Medios de Comunicación: Controlados, la gran mayoría, por el poder presidencial ya sea directamente o por su alianza con el empresario Ángel González.

Los medios independientes son clausurados o perseguidos. Por ejemplo, entre octubre y noviembre 2019, el régimen ha cometido más de 120 delitos contra la libertad de prensa reprimiendo a los periodistas independientes.

El plan del gobierno Ortega-Murillo ha sido controlar todos los medios de comunicación independientes: Canal 10 de TV, sacar del juego al Canal 12 de TV, confiscar al Canal 100% Noticias, Confidencial, tener en la mira a Radio Corporación y destruir las radios Mi Voz y Radio Darío de la ciudad de León. Suprimir radios locales de diferentes departamentos.

La violencia contra los periodistas independientes se ha hecho costumbre. Sea por denunciar al autoritarismo, investigar la corrupción o evidenciar la impunidad, o la confluencia de todo ello. El periodismo es víctima de una represión sin reglas donde el objeto es silenciar al mensajero.

El avance de la democracia real requiere de un periodismo libre, de una prensa que pueda hablar, publicar y criticar sin cortapisas, porque no es el silencio, sino la palabra libre lo que fortalece a Nicaragua.

El periodismo libre no sólo es un derecho constitucional, sino también una mirada crítica que da vida y sustento a la democracia, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Si los medios callan, la democracia retrocede.

Controlar, perseguir, suprimir los medios de comunicación independiente es indispensable tiene el objetivo para que la “vocería oficial única” es tratar de imponer a todos, una verdad única, para eso es necesario sobre los hechos pasados, presentes y futuros.

Si los hechos históricos reales no son conformes al dogma de la verdad única oficial que se quiere difundir, basta negar su realidad e inventar nuevos “hechos alternativos falsos”, con el fin de imponer la mentira institucional del Estado dictatorial como el “hecho real verdadero”. El objetivo de la “vocería oficial” es que los ciudadanos pierdan confianza en los “hechos reales” y acepten los “hechos alternativos falsos”.

Muchos se enojan porque se sienten burlados, menospreciados en su inteligencia; otros se ríen y celebran burlonamente los dicharachos de la “vocera oficial”. Pero hay quienes ven más allá y descubren los hilos de la manipulación política, la escondida intención de distraer a la gente, desviándola en lo posible de sus preocupaciones válidas y cotidianas.

Hay que estar claro que el propósito de la “vocería oficial” es mantener el control sobre la población para que no se entere de los hechos reales que son contraproducentes para el régimen; para eso manipula la realidad de lo que está sucediendo y censuran las voces críticas.

Poderes Fácticos Externos

El régimen está aislado y con una mínima capacidad de maniobra a nivel de los poderes fácticos externos. Sin embargo, el régimen mantiene la represión interna, con la ilusión que en el mundo existe una saturación de los numerosos problemas políticos que cada día se hará más difícil mantener la atención sobre Nicaragua.

Ellos tienen la idea que la administración estadounidense enfrenta su propia crisis con el proceso de “impeachment” en contra de Trump o la Unión Europea con el tema de migración o el Brexit. Sin embargo, el tema nicaragüense sigue estando en la agenda política internacional.

Las sanciones internacionales son como las banderillas que le ponen al toro para desangrarlo, pero las banderillas no lo matan, solo lo debilitan. El régimen se vuelve más sensible por la presión externa, pero solamente la acción interna le podrá dar el “jaque mate” político.

El régimen Ortega-Murillo expulsó del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH). Quiere silencio total, impunidad y cero testigos.

La Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han llamado en reiteradas ocasiones al régimen Ortega-Murillo a retomar el diálogo, al cese de la represión, al desarme de los paramilitares, a la liberación de los presos políticos y al adelanto de las elecciones. El régimen no responde y se niega a retomar el diálogo.

Todos los principales poderes fácticos externos (Estados Unidos, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vaticano) presionan con mayor intensidad para empujar la negociación para una salida o aterrizaje al suave a la crisis sociopolítica.

Estados Unidos: La economía nicaragüense está muy ligada a Estados Unidos. De ese mercado dependen cuatro fuentes de ingresos fundamentales para su crecimiento: turismo, remesas, exportaciones e inversiones extranjeras directas. Además, Estados Unidos es el principal socio financiero del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fuentes principales de recursos para que Nicaragua financie sus programas de inversión pública, así como la balanza de pagos.

Es el país que tiene más influencia en Nicaragua, la ley “Nica Act” es una demostración de su poder. Estados Unidos es principal mercado tanto para las exportaciones como las importaciones, más del 50 por ciento de las remesas provienen de Estados Unidos. Su influencia la ejerce a través del gran capital y sectores importantes de la burguesía. Inclusive algunos sectores de la nueva clase que coquetea con ellos.

El 27 de noviembre 2018 el gobierno Estados Unidos dieron tres golpes al gobierno Ortega-Murillo: 1) La Orden Ejecutiva que sanciona a Rosario Murillo (vicepresidenta) y Néstor Moncada Lau (hombre de confianza y operador político de Ortega-Murillo). 2) La declaración que Nicaragua es “una amenaza para la seguridad nacional” de los Estados Unidos. 3) La aprobación por el Senado de la Ley conocida como la “Magnitsky-Nica” o “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018”.

La Orden Ejecutiva establece: “Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones descritas en la Orden Ejecutiva”.

La ley “Nica Act” fue aprobada el 11 de diciembre 2018 y el 20 de diciembre fue sancionada por el presidente Donald Trump.

La ley impone tanto sanciones individuales para funcionarios del régimen Ortega-Murillo como el condicionamiento de préstamos al régimen por parte de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ley condiciona a Nicaragua a solucionar el conflicto al adelanto de las elecciones con observación electoral creíble, el cese de la represión y la investigación de los asesinatos cometidos desde abril.

La ley “Nica Act” obliga a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamos que haga el régimen Ortega-Murillo en los organismos multilaterales, mientras no haya cese a la represión, elecciones libres y transparentes en Nicaragua y la restauración de la institucionalidad democrática. Además, incluye sanciones individuales (personas y entidades), a nacionales y extranjeros que son cómplices de los crimines cometidos por la dictadura.

La ley “Nica Act” faculta al presidente Trump a imponer sanciones a quienes considere responsables de abusos contra los derechos humanos, particularmente de personas que participaron en las protestas contra el gobierno de Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018.

Con la aprobación de las sanciones de parte del gobierno norteamericano han tenido repercusiones negativas en el país: paralización y/o disminución de las inversiones.

Portavoces del gobierno de Estados Unidos han dicho en distintas ocasiones, que el objetivo de las sanciones no es derrocar al régimen Ortega-Murillo, que su propósito es obligarlo a negociar un acuerdo político que permita la celebración de elecciones de acuerdo con estándares internacionales para abrir el camino a la restitución de la democracia en Nicaragua.

A los Estados Unidos les preocupa: que Ortega-Murillo se mantenga en el poder, la ausencia de contrapesos para que el modelo neoliberal funcione y cualquier desborde social no previsto.

El eje pro-norteamericano se ha consolidado en América Latina se consolidado sin contrapesos importantes en la región: el eje Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Perú lo demuestra. Lo cual deja con pocos aliados a Ortega en la región.

Desde el mes de noviembre y diciembre 2019, se produjeron nuevas sanciones y nuevos mensajes de la Administración Trump al régimen Ortega-Murillo.

El nivel de las advertencias o amenazas se presentan en los temas de la corrupción, la persecución religiosa, la exclusión de Nicaragua del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIMBANK), la crisis humanitaria de los refugiados en Costa Rica.

Un memorándum del EXIBANK, la agencia de crédito para las exportaciones de Estados Unidos y cuya “misión es apoyar con financiamiento las exportaciones de productos y servicios estadounidenses hacia mercado internacionales”, envió un memorándum a empresas, compradores, proveedores, bancos emisores de cartas de crédito, corredores de seguros, autoridades prestamistas y otras instituciones vinculadas, cerrando los espacios para las transacciones provenientes de Nicaragua.

El EXIMBANK de Estados Unidos excluye a Nicaragua del acceso a sus servicios financieros, incluyendo las exportaciones. Es otro mensaje político que daña la legitimidad y credibilidad del régimen.

El canciller costarricense Manuel Ventura se reunió con Julie Chung, principal asistente para el Hemisferio Occidental del Secretario de Estado, y una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica.

Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA, presentó el 18 de diciembre ante la presidencia del Consejo Permanente de la OEA un proyecto de resolución contra el régimen Ortega-Murillo, por la situación de Nicaragua, donde se siguen cometiendo actos de violencia contra la población.

El embajador de los Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan III, publicó un artículo en el diario El Mundo urgiendo a España a liderar las sanciones contra el régimen Ortega-Murillo, muestra que las presiones norteamericanas se incrementan.

El 20 de diciembre 2019, siete senadores norteamericanos (demócratas y republicanos) solicitaron una reunión especial al Secretario de Estado (Mike Pompeo), al Secretario del Tesoro (Steve Mnuchin) y al Director de USAID (Mark Green) para evaluar el cumplimiento de la Ley “Nica Act”, la estrategia y los planes de Estados Unidos hacia Nicaragua.

Por otro lado, Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Trump, manifestó que, aunque el Ejército pretenda mostrarse independiente de los “grupos de represión”, el gobierno norteamericano lo ve como cómplice del régimen Ortega-Murillo y advirtió que vienen medidas más fuertes.

En la iniciativa norteamericana “América Crece” impulsada por el gobierno Trump para la región latinoamericana anunciada el 17 de diciembre de 2019. Se trata de un plan de desarrollo económico en proyectos de infraestructuras (puertos, carreteras, aeropuertos, telecomunicación), energía limpia y creación de empleo; Nicaragua ha sido eliminada de los países beneficiarios.

Unión Europea: El 19 de diciembre de 2019, el Parlamento Europeo votó una resolución condenando al régimen Ortega-Murillo. La resolución se aprobó por 560 votos a favor, 12 en contra y 63 abstenciones.

La resolución insta a las autoridades nicaragüenses a acabar con “la represión de la disidencia y al actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual”. También reclama el inmediato desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente.

El texto denuncia las muertes provocadas, la restricción de la libertad de expresión, reunión y manifestación, la ilegalización de ONG, la expulsión del país de organizaciones internacional, el cierre de medios de comunicación y las agresiones contra los periodistas, las limitaciones del derecho de información y la expulsión de estudiantes de las universidades por protestar.

A la vista de la situación en el país, algunos eurodiputados creen que debe activarse la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación celebrado entre Centroamérica y Unión Europea y suspender a Nicaragua del acuerdo.

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, reaccionó a la petición del Parlamento Europeo de imponer sanciones al régimen Ortega-Murillo, señalando que esta comete “violación sistemática de los derechos humanos, y no hay excusa, no es una cuestión de intereses multinacionales, sino de un régimen cuyo comportamiento no supera ningún examen”. Para Borrell “la situación (nicaragüense) es tan mala como en Venezuela”.

Para Borrell no tiene sentido la demanda de un adelanto electoral si antes no se aprueba una reforma electoral para garantizar la limpieza del proceso. La prioridad debe ser la reforma electoral.

Borrell también se mostró reticente a suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Comercial por considerar que podría dañar a la población. En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones a Ortega-Murillo o a otros miembros de la familia, como lo han hecho Estados Unidos y Canadá, no lo excluye.

Organización de Estados Americanos (OEA): La expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de diciembre de 2018, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que trabajaban en las investigaciones de los crímenes y vigilaban la situación de los derechos humanos, provocó un gran malestar en los países latinoamericanos

El incumplimiento del régimen de los acuerdos de marzo de 2019, la resolución de la OEA en junio de 2019, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de septiembre de 2019.

La prohibición, por parte del régimen, de no dejar entrar a la Comisión de Alto Nivel de la OEA al país tiene un doble objetivo: evitar que se constate “in situ” la represión y evitar la activación del movimiento popular, aprovechando la presencia de la Comisión. El Gobierno teme que la reacción popular no la puedan controlar.

El régimen Ortega-Murillo desconoció la creación de la Comisión de Alto Nivel, (2 de agosto 2019 e integrada por los representantes de Paraguay, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Argentina). Los diplomáticos se vieron obligados a reunirse en El Salvador y Estados Unidos, con familiares de los asesinados, excarcelados políticos, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.

Basados en esos encuentros, la Comisión de Alto Nivel concluyó que el régimen Ortega-Murillo “ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”.

En noviembre 2019, el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA determinó que en Nicaragua “hay una alteración del orden Constitucional que deteriora seriamente el orden democrático” debido a las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura Ortega-Murillo, por lo que recomendó al Consejo Permanente de la OEA a que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar” el tema.

La recomendación de llamar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, en la que participaría los cancilleres de todos los países, está basada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que se activó en 2019 para tratar la crisis nicaragüense.

En diciembre de 2019, la delegación estadounidense solicitó a la OEA una Asamblea General para tratar el tema de Nicaragua, reunión que se llevará a efecto en el mes de enero de 2020.

El pleno del Consejo Permanente de la OEA está convocado para enero 2020, donde se discutirá la aplicación o no del Articulo 20 de la Carta Democrática a Nicaragua. Para su aplicación es necesario alcanzar 24 votos a favor de los 35 países de la OEA.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue monitoreando la situación del país, esfuerzo que realiza a pesar que el régimen los expulsará en agosto de 2018.

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentado en Managua y Ginebra, el 29 de agosto de 2018, señala las violaciones de los derechos humanos que se han producido son: uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Desapariciones forzadas, Ejecuciones extrajudiciales. Campañas de descrédito, acoso e intimidación. Despidos arbitrarios, Tortura. Violaciones sexuales a mujeres detenidas. Obstrucción del acceso a la atención médica. Grupos armados que operan con el beneplácito de las autoridades.

De acuerdo a valoraciones recientes, septiembre 2019, el régimen continúa cometiendo violaciones de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como de actos de acoso, persecución selectiva contra los disidentes.

La crisis de Nicaragua fue discutida el 05 de septiembre 2018, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nueve de los quince países que conforman este organismo, pidieron al gobierno Ortega-Murillo el cese de la represión policial y paramilitar, y una salida pacífica a las crisis, a través del diálogo nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentaron el jueves 27 de septiembre 2018 sus respectivos informes sobre la crisis en Nicaragua a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. El encuentro se dio a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense que quiso conocer información actualizada de la situación nicaragüense.

La represión permanece contra las personas excarceladas, familiares de opositores políticos encarcelados o fallecidos, sacerdotes, periodistas, dirigentes social y defensores de derechos humanos.

Todas estas personas sufren ataques contra su vida e integridad personal, detenciones arbitrarias y diferentes tipos de amenazas e intimidaciones, de parte de la policía como de elementos progubernamentales.

Cuba: Coincidiendo con el General Retirado Hugo Torres, pienso que la asesoría de Cuba regresó en el 2007 de forma menos aparatosa como en los años ochenta, pero más especializada. Ya no son misiones militares del ejército y del ministerio del interior, ahora se trata de ayudar a Ortega a mantenerse en el poder a cualquier costo.

La asesoría cubana en inteligencia militar es clave para que Ortega se mantenga en el poder y responde a los intereses estratégicos de La Habana de mantener frentes abiertos frente a los Estados Unidos, especialmente después de la crisis en Venezuela, los cambios de gobiernos en Brasil, El Salvador, Ecuador, Uruguay, y la profunda crisis económica de Cuba.

Ortega y Cuba se necesitan mutuamente. Ortega para proteger su fortuna de miles de millones de dólares amasada desde el 2007 hasta la fecha. Cuba para mantener un problema latente más en la política de Estados Unidos en la región de América Latina, como elemento de distracción.

Raúl Castro, el Politburó cubano y Maduro, le aconsejan que aguante, que no negocie, pero ellos, gustosos negociaran, más temprano que tarde, un arreglo bilateral con la Administración Trump.

México: Históricamente México ha tenido una influencia cultural y política en Centroamérica. Ahora, tiene una presencia importante en la economía nacional, México es hoy por hoy el segundo país más inversor en Nicaragua.

Hay industrias mexicanas que impulsan inversiones en nuestro país de gran envergadura como América Móvil en telecomunicaciones; SUKARNE en la ganadería; LALA en el sector lácteo; la línea área Aeroméxico; la cementera mexicana CEMEX; entre otros.

En los últimos diez años México y Nicaragua registraron un récord histórico en su comercio.

