Daniel Ortega: de comandante de la revolución a asesino de una nación

Soy uno más de los nicaragüenses pertenecientes a esa generación que hace cuatro-cinco décadas se incorporaron a la lucha que el Frente Sandinista de Liberación Nacional le proponía a la nación para derrocar a la dictadura somocista. Y que apostamos por la posibilidad de construir una patria nicaragüense que fuera mejor para todos una vez que el tirano fuera derrocado.

Entre nosotros, los sandinistas de hace cuarenta o más años, se mantenía latente, incubada, una polémica que,  hasta antes del 19 de Abril, surgía eventualmente más bien como una diferencia de opinión. Y que siempre ha girado en torno al gobierno de Daniel Ortega desde que regresó a la presidencia en 2006 y a las razones para apoyarlo o para rechazarlo.

No está demás resaltar que la misma se ha agudizado a partir de los acontecimientos posteriores a esa fecha de abril y que ya ha hecho saltar en pedazos más de una amistad que se suponía entrañable y fraterna, inamovible e incondicional. Hemos pasado de diferencias de criterios y opiniones a tener, en muchos casos, posiciones totalmente confrontadas y en abierta oposición y pugna.

Una parte de los integrantes de ese grupo generacional han considerado que el regreso de Daniel Ortega a la presidencia de la república le ha dado la oportunidad al sandinismo, pero más concretamente al FSLN, de retomar las tareas que no pudieron ser continuadas ni concluidas a partir del momento en que se perdieron las elecciones de febrero de 1990. Y que por ello se le debe defender y apoyar pues representa la continuidad de aquella revolución por la que  nosotros y los que entregaron su vida en el camino revolucionario, habíamos luchado.

Otra parte, entre los cuales me incluyo, consideramos que no es así. Y que las posibilidades de retomar el camino de transformaciones sociales de tipo revolucionario que se traía en los años 80´s, se perdieron en el período posterior a la derrota electoral que sufrió el FSLN en Febrero de 1990.

Sobre las razones, no voy a profundizar. Muchas y variadas son las que se exponen y se consideran válidas entre los que creemos lo anterior; pero todas ellas tienen como común denominador las transformaciones (o deformaciones?) que el FSLN sufrió en ese periodo y las acciones, compromisos y demás que Daniel Ortega realizó para regresar al gobierno: la permisividad y desentendimiento ante las políticas económicas de los gobiernos neoliberales, las alianzas anti populares que hizo con grupos económicos hegemónicos, los acuerdos o pactos con partidos también hegemónicos, la patrimonialización familiar del partido FSLN y sus órganos, la exclusión y abandono de la vieja militancia como requisito y condición para “renovar y cambiarle el rostro” al Frente y, de paso, también tener un mayor control sobre las estructuras partidarias, etc., etc.

Del lado de los que apoyan la propuesta de nación de Daniel y la Rosario, las razones casi siempre giran en torno a que es preferible este gobierno a otro cualquiera de derecha. Y ofrecen como argumento y prueba los datos en torno al crecimiento económico, el empleo, la infraestructura social y productiva, el desarrollo de los servicios públicos, etc., etc.

En ese esfuerzo comparativo se olvidan que los resultados de ese tipo, aún si benefician en cierta medida a sectores    sociales tradicionalmente excluidos, NO SON PRUEBA FEHACIENTE DE QUE ESTEMOS EN PRESENCIA DE UN PROCESO DE TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS, mucho menos de estar en presencia de un Gobierno que se pueda tener como tal. Basta una mirada a los gobiernos “democrático burgueses” del norte de Europa para confirmarlo.

En este punto, también es apropiado remitir a los que piensan de esa manera a las cifras macro económicas que tenía la dictadura somocista en su mejor época (que fue precisamente en los años 72-77) y agregar que Nicaragua aún no ha podido alcanzar las cifras que tuvo el somocismo en esos años. También se puede señalar el desempeño y resultados macro económicos que tuvo la dictadura de Pinochet en Chile. Solo para citar dos ejemplos cercanos en tiempo y espacio.

Por otro lado, hablando de las cifras, si éstas fueran totalmente ciertas, lo único que probarían es que EL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO ESTÁN HACIENDO EL TRABAJO POR EL CUAL EL PUEBLO NICARAGUENSE LES PAGA.

Es decir, se supone que los gobiernos, todos sus funcionarios, desde el Presidente hasta el último y más pequeño empleado público, tienen la obligación de trabajar por el bien del país y cumplir de la mejor y más eficiente manera las funciones definidas para el puesto que ocupan. ESO ES TODO. Por tanto, para mí es irrelevante y necio el tratar de establecer esa comparación entre este gobierno con los “neoliberales y de derecha” que lo precedieron.

Por último, creo que el recurrir a “las cifras” de desempeño y resultados de gobierno lo único que hace es desviar la atención del problema central de Daniel y su partido en el ejercicio del poder y del gobierno. Por tanto, sobre ellas no me interesa agregar más de lo que ya se dice.

Sin embargo, reconociendo para mí y para cualquier otro  EL DERECHO INALIENABLE A EXPRESAR LIBREMENTE LAS IDEAS Y EL PENSAMIENTO, prefiero enfocarme en lo que creo es la principal responsabilidad de Daniel en torno a los orígenes y antecedentes de la actual situación de protesta y crisis social que atraviesa nuestro país y que constituye lo que yo llamo mis razones del porqué afirmo que DANIEL ORTEGA HA PASADO DE COMANDANTE DE LA REVOLUCIÓN A UN POLÍTICO CUYAS ACCIONES HAN ASESINADO A UNA NACIÓN; las cuales de paso también explican PORQUÉ NO SOY DANIELISTA y el por qué no acepto la afirmación de que el no serlo, constituya una forma de ser anti sandinista. 

LA PATRIA, EL ESTADO Y LAS FUERZAS ARMADAS

LA PATRIA. Casi siempre que hablamos de LA PATRIA, en mayúscula, la relacionamos con los llamados símbolos patrios: el escudo, la bandera y el himno nacional. Y desde nuestra infancia nos enseñan a rendirles honores a los símbolos que representan la patria nicaragüense.

Unido a ese concepto de patria, está el concepto jurídico de CIUDADANÍA. A la patria Nicaragua le corresponde la ciudadanía, los ciudadanos nicaragüenses. Sin embargo, en el fuero interno de todo ciudadano de cualquier país, al margen de las definiciones jurídicas formales de patria y su relación con los símbolos, el concepto de PATRIA va más allá; tiene más significado que el representado por éstos.

Cuando un nicaragüense que pasa tiempo en el extranjero siente “nostalgia” por Nicaragua, no es por esos símbolos… NO. Su nostalgia es por el vecindario en el que creció y por los amigos de ese vecindario… Es por “la fritanga de la esquina”…. Es por “la Carmencita” que “te acordás que linda y graciosa que era”…. Es  por los juegos en plena calle, con el pendiente de cualquier vehículo que se acercara para suspender el juego mientras pasaba…. Es por los compañeros y compañeras del colegio….las fugas de clase para ir a dar una vuelta en grupo o a solas con la novia o el novio….

