Claroscuros de cómo México ha enfrentado la Covid-19
Pablo Álvarez Icaza Longoria
El autor es Economista, Catedrático de la EST-IPN.
Finalmente, el regreso a la “nueva normalidad” se estableció el 1 de junio con semáforo en rojo en 31 estados (Zacatecas en naranja). El anuncio del cambio de 16 semáforos en naranja se estableció el 15 de junio, lo que la gente interpretó como el banderazo de regreso, en un momento en que el pico no se ha alcanzado, porque en contra de los “modelos” iniciales, éste es más bien el de una hipérbola que lentamente va creciendo a tasas menores.
A principios del año 2020, no se sabía mucho del coronavirus SARS-Cov2 que trasmite la enfermedad Covid-19. En los medios se decía que no había que preocuparse demasiado, que su letalidad era incluso más baja que la de la influenza H1N1, que afectó gravemente a México en la primavera del 2009. Después, cuando las noticias comenzaron a reportar que era sumamente contagioso y que no había vacuna ni cura, nos volvimos a angustiar al ver las escenas en los hospitales chinos que parecían surgidas de una película de terror de Hollywood.
Se informó que las autoridades chinas habían decidido tomar medidas drásticas de contención, decretando el confinamiento no solo en la ciudad de Wuhan, sino en toda la provincia de Hubei, de 55 millones de habitantes prohibiendo la entrada y salida de personas, y volvimos a creer que el asunto estaba controlado. Incluso, el gobierno de China fue objeto de reconocimiento de parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) por haber tomado decisiones tan drásticas para contener su propagación, felicitación a la que se sumó el presidente Donald Trump, luego de que los dos gigantes habían acordado una tregua, con lo que se ponía fin a dos años de escalada de guerra comercial, que influyó en que los mercados bursátiles de todo el mundo marcaran máximos históricos en la primera quincena de febrero.
La propagación de la Covid-19 se aceleró en todo el mundo, porque los chinos son las personas que más viajan alrededor del planeta, además es uno de los principales receptores de turistas internacionales [1]. El asunto se complicó debido a que se trataba de una enfermedad asintomática, por lo que muchas personas portadoras al no ser reconocidas por los filtros sanitarios que hay en las puertas de entrada y salida de los aeropuertos, esparcieron el virus en varias latitudes.
La reacción inicial del gobierno mexicano fue desdeñosa. Primero, se nos quiso tranquilizar con el argumento de que el turismo hacia y desde China era muy reducido. Después, se le minimizó diciendo que hasta una influenza era más peligrosa. Posteriormente, se nos invitó a adoptar medidas preventivas, porque tarde o temprano el virus llegaría a México por su periodo de incubación y su característica asintomática, como finalmente ocurrió el 28 de febrero con el primer caso procedente de Italia. A pesar de ello, se mantuvo la política de cielos abiertos y no se prohibieron los vuelos procedentes del resto del mundo. Incluso, se ofreció que el país podría ser puente hacia Estados Unidos de las personas que tuvieran que regresar procedentes de naciones a las que el gobierno de Trump había cancelado los arribos.
El crecimiento exponencial de los contagios en Italia, España, Reino Unido donde se negaban a suspender eventos públicos, se habían relajado las medidas de distanciamiento y de confinamiento nos hacía pensar, que los países eran como fichas de dominó que se iban desplomando consecutivamente. El asunto no tardó en explotar en Estados Unidos, que exhibía a un presidente que no mostraba la mínima precaución, o a un basquetbolista que se mofaba de seguir las reglas de cuidado y terminó contagiándose al tocar los móviles de reporteros, por ejemplo.
La declaratoria de la pandemia mundial por el SARS-Cov2 el 11 de marzo, obligó a los gobiernos a modificar sus estrategias. En el caso mexicano, el discurso dominante era que no había que precipitar el confinamiento, porque periodos muy prolongados de encierro, afectarían gravemente a la economía e incluso generarían un peor daño que el sanitario, o serían contraproducentes, porque la población no resistiría estar tanto tiempo encerrada y saldría en el pico de la infección, que es lo que está pasando actualmente. Se insistía en que estábamos en etapa de prevención y que el uso del cubre bocas no era de utilidad, porque los niveles de infección eran bajos, se llamaba a mantener la calma y se exhortaba a no propagar rumores en las redes sociales.