El año pasado (2018) Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consiguió en México una arrolladora victoria, que cerró el ciclo de gobiernos del PRI y del PAN. Con ese impulso electoral desbarató las maniobras de fraude, que preparaban los perdedores para eternizar su manejo del estado. La expectativa suscitada por este cambio quedó expuesta en la multitudinaria manifestación que coronó la asunción de AMLO.

Con la llegada de AMLO a la presidencia, tendrá una posición política de distancia sin llegar a condenar al régimen Ortega-Murillo, tampoco será un aliado del régimen.

Colombia: Tiene presencia en la banca local (BAC), minas de oro, línea aérea, etcétera. A pesar del diferendo sobre el mar territorial en el Caribe, la influencia económica se ha incrementado en los últimos años.

Políticamente, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez mantendrá la posición de condena al régimen, sin afectar las relaciones comerciales.

Instituciones Financieras Internacionales (IFI): Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Con disminución del capital venezolano a Nicaragua, el dinero de los IFI se ha transformado en estratégico para el gobierno. Por lo tanto, es muy sensible a cualquier problema con los Estados Unidos que pueda incidir negativamente en los IFI. El régimen Ortega-Murillo ha sido un buen alumno de las políticas del FMI.

Desde el 2018 a la fecha, ha sido el BCIE el organismo que ha facilitado mayor cantidad de préstamos al régimen.

Capitales Centroamericanos: Entre 1990 a 2017 se incrementó las inversiones de los capitales centroamericanos en Nicaragua. Por lo tanto, existe un cruce de intereses entre el capital centroamericano y el capital local (burguesía tradicional y nueva clase).

Sin embargo, a partir de abril 2018 las inversiones han disminuido o estancado. La tendencia en el 2020 es que no se realice ninguna inversión importante hasta que se resuelva la crisis sociopolítica.

Contexto regional centroamericano. Un país como Nicaragua le afecta mucho la situación político-económica de sus vecinos. Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala ha declarado una posición de desacuerdo o distanciamiento con el régimen Ortega-Murillo. Belice y Honduras mantienen una política de “neutralidad” o apoyo encubierto al régimen.

Desde el 2019, podemos decir que el régimen se encuentra, políticamente, más aislado en relación a finales de 2017.

El triunfo electoral de Nayib Bukele en El Salvador puso fin a una década de cuestionable gestión del Farabundo Martí.

El candidato de centroderecha, Alejandro Giammattei, fue el vencedor de las elecciones generales de Guatemala (agosto 2019), que estuvieron marcadas por el alto nivel de abstencionismo. Asumirá al poder el 14 de enero de 2020.

Honduras continúa convulsionada por una persistente resistencia contra el régimen surgido de un fraude (2017), que reforzó la estafa electoral precedente (2013). Los criminales que conducen el estado no sólo cargan con el asesinato de Berta Cáceres. Han ultimado a 200 militantes populares que enfrentaron la mafia de los gendarmes. El país ha sido convertido en un “narcoestado”, manejado por un presidente con familiares condenados en Estados Unidos por el tráfico de cocaína.

Rusia: Ortega ha priorizado una alianza con Rusia tratando de crear un contrapeso con los Estados Unidos, pensando que de esa manera tiene un mayor margen de maniobra. Rusia ha demostrado que no va a crear ningún problema por Nicaragua, lo hace evidente el caso boliviano.

Pienso que para los Estados Unidos la relación de Nicaragua con Irán y Rusia eso es algo delicado y contraproducente para Ortega. La seguridad continental es el tema fundamental para los estadounidenses.

El gobierno Ortega-Murillo con los acuerdos de cooperación militar y satelital (inteligencia militar) con Rusia está rompiendo filas con los países de Centroamérica, desafiando a la administración Trump, y poniendo de relieve el debate dentro de Estados Unidos sobre cómo abordar las ambiciones de expansión Rusia en la región.

China: Hasta la fecha no hay ningún indicio que China tenga algún interés de jugar a fondo la carta de Nicaragua. Los chinos tienen intereses más importantes en América del Sur.

En Centroamérica tienen relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con El Salvador, Costa Rica y Panamá. El Salvador y Panamá se han incorporado a la “Ruta de la Seda” (Belt and Road Initiative) que consiste en esquema de infraestructura y comercio global.

Lo que hasta hace unos años era un proyecto de China para la construcción de infraestructuras en países vecinos, se ha convertido en una política expansiva que abarca los cinco continentes en diversas áreas, desde transportes, puertos, gasoductos, oleoductos, construcción de centrales energéticas, acuerdos comerciales de exportaciones e importaciones, inversiones financieras y actividades culturales. Básicamente, es una etiqueta que se puede pegar en todo un abanico de proyectos.

La concesión canalera de Nicaragua a Wang Jing es un hecho del pasado con los acuerdos Panamá-China, por los cuales se elimina cualquier posibilidad de construcción de un canal interoceánico. Incluso la construcción de un puerto de aguas profundas en Brito (Pacífico), está descartado por los acuerdos alcanzados con El Salvador.

China necesitan un puerto para almacenamiento de sus mercancías y que entraría dentro de la estrategia china de ir creando el Collar de Perlas, está descartado por acuerdos alcanzados con El Salvador.

El aumento de las inversiones chinas en países centroamericanos, con excepción de Nicaragua, también es un dato para tener muy en cuenta.

Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA): El ALBA, un mecanismo de cooperación surgido en 2004, enfrenta nuevos desafíos luego que muchos países han experimentado un giro político. Mientras Venezuela tenía dinero que repartir el ALBA tenía un peso importante para el régimen Ortega-Murillo.

Los cambios políticos en Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay, la crisis económica política en Venezuela y la crisis económica cubana han debilitado y diezmado al grupo ALBA.

Ortega y Murillo se están quedando sin amigos ricos que los puedan financiar el despilfarro, la mala gestión y la corrupción. Ante la importante mengua de la ayuda venezolana, cortejan a Irán con sus problemas regionales no tienen ninguna posibilidad de aportar de manera sustantiva, Rusia con una capacidad económica moderada solamente puede ofrecer cooperación militar e inteligencia militar y Taiwán con muchas limitaciones por las presiones norteamericanas.

Venezuela no está en menos condiciones de volver a tener una política de “petróleo regalado” a cambio de apoyo político incondicional, aunque las declaraciones recientes prometen volver hacerlo en el 2020.

Por lo tanto, el ALBA tiene menor soporte económico para el régimen, aunque tiene influencia en el comportamiento del acontecer político en Nicaragua.

Actualmente, esta alianza está integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua y pequeños países del Caribe.

La izquierda latinoamericana y mundial, influenciada por el stalinismo, ha tomado la decisión de esconder la cabeza en el caso de la crisis en Nicaragua. Han aceptado la versión del “golpe de estado”. Justifican la represión y descalifican al movimiento social autoconvocado, autónomo e independiente de los partidos políticos tradicionales.

Ante cualesquiera actos y/o circunstancias cometidas por el gobierno Ortega-Murillo, ya sean actos de corrupción, cohecho, represión, uso ilimitado de la fuerza, asesinatos, nepotismo, etcétera; la crítica desaparece.

No hay lugar a la reflexión. Cierran filas. No ven, no escuchan, no hablan. Se vuelven mudos, sordos y ciegos. No dicen nada, no aportan nada, para ellos cualquier crítica es traición. Sin principios, sin valores éticos, sin argumentos, caen en la futilidad. Lo único que producen son escritos para justificar la represión indiscriminada del gobierno Ortega-Murillo.

Para los miembros de la “nueva clase” y la izquierda tradicional centroamericana (influenciada por el stalinismo) la verdad no es la alternativa. Mentir y negar es la opción. Para ellos, su táctica es no incomodar, no plantear problemas, estar cerca del poder, disfrutar de sus lisonjas.

Mientras la izquierda tradicional y la nueva clase estén empantanadas, cierren los ojos a la realidad y no hacen críticas al nepotismo, ni a la corrupción, ni a la represión, ni condenen los asesinatos de los ciudadanos contrarios al gobierno Ortega-Murillo.

Las claves del 2020
(Segunda Parte)

Introducción

Hace veinte meses Ortega era omnipotente, omnipresente y omnímodo; ya no lo es. Perdió aliados de los poderes fácticos internos, se rompió el maridaje corporativista con el gran capital, perdió las calles, perdió base social, se ha dado a conocer internacionalmente como un déspota, asesino, mentiroso, violador de los derechos humanos. Ha puesto al descubierto su plutocracia y el control de todas las instituciones del Estado.

El gobierno Ortega-Murillo ha perdido la “sagesse”, que significa poseer sabiduría con una mezcla de conocimiento y experiencia y, al mismo tiempo, saber contenerse y mantener la cortesía para salvaguardar el consenso sociopolítico.

También han perdido la “discreción”. La “discreción” en política significa reserva, prudencia, pero también tacto, buen juicio y es, el uso mesurado e inteligente del poder. Sus actos ilegales de poder se convirtieron en noticia de la prensa nacional e internacional.

Si uno quiere caminar por un terreno escabroso y llegar con la cabeza y las dos piernas intactas deben mirar atentamente cuáles son los obstáculos y qué es lo razonablemente practicable para llegar a buen fin.

El capitalismo sin guantes en su funcionamiento esencial produce la ampliación de las brechas entre la riqueza y la pobreza, lo cual no es una distorsión o un problema económico de este sistema, sino que es precisamente una de las inevitables tendencias de la acumulación de capital en su devenir histórico.

En este periodo (2007-2019) hemos vivido los atracos más escandalosos de la historia, el enriquecimiento desenfrenado inexplicable, los engaños más perversos y las mayores desilusiones generacionales con la derrota ética de la revolución de los años ochenta y el fracaso de la llamada transición democrática.

A medida que progresa la acumulación de capital y se desarrolla la fuerza productiva del trabajo, se van configurando dos polos. En el polo de la clase propietaria del capital, se acumula riqueza, mientras que en polo de la clase trabajadora que produce esa riqueza con su trabajo, se acumula miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, despotismo, ignorancia y degradación.

Para lograr un estado de perfecta y gozosa sumisión de la sociedad, el dictador de turno y su camarilla de incondicionales se valieron de cinco poderosas herramientas: la traición, la represión, la corrupción, la propaganda y la corta memoria de los “de abajo”.

Lo que suceda en Nicaragua a partir de enero 2020 en adelante sin duda tiene su dinámica propia determinada por la estructura social, la historia y las condiciones del país, pero dependerá fuertemente del curso de la economía y de los acontecimientos mundiales y, fundamentalmente, de lo que pasa en el acontecer político nacional.

Después de 12 años de gobierno de Ortega-Murillo, Nicaragua encara un porvenir muy difícil. El contexto es complejo: recesión económica, medios de comunicación independientes controlados, judicialización de la política y la presencia cada vez más importante de los paramilitares y parapoliciales, sobre todo el apoyo del Ejército al régimen dictatorial.

El país lo que sigue haciendo, desde hace más de un siglo, vender productos primarios e importar productos terminados. El gobierno no ha sido capaz de diversificar las exportaciones, ni siquiera fomentar/facilitar el procesamiento de las materias primas locales.

El gobierno Ortega-Murillo no intentó afectar la matriz productiva de acumulación y tampoco afectó la dependencia económica basada en la exportación de materias primas sin valor agregado. Más bien profundizó la economía nacional al vaivén de la economía mundial y norteamericana.

Los errores políticos del gobierno Ortega-Murillo en las políticas públicas se producen con mayor frecuencia. Estos errores son debido a las mayores dificultades para crear consenso en sus decisiones, lo que nos muestran una pérdida de poder que los obliga a incrementar las decisiones autoritarias.

En la fase de declive político, el régimen recurrirá a mayor nivel de autoritarismo, alimentado por su incapacidad administrativa, el deseo de conservar el enriquecimiento de la nueva clase, la visión de excepcionalismo de su gestión; una creencia de ser un líder ungido; un culto al supuesto Estado cristiano, socialista y solidario; y, un culto a la personalidad del caudillo.

En el 2020, como consecuencia de la profundización de la recesión. Los caminos de los campos de producción no serán reparados convenientemente. Los alimentos dejaran de llegar a la mesa de los pobres. La crisis sociopolítica afectará a la misma base social del dictador. El reloj político del régimen comienza a fallar hasta detenerse.

De cara al año 2020 y de acuerdo con “The Economist Intelligence Unit (EIU), Nicaragua es el país más inestable de América Latina ya que posee todos los elementos impulsores de disturbios, por lo que no descarta una explosión sociopolítica en el 2020.

Al evaluar los factores económicos, sociales y políticos, “The Economist Intelligence Unit” calificó a Nicaragua con un índice de riesgo de 4.1 punto, de un máximo de 5 puntos, al tomar en cuenta siete “elementos impulsores de disturbios”: la corrupción, desigualdad económica, seguridad social, efectividad-eficacia del gobierno, estado de la democracia, malestar económico y oportunidad de empleo para los jóvenes.

En el presente análisis podemos apreciar el comportamiento cada uno de los elementos que “The Economist Intelligence Unit” indica. Sin embargo, hemos querido ser más exhaustivo y profundizar el analizar al incrementar más variables para reforzar mi apreciación del escenario político del año 2020.

También tenemos que contemplar en el análisis el factor internacional y el comportamiento de los poderes fácticos externos que ayudan a que la “estabilidad” de régimen sea más precaria. Variables no contempladas en el análisis de “The Economist Intelligence Unit”.

Todas las variables señaladas en mi análisis son críticos y la combinación de ellos hace que la situación se vuelva explosiva. Sin embargo, pienso que un solo problema podría servir como detonante para que la nueva ola social conlleven a la actual crisis sociopolítica a la caída de la dictadura Ortega-Murillo.

En Nicaragua al estar presente todos los posibles factores desencadenantes de una profundización de la crisis, pensamos, por lo tanto, que hay un riesgo muy alto del reinicio de la agitación política en las calles.

El malestar social, la profundización de la recesión económica y la inestabilidad política persiste, por lo cual el potencial de un nuevo tsunami sociopolítico es bastante probable que se presente en el 2020. Razón por la cual, los poderes fácticos internos y externos presionan para empujar una “salida al suave”.

El gobierno Ortega-Murillo ha decidido no divulgar toda información social (educación, vivienda, salud, pobreza, etcétera) que confirmaría la ineficiencia de su política social que se manifiesta en los altos índices de analfabetismo, un sistema de salud de mala calidad, educación ineficiente y el incremento de la pobreza en los últimos años.

Hasta la fecha la disidencia de los ciudadanos autoconvocados ha sido controlado parcialmente por una represión indiscriminada, lo que ha servido para contener las protestas sociales, dejando más de 328 muertos (reconocidos por la CIDH), miles de heridos, centenares de lisiados y desaparecidos, así como 100 mil ciudadanos en el exilio, por la persecución de los paramilitares, policías, paraestatales y fanáticos orteguistas.

Los desafíos económicos, sociales y políticos son las semillas para las nuevas protestas renovadas en el 2020. El régimen Ortega-Murillo no ha podido derrotar políticamente a una población cuya tolerancia por la permanencia en el poder de la dictadura y el “statu quo”, ha desaparecido. El incremento del autoritarismo es el mecanismo de defensa a las dificultades de su paulatina pérdida de poder del régimen que tendrá en el 2020.

Soy de los que creo que el régimen Ortega-Murillo no será vencido con un lápiz, ni por un dedo, ni gracias a una franja publicitaria. Eso ayuda, pero el triunfo solo será posible por la larga, dura y heroica gesta de la movilización popular.

Hemos analizado las siguientes 34 variables lo que nos permite indicar que vivimos en la fase del declive del régimen Ortega-Murillo, razón por la cual los poderes facticos buscan, lo más pronto posible, primer trimestre de 2020, una “salida en frío” a la crisis sociopolítica que no altere a raíz el “statu quo”.

1 Económicas: El paradigma dice que los cisnes son blancos. Cuando ves un cisne negro en el escenario económico dices que hay una anormalidad, conocida como desaceleración. Cuando adviertes un segundo cisne negro nos indica una recesión. Cuando distingues el tercero o más reconoces que estamos a la puerta de una depresión.

En Nicaragua el cuadro macroeconómico no resiste a ningún test de equilibrio ni eficiencia. La economía real es raquítica, desindustrializada, con productividad muy baja, sin demanda interna que logre generar crecimiento sostenido, y con indicadores sociales críticos. La inestabilidad no sólo es económica, también lo es política y social.

Hay que tener en cuenta que el crecimiento entre los años 2007 a 2017, se debió en gran medida a la confluencia de factores externos que no dependen de la gestión económica interna.