Eso es lo que acude a su mente y a su corazón cuando ve la bandera de Nicaragua, cuando escucha el himno nacional. Es decir, la PATRIA para cualquier ser humano es más que los símbolos que nos enseñan desde temprana edad. También es el hogar, la familia, el vecindario, los amigos, los logros y los fracasos, las alegrías y tristezas que en ese pedazo de tierra en el que hemos vivido y llamamos PATRIA hemos experimentado y pasan a formar parte de nosotros en forma de recuerdos. Esa misma nostalgia siente el que naciendo en algún lugar de Nicaragua, deja su lugar original y se arraiga en otro lugar también nicaragüense. Y ES LA MISMA PARA TODOS…

Por eso, cuando hablamos de los nicaragüenses y de su patria, no solo hablamos de esos símbolos comunes, también hablamos de esas vivencias, esos lugares, esas referencias que pertenecen y son del corazón y de la memoria. Y TODOS LOS NICARAGUENSES LAS TENEMOS POR IGUAL. Por eso es que el concepto de PATRIA NICARAGUENSE encierra también la idea de que ES PARA TODOS los nacidos en esta tierra, sin ninguna excepción. Y es también una cuestión de derechos humanos fundamentales, y tiene su marco jurídico respectivo que lo garantiza.

Es por ello que no pueden concebirse, ni existir ni crearse distintas Nicaragua, con diferentes tipos de ciudadanías, para distintos tipos de personas nacidas en el país, ni que su ciudadanía dependa de su credo político o sus creencias religiosas, su raza, su nivel de riqueza, etc., con distintas obligaciones y distintos derechos en función de lo anterior. 

EL ESTADO. En toda sociedad democrática el estado se debe configurar para que represente a TODA LA SOCIEDAD y no solamente a un sector de ésta. Significa que DEBE REPRESENTAR A TODOS LOS NACIDOS EN EL PAÍS, porque son los ciudadanos del mismo. Es por ello que se plantea que LA FUNCIÓN PÚBLICA, que es la que se ejerce desde cualquier puesto de trabajo o cargo en el estado o gobierno, NO PUEDE PARTIDIZARSE, no puede ponerse en función de ningún grupo social ni económico en particular, mucho menos de un partido.

El incumplimiento de esta regla produce que, en el juego democrático, los sectores de la sociedad que por las razones o maniobras que sean, han conseguido el control y dominio de las instancias del estado, JUEGUEN CON LOS DADOS CARGADOS.

Eso impide la construcción de una sociedad verdaderamente democrática porque termina estableciendo ciudadanos de diversas categorías, derechos y prerrogativas,   diferentes tipos de ciudadanos: los que están en el sector social que controla y domina las instancias del estado y los que están en el sector social que no.

La posibilidad de que ningún sector social, económico, político, partidario o de cualquier naturaleza se pueda apropiar del estado y lo ponga en función de sus intereses solamente se consigue cuando este se configura y funciona como UN ESTADO DE DERECHO. Si uno o más sectores utilizan el gobierno para forzar leyes y marcos jurídicos que les permitan afianzarse al poder, el estado de derecho desaparece y se constituye un ESTADO POR DERECHO.

LAS FUERZAS ARMADAS. En   las relaciones entre países,   cuando dos o más llevan sus contradicciones al plano militar, es lógico que usen sus respectivas fuerzas armadas para dirimir la cuestión y propiciar una solución en función de los intereses de las partes contendientes; resolviéndose al final en función de los del más fuerte y/o el vencedor absoluto.

En ese marco, si uno de los  ejércitos ocupa una parte o la totalidad del territorio del otro,  estamos ante una OCUPACIÓN….. Y el ejército que la realiza se le llama EJÉRCITO DE OCUPACIÓN. La principal característica de la ocupación es que el ejército ocupante NO LE RECONOCE A LOS HABITANTES DEL TERRITORIO OCUPADO los mismos derechos ciudadanos que le reconoce a los suyos.

Establece, en la práctica, dos tipos de ciudadanos, el ciudadano del país ocupante, que tiene todos los derechos que su país le otorga y el ciudadano del territorio o país ocupado, que tiene muy pocos o no tiene ninguno. Es una forma natural de proceder de un ejército de ocupación, porque en cada ciudadano “otro” hay un potencial y peligroso enemigo.

En la lógica de la ocupación, el comportamiento del ejército ocupante se caracteriza entre otras cosas, por:

No aplicar los procedimientos legales normales y universalmente aceptados y reconocidos para capturar, encerrar, juzgar y sancionar a los habitantes del territorio ocupado que son sospechosos de oponerse a dicha ocupación: Orden de captura, puesta a la orden del juez después de un tiempo establecido en la ley, derecho a la defensa, audiencias públicas, etc.

La “presunción de inocencia” que beneficia por principio jurídico a cualquier sospechoso, detenido y acusado, no funciona. Y los captores tratan a éste como si ya se hubiera demostrado su culpabilidad y existiese sentencia firme dictada por un juez. 

No se mantiene el principio jurídico consagrado desde la revolución francesa de que “la pena no trasciende de la persona del delincuente” de manera tal que, en caso de imposibilidad de capturar al sospechoso, pueden ser hechos prisioneros vecinos, amigos, familiares del sospechoso, con el solo objetivo de presionarlo para su eventual entrega. Y solo basta que quien está a cargo de la ocupación y/o alguien en su cadena de mando tenga la creencia de que existe algún grado de complicidad o de algún conocimiento en torno al paradero del sospechoso para que proceda la detención.

En general, los derechos políticos, jurídicos y humanos del ciudadano del país ocupado SON SIMPLEMENTE INEXISTENTES. Es por ello que cuando las fuerzas armadas de un país, tanto las fuerzas policiales como las del ejército, tratan a sus ciudadanos como si fueran de otro, se considera que su comportamiento es el de “un ejército de ocupación”.

De esa manera actuaba durante la segunda guerra mundial el ejército nazi con los habitantes de las ciudades que ocupaban; y también así actuaba el ejército japonés durante su ocupación de China. Cuando Somoza bombardeaba las ciudades insurreccionadas en su contra y ordenaba a la Guardia Nacional el retomarlas a cualquier precio, incluso la vida de pobladores que no eran parte de la contienda, su comportamiento fue calificado como el de un ejército de ocupación.

EL NUEVO COMPROMISO HISTÓRICO DEL SANDINISMO

El conflicto bélico que desangró nuestro país en los años 80´s y que se caracterizó principalmente por el reclutamiento, organización, entrenamiento, dirección y financiamiento por parte de los Estados Unidos de un sector del campesinado que se sentía agredido por la revolución y estaba dispuesto a alzarse en armas en contra de ella, terminó cuando la alta dirigencia del FSLN se percató que ya el pueblo nicaragüense estaba cansado de la guerra y que, por tanto, la búsqueda y construcción de la paz debía ponerse en primer lugar.