Se hacía hincapié en que sólo las personas que se enfermara y tuvieran una condición de riesgo (personas mayores, con diabetes, hipertensos, etc.) podrían tener una complicación mayor; pero que en la mayoría de las personas que presentaran los síntomas, bastaba con que se mantuviesen en cuarentena en su casa para curarse. Se hacía un llamado a no acudir a los centros de salud a menos que se agravaran los síntomas, para evitar propagación de los contagios. Incluso, el vocero del gobierno, llegó a manejar la idea de que México podría beneficiarse de una inmunidad de rebaño, porque prevalecía la tesis de que no era una enfermedad grave, por lo que muchas personas se podrían enfermar sin darse cuenta. En contra partida, el riesgo era mayor, porque si las personas no se recluían en cuarentena voluntaria, podrían ser un foco de infección.
Como muchos de los primeros casos de contagios y muertes eran de personas de ingresos altos que habían viajado a Estados Unidos por negocios o por placer, por ejemplo, de familias que regresaban de esquiar de Vail, Colorado, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa tuvo la ocurrencia de decir que no había que preocuparse por la Covid-19, ya que no atacaba a los pobres.
La Secretaría de Educación Pública determinó adelantar las vacaciones a partir del 20 de marzo. Los gobiernos de los estados se adelantaron y decretaron el confinamiento mucho antes, replicando los estados de alarma decretados en otros países. Sin embargo, el presidente de México, todavía el 22 de marzo alentaba a las personas a que siguieran “llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas” para evitar el impacto económico de los negocios.
Ante la evidencia de lo que estaba pasando en otros países y siguiendo las recomendaciones de la OMS, la Secretaría de Salud de México decretó la fase 2 el 24 de marzo, impulsando una fuerte campaña de comunicación de confinamiento, que era desobedecida por el presidente, quien seguía saliendo de gira por todo el país, al que se le disculpaba la imprudencia señalando que por su “gran fuerza moral” era inmune a los contagios. Cabe comentar que las encuestas en ese momento ya reportaban la desaprobación del presidente López Obrador en la forma que manejaba la crisis del coronavirus en México.
Fue hasta el 30 de marzo de 2020, que el Consejo de Salubridad General publicó el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y un día después se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. En este acuerdo se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, que sería prorrogado hasta el 31 de mayo posteriormente. Hasta esa fecha el Gobierno Federal comenzó a actuar de forma ordenada frente a la pandemia.
El sistema de salud pública fue tomado por sorpresa, la propagación de contagios en las clínicas y hospitales fue objeto de una ola de protestas ampliamente difundidas en la prensa, que el gobierno quiso minimizar al presentarlas como noticias falsas, pero que exhibió el abandono y la falta de suficiente presupuesto en el sector salud. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicaba en los Precriterios de Política Económica 2021 que se contaban con fondos y reservas para enfrentar contingencias en materia de salud, incluidas las de tipo epidemiológico, se anunciaban ampliaciones de gasto necesarias para atender la emergencia en salud derivada del COVID-19 y que se utilizarán activos disponibles tanto en fondos y fideicomisos del sector salud, con lo que se comprobaba que se estaba actuando más bien de manera reactiva.
El gobierno federal, por un lado, exigía a las empresas no despedir a sus empleados si no querían ser sancionadas; pero, por otro, rechazó las solicitudes empresariales de apoyo económico, así como, de diferimiento del pago de impuestos o de otras obligaciones, puesto que la gran mayoría se vieron obligadas a cerrar sus puestas por no ser declaradas actividades esenciales. La respuesta presidencial fue determinante, señalando que no habrá ningún rescate y recalcando que el apoyo sería a los pobres con programas sociales y apostando a que la reactivación económica se podría dar concentrando los recursos en 38 programas prioritarios.
El 21 de abril se estableció la Fase 3 del Coronavirus en todo el país. En aquel entonces las autoridades sanitarias pensaban que el pico de la pandemia ocurriría entre el 8 y el 10 de mayo. Si bien este momento la emergencia sanitaria era prioritaria, las presiones para el regreso a la “nueva normalidad” se comenzaron a incrementar, sobre todo, porque la prolongación del confinamiento estaba afectando la cadena de suministro de industrias estratégicas como la automotriz o aeroespacial en Estados Unidos.