Las remesas, la inversión extranjera, el dinero venezolano, el acelerado endeudamiento externo, la cooperación multilateral y bilateral, y, el lavado de dinero ilícito; formarían parte de esos «vientos de cola» que permitieron el crecimiento económico entre 2007 al 2017.

Dichos estímulos se agotaron o redujeron su capacidad estimulante; y, por otro lado, que aparecen nuevos factores externos e internos amenazantes. Por ejemplo, la fuga de divisas en los últimos 22 meses supera el valor de los préstamos recibidos desde abril 2018 hasta septiembre 2019.

Ausencia del dinero venezolano, desempleo, caída del nivel de vida de la población de “los de abajo”, desaceleración del consumo interno y aumento de los costos por los errores de las políticas públicas implementadas.

Todo ello, en un entorno de recesión económica, en donde el crédito otorgado por la banca comercial a empresas y personas naturales perdió impulso. Por varios años, el crédito de la banca al sector privado (empresas y personal) había crecido a un ritmo mayor que la economía general, ritmo que se ha perdido.

Entre el año 2007 y 2017 la economía creció, promedio anual, en +3.78 por ciento. A partir de abril 2018 la economía ha entrado en recesión con un acumulado negativo de menos -9.5 por ciento. Desde abril 2018 hasta diciembre 2019, la economía tendrá 7 trimestres y 21 meses de contracción económica.

La caída de menos -3.8 por ciento del PIB en 2018, supuso que la economía se contrajo en US$ 725.8 millones de dólares. La contracción de menos -5.3 por ciento del PIB en el 2019, implica una caída adicional de US$ 915 millones de dólares. Lo que significa que el país acumulará pérdidas por el orden de US$ 1,640.8 millones de dólares.

Entre el 2018 y 2019, se desafiliaron 173,069 mil trabajadores del INSS y se destruyeron más de 417,000 empleos.

El régimen se vio obligado a realizar de efectuar un ajuste económico, lo que equivale a reducir el consumo, el gasto público y la inversión, por la caída del ahorro externo, principalmente de los recursos provenientes de la inversión extranjera directa y de la cooperación multilateral.

Al contraer la oferta monetaria (o sea, reducir la cantidad de dinero que está en circulación) también implica contraer el gasto público, hacer que la economía del sector privado y del sector informal (especialmente el comercio y los servicios) caigan en recesión, reduciendo el tamaño de la economía. En este escenario, prácticamente el único flujo de recursos financieros sería el de las remesas familiares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de octubre 2019 titulado “World Economic Outlock”, indica que solamente se obtendrá un crecimiento positivo hasta el 2023. Esto significa que tendremos un PIB negativo durante cinco años, 2018-2022.

Tanto para el Banco Mundial como The Economic sus proyecciones para el 2020 son de continuación de la contracción del PIB. El Banco Mundial calcula una disminución de menos -0.6 por ciento y The Economic, calculan el descenso de menos -2.4 por ciento.

Es decir, para diciembre del 2020, la economía nicaragüense mantendría un crecimiento negativo y un descenso acumulado negativo del PIB de menos -11.9 por ciento de acuerdo a las proyecciones de “The Intelligence Unit” y de menos -10.1 por ciento, según el cálculo más optimista del Banco Mundial.

En definitiva, la recesión económica es un hecho y hay factores externos que amenazan con agravar más la situación: las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la expulsión del CAFTA o la supresión de los préstamos internacionales. Sobran los motivos para tener la preocupación que si se podrá seguir recibiendo los préstamos futuros al mismo nivel de años anteriores.

En conclusión. Las perspectivas para el 2020 es de crecimiento negativo. La desafiliación de los asegurados del seguro social continuará. El turismo y hostelería se contraerá. La productividad de los trabajadores no crece. La caída del consumo se mantiene. El empleo no se recupera. Los salarios reales se contraen. La pobreza se incrementa. Las perspectivas para el 2020 no son alentadoras.

2 Presupuesto General de la República 2020. De acuerdo al Presupuesto General de la Republica 2020 (PGR-2020), la política fiscal y monetaria serán contractivas, lo que no facilita un aumento de la producción de bienes y servicios. El total del gasto gubernamental en millones de córdobas permanece congelado tanto en 2018 como en 2019.

El gasto público, o sea, el consumo y la inversión del sector público, según las proyecciones PGR-2020, en porcentajes del PIB, el gasto de consumo público aumenta de 14.3 por ciento en 2018 a 15.1 por ciento en 2019 y disminuye a 14.9 por ciento en 2020.

Sin embargo, pero el gasto de inversión pública disminuye de 5.2 por ciento en 2018 a 4.2 por ciento en 2019 y a 4.0 por ciento en 2020.

El mercado interno y el gasto de consumo de las familias no se reactivará debido al creciente desempleo y subempleo, por un lado, y por el congelamiento salarial que se arrastra desde octubre de 2018, por otro lado.

El gasto de inversión privada tampoco se visualiza para reactivar el crecimiento económico de Nicaragua en 2020. La desconfianza empresarial; la falta de información económica oficial, impiden la inversión en la producción. Por otro lado, el flujo neto de inversión extranjera directa (entradas menos salidas de capitales) se tornó negativo en 2019 y se mantendrá igual en el 2020.

3 PIB per cápita: Entre 2017 al 2019, se han producido en una caída del PIB per cápita promedio al descender en un menos -13.21 por ciento, al pasar desde US$ 2,165 dólares en el 2017 a US$ 1,879 dólares en 2019.

4 Inversiones en bienes de capital: Entre 1995 y 2015, el promedio anual de inversión en bienes de capital en Nicaragua alcanzó la cifra de US$ 456.7 millones de dólares.

En ese mismo período la inversión en compra de maquinarias y herramientas para la agricultura alcanzó, en promedio, los US$ 39.94 millones de dólares anuales, equivalente al 8.75 por ciento del total invertido en bienes de capital. Lo paradójico es que es el campo el que genera más trabajo, más productos para la exportación y es, contrariamente, el sector en donde se invierte menos para incrementar la productividad el país.

En Nicaragua, entre 2007 y 2012, el gasto público en desarrollo rural fue, en promedio, de US$ 542 millones de dólares por año. En promedio, Nicaragua invirtió en este período apenas US$ 0.66 dólares por día por cada persona que habitaba en la zona rural, lo cual refleja la inversión más baja de la región centroamericana.

Desde 2015 al 2017 la inversión pública en el desarrollo rural se ha mantenido igual, empeorando en el 2018 y 2019.

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua (BCN), en el quinquenio 2011-2015, la tasa de inversión fija (maquinaria, equipo y construcción) fue de 23.69 por ciento del PIB en promedio, muy abajo del tercio (33 por ciento) considerado mínimamente satisfactorio – como lo demuestran las economías asiáticas en expansión – para países con economías rezagadas.

En base a cifras del BCN, las inversiones industriales no solo han caído en la segunda mitad de 2018 sino que están congeladas, sobre todo en el rubro de las importaciones de maquinaria. Por ejemplo, se registró caída de alrededor del menos -20 por ciento en los primeros tres meses del 2019.

En el 2019, las compras de bienes de capital se redujeron en un menos -42 por ciento. Esta caída de bienes de capital es sumamente preocupante porque significa que en el futuro habrá una caída de la capacidad productiva.

Por otra parte, la reducción de bienes de consumo intermedio, conocido como insumos que se utilizan en la producción, cayó un menos -19.4 por ciento, lo que implicará una reducción de las áreas de siembra.

Existe una falta de inversión masiva para generar la actividad económica y empleo. No hay confianza para retomar las inversiones y el ritmo de crecimiento. Por el momento, no hay condiciones para el arranque de un nuevo ciclo de inversión e incrementar las exportaciones.

En conclusión, desde el segundo trimestre de 2018 la formación bruta de capital ha caído. En el 2020, para tener un crecimiento positivo del PIB exigiría un crecimiento sostenido de la inversión. A su vez, esto implicaría una recuperación de la inversión pública como la privada, lo cual no se vislumbra en el corto plazo.

Desde abril 2018, ambos componentes, la inversión pública y privada, se han retraído y han mostrado contracción y comportamiento negativo. Como consecuencia hay una clara tendencia a la disminución de la rentabilidad de la economía y una retracción de la inversión.

5 Deuda Externa Total: De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN) la deuda externa del país correspondiente al segundo trimestre de 2016, ascendía a US$ 10,704.1 millones de dólares (US$ 5,779.8 millones de dólares del sector privado y US$ 4,924.3 millones de dólares del sector público).

Al finalizar el segundo trimestre del 2019, la deuda externa total sumó US$ 11,602.8 millones de dólares, de los cuales US$ 6,057.0 millones de dólares correspondieron al sector público y US$ 5,545.8 millones de dólares al sector privado.

La suma del endeudamiento público con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representa el 48.57 por ciento de la deuda pública externa a finales de agosto de 2019.

A finales de agosto 2019, la deuda pública con el BID asciende a US$ 2,072.3 millones de dólares y de US$ 1,073.0 millones de dólares con el BCIE.

El incremento de la deuda total (pública y privada) de Nicaragua se ha convertido en un riesgo para el crecimiento de la economía nicaragüense y al mismo tiempo ha sido un alivio o “balón de oxígeno” al régimen.

6 Fuga de capital: La fuga de capital en los últimos meses supera el valor de los préstamos negociados desde abril 2018. Con respecto a marzo de 2018, en septiembre 2019, los depósitos en córdobas y dólares han caído en menos -27.6 por ciento y menos -36.7 por ciento respectivamente.

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en el 2019, el saldo de los depósitos en córdobas se incrementó en 2.4 por ciento, al pasar de C$ 31,902.2 millones en diciembre 2018 a C$ 32,659.6 millones en septiembre 2019.

Sin embargo, los depósitos en moneda extranjera se redujeron en menos -14.4 por ciento, al pasar de US$ 2,954.9 millones de dólares a US$ 2,562.9 millones dólares entre diciembre 2018 a septiembre 2019.

Antes del inicio de la crisis sociopolítica, marzo de 2018, funcionaba, a nivel nacional, 612 sucursales y ventanillas bancarias con 11,484 trabajadores. Al 30 de junio de 2019, sólo están funcionando 507 sucursales (se han cerrado 105) y el número de empleados cayó a 9,087 trabajadores (2,397 trabajadores menos).

7 Préstamos: El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el brazo financiero de la OEA, indica que hasta el 2017 fue una de las principales fuentes de financiamiento del país; sin embargo, en el 2018 no le aprobó nuevos préstamos al régimen Ortega-Murillo.

Nicaragua obtuvo entre 2014 y 2017 empréstitos por un monto de US$ 1,035.6 millones de dólares; es decir, que por año se le aprobaban, en promedio, US$ 258.9 millones de dólares de recursos frescos.

En el 2018, el BID desembolsó a Nicaragua solamente US$ 99.5 millones de dólares, lo que significa una caída importante en comparación a los años anteriores.

8 Cartera de Crédito: Entre 2007 y 2017, el crédito al sector de consumo privado (electrodomésticos, centros comerciales, construcción de casas, autos, gastos personales, etcétera) alcanzó niveles récord. Esa burbuja de crédito estalló a partir de abril 2018.

El FMI establece estadísticamente que: un aumento de la deuda de los hogares (préstamos para comprar casas, automóviles, tarjetas de crédito, etcétera) puede impulsar el crecimiento económico a corto plazo, pero, años después, aumenta riesgo de una crisis bancaria. Es decir, más allá de cierto punto, es económicamente perjudicial.

Entre enero y agosto de 2019, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) revela que la cartera del crédito bruto se ha reducido en US$ 1,491.4 millones de dólares respecto a marzo de 2018.

La crisis tiene también un efecto negativo en la calidad de la cartera de crédito, ya que el indicador de la cartera en riesgo que se había mantenido en 2.7 por ciento para el periodo enero 2017-abril 2018, aumentó a un valor de 9.5 por ciento en marzo 2019.

El índice de morosidad de la cartera de crédito bruta se ubica en marzo 2019 en 3.2 por ciento, cuando antes de la crisis sociopolítica era de 1.0 por ciento.

En septiembre 2019, la cartera crediticia en riesgo es mayor al 10 por ciento de la cartera total de los bancos y de las entidades financieras.

Con esto Nicaragua supera, por primera vez, en varios años la media de la tasa de morosidad, a nivel de Centroamérica, de 2.4 por ciento.

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua (BCN), en el 2018, el crédito agrícola se contrajo en menos -5.7 por ciento y el ganadero en menos -12.2 por ciento, eso significó C$ 881.9 millones de córdobas y C$ 426.8 millones de córdobas menos en relación al 2017, respectivamente.

A julio de 2019, el crédito acumula 16 meses de caída consecutiva desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril 2018. La tendencia es que esto se mantenga así todo el 2019 y 2020.

Antes de la crisis de abril 2018, el crédito bruto ascendía a US$ 5,172 millones de dólares, 16 meses después alcanza los US$ 3,680.6 millones de dólares, lo que equivale a una caída de menos -29.4 por ciento.

9 Índice de Competitividad 2019. Nicaragua pierde competitividad frente a la comunidad internacional. Los elementos por los cuales se pierde competitividad destacan la corrupción, la ineficiencia del gobierno, el bajo nivel educativo, el nivel de desempleo y la falta de transparencia pública y de justicia social.

El diagnóstico sobre el grado de competitividad de las economías del planeta surge de un análisis realizado por el World Economic Forum (WEF).

Esta institución que organiza cada año la Cumbre de Davos (Suiza), emite un estudio comparativo sobre 141 países y que define el grado competitivo de los mercados nacionales como “el compendio de organismos, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.

El análisis del World Economic Forum (WEF) nos facilita el “Índice de Competitividad Global 2019”, en el cual Nicaragua está clasificada en el lugar 110 de los 141 países analizados, perdiendo 5 peldaños en comparación al 2018.

Nicaragua está clasificado como el peor país de la región centroamericana. Costa Rica es el país de la región que tiene mejor clasificación.

10 Productividad: Entre 2007 y 2019, no ha habido transformación productiva, no hubo planes sociales sostenibles, no hubo ahorro, no hubo construcción institucional, se dejó de realizar elecciones libres y se realizaron fraudes electorales con la intención de quedarse gobernando para siempre por la fuerza.

Un problema estratégico que debe ser resuelto es la baja de la productividad de la economía nicaragüense. Una notable restricción para elevar la productividad es el nivel promedio de escolaridad de la población nicaragüense, que es apenas de seis años de estudio.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la productividad por trabajador en Nicaragua es de US$ 3.500 dólares. La productividad por trabajador en Costa Rica es 5,7 veces mayor a la productividad por trabajador en Nicaragua.

11 Dinero Ilícito: De acuerdo a fuentes norteamericanas en Nicaragua se lavan entre de US$ 1,300 a US$ 1,500 millones de dólares anuales. Posiblemente algunos miembros de la burguesía tradicional y miembros de la nueva clase se benefician del dinero ilícito.

En algunos departamentos del país existe altos niveles de permeabilidad del lavado de dinero y el narcotráfico que se traduce en nuevas casas, inversiones y comercios boyantes.

El régimen protege a los lavadores de dinero y a los corruptos. Los contralores se preocupan por proteger a los corruptos que abultan más sus cuentas bancarias que procesar a los delincuentes de “cuello blanco”.

El lavado de dinero y la actividad del narcotráfico nos estaría indicando la existencia del crimen organizado –coludido con algunos sectores del Estado–; es desde hace años un poder creciente, es el medio de sustento de algunos sectores de la sociedad, de la acumulación de capital de otros y, por supuesto, de muchas personas de los más humildes, aunque sean ellas las menos beneficiadas.

12 Evasión fiscal: En Nicaragua, el 86.3 por ciento de las empresas son pequeñas, 10.2 por ciento son medianas y solamente el 3.4 por ciento son grandes. Las grandes son las que reciben más del 90 por ciento de las exoneraciones que otorga el gobierno por un monto de alrededor de US$ 1,000 millones de dólares anuales.

Las cifras oficiales revelan que, por evasión fiscal, exoneraciones y beneficios fiscales se pierde anualmente más del 10 por ciento del PIB en beneficio de los grandes empresarios.

Por la falta de información, no podemos calcular la cantidad de dinero que el grupo económico Ortega-Murillo ha recibido en exoneraciones y beneficios fiscales.

13 Distribución de la riqueza: A pesar de ser un país con mucha riqueza natural (minerales, una extensa costa, recursos hídricos, bosques y suficiente superficie agrícola para alimentar a sus habitantes), el 80 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza.