Los compromisos que el FSLN adquirió en el proceso de pacificación del área centroamericana y que en Nicaragua culminaron con la firma de los ACUERDOS DE SAPOÁ, significaban que el sandinismo aglutinado alrededor del FSLN adquiría con la sociedad nicaragüense un compromiso distinto, uno que propiciaba y establecía para la nación UN NUEVO CONTRATO SOCIAL que tenía como eje central el juego democrático, incluyente y participativo.

Esto es, la construcción de una sociedad democrática y republicana, diferente a la que había prevalecido hasta ese momento; reconociendo de esa forma que el REPUBLICANISMO era el modelo de gobierno que seguiríamos en lo adelante para el país y adquiría la forma de una DEMOCRACIA LIBERAL REPRESENTATIVA.

Cuando la Dirección Nacional del Frente, en pleno, reconoce públicamente y acepta los resultados de las elecciones del 25 de Febrero, le da al país una muestra de valor e hidalguía. Simplemente le dice al pueblo nicaragüense: “Esta bien…. Ustedes no nos quieren al frente del gobierno…Ustedes creen que de seguir nosotros, van a seguir muriendo más jóvenes nicaragüenses… Aceptamos su rechazo…. Lo aceptamos y entonces entregamos el gobierno del país”. 

Y esa postura que tuvo la dirigencia sandinista caló profundamente en todo el sandinismo. Caló tanto que los miles de combatientes, jefes, oficiales y soldados del Ejército Popular Sandinista que fueron dados de baja después del 25 de Febrero de 1990, asumieron con estoicismo, en silencio y con paciencia, las condiciones de zozobra, incertidumbre económica y hasta inseguridad física en que se les da de baja.

Fueron los héroes en la lucha contra la dictadura…. Héroes en la defensa de la revolución…. Y seguían siendo héroes, los “héroes sacrificados” en aras de la paz. El sandinismo estaba dispuesto a pagar ese precio si era para obtener la paz que se necesitaba para poder construir la Nicaragua para todos, que necesitábamos y queríamos los nicaragüenses. Las implicaciones políticas y prácticas que tenía ese compromiso, ese nuevo ACUERDO que el sandinismo facilitaba y proponía para la nación nicaragüense y que, por tanto, también aceptaba y asumía, se resumen en lo siguiente:

Abordar y resolver todos los conflictos existentes en ese momento y los que pudiesen surgir después por  medio del DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN. Acompañándolo de acciones que permitiesen la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y democracia; creando para ello los mecanismos legales que facilitaran el diálogo con los grupos opositores.

Impulsar auténticos procesos democráticos, pluralistas y participativos que implicasen la promoción de la justicia social y el respeto de los Derechos Humanos,

Garantizar una completa libertad de expresión y divulgación para los medios de comunicación. Esta completa libertad comprendería la de abrir y mantener en funcionamiento medios de comunicación para todos los grupos ideológicos y para operar esos medios, sin sujeción a censura previa.

Permitir el total pluralismo político partidista; con pleno e irrestricto derecho a la divulgación, movilización y demás acciones de carácter proselitista que pudieran o quisieran desarrollar las agrupaciones y/o partidos políticos.

Organizar elecciones completamente libres, pluralistas, transparentes y honestas.

Asumir el compromiso de realizar todas aquellas acciones que garantizasen la construcción de una sociedad  verdaderamente democrática y participativa, con un claro y consistente estado de derecho.

En síntesis, dar pasos seguros y firmes para la construcción de UNA REPÚBLICA, con una eficaz, real y clara separación de poderes; procurando un equilibrio que asegure la estabilidad del Estado, la libertad, la justicia y la igualdad para todos los nicaragüenses sin excepción.

Por supuesto, es claro que la institucionalización de un sistema democrático requiere de un consenso social sobre las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad que sirva de marco a la competencia político- partidaria y que ese consenso debe reflejar las obligaciones y los derechos de los diferentes sectores sociales del país. 

LO QUE HACE EN LA REALIDAD DANIEL ORTEGA

COMANDANTE  ORTEGA……ORDENE!      (Todavía después de  casi treinta años… La  misma obediencia y sumisión)

La cuestión de los cambios que buscó, propició, negoció y/o impuso Daniel Ortega a lo interno del partido FSLN (o de lo que de ese partido queda, más bien)  es algo, que en lo personal, me tiene sin cuidado y no pasa de ser una referencia o dato de la historia política reciente.

No me importa si los militantes de ese partido, hoy por hoy tienen a bien hacer un CONGRESO PARTIDARIO que dure un solo día y al final del cual, las resoluciones que toman se pueden resumir en un solo párrafo: RECONOCEMOS LA INFALIBILIDAD DIVINA DE DANIEL ORTEGA Y POR ELLO ACEPTAMOS QUE ÉL DECIDA TODO LO QUE HAYA QUE DECIDIR…. NO HAY DE QUE PREOCUPARSE NI DE QUE OCUPARSE…TODO LO ESTAMOS HACIENDO BIEN Y POR ESO LO RATIFICAMOS.

Es decir…. Es muy problema de los militantes de ese partido. Lo que está mal, lo que no es ni legal ni legítimo ni admisible, lo que rechazo totalmente, es que a continuación de eso, esos mismos militantes quieran que el resto de ciudadanos nicaragüenses también asumamos SU PROFESIÓN DE FE. Y mucho menos que quieran que todos los sandinistas que comprendimos, que el haber creído hace casi cuatro décadas que los máximos dirigentes del FSLN tenían una infalibilidad casi divina, de dioses del Olimpo, fue un error y una estupidez, ahora sigamos repitiendo los mismos actos y frases de sumisión y obediencia.

Sencillamente… NO VAMOS A VOLVER A DAR BRINCOS NI A RENUNCIAR A NUESTRA DIGNIDAD PARA DEMOSTRAR NINGUNA FIDELIDAD A NADIE. VAMOS A GOBERNAR DESDE ABAJO (Mejor aún… No dejemos gobernar).

“VAMOS A GOBERNAR DESDE ABAJO!” sentenció de forma irresponsable, furiosa y arrogante Daniel Ortega, en un acto público masivo en la PLAZA DE LA REVOLUCIÓN al reconocer su derrota electoral ante Violeta Barrios de Chamorro.

Realmente, cuando se analiza en retrospectiva la consigna y la práctica de “Gobernar desde abajo”  se puede concluir que lo único que reflejaba era, por un lado, la incapacidad de Daniel Ortega para aceptar los resultados de la derrota electoral que se había sufrido y por el otro,  una búsqueda permanente de parte suya y de los dirigentes que lo acompañaron, de no permitir que los gobiernos posteriores pudieran tener el clima de gobernabilidad necesario. ¿Acaso fue una especie de: “Si no me dejaste gobernar….Ahora yo tampoco te voy a dejar hacerlo”?

