Cambiar todo para que nada cambie
Carlos Zepeda
Politólogo - Universidad Complutense de Madrid
«Es urgente la necesidad de construir alternativas políticas a la ACJD-UNAB, aun sabiendo que nos enfrentamos a fuerzas poderosas; porque si el orteguismo tiene una maquinaria capaz de destruir físicamente a sus adversarios, esos grupos «opositores» cuentan con financiamiento del exterior, de la empresa privada y tienen medios de comunicación a su disposición. Es difícil hacer frente a ambas fuerzas al mismo tiempo, pero hay algo que tanto el Gobierno como la oposición no tienen y es que no gozan de la legitimidad popular».
Desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, Nicaragua se ha visto envuelta en una crisis permanente. A diario miles de nicaragüenses huyen del país y la crisis no parece tener solución. La oposición, llámese UNAB o ACJD, tiene un plan para salir de la crisis y del propio régimen orteguista; el plan consiste en ir a elecciones en 2021 y derrotar al FSLN.
Las críticas y las alarmas llueven sobre la «oposición» nicaragüense, porque hay serias dudas de las estrategias electorales que llevan a cabo. Ninguna ha sido efectiva, porque se basan en denunciar al régimen internacionalmente y promover sanciones en su contra. El problema de fondo es que las estrategias dentro del país no existen, no hay proyecto de nación y parece ser que su único propósito es ir a elecciones.
Es urgente hacer reflexiones históricas del tremendo error que están cometiendo los grupos de oposición en Nicaragua. En primer lugar, porque no se puede ir a elecciones sin tener claras las estrategias electorales y políticas internas, dado que participar en el proceso electoral con este régimen significa no competir en igualdad de condiciones.
En 1990 el FSLN perdió el gobierno en unas elecciones vigiladas por la comunidad internacional; la UNO (Unión Nacional Opositora) fue capaz de derrotar al sandinismo a pesar de todas las trampas institucionales. Sin embargo, aunque el sandinismo perdió el gobierno, no perdió el poder. Recordemos el discurso de Ortega y el famoso «vamos a gobernar desde abajo», que dio lugar a dos ejes de poder: uno, el institucional, que representaba Violeta Barrios de Chamorro; y otro, el FSLN, a través de la utilización del poder judicial. Durante estos años, ese poder en la sombra del orteguismo fue capaz de paralizar el país a través del monopolio de la violencia, obligando a los gobiernos de turno a aceptar condiciones del sandinismo.
¿Son las elecciones una salida a la crisis? Efectivamente, es la salida más razonable que puede haber; el problema consiste en creer que si cambiamos de gobierno cambiamos de régimen. Hoy somos testigos de que el sandinismo tiene el control total de todos los poderes del Estado, de la Policía y del Ejército. Por lo tanto, el cambio y las estrategias tienen que abarcar más allá del compromiso de ir a elecciones; hasta la fecha ninguna formación política se plantea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las estructuras de poder en Nicaragua, con o sin proceso electoral previo, pese a que grupos emergentes, como Propuesta Ciudadana, han hecho el planteamiento reiteradamente.
Ya no solo es la falta de estrategia de la UNAB y la ACJD, sino la falta de confianza de una buena parte de la población en los líderes opositores. Algunos medios de comunicación como La Prensa y 100% Noticias han insinuado que quienes critican a la oposición son divisionistas y el principal argumento de muchos de los «líderes» contra quienes cuestionan sus estrategias es que se necesita «la unidad» para poder ganarle al orteguismo. Yo no diría que la población sea divisionista, sino más bien que el pueblo tiene una enorme desconfianza en los «líderes» de oposición.
También, muchos de los miembros de la UNAB y la Alianza Cívica tuvieron en el pasado responsabilidades políticas en el accionar del FSLN y del PLC, ambos partidos responsables del pacto entre Ortega y Alemán. Otro socio incómodo es el COSEP, actor que ahora apoya a la oposición, pero que genera desconfianza porque hasta abril de 2018 ha sido socio del gobierno de Ortega y ambos se han beneficiado de sus alianzas. El régimen, durante la última década, otorgó numerosas exenciones fiscales a empresas y en su momento el COSEP cabildeó en Washington a favor de Ortega para evitar las sanciones.
No se es divisionista por ser crítico con aquellos que tuvieron responsabilidades políticas; al contrario, el pueblo es prudente al desconfiar de personajes que no han dudado en repartirse el país o venderlo al mejor postor.
La cúpula política y económica nicaragüense, tanto detrás de la ACJD como de la UNAB, está compuesta por personajes de reconocidos apellidos. Esa cúpula ha logrado desplazar, cuando no cooptar, a los movimientos sociales y personas destacadas que lucharon en abril de 2018 en contra del orteguismo; pero para que la famosa unidad pueda tener apoyo la oposición tiene la obligación moral de democratizar sus filas. La gente no es ingenua para confiar nuevamente en personas que obviamente quieren utilizar al pueblo como un arma que obligue al régimen a negociar. La lógica política no debe ser que el pueblo ponga los muertos y una élite de la oposición se siente con el dictador a negociar para repartirse cuotas de poder.
Es urgente la necesidad de construir alternativas políticas a la ACJD-UNAB, aun sabiendo que nos enfrentamos a fuerzas poderosas; porque si el orteguismo tiene una maquinaria capaz de destruir físicamente a sus adversarios, esos grupos «opositores» cuentan con financiamiento del exterior, de la empresa privada y tienen medios de comunicación a su disposición. Es difícil hacer frente a ambas fuerzas al mismo tiempo, pero hay algo que tanto el Gobierno como la oposición no tienen y es que no gozan de la legitimidad popular.
Nosotros, la ciudadanía, sabemos muy bien cuál es la ruta a seguir; todos pedimos democracia con justicia social, ver a nuestros presos políticos libres, que los exiliados puedan regresar al país sin que sus vidas corran peligro y que los ciudadanos que viven en el exterior puedan votar. Aspiramos a reformas electorales, sí, pero sobre todo a una Asamblea Nacional Constituyente que cambie las estructuras del Estado. No nos basta con cambiar la cara de nuestros gobernantes, porque no es conveniente cambiar todo para que nada cambie.