Banco de México en su Informe trimestral enero-marzo 2020, por ejemplo, destacaba recursos por 40 mil millones de pesos para contratar a médicos y enfermeras por 9 meses (0.16% del PIB), pero se empezaron a ejercer hasta mediados de abril. El total de medidas fiscales ante el Covid-19 apenas suman 242 m.m.p (1.0%) [2] incluyendo aspectos que no están relacionados directamente, lo que contrasta con los porcentajes que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha reportado para otros países [3]
En contra partida, el 23 de abril se publicó el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En plena crisis económica, el gobierno mexicano decide aplicar un fuerte recorte fiscal: “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido.”
Y aunque se establece que “Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional”, hay claro oscuros, ya que el gasto administrativo en el ramo de Salud de enero-abril de 2020 creció en términos reales 11.8% a 44,656.7 millones de pesos; pero, en abril cayó 8.1% a 7,679.4 m.p. contra el mismo mes de 2019, de acuerdo a las cifras reportadas en la Información de finanzas públicas y deuda pública, enero-abril de 2020, [4] cuando uno esperaría un crecimiento real por la emergencia sanitaria.
Adicionalmente, el Gasto federalizado por subsidios en salud pública enero-abril 2020 fue nulo, cuando en el mismo periodo del año pasado era de 26,188.9 m.p., que tiene que ver con la desaparición del Programa Seguro Popular, puesto que los recursos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no se incluyeron en el gasto federalizado. Al parecer, se agregaron en 2020 directamente en el ramo de Salud, pero no contamos con el desglose en los informes mensuales.
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) hasta abril era de 31,879.4 m.p., esto es, 2.8% superior al de los primeros cuatro meses del 2019, pero con fuertes contraste entre los estados.
Al 16 de junio, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que suman 32 mil 388 trabajadores de la salud contagiados de Covid-19, así como 463 fallecidos. Del total de los casos positivos, 41 por ciento corresponde a enfermeros y el 30 por ciento a médicos. En los últimos 14 días, se registraron 5 mil 276 casos entre personal de la salud.
Las cifras en el sector salud son preocupantes, si consideramos que hasta ese día los contagios oficiales sumaban 154 mil 863 y las personas muertas por la enfermedad eran 18 mil 310, es decir, el 20.9 y el 2.5 por ciento respectivamente.
Estados Unidos, con la emergencia nacional ocasionada por la pandemia, prohibió la importación de materiales, suministros y equipos médicos, e incluso obligó a empresas como General Motors a producir ventiladores; otros países aplicaron medidas similares. Ante la situación de la escasez se han realizado diversas compras con sobre precios, que han generado casos de corrupción escandalosos, como el de los contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con una empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
México permitió la exportación de cubre bocas y material sanitario a China en febrero. Por ello fue criticado por la prensa; sin embargo, gracias a ese gesto, China en reciprocidad ha enviado apoyo de equipo a material médico en momentos en que otras naciones prohibieron las exportaciones de este tipo.
Finalmente, el regreso a la “nueva normalidad” se estableció el 1 de junio con semáforo en rojo en 31 estados (Zacatecas en naranja). El anuncio del cambio de 16 semáforos en naranja se hizo el 15 de junio, lo que la gente interpretó como el banderazo de regreso, en un momento en que el pico no se ha alcanzado, porque en contra de los “modelos” iniciales, éste es más bien el de una hipérbola que lentamente va creciendo a tasas menores.
La gente simplemente no pudo quedarse en casa, porque no llegó el apoyo prometido e incluso tuvo que aceptar despensas del narco, de los partidos políticos (aunque está prohibido), de la filantropía o de lo que fuera. Pero, la señal más clara de normalidad es que las trabajadoras sexuales ya regresaron a Calzada de Tlalpan.
[1] De acuerdo a cifras de la Organización Mundial del Turismo, a pesar de que el gasto de turismo internacional de China cayó 4.2.% a US$254.6 miles de millones, se ubicaba muy lejos de los US$152.3 miles de millones de Estados Unidos.
[2] https://bit.ly/3e6fBJm Véase el Recuadro 7 para más detalles.