Sin embargo, no podemos negar que había una violenta ofensiva de parte de esos gobiernos para revertir una serie de conquistas que los sectores populares, sobre todo, habían alcanzado en casi una década de transformaciones revolucionarias. A como tampoco se puede negar que Daniel Ortega aprovechó los errores de esos gobiernos para poder propiciar y mantener un estado de ingobernabilidad que permitiera que los propios y mezquinos intereses de él y su grupo fueran avanzando a posiciones ventajosas en su lucha por el poder. 

Se puede concluir que, desde el mismo momento en que pierde las elecciones, Daniel Ortega no está dispuesto a utilizar el diálogo como un elemento para la resolución de los conflictos y las diferencias que en el seno de una sociedad puedan aparecer; ni a reconocer éstas como las características de una sociedad heterogénea y diversa y que por tanto deben aceptarse y tratarse como expresiones democráticas de los sectores que la componen. Su lenguaje siempre fue de violencia y exclusión, de imposición y arrogancia.

La ventaja que tuvo a su favor, fue que con su discurso se mantuvieron vivas las ilusiones de todos aquellos luchadores que habían visto truncados sus sueños y aspiraciones de una sociedad mejor para todos y les hizo creer que esa era la única forma de mantener viva la esperanza del no retroceso en las conquistas sociales de la década anterior.

Por supuesto, ese discurso y ese accionar antidemocrático, sectario y violento no fue gratuito ni mucho menos una expresión de intransigencia o combatividad revolucionaria. Para nada. Tenía como objetivo, además de mantener viva la ilusión de las transformaciones revolucionaria y de no dejar que la arremetida de los gobiernos neo liberales se encontrara sin respuesta, todo lo cual era correcto; también el ir inculcando en el imaginario de los sectores sandinistas una imagen de redentor, líder único y mesías que Ortega necesitaba para poder construir su camino de regreso al poder.

Al respecto, creo que la discusión no debe ser en torno a si un partido que se llama revolucionario e incluso uno que no lo sea, debe o no, hacer todo lo posible para regresar al control del poder y del gobierno como condición óptima para poder adelantar el programa que, según su criterio, sea el mejor para un país. Acepto y creo que cualquier ciudadano interesado en la política lo sabe y también acepta, que el deber de cualquier partido es tratar de ser gobierno; o tratar de volver a serlo en nuestro caso, para poder adelantar el programa que, según ese partido, más le conviene a la sociedad nicaragüense.

Sin embargo, sí cabe la discusión en torno a las siguiente interrogante: ¿CUALES SON LOS LÍMITES ÉTICOS Y MORALES QUE UN PARTIDO DEBE TENER EN SU LUCHA POR REGRESAR AL PODER? ¿Son diferentes o los mismos si este partido es “de derechas” o revolucionario y de izquierda? ¿Es aceptable que en ese esfuerzo realice acuerdos y/o pactos con otros sectores u otros partidos que vayan en detrimento de los intereses de sectores de la nación que inclusive han sido siempre dejados en la exclusión política y económica? Aunque fuese legal, ¿es legítimo hacerlo?

Soy de la opinión de que en esa lucha por regresar al poder, el FSLN-ismo orteguista transgredió toda la ética y los valores que el sandinismo original había promulgado y practicado: honestidad, lucha contra la corrupción, justicia para todos, rechazo a la impunidad, rechazo a las componendas a espaldas de los intereses populares, transparencia, defensa de los intereses de los sectores desprotegidos de la nación, lucha por la justicia y la democracia, etc. 

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS (No importa lo que haya que dejar en el camino que se recorra: principios, ética, sueños y esperanzas sociales… Lo importante es volver al poder) El imaginario social de los sectores sociales que más apoyaron y se comprometieron con las transformaciones revolucionarias que se empujaron en la década de los ochentas está condicionado por el discurso y los símbolos que en ellos sembró esa década de gobierno sandinista.

Es la base que Ortega necesitaba para que esos sectores sintieran y vieran justa y necesaria “la defensa de las conquistas revolucionarias atacadas por los gobiernos neo liberales” y acostumbrados a dejar que sus dirigentes decidieran y actuaran sin tener que explicar ni, mucho menos, convencer, no fueron capaces de ver cómo se iba entretejiendo la trama, que terminaría por iniciar un increíble proceso de DESINSTITUCIONALIZACIÓN del estado nicaragüense.

En la lucha de Ortega por volver al poder, los nicaragüenses fuimos testigos de una serie de acciones que se constituyeron en las bases para el desmantelamiento del estado de derecho y entre otras cosas, el surgimiento de un nuevo grupo económico ligado a Daniel Ortega y su camarilla. Acciones, políticas y medidas que fueron aplicadas por los gobiernos neoliberales con la colaboración, la aceptación o  el desentendimiento, según fuera el caso, por parte del FSLN.

Como el resultado más visible y nocivo de lo anterior, asistimos a la instauración y consolidación total de un OLIGOPOLIO PARTIDARIO en el que solo caben el FSLN de Daniel Ortega y el PLC de Arnoldo Alemán. Por supuesto, también aquellos partidos “zancudos” que estén dispuestos a aceptar las condiciones que imponen ambos caudillos y en las cuales las posibilidades de una competencia electoral transparente, legítima y justa son inexistentes.

Sin pretender hacer una cronología ni una lista exhaustiva de todos estos actos, sobre lo cual ya hay abundantes escritos y documentos, es importante resaltar lo siguiente:

El Co-gobierno desarrollado con todos los “gobiernos neo liberales y de derecha” que precedieron a Daniel Ortega, con sus altas y bajas, con sus “arrumacos íntimos” y sus “desavenencias de alcoba”, como ocurre en cualquier matrimonio, según las circunstancias, el momento y los observadores; que, entre otras cosas, posibilitó la conformación de un grupo de “empresarios sandinistas” que pasaron a conformar un nuevo grupo de poder político y económico en el país.

La “piñata oculta”   que, con el pretexto de la defensa de lo que se establecía para los sectores populares en las leyes (85), (86) y (88), se fraguó y se terminó de viabilizar con la aprobación de la ley (278) en Noviembre de 1997 que pretendía resolver finalmente los conflictos y debilidades que tenían dichas leyes y por tanto, se favorecía a los sectores populares; pero también se sentaban las bases legales de la usurpación y robo tanto de propiedades y activos del estado, como del mismo patrimonio del FSLN.

La  privatización  de los servicios  públicos: telecomunicaciones  y energía; con características monopólicas y/o oligopólicas en algunos casos.

Amplias y casi irrestrictas libertades para operar otorgadas al capital financiero representado por los bancos, de ahí las leoninas y usurarias tasas de interés de los diferentes tipos de préstamos, de las tarjetas de créditos, etc.

Medidas proteccionistas a favor de empresas de importación de vehículos, bajo  el pretexto de “medidas de protección medioambiental”. 