La riqueza combina, tanto de activos físicos (inmuebles, automóviles, bienes del hogar y demás artículos que poseen los individuos y las empresas) como de financieros (depósitos bancarios e inversiones financieras) distribuida de manera desigual.

El proceso creciente de desigualdad, es uno de los rasgos más importante de la sociedad nicaragüense, proceso que se incrementó en los últimos años. Los estratos de menores ingresos vieron su parte del ingreso reducirse.

Entre el 2007 y 2019, las desigualdades de renta se dispararon de manera que el 10 por ciento de la población con más ingresos (millonarios, ricos y clases medias profesionales con renta alta), vieron como su riqueza e ingresos se ampliaban; y los más pobres, marginales, asalariados, pequeños campesinos y clase media baja se les reducían sus ingresos. Es decir, el 90 por ciento de la población vieron deteriorarse su nivel de vida.

De acuerdo con el “Informe sobre Desigualdad Mundial 2018”, Nicaragua es el país con mayor concentración de ingresos de Centroamérica, ya que el 30 por ciento de los ingresos está en manos de sólo el 1 por ciento de la población. La riqueza de los diez principales multimillonarios equivale a la riqueza de los 4 millones más pobres.

Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo. Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como: vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento.

14 Ganancias de los Bancos: Los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituido cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero.

La recesión económica produce un estancamiento y descenso de las ganancias y de la tasa de ganancia general. A ello le sigue una caída de la inversión privada. Y, con ella, de la actividad económica general, produciendo más desempleo, contracción del mercado interno e incremento/sostenimiento de la recesión por un período más largo.

Los salarios han permanecidos estancados tanto en el 2018 como en el 2019, algunos han descendidos. Mientras que, la tasa de ganancia de los bancos se ha mantenido por encima de la media nacional.

En diciembre 2018, las utilidades de los bancos sumaron US$ 2 millones de dólares, por debajo de los US$ 14 millones de dólares de utilidades que recibieron en el mes de marzo 2018.

A septiembre de 2018, la tasa de beneficio de los bancos fue del 23.9 por ciento y, a septiembre de 2019 alcanzó el 14.5 por ciento, lo que nos indica que la recesión le afectó, pero conservan sus ganancias a pesar de la recesión de la economía general.

Las altas rentas o beneficios de los bancos se explican por una reducción de las ganancias de los otros sectores de la economía. El rentismo financiero es un factor que repercute en la disminución de la rentabilidad del capital productivo general y favorece a los bancos.

El sector financiero se apropia de gran parte del excedente económico de los otros sectores económicos en forma de intereses, dividendos, seguros y los llamados seguros empresariales. Es decir, son ganancias extraordinarias por encima de la productividad media.

Desde abril 2018, muchas empresas, para contrarrestar la caída de las ganancias, han reducido los salarios entre el 20 y el 40 por ciento, igualmente han reducidos las comisiones, las depreciaciones de los vehículos y recorte el suplemento para combustible.

15 Microfinancieras: Datos de ASOMIF (Cámara de Microfinanzas de Nicaragua), indica que entre enero 2018 y julio 2019, la cartera de crédito se ha reducido en US$ 214.000 dólares, mientras que el número de clientes han caído en 208,000; en su mayoría en el sector comercial, servicio y pequeña industria.

ASOMIF señala que hasta julio 2019, ha cerrado 133 oficinas en el todo el país y han perdido su puesto de trabajo 1,100 empleados. ASOMIF estima que las microfinancieras, en su conjunto, podrían reducirse en otro 30 por ciento más para el 2021.

Es decir, que el mercado se va a seguir compactando. En ASOMIF están afiliadas 27 microfinancieras, algunas de las cuales discuten como fusionarse o compartir territorios.

Desde abril 2018 a la fecha (noviembre 2019) las Microfinanzas han reducido más o menos el 36 por ciento de su cartera de crédito, debido a causa de clientes que cancelaron y no renovaron o clientes que se fueron del país o clientes que quebraron. El índice de morosidad, al mes de octubre 2019, alcanzó 18 por ciento de los clientes.

El principal factor que ha afectado a las Microfinanzas es el retiro de fondeadores y acreedores internacionales, principalmente europeos y norteamericanos. Estos acreedores han decidido no renovar líneas y esto ha afectado definitivamente al sector.

Los financiadores extranjeros han reducido en menos 37 por ciento su inversión a las microfinancieras, por el riesgo político.

16 Turismo. Autoridades reportan que durante el 2018 llegaron al país 1.4 millones de visitantes, cifra que es menor en 28 por ciento a los 1.9 millones registrados en 2017.

Informe del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) reporta una caída en la cantidad de hoteles y establecimientos similares; pasando de 1,237 registrados en 2017 a 1,114 en el 2018.

En el caso del número de habitaciones se registró una caída de 977 habitaciones, equivalente al 6 por ciento, entre 2017 y 2018, al pasar de 16,226 a 15,249.

Según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) 62,400 personas se vieron afectado su empleo. Los empleados más calificados migraron hacia Centroamérica y Estados Unidos. Esto significa que se ha minado la calidad del servicio turístico del país.

El Banco Central de Nicaragua (BCN), estima que durante el 2018 las pérdidas del sector turístico ascendieron a US$ 440 millones de dólares debido a los ingresos cesantes. En el 2017, este sector generó US$ 840 millones de dólares.

Según una encuesta elaborada por FUNIDES con 300 empresarios del sector turismo, los empresarios están reduciendo su tamaño con tres manifestaciones claras: El 72 por ciento de las empresas han recortado personal, el 32.4 por ciento ha reestructurado los contratos con sus trabajadores -reducción de salarios y beneficios- y el 19.4 por ciento ha optado por contratar familiares para suplir al negocio.

En el 2019, los clientes más importantes que usan los servicios turísticos, alimentos y alojamiento, sobre todo, son turistas nacionales (70.2 por ciento) y extranjeros (29.8 por ciento). En 2017, el turismo nacional solo representaba el 37 por ciento de la demanda. Sin una solución a la crisis política “el sector no va a poder despegar.

17 Gasto Militar: El presupuesto del gasto militar en Nicaragua se incrementó en el período comprendido entre el 2008 y 2018, pasando de US$ 45.4 millones de dólares (2008) a US$ 83.3 millones de dólares en el 2018.

Es decir, se produjo un crecimiento de 83.48 por ciento entre 2008-2018, lo que equivale a una tasa promedio anual de 7.59 por ciento. Tasa promedio superior al crecimiento del PIB y superior al presupuesto de salud y educación juntos.

En el 2018 la renovación de equipo militar del Ejército (tanques y otros pertrechos militares) ascendió a un aproximado de US$ 80 millones de dólares.

En el 2018, el presupuesto de defensa y policía; es decir, el sector de la seguridad en Nicaragua suma la cantidad de US$ 273.28 millones de dólares.

18 Gasto de la Policía: La Policía Nacional recibió un presupuesto adicional al de las Fuerzas Armadas. Para el año 2018, se estima que recibió alrededor de US$ 109.8 millones de dólares.

El presupuesto incluye salarios, seguros, mantenimiento del equipamiento de guerra y demás necesidades del personal.

En el 2019, en el aniversario 40 de la Policía, septiembre, el gobierno anunció la compra de 3,963 vehículos, de diferentes tipos y modelos. En total fueron 2,009 vehículos, 1,524 motos, 366 camionetas y 64 vehículos. Se calcula que la compra de esa flota supera los US$ 40 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la policía aumentó 3,061 agentes de policía para reforzar los planes control a los ciudadanos y se realizaron la construcción de 72 nuevas estaciones de policía

De acuerdo a los datos oficiales, el aumento en la cantidad de policías implicó un incremento de C$ 36.5 millones de córdobas mensuales.

O sea, que el incremento de los nuevos miembros de la policía costará a los ciudadanos contribuyentes la bicoca de C$ 474.5 millones de córdobas al año, para que sigue persiguiendo, golpeando y acosando con plena impunidad a todos los ciudadanos.

El presupuesto de C$ 474.5 millones de córdobas supera con creces a las instituciones estatales encargadas de cuidar el medio ambiente, los bosques, los ríos y las montañas.

19 Costo de la Canasta Básica: En diciembre de 2007 el costo de la canasta básica de los 53 productos era de C$ 7,539 córdobas.

A noviembre 2017 la canasta básica de 53 productos se situó en C$ 13,187.41 córdobas mensuales. El costo canasta básica de los 23 productos de alimentos era de C$ 8,733.93 córdobas mensuales. El salario de los trabajadores del gobierno fue de C$ 5,108.4 córdobas mensuales. Es decir, el salario promedio de los trabajadores gobierno es menor al costo de la canasta básica de alimentos.

El precio de la canasta básica en agosto 2018 alcanzo los C$ 13,493.59 córdobas (equivalente a US$ 423.1 dólares al cambio oficial de esa fecha). Con el salario mínimo promedio de US$ 196.3 dólares, se cubre sólo un 46.39 por ciento de la canasta básica.

Entre marzo y julio de 2019 el costo de la canasta básica experimentó cinco aumentos, lo que ocasionó que la cesta se ubicará en C$ 14,159.79 córdobas.

Con el incremento del costo de la Canasta Básica a julio 2019, un obrero que reciba un salario mínimo de C$ 4,176 córdobas cubrirían en un 29 por ciento de los C$ 14,159.76 córdobas de los que cuesta la canasta básica.

El componente de la canasta básica correspondiente a alimentos era C$ 9,472 córdobas. El componente vestuario C$ 1,704 córdobas y los artículos de uso doméstico como jabón, luz, agua, costaron C$ 2,983 córdobas. El costo de la canasta básica aumentó en C$ 595 córdobas entre enero y julio 2019.

En las zonas francas el salario mínimo vigente desde el año pasado es de C$ 5,461 córdobas. Si la canasta básica de alimentos cuesta C$ 9,472 córdobas, significa que la familia promedio de los 125 mil trabajadores de la zona franca no se están alimentando correctamente. El salario mínimo para el sector comercio, transporte y turismo, es de C$ 7,661 córdobas. Tampoco les alcanza para la comida.

El 60 por ciento de los jubilados tienen un salario promedio entre siete y diez mil córdobas, lo que nos indicaría que no tienen capacidad de comprar una canasta básica completa.

Es decir, que entre 2007 y 2019 el costo de la canasta básica creció más rápido que el incremento de los salarios reales y del monto de las pensiones de los jubilados.

Desde hace muchos años los aumentos al salario mínimo han estado ligado a la inflación esperada y no a la efectiva, lo que explica buena parte del desplome de su poder adquisitivo.

20 Consumo Interno: La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), estima que en el 2019 el consumo interno caerá un menos -6.6 por ciento, asociado con una disminución de la actividad comercial y el crédito al consumo.

En Nicaragua, el 89 por ciento de los ingresos de los hogares se consume en el sostenimiento de la familia; el consumo cae porque el ingreso ha caído (por el desempleo y el incremento de los precios), la gente ya no puede acceder a la canasta básica, esto es el gasto privado, pero el consumo público también está cayendo.

De acuerdo a la CEPAL, la caída del consumo privado tiene un fuerte impacto sobre la economía, ya que representa el 70 por ciento del PIB.

21 Migración: Se estima que el total de nicaragüenses fuera del país ronda el 20 por ciento del total de la población, eso es aproximadamente 1,280,000 personas, de cuales un 50 por ciento se encuentran indocumentadas.

La migración por falta de empleos juega un doble papel: a) quita presión social interna, válvula de escape; b) permite que los pobres que se van envíen dinero a los pobres que se quedan evitando presión social y mejorando los niveles de pobreza. Por ejemplo, en Totogalpa, la gran mayoría de las casas fueron hechas con fondos que envían las personas migrantes.

Las remesas están generando una falsa economía de servicios y consumo que depende totalmente de la exportación de personas.

Aunque los pobres que se fueron envían más dinero en relación al monto de lo que invierte la burguesía local, no tiene ninguna expresión como grupo de presión en el juego político nacional.

Desde abril 2018, el perfil demográfico de los 100,000 exiliados, por la represión del régimen, destaca principalmente por su juventud y un mayor nivel de escolaridad con relación a los otros países centroamericanos. La mayoría de los exiliados emigraron principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá y México.

22 Remesas familiares: En el año 2015 las remesas fueron US$ 1,193 millones de dólares. En 2016, alcanzaron la cifra de US$ 1,260 millones de dólares, equivalente al 9.8 por ciento del PIB.

Las remesas familiares en 2017 alcanzaron US$ 1,390.8 millones de dólares, equivalente al 10.9 del PIB. En el 2018, Nicaragua recibió US$ 1,501.2 millones de dólares, representando el 11.47 por ciento del PIB. En el primer semestre de 2019, se recibieron US$ 796.6 millones de dólares, un 9.9 por ciento superior al mismo período de 2018.

La cantidad aportada por las remesas a la economía nacional supera por mucho al dinero aportado por cualquiera de los otros sectores económicos del país. En el 2019, las exportaciones y las remesas son las que están manteniendo la economía, porque las demás variables están en el suelo.

Las remesas familiares siguen siendo el mejor programa social del país: los pobres que emigraron les envían dinero a los pobres que se quedaron.

Las remesas juegan un papel fundamental para mitigar la pobreza en el país. Sin embargo, la mejor forma de luchar contra la pobreza es más empleo, mejores salarios y/o ingresos y educación para todos.

23 Pobreza: Las clases media son muy vulnerables. En los últimos dos años sectores de la clase media descendieron a pobres por diversos factores: carencia alimentaria, falta de acceso a la seguridad social, a los servicios básicos, vivienda adecuada, educación y salud de calidad.

En Nicaragua, alrededor del 80 por ciento de las personas enfrentan pobreza multidimensional, ya que la pobreza está definida no sólo por el ingreso, sino por varios indicadores básicos que incluye la mala salud, la deficiente educación, la mala calidad laboral, la amenaza de la violencia y la falta de vivienda adecuada.

En el 2015, según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), la pobreza afectaba al 29 por ciento de la población nicaragüense considerando que la línea de pobreza era US$ 1.70 dólares por día. Según el BCN es el ingreso suficiente para consumir la cantidad de alimentos que proporcionen las 2,200 calorías necesarias diarias.

A la concreta, el BCN dice que una persona no es pobre si su ingreso es superior a los US$ 1.70 dólares diarios (US$ 57.80 dólares mensuales equivalente a C$ 1,965.2 córdobas a una tasa de C$ 34.0 córdobas por dólar).

Por su parte, la Fundación Internacional para el Desafío Global (FIDEG) ha estimado en el 2017, que el ingreso necesario para consumir la misma cantidad de calorías (2,200 calorías) es de US$ 2.50 dólares al día (US$ 75.00 dólares mensuales). En ese caso, el 41.2 por ciento de la población vive en pobreza.

El Banco Mundial (BM) cambió su métrica sobre la pobreza (noviembre 2017). Hasta antes de noviembre 2017 eran pobres y pobres extremos quienes vivían con US$ 1.90 dólares por día o menos; el BM ha actualizado métrica, eso significa que para el BM no ser pobre es vivir con un ingreso superior a los US$ 3.20 dólares diarios (US$ 96.0 dólares mensuales equivalente a C$ 3,264 córdobas mensuales).

De acuerdo a la métrica sobre la pobreza del Banco Mundial, actualmente en el país más del 50 por ciento de los trabajadores formales y cerca del 80 por ciento de los que laboran en el sector informal están por debajo de la línea de pobreza.

En el 2017, de acuerdo a los datos de FIDEG, el 41.2 por ciento de los hogares encuestados por FIDEG se encontraban en condiciones de pobreza y el 8.4 por ciento de los hogares en pobreza extrema.

En el 2019, dos años después, uno de cada dos nicaragüenses está en situación de pobreza o exclusión social o al borde de estarlo. Realidad que debería de provocar una verdadera alarma social.

Es decir, la pobreza que se mantiene a niveles altos es un círculo vicioso, que se traduce en una mala alimentación, un deterioro de la salud, una falta de acceso a una educación de calidad, desembocando en una caída de la productividad y de la competitividad.

Según reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN), siete de cada 10 trabajadores son informales y con bajos ingresos. Con estas altas tasas de empleo informal, las personas tienen una alta probabilidad de mantener en condición de pobreza.

Hay que agregar a más de 450.000 familias viven penurias luego de perder su fuente de trabajo por la crisis.

24 Educación: De acuerdo al libro publicado por el Banco Mundial titulado “Los Olvidados: Pobreza Crónica en América Latina y el Caribe” (2015), la escasa inversión productiva y social (especialmente en educación) es una de las razones principales por las que el 37 por ciento de los nicaragüenses viven un en estado de pobreza crónica.

