Coalición Nacional «errática» (El caso de agresión contra Kastalia Zapata, periodista de Canal 12)
Tony Montana
Mito Parra
«Describir la agresión contra la periodista Kastalia Zapata como «un error» no es un simple gesto. Tal aseveración constituye una operación ideológica que trata de despolitizar algo que nos señala la desigualdad estructural entre los periodistas, el capital mediático y las élites político-económicas del país. No, no es un «error», miembros de la Gran Coalición Nacional: es una violación a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, el derecho a la fiscalización, el derecho a informar y el derecho al trabajo».
Lo sucedido al equipo de prensa de Noticias 12, el viernes 17 de enero del presente año, cuando la periodista Kastalia Zapata fue objeto de un «exabrupto» por parte de miembros de la Comisión de Comunicación de la Coalición Nacional, es un hecho que ha sido censurado por muchos medios de comunicación que se hacen llamar «independientes», como Confidencial, La Prensa, Café con Voz, entre otros.
La agresión contra Kastalia Zapata es una destacada muestra de un país donde a los periodistas se les imagina como propagandistas y relacionistas públicos de las élites oligárquicas.
Hay un trato de dominación subyacente entre el gran capital, las élites políticas y la libertad de expresión en el ejercicio ciudadano y periodístico. Habría que mencionar que, en una sociedad de mercado capitalista, las libertades formales, entre ellas la libertad de expresión, representan una condición importante para el libre tránsito de las mercancías y la reproducción del capital.
En Nicaragua hay un vínculo carnal entre las libertades y los intereses económicos y políticos. Por ejemplo, 100% Noticias, cuyo dueño es Miguel Mora, durante el período 2007-2018 fue un destacado medio apologista del modelo de Alianza-Consenso, modelo corporativista entre el gran capital y el Estado.
Dicha apología se sustentaba en una jugosa parte de la publicidad gubernamental, además de exenciones fiscales y beneficios que satisfacían favores ejecutados por ese medio de comunicación. Mencionemos, en esta misma línea de argumentos, al extinto El Nuevo Diario, el cual (durante el período 2010-2018) fue un importante lobby de la familia Ortega Murillo. Asimismo, en El Nuevo Diario no se encuentran trabajos investigativos que señalen las violaciones a los derechos humanos acontecidos durante el período apuntado.
También, como de sobra ya se conoce, la familia Ortiz Gurdián —familia de banqueros— son socios en el campo de los negocios con la dictadura. ¿Cómo, entonces, iban los Ortiz Gurdián a criticar a sus mismos socios?
Finalmente, tenemos a La Prensa y Confidencial. El primer periódico, pese a que se presenta como crítico e independiente, ha disfrutado hasta el momento de exenciones fiscales estatuidas por el Gobierno. Confidencial, por su parte, tiene entre sus anunciantes al Banco de Finanzas (BDF), cuyas acciones están en manos del Ejército de Nicaragua y otras empresas importantes del país.
«La crisis de abril», aseveran muchos periodistas románticos, «cambió todo». Pareciera como si, por arte de magia, la idea hegeliana por fin se desplegó y tomó consciencia en la cabeza y en el corazón de los medios de comunicación. «La lucha por la libertad del pueblo nicaragüense es lo más importante», apuntan. «Se debe luchar por las libertades públicas, como lo hizo el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal». «Las libertades no se negocian».
La palabra «libertad» en boca de esta gente —cuyas frases y metáforas a veces parecen una burla contra el sentido común— no es más que una bandera para los heraldos de las élites. Es una fantasía ideológica que mixtifica las relaciones de obediencia entre el libre ejercicio de la investigación periodística y la fiscalización ciudadana (elementos, sin duda, contrapuestos a los intereses del capital mediático, bancario y militar).
Paralelamente a ello, el fenómeno de la censura y las violaciones a los derechos humanos ocurre también en el seno de la dictadura. Las libertades periodísticas que promulgan El 19 Digital, Barricada, TN8, Viva Nicaragua Canal 13 y otros medios oficialistas serán virtuosas en tanto sirvan a los intereses de la familia Ortega Murillo.
Todos hemos visto cómo desde estos medios de comunicación se reduce la actividad de opinión política a la categoría de «actos criminales o golpistas», tergiversando y negando las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura. Los medios de comunicación en Nicaragua son, en consecuencia, proyectos familiares de clases y oligarquías que tienen vínculos con el Estado, con los militares y los caudillos. Expresémoslo mejor en una sola frase: los medios de comunicación en Nicaragua son negocios privados con fines de lucro que proveen un bien público.
Lo anterior es una paradoja tan contra natura como la existente en la oposición, que afirma representar a las mayorías, y cuyos líderes son empresarios corruptos, banqueros terratenientes y capitalistas que han participado en lavado de dinero (por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro) o en licitaciones apoyadas por la dictadura, en las cuales el presidente del COSEP —José Adán Aguerri, el dictador de la empresa privada— tiene un amplio historial como cómplice.