El  “PACTO  DE LA IMPUNIDAD”.  En Enero del 2000 se  realiza una REFORMA PARCIAL  a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA y se reforma también la LEY ELECTORAL. En este pacto ambos caudillos, Daniel   Ortega y Arnoldo Alemán se garantizan protección, ante la amenaza de un juicio por corrupción, Alemán; y uno por violación a su hijastra, Ortega. Dicho pacto tuvo enormes efectos negativos al debilitar las instituciones democráticas y permitir que ambos caudillos afianzaran su marcha hacia la desinstitucionalización del estado nicaragüense.

Entre otras cosas, este pacto también:

Institucionalizó el bipartidismo en Nicaragua, redujo los espacios democráticos y definió derechos políticos exclusivos para los dos partidos que ocuparon el primero y el segundo lugar en las elecciones de octubre de 1996: el PLC y el FSLN.

Eliminó el derecho a participar en las elecciones por medio de la SUSCRIPCIÓN POPULAR, con lo que desapareció el artículo (51) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA que establece el derecho de los ciudadanos a optar a cargos públicos, a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas.

Instituyó   un nuevo Consejo   Supremo Electoral compuesto   únicamente por magistrados nombrados entre el PLC y el FSLN. Partidizó este Poder del estado.

Amplió la Corte Suprema de Justicia para garantizar la presencia de magistrados liberales y sandinistas; los cuales son escogidos por el PLC y el FSLN. Partidizó este poder del estado.

Otorgó una diputación “regalada” tanto al presidente saliente como al candidato perdedor en la contienda al establecer en la Constitución el derecho del presidente de la República saliente de convertirse automáticamente en diputado una vez que concluya su mandato y al candidato que ocupase el segundo lugar en la elección. Ambos caudillos, se garantizaron la impunidad por medio de la inmunidad, que por ley cobija y protege a los diputados

Disminuyó los porcentajes de votos necesarios para ganar en primera vuelta, para allanar el regreso de Daniel Ortega a la presidencia de la nación.

Estableció una composición partidaria en los poderes del estado: el judicial, el electoral y de la CONTRALORÍA. Por supuesto, incluye una nominación y selección de carácter partidario en dichos cargos. Partidizó el estado, sus poderes e instituciones en general.

Eliminó la “representación proporcional” para la composición de la asamblea y otras instancias; fortaleciendo de esa forma el “oligopolio partidario” del FSLN y el PLC.

Incrementó el número de diputados necesarios para desaforar al presidente de la república; de tal manera que SOLAMENTE CON UN ACUERDO DE LAS BANCADAS LEGISLATIVAS SE PUEDE HACER ESO HOY.

Aumentó y complicó los requisitos para formar partidos políticos; y se diseñó un antidemocrático y “partidicida” sistema de penalización, a los incumplimientos de los mismos.

Aunque el alegato de ambos caudillos y sus respectivas cúpulas fue en torno a que dicho pacto era un avance en la consecución de la paz, la gobernabilidad y la construcción de la democracia en Nicaragua, no existe ninguna diferencia con el realizado el tres de abril de 1950 por los generales Anastasio Somoza García, caudillo del Partido Liberal Nacionalista (PLN) y Emiliano Chamorro, caudillo del Partido Conservador de Nicaragua (PCN); ni con el realizado el 28 de marzo de 1971 entre Anastasio Somoza Debayle, caudillo del PLN y Fernando Agüero Rocha, caudillo del PCN. 

En el primero, conocido como “Pacto de los Generales”, se consignó el bipartidismo, la diputación asegurada para el candidato perdedor en las elecciones para presidente del país, la distribución partidaria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la distribución de los Tribunales de Apelaciones, y demás instancias del estado.

En el de 1971, llamado “Kupia Kumi”, los caudillos acuerdan realizar reformas a la Constitución Política, lo cual hacen y promulgan una nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA en 1974. Se distribuyen todas las instituciones públicas y entes autónomos, así como los cargos en la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Apelaciones, y jueces de Distrito Civil.

DANIEL ORTEGA DE REGRESO….. “EL ESTADO SOY YO ” (Más importante que regresar al gobierno, es permanecer indefinidamente)

Cuando alguien usa las palabras democracia/democrático, todo el que escucha entiende que es algo que cuenta con una “aceptación o decisión mayoritaria”. Esto es así, porque desde siempre se ha relacionado el concepto de democracia a la idea de MAYORÍAS.

Muchos de los que abrazamos determinados paradigmas que nos permitieran orientarnos en la lucha por derrocar a la dictadura somocista y luego poder construir una nueva y mejor sociedad, rechazábamos la simple palabra DEMOCRACIA y solo la aceptábamos con algún apellido acorde con la naturaleza de nuestras ideas. Es decir, solo aceptábamos como verdaderas y válidas la democracia popular, obrera, campesina, etc.

No obstante lo anterior, igual que nuestros adversarios ideológicos y políticos de ese tiempo, siempre asociábamos DEMOCRACIA con MAYORÍAS. Es decir, lo democrático es mayoritario, la mayoría implica democracia.

Sin embargo, creo que la idea de democracia es como una moneda: tiene dos caras. Y no se puede tener y usar solo a una de sus caras si se quiere tener la moneda. Por un lado, la moneda de la democracia está relacionada con el concepto de MAYORÍAS. Pero, por el otro lado de la moneda, la democracia está relacionada con MINORÍAS. Eso es indispensable e ineludible.

Para que la democracia de un país se considere como tal, DEBE GARANTIZAR QUE LAS MINORÍAS PUEDAN EXISTIR, reproducirse, crecer y, eventualmente, convertirse en mayorías. Es decir, hoy por hoy, creo que la democracia debe medirse no solo por lo que proporciona a las mayorías de un país, sino también por lo que les brinda a las minorías del mismo.

Otras ideas predominantes en la generación que creíamos en la validez de determinados paradigmas para la transformación social era la de creer en LA EXISTENCIA DE UN SECTOR SOCIAL DE VANGUARDIA y el creer en la validez de la REPRESENTACIONALIDAD.

Desde el paradigma de la lucha de clases aceptábamos, con ya conocidas discrepancias entre las diferentes izquierdas de la época, que había un sector social que era el más “avanzado” de la sociedad y que estaba llamado a VANGUARDIZAR Y DIRIGIR la lucha por una nueva sociedad y que, por tanto, debía hacerlo. Además, ese sector llevaba en su seno los intereses de TODAS las clases y sectores sociales existentes en una nación; algunos de los cuales ni siquiera estaban claros de cuáles eran éstos para ellos.

Ese sector, por ese simple hecho de ser socialmente el más avanzado PODÍA REPRESENTAR A TODA UNA SOCIEDAD, ya que sus objetivos finales estaban en beneficio también del resto de sectores. Es decir, creíamos en UNA VANGUARDIA QUE PODÍA REPRESENTAR A TODA UNA NACIÓN Y A SUS INTEGRANTES y los intereses de todos ellos. 