Desde el 2015, el Banco Mundial señala que los problemas centrales de la educación en Nicaragua son: “la calidad y eficiencia de la enseñanza es baja. La pobre calidad de la enseñanza y los bajos índices de terminación de estudios están relacionados a: bajo financiamiento, ineficiente administración de los recursos, pobre administración y carencia de responsabilidades e incentivos inapropiados para los profesores y las escuelas”.

Los niveles de educación siguen sin mejorar. Existe un alto grado de deserción escolar a nivel de primaria, secundaria y universitario.

La matrícula inicial de primaria en el 2013 fue de 880,601 niñas y niños; la matrícula inicial de secundaria alcanzó la cifra de 507,387 jóvenes.

En el 2015, la matrícula inicial en primaria fue de 885,003 alumnos y alumnas. Es decir, entre el 2013 y el 2015, la matrícula inicial en primaria se incrementó solamente en 4,402 niñas y niños.

En el 2015 la educación secundaria logró una matrícula inicial de 333,713 alumnos y alumnas. Es decir, entre el 2013 y 2015, la matrícula inicial en secundaria disminuyó en 173,674 alumnos.

A partir de 2016, el gobierno dejó de publicar los datos sobre el comportamiento de la educación y la salud en el país.

En el Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación del Banco Mundial se sostiene que, sin aprendizaje, la educación no podrá ser el factor determinante para poner fin a la pobreza extrema, generar oportunidades y promover la prosperidad compartida.

En Nicaragua, después de asistir a la escuela durante varios años, miles de niños no saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas básicas. La crisis del aprendizaje está ampliando las brechas sociales en lugar de cerrarlas.

Miles de estudiantes jóvenes que ya se encuentran en una situación desventajosa debido a la pobreza, a conflictos, a cuestiones de género o a discapacidades llegan a la primera etapa de la adultez sin contar siquiera con las competencias más básicas para desenvolverse en la vida.

25 Salud: En el 2016, la inversión del gobierno de Nicaragua en salud equivale al 3.24 por ciento del PIB y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se necesita por lo menos el 5.00 por ciento del PIB para mejorar la calidad de la salud, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

La gran mayoría del presupuesto se destina para la atención hospitalaria y para la atención en el primer nivel (atención en los centros de salud). El gobierno no está priorizando la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Es decir, la estrategia del gobierno prioriza la parte curativa más que la preventiva.

El aumento de la desigualdad, el desempleo y el empleo informal no ayudan a garantizar una dieta nutritiva y adecuada para cientos de miles de personas que viven en la pobreza. Se presenta un retroceso en los problemas de salud relacionados con la malnutrición infantil.

Más del 25 por ciento de las personas sufren inseguridad alimentaria moderada o crónica, lo que significa que deben escatimar en comida o pasar hambre, y, en el peor de los casos, estar días enteros sin comer.

Una nutrición inadecuada de los menores pone en peligro su desarrollo futuro, especialmente su capacidad cognitiva, desventaja crucial en la productividad futura del país y en la sociedad tecnológica del siglo XXI.

A nivel mundial la tasa de embarazo de adolescentes se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas. En 2018, la tasa de embarazo de adolescentes en Nicaragua por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años es de 92.8 nacimientos.

26 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): En el 2017, la población económicamente activa (PEA) de Nicaragua era cercana a 3.3 millones de personas, de los cuales sólo 913,797 (27.81 por ciento), estaban afiliados al INSS, quedando el 72.19 por ciento en el empleo informal y desprotegidos de beneficios y seguridad social.

En el 2018, el INSS tuvo una pérdida masiva de afiliados alcanzando la cifra de 157,923, siendo el sector comercio la actividad económica más golpeada. En el 2019, la pérdida de cotizantes alcanzó otros 15,069 y en el 2020 esa sangría continuará.

En el primer bimestre del 2019 la planilla de los cotizantes de la seguridad social era de 756,858 personas; es decir, menos 16.7 por ciento inferior al promedio del total de asegurados entre enero-febrero del año 2018.

Por otro lado, en el 2019 el INSS cierra con un déficit de C$ 3,138.8 millones de córdobas y de C$ 3,184.8 millones de córdobas en el 2020; inferiores a los C$ 4,333.19 millones de córdobas en el 2018.

El problema del INSS es que los ingresos por inversiones están erosionados. En el 2019, las inversiones generarán en ganancias solamente de C$ 79.9 millones de córdobas y en el 2020 producirán solamente C$ 57.0 millones de córdobas. Inferior a los C$ 232.9 millones de córdobas en el 2018. Y mucho más bajo de los C$ 1,393.0 millones de córdobas en el 2010.

Esta situación tiene su origen en las malas inversiones, la corrupción y en el incremento de la planilla de trabajadores, muchos de ellos son miembros de las fuerzas de choque del régimen.

27 Medio Ambiente: Las señales del declive del régimen, también, se manifiestan en su contradicción de hablar en defensa de la madre tierra y en la práctica favorece la destrucción ambiental.

El decreto presidencial 15-2017 del 28 de agosto de 2017, fue un retroceso en todo el proceso de estudio del impacto ambiental; eso significó que todos los esfuerzos de hacer cumplir una serie de compromisos ambientales derivados de los convenios internacionales fueron eliminados. Elemento importante para estimular la oposición de los ambientalistas nacionales e internacionales.

Desde el 2007 a la fecha el tema ambiental ha estado en un tercer o cuarto plano de la agenda nacional. Sin embargo, el descontento de los sectores indígenas de la Reservas de Bosawás e Indio Maíz ha estado en primer plano de los ambientalistas, pero que no tenían suficiente fuerza para tener una repercusión nacional; fue hasta el incendio de Indio Maíz. Este fue el otro detonante de abril 2018.

El incendio se originó el 03 de abril de 2018 en la comunidad Siempre Viva en el departamento de Río San Juan. A pesar de que el gobierno territorial Rama y Kriol solicitó ayuda al gobierno central para sofocar el incendio, el gobierno actuó tres días después, cuando la información ya circulaba hasta en los medios internacionales. El área afectada se estima en 5,484.7 hectáreas, unas 7,786.44 manzanas.

El incendio en la Reserva de Indio Maíz dio inicio a un movimiento de jóvenes universitarios, que se autoconvocaron en dos ocasiones para realizar un platón frente a la Universidad Centroamericana (UCA) y a una marcha que fue reprimida por la Policía y sus fuerzas antimotines.

El régimen Ortega-Murillo, a la concreta, no comulga con el principio que sin naturaleza no hay agua, no hay vida, no hay especie. Mucho menos progreso o desarrollo económico. El desarrollo sostenible es el único camino.

28 Vivienda: Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que casi 80 por ciento de los nicaragüenses habitan en viviendas que no cumplen los estándares mínimos de habitabilidad.

El problema de la vivienda en Nicaragua está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo. Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales. No es diferente en las ciudades.

Hay más de cuatro millones de personas sin vivienda adecuada. De acuerdo a los datos oficiales, el déficit de vivienda es de más de un millón. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura, hacinamiento, y de servicios en los barrios, la situación resulta peor.

Los principales problemas de la población son: bajos ingresos y alto costo de la vida, la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza en pocas manos que han creado dos Nicaragua diferentes.

29 Mercado Laboral: La esencia de la política laboral del gobierno Ortega-Murillo son: aumentar la edad de la jubilación, reducir el “costo del trabajo”, o sea, los salarios directos e indirectos, como la educación, la salud, jubilaciones, indemnizaciones por despido o por accidente o enfermedad laboral, y, prestaciones de todo tipo.

El objetivo del gran capital, en su alianza con el gobierno, es eliminar o debilitar al máximo el poder de negociación de los sindicatos e instalar la precariedad laboral para los jóvenes y reducir las conquistas sociales que se obtuvieron por las luchas de los trabajadores desde los años cuarenta del siglo XX a la fecha.

Toda la industria local que abastece el mercado interno tiene un nivel de productividad sumamente bajo en términos regionales e internacionales; por lo tanto, dependen de los salarios bajos para subsistir.

Es decir, la productividad depende de manera desproporcionada de la acumulación acelerada del trabajo, en lugar de apoyarse en el crecimiento del capital o el uso eficiente de esos dos factores (capital y trabajo).

Los trabajadores del sector formal, que reciben sueldo mensual y tiene seguridad social representan apenas 26 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

La distribución del ingreso se ha deteriorado en contra de la equidad, pues el empleo y los salarios disminuyen constantemente, en contraste con las ganancias de las grandes empresas, que crecen exponencialmente todos los días.

En el año 1997, los salarios representaban el 65.0 por ciento del ingreso y en el 2015 representaba el 44.6 por ciento. Es decir, el mercado del trabajo ha perdido poder.

Según reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN), siete de cada 10 trabajadores son informales y con bajos ingresos.

Entre el 2018 y 2019, la precarización del empleo se generalizó. La magnitud del problema se hizo evidente: aumenta la población en edad de trabajar, pero se destruyó el empleo formal. Por lo tanto, se ha exacerbado el empleo formal e incrementado los niveles de pobreza.

Con un mercado laboral tan marcado por el desempleo y la precariedad laboral tiene consecuencias sociales, pero también económicas. Más de cuatro millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza; lo cual ha incrementado la “irritación social” en la población.

30 Desarrollo Humano. En 2019, de los 189 países y territorios analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Nicaragua ocupa la posición 126, una de las últimas de América Latina y el Caribe en cuanto a desarrollo humano. El país se mantiene en el grupo de naciones de nivel “medio”. Honduras en el puesto 132, El Salvador en el 124, Guatemala y Nicaragua en el 126.

Según el informe titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios” existe una “nueva generación de desigualdades” enfocada en temas como la tecnología, la educación y la crisis climática. La dignidad, el trato igualitario y la no discriminación pueden ser incluso más importantes que la inequitativa distribución de los ingresos, precisa el documento.

31 Corrupción: La corrupción de Nicaragua equivale al 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Es decir, al menos 10 de cada 100 córdobas generados anualmente se pierde, de manera ilegal, mediante actos de corrupción, terminando en manos privadas.

La Organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Internacional (TI), publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción Global” luego de analizar a 183 países. Nicaragua ocupa el puesto 152 y es catalogado como el país más corrupto de Centroamérica y se encuentra en una situación “muy preocupante” por la permanencia del régimen Ortega-Murillo.

La corrupción gubernamental ha sido un síntoma visible de la degradación de la “nueva clase” en el poder. Con la aparición del dinero venezolano, sin ningún control, se dieron condiciones objetivas para el robo y saqueo en detrimento del pueblo y con el consiguiente beneficio de la clase dominante.

El dinero venezolano fue el aceite de la corrupción que permitió la estabilidad del gobierno en los últimos años al mantener su base social a través del clientelismo político.

El dinero venezolano ha tenido cuatro destinos principales: una pequeña parte a los sectores de escasos recursos con las políticas sociales clientelares; una tajada importante en la acumulación de capital de la familia presidencial; una tercera, en el enriquecimiento de la nueva clase y de las elites del Ejército y la Policía; por último, en favores a los empresarios aliados del régimen.

El dinero era tan abundante, para los niveles de la economía local, que la corrupción se tapaba con despilfarro en inversiones inútiles (los chayopalos). Hay quienes se aprovecharon del dinero venezolano para tomar lo ajeno, para hacer negocios sucios y/o para enriquecerse.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), alertó a las instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el riesgo, que viene creciendo, de que transiten o ingresen “fondos procedentes de la corrupción política de Nicaragua”.

La FinCEN advirtió que hay grandes posibilidades de que figuras extranjeras de “alto rango, vinculadas con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios”.

El aviso emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de FinCEN, también señaló que estos activos podrían ser el resultado de “maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en los Estados Unidos o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero estadounidense”.

Las instituciones financieras fueron llamadas a presentar “Informes de Actividades Sospechosas” (Suspicious Activity Reports, SARs por sus siglas en inglés), cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o fondos que podrían proceder de la corrupción política asociada con figuras políticas extranjeras de alto rango vinculadas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Durante años, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su gobierno han celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, y robado dinero de las arcas públicas”, manifestó Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“El régimen de Ortega en Nicaragua es represivo y corrupto, ha enriquecido de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenecen. A su vez, este régimen está perpetrando abusos de derechos humanos en respuesta a protestas ciudadanas”, expreso el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco.

El 05 de octubre, la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua divulgó un comunicado emitido por el área de prensa de la Casa Blanca donde señaló que el aviso emitido por la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) “es una señal contundente de que el Gobierno del Presidente Donald J. Trump no tolerará el persistente uso indiscriminado de actos de violencia, tácticas represivas y corrupción por parte del régimen de Ortega, que han agravado la situación económica del pueblo de Nicaragua”. Es por ello que “Estados Unidos insta a que se reestablezcan de manera pacífica la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

En los últimos años, la sociedad nicaragüense ha convivido, pacientemente, con conductas carentes de toda ética, con delitos de corrupción señalados, con el enriquecimiento inexplicable de funcionarios y empresarios.

32 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Nuestro país no ha logrado avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), la agenda de retos que debe guiar las políticas globales de desarrollo a cumplir en 2030 con la que el gobierno se comprometió en una cumbre celebrada en el 2015, y que incluye metas en materia de economía, empleo, industria, innovación, pobreza, salud, género, agua, energía, medio ambiente, cambio climático, paz y justicia, entre otras.

33 Resumen de los principales problemas económicos: El dominio de la política económica por los grandes capitales. Escasa inversión en el desarrollo industrial, científico y tecnológico. Nula industrialización de los productos agrícolas. Obstáculos en el acceso al crédito productivo a los pequeños y medianos propietarios. Ausencia de una política para desarrollar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Bajos salarios y alto nivel empleo informal. Mano de obra no calificada para sostener un incremento sostenido del crecimiento. Nicaragua tiene baja conectividad en internet. Ausencia de una política que regule la Inversión Extranjera Directa para que impacte en áreas claves del desarrollo. A pesar de tener recursos mineros, energéticos, hidráulicos, amplia diversidad, bosques y agua potable; estos recursos naturales son bienes comunes de todos los nicaragüenses han sido privatizados y usufructuados en beneficio de algunas empresas.

34 Resumen de los principales problemas sociales: En un escenario social muy difícil (y agravado por los gigantescos desaciertos de la política económica), Nicaragua sigue siendo uno de los países más desiguales de la región latinoamericana. Existe una alta concentración de la riqueza. Existen altos niveles de pobreza y marginación social. La pobreza tiene un impacto negativo y duradero en la calidad de vida de las personas. La salud como derecho humano esencial, está lejos de tener índices de calidad. La infraestructura hospitalaria y médica es insuficiente. La educación mantiene un atraso secular. La escolaridad en general (preescolar, primaria, secundaria y universitaria) sigue siendo baja y de baja calidad. El acceso al empleo formal está vedado para miles de mujeres y hombres. Solo pueden acceder al empleo formal mal remuneradas. La población con derecho a la seguridad social es limitada. Los recursos para mitigar los efectos nocivos del cambio climático son nulos. No existe una política para evitar la destrucción de los bosques, la depredación del medio ambiente por la minería a cielo abierto y la desertificación de las zonas secas. La contaminación de los ríos, lagunas, lagos y suelos se agravan, año tras año, como consecuencia de la falta del uso racional de los recursos naturales. Todos estos elementos conducen al empobrecimiento y a la inseguridad de numerosos habitantes.

¿Hacia dónde nos quieren llevar?
(Tercera parte)

Introducción

“Creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”. Palabras escritas por José Saramago en su “Ensayo sobre la ceguera”.

Palabras que nos sitúan como espectadores de una sociedad que se articula y se desarticula alrededor del “mal blanco”, que es como describe a los personajes de la novela que padecen de la anomalía que se ha apoderado de su cuerpo y de su mente, imposibilitándoles ver la realidad social.

Para poder ejercer el liderazgo político, escribía Gramsci, los grupos dominantes no cuentan sólo con el poder y la fuerza material del Estado; también necesitan de la aceptación o consenso de los sujetos dominados, consenso que aparece crucialmente mediado por las formas culturales de interacción entre grupos dominantes y dominados.

El objetivo del régimen es convertirnos a todos en “zombies políticos sociales”. Los zombies son muertos sociales, políticos y/o laborales considerados, por el gobierno, como súbditos del caudillo. En esa lógica los “zombies políticos sociales están para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los asuntos del gobierno y poder conservar la cultura patrimonialista estatal de raíz colonial.