Estos líderes dirigen la propuesta de cambio, aunque ciertamente no se sabe cuál sea esa propuesta para construir la democracia. En esta misma lógica, cuando se declara que los medios de comunicación «independientes» han superado sus intereses privados por el bienestar general, solo puede mencionarse que tal razonamiento está muy lejos de la realidad.
Lo cierto es que, como estado de reproducción, el gran capital requiere de ganancias y utilidades. Cuando un régimen político no brinda esa seguridad, supone una urgencia cambiarlo por otro más afín a los intereses de los sectores involucrados en la trama de este negocio que implica la construcción de un «sentido común» para la hegemonía de las oligarquías.
La agresión a la periodista de Canal 12 debe leerse en clave de estas relaciones de subordinación hegeliana: el amo, como sujeto superior, dueño de las herramientas, dueño de la veracidad y la agencialidad, tiene que someter al esclavo, pues, a diferencia del animal, el ser humano, recordemos, desea el reconocimiento del otro.
En ese marco, los miembros de la Comisión de Comunicación (que es una forma léxica de expresar la conciencia de deseo buscada por el grupo político de las élites) anhelan que los periodistas se le sometan, y al supeditar a los periodistas someten los deseos de otros y, por consiguiente, provocan que el amo sea reconocido por esos otros a los que llaman «pueblo». Esta relación amo-esclavo es una relación de conflicto, pues ambos sujetos desean. Sin embargo, este conflicto tiene su resolución en que uno de los dos posee miedo a la muerte.
En efecto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, los demás partidos políticos y la dictadura establecen una relación de dominación porque apelan a una ambición de reconocimiento mediante el constante pronóstico de la «muerte inminente» de todo el cuerpo social, ya sea a través de una hecatombe económica (como la acontecida en la década de los ochenta, en donde la gente tenía que hacer colas en los supermercados, había un desempleo endémico, además de una hiperinflación que acabó con los salarios) o por medio de escenarios hipotéticos de una guerra civil, con la cual se apela nuevamente a la pulsión de muerte como una forma de reorientación hacia los fines e intereses político-económicos de las élites.
Por otro lado, la agresión contra la periodista Kastalia Zapata es un hecho que también debe ser interpretado como una fractura entre el deseo del amo hacia el esclavo. El supuesto amo, la Coalición Nacional, manifiesta su malestar de forma fáctica, agrediendo y violando los derechos civiles y políticos de la periodista. De forma lacaniana, es una herida en el deseo por ser reconocido. Significa, desde el punto de vista político/simbólico, que hay una impotencia y una frustración ante la falta de legitimidad en la puesta en escena de ser representantes de un ente abstracto, que invoca de acuerdo con unas coordenadas ideológicas de clase y mediante el sustantivo «pueblo».
No obstante, a las élites se les olvida que son los esclavos quienes trabajan la materia; que son ellos, por tanto, los creadores de la cultura (aquí es interesante retomar como contrapuestas a esta idea las palabras que pronunció Lesther Alemán durante la convocatoria a la Gran Coalición Nacional, el propio día en que Kastalia sufrió la agresión: «Nosotros, entiéndase los miembros de la Coalición, llevaremos la democratización a Nicaragua»).
Entre paréntesis, debemos recordarle a Lesther Alemán que el desarrollo de las sociedades hasta nuestros días pasa por el trabajo de la gente de a pie (es decir, los trabajadores).
De igual manera, como en todo proceso dialéctico, los nicaragüenses vivimos en un primer plano ante dos consciencias enfrentadas: la de los trabajadores y la de los amos (tesis). Podemos ubicar el primer plano desde el 18 de abril del 2018. En cambio, un segundo plano se plasmaría al visualizar la competencia entre los amos (la dictadura y la Alianza Cívica), sometiendo ambos a los trabajadores en el «Diálogo Nacional», que sirvió más bien para oxigenar a la dictadura (antítesis).
Finalmente, nos podemos encontrar en un último plano que Hegel denomina «la negación de la negación», al negar los trabajadores a estos amos que quieren someterlos. Esto último —la negación de ser sometido— se practica a través de la cultura (por ejemplo, en el presente espacio de opinión).
Desde esta perspectiva, describir la agresión contra la periodista Kastalia Zapata como «un error» no es un simple gesto. Tal aseveración constituye una operación ideológica que trata de despolitizar algo que nos señala la desigualdad estructural entre los periodistas, el capital mediático y las élites político-económicas del país. No, no es un «error», miembros de la Gran Coalición Nacional: es una violación a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, el derecho a la fiscalización, el derecho a informar y el derecho al trabajo.
Lo anterior, en síntesis, debe llevarnos a analizar cómo el poder no se encuentra únicamente en el Estado o en una familia dinástica, sino en una complejidad mayor de intereses comandados por empresarios corruptos y cínicos. Se puede argumentar genuinamente que las libertades políticas y civiles en esta sociedad constituyen rehenes y monedas de cambio para disminuir, debilitar, fortalecer y expandir el dominio cultural, político y económico entre las oligarquías.