Las creencias que he reseñado en los párrafos anteriores son importantes para poder dimensionar las implicaciones negativas que tienen para la construcción de una sociedad democrática e incluyente todo lo realizado, de manera legal o por el simple ejercicio de la fuerza que da el poder, por Daniel Ortega y el nuevo grupo económico y político surgido del FSLN-ismo y del cual él y su familia forman parte importantísima. Y comprender también la traición que con ello cometió Ortega al nuevo compromiso histórico que adquirió el sandinismo con los nicaragüenses, al aceptar y suscribir los ACUERDOS DE SAPOÁ.

Ese actuar de Daniel Ortega, en mi opinión, es visto, analizado, comprendido y aceptado por sus seguidores desde esos paradigmas e ideas.

La tarea de institucionalizar un sistema democrático implica y requiere de un consenso social   que refleje las obligaciones y derechos de todos los sectores de una nación; que establezca las relaciones entre el Estado, los sectores económicos, políticos, sociales y la economía; que sirva de marco a la competencia político-partidaria. No se puede pretender que ese consenso social sea sustituido por los acuerdos o pactos partidarios y de grupos hegemónicos de la sociedad, sean estos políticos o económicos.

Si tal consenso no existe o si han sido sustituidos por uno o más acuerdos de cúpula, los resultados de cualquier  elección aunque sean legales, no necesariamente son legítimos. Eventualmente y como el resultado más negativo de lo anterior, las elecciones se pueden convertir en   una herramienta para cuantificar las divisiones sociales expresadas a través de opciones partidarias. Es también su evidencia.

Desde esa perspectiva, LAS ÚNICAS ELECCIONES en las que el FSLN ganó con legalidad y confirmaron su legitimidad fueron las de 1984. A partir de ahí, siempre el rechazo a los resultados de su política fue mayoritario. Es solo en el 2006 en el que una división de la oposición, más el haber disminuido el porcentaje y los criterios para ganar en primera vuelta, permiten que Daniel Ortega surja como el ganador.

En este punto, resalto las críticas a la no publicación de los resultados de un porcentaje de las mesas electorales, en las cuales jamás se hizo público quién había ganado. Existe la creencia que de haberse conocido, habría quedado en  evidencia la necesidad de una segunda vuelta, puesto que con dichos resultados ya no se cumplía el requisito para no hacerla. Todos sabemos lo que hubiera pasado si esa segunda vuelta se daba.

Una vez alcanzada la presidencia de la república, en su regreso al gobierno a partir del año 2006, la gestión de Daniel Ortega estuvo encaminada a lo siguiente:

Tratar, por todos los medios posibles, de garantizarse su reelección indefinida. Y eventualmente, garantizar que su mujer lo releve. Esto lo consigue a través de sucesivas reformas electorales, la instrumentalización y control del aparato electoral, y (el colmo!!!) la declaración de inaplicabilidad, por medio de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del artículo (147) de la Constitución reformada de 1995 que impedía la reelección presidencial.

Seguir fortaleciendo y enriqueciendo el grupo económico y de poder que representa. Y del cual su familia, mujer e hijos, es una parte indispensable.

Fijar en el imaginario de sus partidarios, que su gobierno es una continuidad de la revolución que inició en 1979. 

En función de lo anterior, estructuró un discurso encaminado a reforzar en dicho imaginario, la idea de que “estaban de vuelta en el poder” y que por tanto, no había que dejar que ninguna expresión social que se les opusiera tuviera ni la más mínima oportunidad. Las frases de “las calles son del pueblo” se interpretaban realmente como “las calles son nuestras”; así como la expresión “arriba los pobres”, “pueblo presidente” y otras más, les indicaba a esos sectores que su hora había llegado; que era el tiempo de retomar el camino de transformaciones revolucionarias y alcanzar lo que no se pudo en la década de los 80´s por culpa de la guerra y la subsecuente pérdida electoral. Y que ya no iban a permitir ningún obstáculo ni retroceso en ese camino.

El pueblo se convertiría en presidente gracias a la figura de Daniel Ortega, que gobernaría en nombre de y para todos los sectores que habían quedado en el olvido, desplazados, atacados, humillados y despojados de sus derechos y conquistas por todos los gobiernos neo liberales y de derecha previos. La verdad fue otra. Detrás de la idea de que “los pobres” gobernarían “en nombre e interés de toda la nación”, estaba oculta la voluntad e intención de Ortega y su camarilla de “gobernar para sus propios intereses”.

Paralelamente, de la misma manera que Stalin eliminó por diferentes medios a todos los miembros de la dirección del Partido bolchevique que dirigieron la revolución de Octubre en la Rusia zarista, Ortega también se   dio a la tarea de borrar de ese imaginario la existencia y las acciones que desarrollaron todos los otros dirigentes del FSLN, a todos los niveles, que se pusieron al frente de la lucha contra la dictadura y acompañaron al pueblo en su triunfo sobre la misma.

De esa manera, se fue construyendo en la mente de las nuevas generaciones que se incorporaban al partido FSLN la historia de un Daniel Ortega omnipresente, omnisciente y, a como quisieran algunos de sus súbditos y adoradores, casi hasta omnipotente…. El mesías revolucionario que necesitaba la nación y el pueblo pobre para volver al camino de las transformaciones revolucionarias que habían sido interrumpidas en 1990.

Esa “eliminación simbólica” de todos los dirigentes sandinistas, sobre todo los sobrevivientes, incluía, necesariamente, la condena al abandono y el olvido a la vieja militancia de base que había estado en la epopeya insurreccional, la defensa de la revolución y en la transición hacia la paz y que pasaron a ser los “cacharros de la guerra”. Las vivencias y el conocimiento propio que ellos tenían de esas partes de la historia, constituían un obstáculo en el camino de construir en Ortega la imagen de un mesías revolucionario.

Convencer  al gran capital, a  los inversionistas extranjeros y  a los empresarios nacionales que solamente él y su partido pueden garantizar la gobernabilidad y paz social que son necesarios para que las empresas funcionen sin más preocupaciones, que las propias de la gestión empresarial.

La cooptación del movimiento social y la corrupción de muchos dirigentes de las organizaciones de masas propiciada por el Orteguismo, entre otras cosas le permitía activar y desactivar a su antojo, el desorden social, que no la protesta.

Por supuesto, para lograr convencerlos, también tuvo que establecer un marco jurídico que a la postre ha permitido, un desmedido enriquecimiento del sector empresarial, sobre todo la gran empresa y los inversionistas extranjeros.

Lógicamente, para poder tener ese control sobre la protesta social y usarlo a su antojo, profundizó desde su primer gobierno algo que ya venía haciendo desde antes del 2006: el uso de estructuras para-partidarias que se comportaban como fuerzas de choque, modernas “turbas nicolasianas” que se hacían cargo de enfrentar y reprimir cualquier protesta. Ejemplos de ese comportamiento se encuentran en las referencias informativas de los medios de difusión que hicieron reportajes particulares en cada momento. 