La subcultura de la opacidad, alimentada con argumentos diversos pero concomitantes como la razón de Estado y nutrida también de los últimos estertores de la vieja convicción absolutista y autoritaria de que los ciudadanos no tienen por qué cuestionar los actos de la “presidencia imperial”.

La permanencia de los “zombies políticos sociales” en la cultura nacional es para tolerar, bajo alguna figura o subterfugio, que los bienes públicos sean, como lo postulaba el sistema de encomiendas y mercedes reales, continuación del patrimonio privado.

La gente pobre sospecha que los nuevos ricos han adquirido su riqueza a través de medios ilícitos, sin tener conciencia que el sistema quiera transformarlos en “zombies políticos sociales” con el fin de evitar protestas sociales de todo tipo. Los “zombies políticos sociales” son los muertos vivientes sin empatía ni conexión afectiva con nadie, son los ciegos que, viendo, no ven.

Desde el 2007, a nivel económico, social y político, lo real ha sido que las políticas públicas propulsaron a la cúspide del Olimpo a los banqueros, al gran capital, a la nueva clase y al clan Ortega-Murillo; y convirtió a los políticos tradicionales en unos vulgares pigmeos manipulables por su concupiscencia.

Los políticos tradicionales siguen manteniendo una visión atrasada de la sociedad como a finales del siglo XIX, y de todo el siglo XX. El problema hoy es la infinita mediocridad de los políticos tradicionales cuando la nueva clase, los banqueros y el gran capital ya no saben qué hacer ante la posibilidad que la rebelión de abril cambie las reglas del juego sociopolítico.

Desde abril 2018, los partidos tradicionales se resquebrajaron; las instituciones están repletas de corruptos insaciables; la estafa a cimbrado a la sociedad; la muerte violenta recorre todo el territorio; los feminicidios se incrementan; la democracia se encoge sin freno; el espionaje gubernamental trabaja 24×7; el latrocinio controla a cualquier precio a jueces.

El Juego de Tronos explica la teoría que los actores políticos siempre actúan maximizando su utilidad. Los dirigentes de los partidos comparsas se han echado en manos del pasado y se han cortocircuitado su futuro. El PLC, APRE y ALN se han convertido en muleta de Ortega. ¿Quién no se acuerda de un Wilfredo Navarro gritando ¡Por Dios Arnoldo, líbranos de Ortega! Desobedecer a los que te pagan o te sostienen sale caro a los que dependen de su paga.

Los partidos comparsas y sectores de la Alianza Cívica prefieren buscar un espacio electoral participando en unas elecciones no transparentes y machacando cualquier posibilidad de salida democrática que supere el actual “statu quo”. La desconfianza de la población crece. Se habla menos y la suspicacia aumenta. Se respira en la calle un ambiente de temor.

Los acontecimientos del 2018 y 2019 nos demostraron que el poder se revela como una droga alucinante, capaz de transformar el buen juicio de cualquiera y obnubilar su raciocinio. Es el desvarío del poderoso, que cree tener una misión mesiánica para alcanzar metas fabulosas, vocación faraónica que nubla la mente y, por lo general, conduce al dictador hacia el fracaso. Es la metamorfosis del poder autoritario.

Desgraciadamente el fracaso no es individual ni puramente personal. Antes, el obnubilado arrastra consigo a los demás, a los cortesanos que les rodean y a los que les adversan. Conduce al país, con su ceguera insólita, hacia el borde del precipicio. No le importa, su mente está poseída por la idea del poder infinito, por el afán interminable del mando y la hegemonía absoluta.

En su racionamiento, la continuidad de su mandato es casi una premisa divina alimentada por los aduladores y serviles que lo rodean, una derivación incontrolable de poderes tan superiores como incuestionable. Es casi una locura y la alucinación que se desprende del ejercicio autoritario y arbitrario del poder.

A su lado, en sumisión, un coro de leales e incondicionales entonan los cantos cortesanos. Son los lambiscones del poder, que nunca faltan. Entre ellos, sobresalen los sabios magistrados, los que se encargan de retorcer las leyes para dar sustento formal a las argucias y falsedades del poder autoritario.

Más allá, en la fila de espera, se alinean pocos curas y algunos pastores que reciben prebendas o tienen algo que ocultar; los diputados, esos que dicen ser los representantes de todos nosotros; los empresarios rentistas, aliados coyunturales; por último, los políticos comparsas; todos ellos forman parte del teatro de la política nacional. Todos ellos le cantan loas al dictador.

En el 2020, la sociedad civil habrá que enfrentar obstáculos y encrucijadas, abismos y hondonadas, riesgos y peligros. Ojalá que logremos sortearlos y podamos salir indemnes de esta alocada travesía a la que empuja la insensatez del poder autoritario y la ambición desmedida de unos cuantos cortesanos.

Lo único cierto es que si las fuerzas sociales progresistas no ganan nuevamente la calle nada cambiará en Nicaragua. La solución de la crisis política post-Ortega no brotará del rodaje de las instituciones del Estado, de los acuerdos parlamentarios o las resoluciones de los organismos internacionales sino de la dinámica del protagonismo social de la calle.

Es decir, de la movilización popular y la voluntad de lucha de todas las capas sociales resueltas a poner fin a la dictadura y redefinir el rumbo de la sociedad nicaragüense. Sólo ellas podrán resolver el endemoniado entramado de corrupción, venalidad y abuso que caracteriza a la clase política tradicional y al régimen actual. Tarea difícil, muy difícil pero no imposible.

Ojalá que los sectores populares en alianza, con los ciudadanos autoconvocados y con los intelectuales progresistas tengan la clarividencia para discernir las vías de solución a la crisis y puedan impulsar una regeneración ética que tanto necesita Nicaragua.

El país necesita un cambio real, no un gatopardismo superficial. Se necesita transformar a fondo la sociedad, es una necesidad ineludible. La apuesta decidida por el futuro debe contener cuatro pilares estratégicos: la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Coyuntura actual: apaciguamiento

Hasta abril 2018, el régimen Ortega-Murillo gozaba del apoyo abierto y encubierto de los poderes fácticos (banqueros, grandes empresarios, sectores de la iglesia católica y evangélica, ejército, policía, sindicatos pro-gubernamentales).

Todo se expresaba en la vigencia del modelo económico corporativo producto del pacto régimen con los grandes empresarios. Dicho pacto era apoyado por los partidos políticos comparsas. A partir de abril 2018, el pacto se rompió producto de la rebelión ciudadana. Pacto que se intenta reconstruir por diferentes medios.

Las crecientes tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por negativa del régimen a permitir la plena vigencia de los derechos humanos, sociales y políticos, produce pérdida de legitimidad internacional por la represión indiscriminada y la falta garantías para unas elecciones transparentes.

Los diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) y las resoluciones adoptadas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), mostraron la magnitud de la represión, lo que permitió el inicio de un seguimiento riguroso del acontecer nacional de parte de la comunidad internacional y sanciones de parte de Estados Unidos y Canadá.

El discurso del régimen sobre el “golpe de estado” y las múltiples negaciones sobre la existencia de los paramilitares, parapoliciales y paraestatales en la represión cotidiana ha perdido toda credibilidad ante los medios de comunicación internacional como en las cancillerías de los diferentes gobiernos latinoamericanos y europeos.

El régimen Ortega-Murillo desea ocultar los asesinatos de niños, encubrir las torturas a los presos políticos, esconder la existencia de desaparecidos, la realización de los juicios amañados, conservan el encarcelamiento de presos políticos y mantienen en el exilio a cientos de miles de personas por la persecución implementada. La verdad es perseguida, ninguneada y hacen lo indecible por desacreditarla. No hay espacio para la justicia reparadora.

Todo lo anterior, ha creado un profundo malestar larvado y silencioso en la población en general. Frustración e inconformidad que comienzan a ser mella en su propia base social. Todo indica que el espejismo comienza a romperse.

Si el movimiento popular cae en el juego de los partidos tradicionales se corre el riesgo del “abrazo del oso”. Una alianza con los partidos tradicionales y/o con los dinosaurios políticos sería un factor de debilitamiento.

Los partidos zancudos no son aliados leales, por su flirteo con el régimen han terminado pensado igual que ellos. Su actual posición de conformar una “gran coalición” opositora puede ser cualquier cosa.

Desde oportunismo interesado, falsa oposición, simulación calculada, quinta columna; pero no lealtad política. Su objetivo es transformarse en agentes activos del apaciguamiento político para obtener réditos políticos.

Hasta ahora, el plan de Ortega-Murillo es mantenerse en el poder pagando el precio que sea, a través de la fuerza, la represión y el terror. Su meta va más allá del 2021, ya que no quieren perder ni entregar el poder. El día que el dictador muestre algún tipo de temor, es su último día. Ellos tienen que esconder su miedo.

El régimen ha quedado reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados (policía, paramilitares, paraestatales, Ejército), sectores de los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.

Vemos erosionar lentamente el equilibrio político-social del orteguismo, sus concepciones, su cultura. En el espacio perdido por el declive por el régimen, emergen nuevas propuestas políticas (reformas constitucionales, nueva constitución política, reformas electorales, régimen parlamentario) y viejos actores políticos.

Lejos de una consolidación del régimen, Ortega avanza sobre un suelo inestable y no ha podido propinar, hasta ahora, a una derrota estratégica de la rebelión de abril 2018. Podríamos definir la situación del régimen como de “inestabilidad hegemónica”.

Al compás de la crisis sociopolítica asistimos al eclipse en cámara lenta del ciclo político del “orteguismo autoritario”, en un ritmo político menos acelerado al deseado por la gran mayoría de la población.

El régimen Ortega-Murillo sólo se sentará a buscar una salida a la crisis sociopolítica, aceptable para “los de abajo”, producto de una combinación de la presión del movimiento social con apretón internacional que lo obligue hacerlo, no lo hará por voluntad propia.

La presión de los autoconvocados en la calle, de los excarcelados, de las madres de los asesinados y del pueblo en general, es clave para impedir el pacto tradicional entre los diferentes poderes fácticos, y, lograr la derrota definitiva del régimen Ortega-Murillo.

Debemos de tener en cuenta que en la historia política nacional siempre ha aparecido alguien que, no necesariamente por dinero, sino por ambición, termina fragmentando las fuerzas políticas del cambio.

El tirano se mantiene en el poder, basado en la policía genocida en la nueva modalidad de presentarse disfrazados de paramilitares y los recursos para manejar el aparato estatal, convirtiendo a la policía en su guardia pretoriana, junto a los matones de la represión, los paraestatales.

Por otro lado, entre los orteguistas hay hartazgo, aún en los que se mantienen fieles. Tampoco ven la luz final, creen que la cosa va a empeorarse. Su gran temor es el deterioro de la economía. Ni ellos están dispuestos a aguantarla. Y también saben muy bien que, si la economía no mejora, no pueden cantar victoria.

Por la incapacidad de derrotar al movimiento social, la dictadura dará golpes dolorosos a la lucha. Seguirán persiguiendo a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), medios de comunicación, a periodistas, siguen deteniendo ciudadanos y hostigando a la iglesia católica. Esto es realmente paradójico, porque si bien es cierto que restringe la protesta social, produce un efecto contrario a nivel internacional.

Producto de la represión indiscriminada se mantiene, a nivel internacional, el tema de Nicaragua y se encienden las luces rojas en diferentes países. En enero de 2020, habrá una actividad en la OEA para tratar el tema Nicaragua. Esa sesión será un paso más en el proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

La anunciada inversión norteamericana de decenas de miles de dólares en el triángulo del norte centroamericano, puede provocar el cambio de los votos de Honduras a favor de la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana. Tanto El Salvador como Guatemala ya han tomado distancia del régimen Ortega-Murillo.

La gente no es cobarde, pero piensa y se cansa. La rebeldía se desgasta, como cualquier forma de energía social y obliga al necesario repliegue social, pero no es la retirada final. Sin embargo, las formas de protestas se trasladan a todos los espacios cuando el régimen intenta cerrarlos.

Estamos en un interregno para acumular fuerzas y, un buen día, retornar al escenario sociopolítico callejero. No hay pueblo miedoso ni indiferentes. Lo que hay son líderes incapaces de interpretar correctamente el sentimiento de la masa y acertar el momento de la nueva ola social.

A pesar de las presiones, el aislamiento internacional y las debilidades del régimen, los poderes fácticos internos (COSEP, Alianza Cívica, algunos sectores de la UNAB) comienzan a publicitar de la necesidad de ir a las elecciones con o sin reformas con Ortega-Murillo en el poder.

El incremento de la presión de los Estados Unidos sobre los intereses centrales del Ejército, del gran empresariado y de la burocracia gubernamental; puede obligar al régimen a aceptar unas elecciones, dentro de la lógica del “aterrizaje al suave”: cambiar algo para que nada cambie.

El régimen Ortega-Murillo ha generalizado un entorno social de inseguridad (incremento de la delincuencia, asaltos, robos), inestabilidad laboral (desempleo) y anomía comercial-mercantil (recesión económica); por lo tanto, existe en algunos sectores de la población un cierto anhelo de establecer una “cierta normalidad”; lo crea las condiciones para un pacto político tradicional y una “salida en frío”.

El deseo de comunidades y la necesidad de protección colectiva de los sectores populares ante las desatadas fuerzas de los paramilitares, parapoliciales y matones, que asaltan y matan, se expresaría de manera favorable a un cambio de gobierno por la vía electoral.

Tanto los poderes fácticos como el régimen necesitan un Estado represivo, de carácter policial, para mantener el modelo de acumulación rentista y excluyente, pero debe estar legitimado por el ejercicio de un acto electoral. Ese acto no puede poner en cuestión ni el Estado ni el modelo rentista y excluyente de acumulación de capital.

En la lógica del régimen Ortega-Murillo las elecciones son contempladas para legitimar su gobierno. En la lógica de los poderes fácticos, las elecciones son para minimizar la influencia de los no integrables a la cúpula del poder; es decir, los campesinos, los estudiantes, los ciudadanos autoconvocados, sectores populares, o sea, los y las “de abajo”.

El objetivo de unas elecciones, para las clases hegemónicas, es transformar, en cámara lenta, el actual “estado represivo de facto” en un “estado represivo legal” aceptado por la mayoría de población, donde el sistema funciona para el tercio de los “de arriba”.

Existe un “te doy para que me des” entre el régimen y algunos poderes fácticos y partidos comparsas. Sus cúpulas dirigentes funcionan como una trituradora de la idea de un paro nacional y como cerrojo a las luchas sociales en las calles.

Los artífices de la política de apaciguamiento siguen pensando que tarde o temprano Ortega acabará cumpliendo aquello que desean más fervientemente: las elecciones como la “salida al suave”, ya que están en contra de las movilizaciones sociales, del paro nacional o de cualquier tipo de acciones que reactive la independencia política de los movimientos sociales.

El peligro inmediato es que producto de un pacto debajo de la mesa se negocie el desmontaje de la rebelión de abril, emergiendo una solución “gallo-gallina”, dando origen de un nuevo autoritarismo y se produzca, como en el pasado, la eliminación selectiva de los líderes de abril.

¿Hacia dónde nos quieren llevar?

El régimen difunde profusamente las tonterías del “golpe de estado” sin ningún rubor, mientras ejecutan burdas operaciones judiciales para encarcelar a los líderes de las protestas, las causas que inventan no podrían traspasar la primera instancia de cualquier tribunal decente en no importa que país sea.

El régimen cuenta con el aval de jueces y magistrados para dictar las sentencias que repiten los medios oficialistas. Los medios oficialistas operan como usinas de “fake news”, que elaboran los servicios de inteligencia del régimen.

El régimen sólo no reconoce los desastres provocados por su gestión, sino que afirma que su modelo público-privado forjó un próspero crecimiento económico. Para ellos, sólo habría una falla en el sistema político de un esquema político floreciente: la insubordinación social. La movilidad social fue muy limitado o nulo para las mayorías y coexiste con la creciente precarización laboral y el creciente trabajo informal.

La revuelta de abril 2018 fue encabezada por estudiantes y campesinos, luego se incorporaron profesionales, ciudadanos, comerciantes y dueños de pequeños negocios. Todos buscaban la caída del dictador y contener la degradación del nivel de vida.

Derrotar al régimen es el gran objetivo de la rebelión de abril 2018. Para alcanzar esa meta hay que redoblar la movilización social e intensificar la acción política. Pero esa intervención requiere aprender de los errores que el régimen aprovecha para recomponerse.

Resulta difícil vencer al régimen si son alumbrados por el propio campo opositor. La Alianza Cívica, ungida como vocera de la oposición, está conformada por antiguos aliados del régimen y socios comerciales de la “nueva clase”.