La “irritación” que alegó después de los hechos el comandante Manuel Calderón, para justificar la agresión que dirigió y realizó en contra del MRS en León; el desalojo brutal que esas turbas realizaron a vista y paciencia de la Policía en el caso conocido como #OcupaInss, en los alrededores del INSS, constituyen unos ejemplos emblemáticos.

En la práctica, un desentendimiento y, a ratos, conspiración, en contra de la organización sindical y las luchas por sus reivindicaciones particulares. Esto ha llevado a que en la realidad, la lucha sindical se  ha visto criminalizada por el estado nicaragüense y los dirigentes sindicales tratados como vulgares delincuentes. Los casos de la mina EL LIMÓN, en el 2015 y de la zona franca de carretera norte en el 2016, son también muy conocidos y recordados.

Los hechos y ejemplos sobran y se llenarían hojas y hojas de todos los agravios que contra la nación nicaragüense y sus miembros todos, ha venido haciendo Daniel Ortega en su búsqueda de volver al poder primero y para lograr mantenerse en el mismo de manera indefinida, después. Por tanto, no creo necesario extenderme más en este punto.

Sin embargo, sí quiero poner de relieve las consecuencias que a mi juicio, han tenido para la nación todo lo que Daniel Ortega ha venido haciendo desde el mismo momento que pierde las elecciones ante Violeta Barrios el 25 de Febrero de 1990.

La POLICÍA NACIONAL se ha convertido en una fuerza represiva, que en la esfera política actúa fundamentalmente como un ejército pretoriano, al servicio de los intereses de Ortega y su camarilla. Igual de miserable es el papel que le ha tocado al Ejército Nacional, al que no se le puede creer su mentiroso alegato de no participación de sus miembros en la represión a la protesta social. Con ello dejó de lado el compromiso sandinista suscrito en SAPOÁ de resolver todos los conflictos por medio del DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN.

Se repartió con el PLC todos los poderes del estado. Con ello ha traicionado el compromiso sandinista suscrito en SAPOÁ, de constituir un ESTADO DE DERECHO con total independencia de poderes.

Transformó el marco jurídico de las elecciones a la medida de las ambiciones y necesidades de él y su camarilla; contando con Arnoldo Alemán como un colaborador necesario. Con ello dejó de lado el compromiso sandinista suscrito en SAPOÁ de permitir la participación popular en auténticos procesos políticos de carácter democrático.

Se ha impuesto como una realidad, el uso de fuerzas parapoliciales para la represión tanto a la protesta social, como a la disidencia y oposición política partidaria. Con lo cual dejó de lado el compromiso sandinista  suscrito en SAPOÁ, de impulsar auténticos procesos que implicasen la promoción de la justicia social y el respeto de los Derechos Humanos.

Ha constituido un cuasi monopolio de medios de comunicación, usando para ello la presión, el chantaje, la compra de voluntades, etc. De esa manera, dejó de lado el compromiso suscrito por el sandinismo en SAPOÁ, de brindar una completa libertad de expresión y divulgación para los medios de comunicación, permitiendo la existencia y funcionamiento de los mismos, para todos los grupos ideológicos.

Ha fortalecido en sus seguidores la idea de que  “el pueblo es el presidente”, de que “las calles son del pueblo”,  de que “los intereses representado por los sectores anti-Danielistas o que no están de acuerdo con Daniel Ortega son anti populares y hay que aplastarlos”. Con esto también traiciona el compromiso sandinista suscrito en SAPOÁ de ayudar a construir y mantener un total pluralismo político partidista; con pleno e irrestricto derecho a la divulgación, movilización y acciones de carácter proselitista que quieran y puedan desarrollar las agrupaciones y/o partidos políticos. 

Ha impuesto la idea de que “la policía y el ejército deben defender y proteger los intereses del pueblo presidente” y por ello no deben permitir ninguna actividad ni manifestación diferente, mucho menos contraria, a las que el “pueblo presidente” convoca y organiza. Nuevamente, con ello Daniel Ortega continúa su traición al compromiso sandinista suscrito en SAPOÁ, de fortalecer un ESTADO DE DERECHO en el que el servidor público se deba únicamente a las normas y leyes que rigen su trabajo y no a los intereses de ningún partido o grupo político. Es una muestra más de la partidización de la gestión pública, promovida y usada por su gobierno.

Se le hicieron siete Reformas a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1986 que fue aprobada en ese entonces por el CONSEJO DE ESTADO a través de las leyes 173, 192, 330, 490, 520, 521 y   527. También se declaró inaplicable el artículo de la constitución política que impedía que Daniel Ortega se reeligiera después de su regreso al poder en 2006. Nuevamente…. Traición al  compromiso sandinista de SAPOÁ de realizar elecciones completamente libres, pluralistas, transparentes y honestas que garanticen una sociedad democrática y participativa.

Al momento, ya se han quedado sin valor legal ni práctico muchos artículos de nuestra Constitución Política. Señalo los más relevantes: artículos (2), (6), (23), (25), (26), (27), (29), (30), (33), (34), (35), (36), (44), (45), (26), (52), (53), (54), (93), (97) y (147).

Con todo lo anterior, Daniel Ortega en su actitud autoritaria y arrogante le ha dicho al país, imitando al Rey LUIS XIV en la frase que se le atribuye; “L’État, c’est moi” (El Estado soy yo). También, en su creencia y pretensión mesiánica le ha querido decir e imponer a la nación que: “El pueblo manda …… Aquí se va a hacer lo que el pueblo quiera y necesite…. Y EL PUEBLO SOY YO”.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: EL COMANDANTE, ¿SE QUEDA? Creo que ya es claro para el lector de estas líneas que todo lo anotado hasta este punto explica la idea que aparece en el título de este escrito. La forma en que Daniel Ortega fue pervirtiendo las leyes, el ordenamiento jurídico y el débil estado de derecho que habíamos alcanzado hasta el 2006, no tiene nada que ver con el sandinismo de raíz, original.

Bajo ningún concepto, por ningún objetivo, se puede justificar ni mucho menos aceptar como correcto, desde la práctica que caracterizó al sandinismo de la época de la lucha anti somocista, todo lo que ha venido haciendo para asegurarse su regreso al poder y su posterior permanencia. No pueden ser reconocidos ni aceptados como éticos ni revolucionarios ni sus objetivos ni sus métodos para alcanzarlos. El  resultado final de todo ese proceso ha sido que en la actualidad Nicaragua prácticamente se ha convertido en UNA REPÚBLICA FALLIDA.