La estrategia de “ampliar frentes”, ha conducido a conformar una alianza con los socios económicos del régimen en múltiples negocios, en detrimento de los movimientos campesinos y estudiantil.

Esa relación gran capital + régimen Ortega-Murillo construida a lo largo de muchos años, ha sido un hándicap para el movimiento popular debido a que los intereses económicos del gran empresariado han contaminado las posiciones políticas de la oposición ampliada.

El apaciguamiento impulsado por sectores de la Alianza Cívica, ha sido aprovechado por el régimen para recomponerse cuando sus cimientos son preservados en la lógica de la “salida al suave”, establecida desde el 29 de mayo de 2018 (el diario La Prensa del 30 de mayo).

El gran capital, al no apoyar efectivamente las luchas sociales de los ciudadanos, permitió que el estado policial fuera cobrando forma. El estado policial fue el modo encontrado por el régimen Ortega-Murillo y la “nueva clase” para sostener al sistema de dominación basado en el capitalismo de amiguetes, corrupto, rentista y el extractivista.

Los voceros del gran capital en la Alianza Cívica prometen erradicar el esquema de poder del régimen y terminan facilitando su recomposición. El régimen ha recuperado terreno, cuando los otros miembros de la Alianza Cívica identifican ingenuamente los éxitos iniciales como permanentes.

Cuando el control efectivo de la economía, la justicia, el ejército y la policía permanecen en manos de la dictadura, la recomposición del régimen es una cuestión de tiempo. Esa realidad suele coincidir con el descenso de las protestas sociales.

La despolitización de muchos miembros de los movimientos sociales es la explicación más frecuente de esa desconexión entre el activismo social y el ceder la dirección política a los socios económicos del régimen. También, influye la propaganda, la represión y la crisis económica, y, se olvidan de las demandas iniciales de la rebelión de abril 2018.

También esa despolitización es consecuencia de la continuidad del sistema político. La ideología y la cultura política vigente en una sociedad no flota en el vacío. Si el poder es preservado por el régimen, a pesar de su debilitamiento, esa preeminencia cultural tiende a extenderse a los comportamientos de toda la sociedad. El poder autoritario recupera, poco a poco, los que perdieron al inicio.

La despolitización y la desmovilización son factores importantes en la lógica para hacer prevalecer la “salida al suave” vía electoral. A medida que la movilización social disminuye en intensidad y recurrencia; se produce una confluencia de intereses entre el régimen y el gran capital: estabilizar la economía y elecciones en 2021.

Ese deseo de evitar la profundización de la recesión y la ausencia de protestas importantes permitieron las negociaciones en curso tras bambalinas.

La Alianza Cívica ha terminado siendo un instrumento político que es controlado por el gran capital, cuyo objetivo ha sido aprovechar el descontento social contra la dictadura y utilizarlo como moneda de cambio en las negociaciones para establecer un nuevo reparto de poder.

El 04 de octubre 2018 se anunció la conformación de una gran alianza de los diferentes sectores que se oponen al régimen Ortega-Murillo. La “Unidad Nacional Azul y Blanco” conformada por la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales (que aglutinan a sectores estudiantiles, campesinos, movimientos sociales, feministas, indígenas y empresariales), el Frente Amplio por la Democracia (FAD), la Coordinadora Universitaria (CUD) y los Movimientos 19 de Abril de varios departamentos. Esta unidad está basada en una serie de coincidencias mínimas por la democratización y la justicia en Nicaragua.

Hasta la fecha, la Alianza Cívica ha logrado subordinar algunos líderes estudiantiles a su proyecto político, quitándole un protagonismo político independiente. Dentro de esa lógica ha logrado debilitar, parcialmente, a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) quitándole liderazgo e independencia.

Al interior de la UNAB, los sectores más dinámicos, con mayor representación y beligerantes al inicio de la rebelión de abril 2018, han ido perdiendo influencia y protagonismo en detrimento de los sectores más proclives de mantener una alianza de subordinación política con los mandamases de la Alianza Cívica.

La UNAB nació como un proyecto político alternativo a la Alianza Cívica, en la fase actual esas diferencias se han extinguido en beneficio de la línea política determinada por el gran capital al interior de la Alianza Cívica.

La propuesta unificada de reformas electorales demuestra la subordinación de la UNAB a la vía electoral como único medio de salida a la crisis, abandonando de hecho la estrategia de las movilizaciones sociales, a favor de la “salida en frío” de la dictadura: negociaciones electorales.

La propuesta de reformas electorales indica que ambas organizaciones UNAB y Alianza Cívica abandonan las movilizaciones sociales. Sin embargo, la marcha de los campesinos de El Fajardo, las protestas exprés de sectores juveniles y ciudadanos en general tratan de reactivar las marchas sociales aprovechando el aislamiento internacional y la debilidad política-social del régimen; con el objetivo de mantener la viabilidad de la caída de la dictadura por la vía de la “salida en caliente”: paro nacional y movilizaciones sociales.

El mantenimiento de la hegemonía del régimen no es inexorable, ni expresa un péndulo natural de la vida política. Deriva de la ausencia de estrategia y de radicalidad que impera en la Alianza Cívica y en sectores de la UNAB. La estrategia de la “salida al suave” ha ayudado a la desmovilización y despolitización social.

En lugar de fomentar luchas sustanciales para debilitar al régimen en los momentos oportunos, esa corriente se adapta al “statu quo”. Así como rehúye la posibilidad de una “salida en caliente” del régimen, a través de un paro indefinido acompañado de movilizaciones sociales y políticas, aprovechando el mayor aislamiento internacional.

Por esa ausencia de estrategia para derrotar al régimen, el control del poder, poco a poco, termina afianzando al régimen. Por ejemplo, el freno a las demandas de los ciudadanos de una “salida en caliente” en los meses de mayo y junio de 2018, abrió las compuertas para las acciones de los paramilitares, paraestatales y policías produjeran cienes de muertos, miles de heridos, centenares de desaparecidos y decenas de miles de exiliados.

En el 2020, existen grandes posibilidades de lograr conquistas y cambios de las relaciones de fuerzas a favor de las demandas originales de la rebelión de abril. La batalla política en curso puede derivar en novedosas e imprevistos escenarios.

Lo importante es comprender el contenido y la esencia de la confrontación política. Los intereses de una minoría chocan con los anhelos de la mayoría social. Se ha olvidado las demandas iniciales: democratización, justicia, reparación y poner la dignidad de los más pobres y de las víctimas de la represión por encima del capital.

El alineamiento de los poderes facticos con el régimen contrasta con las propuestas del pueblo: “que se vayan ya”. El triunfo del pueblo exige construir, fortalecer y renovar el proyecto de la lucha inicial.

Los principales escenarios políticos

Cualquier conflicto sociopolítico termina con una negociación o acuerdos, las guerras terminan de la misma manera. No se puede finalizar ningún conflicto sin negociación o acuerdos.

Para visualizar los principales escenarios políticos posibles tenemos que tener presente el comportamiento de los poderes fácticos internos y externos analizados en la primera parte como las 34 variables analizadas en la segunda parte de este ensayo.

Desde abril 2018 el epicentro del poder, meta constitucional, ha sido golpeado de manera irreversible. A partir de ese momento, la viabilidad del desarrollo nacional es nula con Ortega-Murillo en el poder. Es decir, se produjo un punto de inflexión, la sociedad nicaragüense despertó y reclama sus derechos políticos y sociales que le habían sido usurpados.

En la política nacional hay mucha simulación, es como un baile de máscaras, todos los políticos tradicionales fingen una cosa cuando en la realidad actúan de diferente manera. El régimen Ortega-Murillo ya se acabó; Ortega-Murillo permanecen en el poder, pero no gobiernan, se sostienen a base de la represión

A pesar del delicado contexto interno e internacional, Ortega-Murillo siguen considerando la política como un campo de batalla militar. El principal objetivo del régimen es prolongar su estadía en el poder, ya sea por la indefinición de un liderazgo político nacional de la oposición, ya sea que resulta muy problemático definirlo por las aspiraciones individuales o la combinación de ambas; lo cual ha favorecido a Ortega-Murillo para permanecer en el poder.

El objetivo principal de Ortega-Murillo es que todo sea igual como antes de abril 2018. A estas alturas que nada cambie parece muy improbable. Sobre todo, por el aislamiento internacional, la profundización de la recesión económica, el incremento del descontento social y porque las sanciones norteamericanas hacen al país muy vulnerable.

La apuesta de Ortega-Murillo para ganar y permanecer en el poder se basa, en su creencia, que puede revertir la crisis sociopolítica siempre y cuando pueda actuar en cinco frentes: la represión al movimiento social, el acomodamiento político del sector privado, la división de la oposición, la protección a su círculo íntimo de poder y una comunidad internacional con pocos dientes como les enseña la experiencia venezolana.

El derrumbe de la economía crea serios interrogantes sobre el acompañamiento social a la política gubernamental. Esta adversidad de la economía ha sido agravada por la improvisación, inhabilidad, torpeza e ineptitud del gobierno. Toda la sociedad nicaragüense estará desgarrada por un posible colapso mayúsculo del ingreso.

El régimen está esperanzado en que la crisis venezolana y boliviana que han pasado a primer plano a nivel internacional ha situado a Nicaragua en segundo o tercer plano; creen que el tiempo que tarde en resolverse la crisis en Venezuela puede restar fuerza a la acción diplomática contra el régimen Ortega-Murillo. Mientras tanto, internamente siguen reprimiendo para acallar, adormecer, anestesiar cualquier protesta.

Todos los escenarios contemplados y posibles tienen la característica de ser salidas políticas “en frío”, sin la presencia de los ciudadanos protestando en las calles de las principales ciudades, eso no quiere decir que no habrá pequeños piquetes de protestas en las ciudades o pequeñas marchas campesinas en el campo.

El régimen Ortega-Murillo no tiene ninguna propuesta firme y única, su táctica/estratégica es “pilotaje a la vista”. Es decir, van a actuar según las circunstancias, acomodándose puntualmente, tiene la esperanza que los Estados Unidos no actúen a desestabilizarlo completamente por temor a la ausencia de una alternativa de poder unitaria y crear un caos en la región centroamericana.

Ortega-Murillo NO ha ganado la partida, aunque haya logrado controlar, a mi criterio de manera transitoria, la lucha social. Su aislamiento internacional es mayor, la crisis económica comienza hacer estragos y la protesta sociopolítica continúa.

Hemos entrado en la fase post-Ortega, una etapa de transición que puede ser de corta duración por la profundización de la recesión económica, por el mayor aislamiento internacional y por las negociaciones tras bambalinas. Todo tiene su ocaso y la noche termina siempre con la salida del sol.

Por esa razón, se inicia el año 2020 de manera incierta, con perspectivas futuras atroces: más desempleo, más pobreza, más crisis social, más crisis económica. Mucha incertidumbre, escepticismo y falta de confianza.

¿Qué es lo ganaría Ortega-Murillo en una negociación? Si Ortega-Murillo no procede a negociar, el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) avanza y la dictadura quedaría más aislada, sin acceso a ningún crédito internacional, sanciones a más funcionarios del gobierno y del ejército, sanciones a más funcionarios violadores de los derechos humanos y/o corruptos. Este escenario conduciría, inevitablemente, a una mayor debilidad del régimen Ortega-Murillo y tendrían que negociar en una posición de mayor fragilidad.

El dilema de Ortega-Murillo: ¿En qué momento hay que negociar el poder? No quiso o no pudo hacerlo cuando tenía la confianza de la mayoría de su base social, el silencio de la comunidad internacional y la posibilidad de una “salida al suave”. Ahora va a tener que hacerlo cuando ha perdido la confianza de la gran mayoría del pueblo nicaragüense. La historia no lo perdonará y quedará marcado como un dictador similar a Somoza o a Pinochet.

A la luz de la correlación de fuerzas geopolíticas e internacionales, es obvio, que el régimen Ortega-Murillo perdió la batalla política. No tiene más salvación que una salida negociada. No hay forma de evitar que la actual fase post-Ortega, iniciada a principios de enero 2019, culmine en elecciones generales. La lucha futura será alrededor de qué tipo de elecciones serán.

Primer Escenario: Ortega se queda. En este escenario contemplo que Ortega se mantendría en la cúspide del poder y su mensaje sería que continuaría en el poder por tiempo indefinido, aferrados a la lógica del poder o la muerte. Pensando que mientras tengan los “fierros” pueden conservar el poder.

En este escenario que Ortega se queda, estaría apostando al desencanto/cansancio de los ciudadanos, a la falta de un partido que logre aglutinar a todos los movimientos sociales y al accionar de los paramilitares y parapoliciales. La viabilidad de este escenario sería el deterioro de todos los elementos económicos, sociales e internacionales que limitaría su implementación.

Este escenario es muy poco probable, ya que implicaría el régimen Ortega-Murillo se queda manteniendo la represión y el estado de sitio de facto, no importando el costo que tenga que pagar. Esto implica más muertos, presos, heridos y el hundimiento de la economía e incremento de la pobreza y desempleo.

Ortega-Murillo se juega su permanencia y siguiendo aquella frase de Tomás Borge, hagan lo que hagan, lo importante es no perder el poder. Dado su aislamiento internacional, Ortega-Murillo ve que ya no hay marcha atrás y decide jugarse el todo por el todo: reprimiendo. Seguirá con su estrategia de reprimir, matar, violentar a la población.

El elemento que a Ortega-Murillo lo lleva a pesar en esa variante es la lección aprendida, según su lectura, del desenlace de las elecciones recientes de Bolivia. A su criterio, la Organización de Estados Americanos dejó de ser un juez imparcial.

Esta variante, muy poco probable, significaría la profundización de la recesión económica y su aislamiento internacional. En esta variante las sanciones internacionales se incrementarían al círculo íntimo de poder y el país quedaría sin financiamiento externo.

Algunos bancos internacionales pueden retirarse a seguir prestando servicio de corresponsalía a los bancos locales y las inversiones extranjeras directas caerían y prestamos de los organismos financieros internacionales se congelarían.

¿Existe la posibilidad de que la cúpula militar abandone al régimen Ortega-Murillo? ¿Es posible que un sector pragmático le dé la espalda? Yo no creo que vayan a hacer nada. Los altos oficiales están decididos a sostener el modelo, ya que ellos también se han beneficiado de los favores del régimen de compadrazgo.

Es decir, la mayoría de los poderes fácticos internos y externos no lo acompañan. Por lo tanto, su legitimidad sería aún más débil y las posibilidades de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, las sanciones europeas, canadienses y norteamericanas se incrementan.

Segundo escenario: elecciones con o sin reformas. Ortega decide realizar una convocatoria a la realizar elecciones ya sean adelantadas o no; con la puesta en marcha de algunas reformas restringidas y cosméticas y aceptando la supervisión nacional e internacional para satisfacer algunas demandas de los poderes fácticos y de los organismos internacionales; sin embargo, mantendría el control de todos los otros poderes del Estado (electoral, judicial, legislativo) y el aval de los poderes fácticos de la policía, ejército y sindicatos.

Para algunos poderes fácticos y los partidos tradicionales sería una muestra de una cierta apertura del régimen Ortega-Murillo que habría que aprovechar, pensando que una “avalancha de votos” vencería a Ortega-Murillo en las elecciones. A mi criterio, nadie iría a votar a unas elecciones donde no existan las garantías que se respetaría la decisión popular en las urnas.

En esta variante, Ortega-Murillo lograría darles aire a los partidos políticos comparsas y haría que la lucha política se concentre en la elaboración un nuevo registro electoral, en cambiar algunos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Ir a las elecciones sin reformas profundas y sin garantías sería traicionar la rebelión de abril. Ir a votar con un fusil apuntando a la espalda de los ciudadanos y los paramilitares en los centros de votaciones sólo nos llevaría a un “orteguismo con Ortega”.

No creo que Ortega-Murillo vaya a ceder todos los puntos propuestos por la UNAB/Alianza Cívica, su temor a perder las elecciones en esas condiciones es real.

La presión internacional centrada en declaraciones/ resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Unión Europea, de los Estados Unidos y de algunos presidentes latinoamericanos no son suficientes para derrocar al régimen, es la lección aprendida por Ortega al analizar el caso Venezuela.

Tercer escenario: la «salida suave» o “salida en frío”. La política de Estados Unidos hacia América Latina se articula en una especie de una doctrina Monroe actualizada; por lo tanto, pensar la posibilidad de salir de la esfera de influencia norteamericana es una ilusión sin ningún fundamento.