Es por eso que, aquel que en algún momento fue un COMANDANTE DE LA REVOLUCIÓN, hoy se ha convertido en el político cuyas acciones han tenido la mayor y más determinante incidencia en la muerte de la nación nicaragüense en su camino a transformarse en república. Con ello, Daniel Ortega se ha convertido en EL ASESINO DE UNA NACIÓN.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos miembros de mi generación que, al igual que yo, no han estado de acuerdo con el actuar de Ortega desde antes y/o después de haber regresado al poder; yo creo que la forma en cómo ha tratado de resolver la crisis actual que estremece nuestra sociedad ES EL MEJOR REGALO QUE HA PODIDO HACERLE Daniel Ortega  a la sociedad nicaragüense y a los sectores sociales que han venido luchando por impedir el retroceso institucional que él ha propiciado para su propia y mezquina conveniencia y la de su camarilla. 

Después de que Daniel Ortega toma la decisión de abortar el proceso de diálogo que venía sosteniendo con la ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA y el resto de sectores que participaban en el mismo, sus acciones para desmontar la protesta y controlar el movimiento social son una prueba contundente para desenmascarar por completo la verdadera naturaleza de su gobierno y los verdaderos objetivos de él y su grupo.

Veamos:

Obligó a la POLICÍA NACIONAL a actuar con fuerzas paramilitares que, a diferencia del  policía profesional, no tuvieron ningún reparo en disparar y matar a manifestantes desarmados. En determinado momento, inclusive, ha subordinado al cuerpo policial profesional a la dirección y mandato de esos grupos con el fin de garantizar los resultados que quiere.

Con ello, convirtió esa fuerza del orden en UN EJÉRCITO DE OCUPACIÓN. Los antiguos y originales “Centinelas de la alegría del pueblo”, se han transformado y hoy no son más que los “mensajeros de la represión y la muerte”.

Con ello también ha quedado claro para la sociedad nicaragüense quiénes son en ese órgano de orden interior los que toman en serio y con profesionalidad institucional su papel de verdaderos garantes de la seguridad de TODOS los nicaragüenses y quienes se comportan como simples y vulgares militantes de un  partido y seguidores de un caudillo al cual obedecen y cuyos intereses defienden. Igual pasa con los jefes y oficiales que en el Ejército Nacional han propiciado una “no intromisión” en el conflicto que en la práctica se ha convertido en una “omisión cómplice”.

Estos últimos, por supuesto, no merecen ni ser miembros ni estar ni en el ejército ni en la policía nicaragüense. Y tampoco se diferencian de los guardias somocistas de hace más de cuatro décadas.

Terminó de destruir el ordenamiento jurídico existente en relación a lo que se conoce como “debido proceso”, haciendo papel mojado de las garantías constitucionales que el estado nicaragüense debe procurarle a cualquier detenido y acusado. Ni siquiera Somoza se atrevió a tanto.

Ha establecido una clara diferencia entre los que lo apoyan y los que luchan en su contra. De esa manera ha convertido la crisis social actual en una guerra entre los que están con él y los que están en contra de él; usando los recursos legales y mediáticos a su alcance para señalar a éstos con todo tipo de adjetivos con la pretensión de convertirlos casi en “traidores a la patria”.

Es decir, una especie de: nosotros, los revolucionarios, el pueblo….contra los enemigos de la revolución y la patria. En la práctica, eso se ha convertido en los orteguistas contra el resto de la nación.

Igual que el dictador Anastasio Somoza Debayle hacer más de cuatro décadas, Daniel Ortega ha convertido el ser joven y ser estudiante en un “factor de riesgo” para la juventud nicaragüense. Los jóvenes que hoy han levantado las banderas de la democracia, la justicia y los derechos humanos, se encuentran en la encrucijada de luchar o dejarse matar, igual que nosotros ayer. La diferencia es que nosotros estábamos dispuestos a matar a las fuerzas represivas; los jóvenes de hoy solamente están dispuestos a dejarse matar por sus ansias libertarias y así lo han demostrado.

Ortega y Somoza con la misma cosa: para ambos los jóvenes y los estudiantes son el peligroso enemigo terrorista.

Igual  que el  somocismo,  ha convertido  al empleado público  en un obligado colaborador  y manifestante en su apoyo. Somoza mostraba el mismo desprecio por la dignidad de los ciudadanos que trabajaban para el estado. Ortega también, como Somoza, amenaza con el despido como el seguro castigo a todo aquel que no muestra su “fidelidad al pueblo y la revolución”. Es decir, a Daniel Ortega y su camarilla. 

Daniel Ortega le ha dado la estocada de muerte a la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA cuando, ante la indiferencia y talvez hasta complicidad de las autoridades universitarias, ordena el ataque y penetración de sus huestes criminales a los sagrados recintos de la UNAN Managua. Remito aquí a la ley (89) de AUTONOMÍA UNIVERSITARIA que establece en su artículo (9), inciso (4): “La inviolabilidad de los recintos y locales universitarios. La fuerza pública sólo podrá entrar en ellos con autorización escrita de la autoridad universitaria competente.”

Ha  transformado  los centros de  estudio universitarios  públicos en verdaderas PRISIONES  DE RÉGIMEN ABIERTO, en los que los estudiantes “permanecen detenidos” durante sus clases, para luego irse a sus casas.

Por supuesto, como cualquier prisión de ese tipo, ya están funcionando los grupos de paramilitares y “secretarios políticos” disfrazados de guardas de seguridad y demás que chequean e interrogan, como se hace en cualquier prisión, a todo el que quiere acceder a las instalaciones universitarias y, además, vigilan y están atentos a cualquier movimiento, reunión o similar que les pueda indicar alguna “conspiración golpista-terrorista”     para proceder a la captura de los presuntos “contrarrevolucionarios de la derecha”.

Ni siquiera el dictador Somoza hizo suyo con tanta fuerza y determinación el grito fascista de “MUERA LA INTELIGENCIA… VIVA LA MUERTE”.

Ha tratado de imponer en el imaginario nicaragüense la idea de que la bandera de su partido no solamente REPRESENTA A LA NACIÓN, sino que, además, PUEDE ESTAR Y ESTÁ POR ENCIMA DE LA BANDERA NACIONAL.

Eso y no otra cosa significa la práctica de imponer el uso de la bandera del FSLN-Ortega en las instalaciones y los actos de todas las instancias del gobierno nicaragüense. En esto, creo que hay que reconocer algo: Somoza JAMÁS pretendió hacer que la bandera liberal estuviera por encima de la bandera azul y blanco de la nación.

Con todo lo anterior, y otros hechos cuya inclusión haría interminable esta lista, Daniel Ortega ha facilitado la toma de conciencia en la sociedad nicaragüense en torno a la verdadera naturaleza de su régimen. Lo que a los luchadores sandinistas en contra de la dictadura somocista les tomó casi dos décadas para concientizar a los nicaragüenses de la necesidad de luchar en contra de Somoza, Daniel Ortega lo facilitó al reducirlo… A MENOS DE UN SEMESTRE

Al menos yo le agradezco a Ortega el haber facilitado tanto esa labor.

Con ello su derrota estratégica y su futuro está claro y asegurado…. EL COMANDANTE SE VA.