Todo parece indicar que el establishment estadounidense (diciembre 2019) cambió todas las cartas en la mesa. Washington se lanzó una ofensiva para propiciar una solución final en Nicaragua. Es decir, quiere forzar una salida negociada y sin participación de la calle.

Este escenario nos estaría indicando que existe una negociación en marcha entre el régimen con los poderes fácticos externos e internos, negociación que no puede ser, volver a las condiciones de antes de abril de 2018, pero que es una escalera para Ortega-Murillo. Hay varios elementos que podrían indicar que hay negociación.

1. La empresa privada que declaró a través de varios voceros que están dispuestos a aceptar un arreglo político con el régimen.
2. Las declaraciones del papa Francisco, 24 de diciembre, no hizo ninguna condena por los crímenes cometidos conociendo la represión que sufren sacerdotes e iglesias, solamente pidió reconciliación. Se sabe que el Nuncio Apostólico es favorable a la negociación.
3. En la lógica de las negociaciones en curso, Ortega-Murillo sigue con la represión evitando, de esa manera, el resurgimiento de un movimiento social, una segunda ola, que mande al traste cualquier negociación.
4. Con la represión Ortega-Murillo ha eliminado, a la concreta, la fuerza social de la calle de los autoconvocados, permitiendo que sean los poderes fácticos tradicionales (partidos, empresa privada, ejército, etcétera) los que participen en la negociación y propongan una “salida en frío”.
5. Estados Unidos seguirá presionando, directamente o a través de la OEA, para que el régimen acepte una negociación que implique elecciones para facilitar una “salida al suave”.
6. Los norteamericanos han decidido, no aplicar todas las sanciones de manera inmediata con el objetivo de encontrar una salida de un “orteguismo sin Ortega” para evitarse complicaciones como en Venezuela.
7. Salida que contemplaría la permanencia de Ortega-Murillo, elecciones transparentes a finales de 2020 o comienzo de 2021, etcétera.
8. Los norteamericanos y el gran capital saben que el esquema de poder vigente hasta el 18 de abril 2018 ya no es más sostenible en el futuro.
9. La excarcelación de 91 presos políticos ocurrida el 30 de diciembre de 2019, no fueron liberados totalmente, ya que pasaron al régimen de “casa por cárcel” y permanecen encarcelados más de 60 presos, aunque continúan capturando a más jóvenes.

En el análisis de la “salida en frío o aterrizaje al suave” no se puede perder de vista, ya que los poderes fácticos lo único que pretenden es mantener el monopolio del poder estatal. Es decir, los poderes fácticos favorecen un cambio político y social manteniendo el “statu quo”, desarrollando un desplazamiento doméstico del poder.

A criterio de los poderes fácticos internos, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países con representación en la Organización de Estados Americanos, el Vaticano, algunos obispos, el gran capital, la Alianza Cívica y sectores de la UNAB; para todos ellos, sería la mejor solución a la crisis sociopolítica.

El cuarto escenario: la opción militar: Es la alternativa no deseada y menos probable. Esta opción solo sería posible ya sea porque el ejército golpee la mesa o se produzca una acción armada extranjera. A la fecha no vemos ninguna posibilidad de la realización de este escenario.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, en una entrevista a la Voz de América, 08 de febrero 2019, explicó que Estados Unidos está enfocado en apoyar una solución política y diplomática para el caso de Venezuela. En mi opinión existe un mismo abordaje para solucionar la crisis sociopolítica en Nicaragua.

Reflexiones finales

Tengamos el coraje de cambiar y asumir una nueva mentalidad.

Los acontecimientos desde abril 2018 a la fecha nos demuestran lo expresado por el Obispo Silvio Báez esta en lo correcto cuando señala que: “Mientras en Nicaragua sigamos midiendo en billetes (dinero) el futuro del país, no tendremos ningún porvenir. Hay que poner a los seres humanos en primer lugar…”.

“La dignidad de los seres humanos sobre todo de los más pobre y de los que han sido víctimas de la represión. La persona por encima del capital”, es necesario para superar, una vez por todas, el atraso, la desigual y la corrupción del país, recordó el Obispo Báez.

Durante el mes de abril y mayo 2018, las movilizaciones y la agitación de la población empezaron a rebasar las consignas de prudencia lanzadas por voceros del gran capital y al levantar consignas cuya cargada incendiaria incitaba a luchar por la caída inmediata del dictador, por la justicia y por una verdadera democracia.

La población insurrecta expresó entonces, en sus propios términos, su profundo sentimiento anti-régimen Ortega-Murillo, y lo hizo con una amplitud, decisión y combatividad que sorprendieron a “moros y cristianos”.

A partir de abril 2018, las movilizaciones se extendieron por todo el país, como una mancha de aceite, ganando sectores más diversos de la población: estudiantes, campesinos, pobladores de los barrios de las principales ciudades, periodistas, mujeres, jubilados y ciudadanos autoconvocados.

El pueblo nicaragüense desbordado y desorganizado, mostró tener sin embargo una enorme decisión de lucha y la fuerza social requerida para derribar al régimen Ortega-Murillo. Lo cual exhibía a las claras que estamos en presencia del inicio de un tsunami social.

El movimiento social de abril, mayo y junio 2018, demostró que la rebelión carecía de una dirección política nacional, propia y unificada, capaz de conducir las movilizaciones, de acuñar sus propias consignas y definir sus propios objetivos.

En medio de la crisis sociopolítica que empezaba a rebasar el “statu quo”, los representantes del gran capital adoptan la tesis de una “salida al suave” para canalizar y mantener el descontento dentro de los límites manejables. Desde mayo 2018, el objetivo del gran capital ha sido poner en práctica una “salida en frío” de la crisis.

Un inusual documento que reunió a todos los empresarios, incluidos la oligarquía financiera se hizo público el 30 de mayo 2018. La misiva está dirigida a Daniel Ortega y pretende convencerle de la necesidad de adelantar las elecciones e implementar un conjunto de reformas democráticas: la “salida al suave”.

En su parte medular, la carta de los principales empresarios, publicada en el diario La Prensa, expone lo siguiente: “(…) consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional. (…) para procurar la agilización de los mecanismos de diálogo y negociación y salvar a nuestra nación, creemos conveniente invitar a que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea (…)”.

En concreto, las intenciones de los empresarios son: no quieren la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y los Estados Unidos, aplique un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, para evitar que triunfe la insurrección popular sobre el régimen. Quieren cambios graduales que no pongan en riesgo sus negocios, no desean el triunfo de una verdadera revolución democrática, y en este punto vuelven a coincidir con el gobierno Ortega-Murillo.

A principios del mes de junio 2018, tanto el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, como la presidenta de AMCHAM, María Nelly Rivas, le expresaban a la dirigente Zayda Hernández, miembro de la Alianza Cívica, que era una locura pedir sanciones contra el régimen. Incluso después de la matanza del 30 de mayo 2018, delegados del gran capital cabildeaban en Washington a favor del régimen Ortega-Murillo.

En junio 2018, aprovechando la represión del régimen contra las barricadas y los tranques, el gran capital lanza el paro nacional. El Paro General del 14 de junio fue convocada por la Alianza Cívica no para derrocar al gobierno sino para reanudar las negociaciones. Es decir, como un simple mecanismo de presión.

Su objetivo era mantener las movilizaciones dentro de los límites aceptables. La huelga fue exitosa ya que el pueblo quiere acciones contundentes que ponga fin a las masacres y al gobierno Ortega-Murillo. La huelga permitió, dado el repliegue de los líderes de los tranques, por su destrucción por los paramilitares, trasladar la dirección política de la rebelión de abril a la Alianza Cívica.

En estas condiciones, se da la reanudación del Diálogo Nacional, el 15 y 16 de junio, el gobierno Ortega-Murillo “cede” en que lleguen al país la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Mecanismos de Especial de Seguimientos para Nicaragua (MESENI), delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Unión Europea y de la OEA.

A pesar de la represión, el factor incontrolable siguió siendo el odio popular, generalizado, incontenible contra la dictadura por los centenares de muertos, heridos y desaparecidos. A pesar de la represión, el pueblo nicaragüense quería seguir participando en sus propios términos, de manera decisiva y visible, en la caída del dictador.

Lo cierto, sin embargo, es que, durante los siguientes 20 meses de protestas incesantes, el pueblo no ha podido construir una organización política independiente del gran capital y elaborar un programa que recogiera las necesidades y exigencias de los campesinos, estudiantes, ciudadanos autoconvocados y del pueblo en general.

Desde enero de 2019, las condiciones políticas para una transición del “pos-orteguismo con Ortega” al “pos-orteguismo sin Ortega” están dadas, pero el reflujo de la resistencia social de los ciudadanos y el rechazo de Ortega-Murillo de abandonar el poder han dificultado la implementación de la operación.

Durante las semanas y meses que duró la ofensiva de los paramilitares contra los tranques, las barricadas y contra la población en general, sectores del gran capital y los partidos políticos tradicionales, adoptaron una actitud de silencio cómplice ante las matanzas con la policía y las bandas progubernamentales acallaban los focos de resistencia social.

Los políticos tradicionales callaron ante la represión de los paramilitares y los grupos de choque afines al régimen, callaron como los alemanes ante el exterminio de millones de personas y fingieron no ver los muertos ni el oler humo de la casa del barrio Carlos Marx.

Lo característico del comportamiento de la población en las ciudades donde no se realizaron tranques, fue una mezcla de sentimiento general de apoyo y de impotencia de no poder hacer nada por la falta de una organización política que transformara ese apoyo, intenso pero disperso, en una acción articulada social y políticamente.

Es decir, la gran mayoría de las ciudades donde no hubo tranques se vieron condenadas a cierta pasividad por la falta de una organización que orientara a la población. En las ciudades donde hubieron tranques muchos sectores sociales se sumaron a la lucha contra la dictadura.

La falta de una organización política que ordenara y disciplinara la participación, impidió estructurar mejor la resistencia y ampliarla hacia otras ciudades del país.

El pueblo nicaragüense exhibió en todo momento su decisión de luchar, su espíritu de sacrificio y su voluntad de derrocar al régimen Ortega-Murillo. La razón fundamental para no alcanzar el objetivo de la caída de la dictadura debe de buscarse en la no existencia de un trabajo político previo, en la ausencia de una organización que aprovechara la coyuntura y desencadenara la movilización social de forma articulada, y, a la ausencia de un plan político.

En los últimos 20 meses, Ortega-Murillo no ha podido resolver la crisis política y social que sacude a la dictadura. Está más debilitado, aunque mantenga el apoyo del ejército, la policía y los paramilitares para implementar una salida a su favor.

Mientras tanto, Ortega-Murillo continúa reprimiendo cualquier acción de resistencia social con el objetivo de obligar a la población a acomodarse, a fin que se pueda establecer, otra vez el cuarto diálogo/negociación con los poderes fácticos y pueda encontrarse una solución negociada en una mesa, no en medio de movilizaciones sociales, para una solución a la crisis sociopolítica.

Nicaragua se encuentra en los umbrales de un “pos-orteguismo sin Ortega”. El dictador ha podido sostenerse en poder debido fundamentalmente a la policía, los paramilitares y al Ejército. Así como el temor del gran capital de un desborde político y social de los ciudadanos dispuesto a mandar al traste al dictador.

En las negociaciones en curso, es posible que los representantes del gran capital van a garantizar la conservación de los bienes y capitales de adquiridos por la “familia”, la “nueva clase” y sus aliados.

La solución que propone la dictadura, en suma, es una especia de “pos-orteguismo con Ortega”, ya que la coyuntura impide regresar a la situación previa de “simple orteguismo a ultranza”.

Sin embargo, a partir de los acontecimientos de abril 2018 a la fecha, Ortega-Murillo ha sido incapaz de garantizar las condiciones sociales y políticas que requiere la economía. Los grandes empresarios están dispuestos hoy, a otorgar las seguridades que exigen tanto el dictador, el Ejército y la nueva clase.

El margen de maniobra del dictador se ha restringido notablemente. En ese marco se da la liberación parcial de los presos y presas políticas el 30 de diciembre de 2019 como acto de buena voluntad de parte del régimen a fin de continuar las negociaciones y tratar de parar más sanciones internacionales que lo llevaría a la fragilidad total. Los presos políticos son utilizados por el régimen como “moneda de cambio”.

Coincido con Fabián Medina cuando expresa que el régimen Ortega-Murillo libera a los presos políticos cuando se siente presionado por la comunidad internacional y para que se les reconozca como una “buena señal”; sin embargo, inmediatamente después comienza a echar nuevos presos para dar “buenas señales” cuando, posteriormente, lo necesite. Es una historia de nunca acabar.

Así, en las últimas semanas, los representantes del gran capital se muestran dispuestos al diálogo/negociación con el dictador. No les importa ya los centenares de muertos ni los miles de heridos ni los desaparecidos. Sólo necesitan que no haya más presos políticos para quitarse la presión social y llegar a un acuerdo electoral con el dictador.

La consigna es: acelerar el diálogo/negociación para evitar que la profundización de la recesión en el 2020, estimule la crisis política y social. La presión es pareja para el gran capital y para el mismo Ortega y sus aliados.

Cada vez más juntos y con menos fisuras, como antes de abril 2018, el gran capital y Ortega-Murillo buscan y buscaran al René Schick Gutiérrez que les permita la transición necesaria, la salida estabilizadora de la crisis, o sea, la “salida en frío”. Porque no basta con separar a Ortega-Murillo del poder, hay que hacerlo además lo más pronto posible y “en frío”.

Están conscientes que entre más se prolongue la crisis, más profunda se hará la recesión económica por la falta de condiciones políticas propicias y más cercano estará el día en que la presencia de Ortega-Murillo en el poder, desencadene otra ola social, un tsunami social y político que ponga en peligro ya no solamente al orteguismo y sus aliados, sino la hegemonía de las clases dominantes.

En la dialéctica de la crisis de Nicaragua: el gran capital, los poderes fácticos internos y externos necesitan resolverla rápidamente, pero también requieren hacerlo “en frío”. Por otra parte, les urge deshacerse de Ortega-Murillo para evitar un posible tsunami; por la otra, lo necesitan para evitar el desborde popular y sus consecuencias.

Esta contradicción tiene un doble significado: a) necesitan que la salida de Ortega sea “en frío” a través de elecciones o de un gobierno de transición consensuado; b) la “salida en frío” que se ponga en práctica tendrá que enfrentar el descontento social que la recesión económica seguirá generando, por eso necesitan al ejército y a la policía renovada.

La “salida en frío” puede ser posible dado los errores estratégicos de la dirección política de la Alianza Cívica, lo cual ha hecho que sectores de la población quieran acomodarse a la “salida en frío”. El sacerdote Edwing Román expresa que existe el riesgo que “el pueblo pueda acomodarse a vivir en el asedio, a dejarse dominar”, aunque reconoce saber “que muchos no se van acomodar”.

La “salida en frío” sólo será posible si la dictadura libera a todos los presos políticos, elimina el matonismo político, desarma a los paramilitares y hace concesiones en los derechos humanos básicos. De otra forma, le será muy difícil al gran capital justificar su negociación/diálogo con el régimen.

Pese a todo, los que están negociando los poderes fácticos es una “salida en frío” mediante un nuevo equipo de gobierno que fusione y represente los intereses tanto del gran capital, como de la “nueva clase” y que garantice a la “familia” sus bienes y sus capitales.

Vale decir: una “salida en frío” para que sea una especie de un “orteguismo sin Ortega”. El diálogo/negociación que se va a implementar a partir de enero 2020 es precisamente para acordar la forma específica que tendrá la “salida en frío”.

En el otro polo de la crisis y pese a su heroísmo, el pueblo no ha encontrado una dirección política nacional, muchos líderes surgidos en abril 2018 no lograron independizarse de la política del gran capital y de su programa.

La tarea futura es tomar conciencia de ello y empezar a actuar en la formación de un polo político que luche por la democratización verdadera del país, para obtener justicia para las víctimas de la represión y evitar la “salida en frío” favorable a Ortega-Murillo y al gran capital, esa es la tarea de todos.

Comparto el pensamiento del Obispo Silvio Báez cuando expresa que: “En Nicaragua se necesita un cambio de sistema social, de raíz. Hay un problema ético y moral. Hay una ausencia de valores profundos que están hiriendo el corazón de la sociedad y esto ha llevado a que haya una ausencia de liderazgo y esto es uno de los problemas más grave que está padeciendo el país. No hay en este momento líderes confiables que puedan dirigir un proceso de transformación y la sociedad está enferma en Nicaragua”.

San José/Costa Rica, 31 de diciembre de 2019.