Epidemia y Genocidio, el caso de Nicaragua
Jaime Espinosa
El autor es doctor en Medicina.
<<La situación planteada por la respuesta gubernamental en Nicaragua nos lleva a preguntarnos si existe conciencia que esta negligencia criminal podría también categorizarse como genocidio, en la medida que de forma activa se está provocando la muerte de un segmento poblacional susceptible. La Asamblea General de la ONU definió el genocidio el 11 de diciembre de 1946 como “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación del derecho a vivir” (Resolución 96).>>
La reciente pandemia de enfermedades pulmonares es causada por un virus de la antigua y numerosa familia de Coronavirus el SARS-CoV-2, renombrado como COVID 19, que se detectó en Wuhan, China, el pasado diciembre. En menos de tres meses el virus fue detectado en 184 países, prácticamente todos los países de la Tierra, a excepción de los polos.
Basados en la experiencia china, corroborada en Italia y España, el principal problema que presenta esta pandemia es la alta tasa de contagio que oscila entre 2 y 3 en promedio, por lo que la curva de casos es exponencial, hasta que la población inmune, es decir la que tuvo la enfermedad, comienza a crecer y disminuyen los casos. Dos razones están al origen de esta alta tasa de contagio: la vía de trasmisión, que es aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda, aunque también se transmite al tocarse ojos, nariz o boca tras tocar superficies contaminadas; y el hecho que este nuevo coronavirus se puede transmitir incluso antes de la aparición de síntomas. Se estima que el período de incubación se encuentra entre dos a catorce días, aunque la mayoría de los casos observados lo hace entre cinco y siete días.
El CDC de China ha estimado que alrededor del 80.9% de las infecciones del nuevo coronavirus se clasifican como leves, el 13.8% como graves y el 4.7% como críticas, lo que incluye insuficiencia respiratoria y multiorgánica, y shock séptico. El factor de riesgo más importante para morir por COVID-19 es la edad. Las personas mayores de 80 años tienen un 14.8 por ciento de posibilidades de morir por la enfermedad; las de 70 años, 8 por ciento; las personas de 60 años, 3.6 por ciento; y personas de 50 años, 1.3 por ciento. Una vez por debajo de este rango de edad, el riesgo de morir cae entre 0.2 y 0.4 por ciento. Sin embargo, dependiendo de la edad, el país o la región, estas cifras pueden variar. Los diabéticos, las personas con algunos tipos de cáncer, enfermedad pulmonar crónica o inmunodeprimidos son los más susceptibles de desarrollar una enfermedad grave.
Las medidas impulsadas por las autoridades sanitarias internacionales, como la OMS, están basadas en los datos anteriormente señalados y las podemos dividir en dos grupos, las dirigidas a la población y las dirigidas a los gobiernos, siendo las más relevantes las siguientes:
En el primer caso, medidas dirigidas a la población, encontramos las siguientes: 1) Lavado frecuente de las manos para evitar el contagio al tocar una superficie infectada; 2) Cubrirse la boca con una toalla desechable o flexionando el codo cuando se estornude a fin de disminuir la difusión de los gérmenes en el aire; 3) Mantener el distanciamiento social, es decir, una distancia de un metro o superior de otras personas a fin de reducir el contacto; 4) Evitar tocarse la cara, la boca o los ojos a fin de disminuir la posibilidad de infección; 5) Evitar las aglomeraciones a fin de reducir los contactos con el virus; 6) Autoaislamiento a fin de evitar cualquier posibilidad de contagio, principalmente de la población susceptible; 7) buscar asistencia médica en caso de fiebre alta y dificultad respiratoria.
En el segundo caso, de las las medidas sugeridas a los gobiernos las más importantes son: 1) Mantener informada a la población del avance de la epidemia y las medidas que se están tomando, así como las medidas higiénicas para su prevención y atención; 2) Evitar las concentraciones de personas, mediante el cierre de parques, restaurantes, actividades masivas, cierre de empresas y oficinas, etc.; 3) Cierre de aeropuertos y cuarentena de viajeros sospechosos o provenientes de sitios con presencia del virus; 4) Restricción de la movilidad social mediante toques de queda y control de la circulación; 5) Preparar unidades de salud para atender los casos de insuficiencia respiratoria y sus complicaciones; 6) Efectuar tests para diagnosticar la existencia o no de una infección por el COVID 19 a la población susceptible, entre otras medidas.
Como podemos observar, las medidas se pueden reducir a una, reducir la tasa de contagio por todos los medios disponibles a fin de evitar el colapso de los sistemas de salud y por tanto, un incremento en el número de muertes producto de la falta de atención.
En Nicaragua, según los cálculos del Ingeniero Víctor Tercero Gómez, PhD, las muertes esperadas “si no se toman medidas preventivas recomendadas internacionalmente por los organismos competentes” se aproximarían a las 30,000, dos tercios de las cuales serían mayores de 60 años. Los cálculos elaborados muestran que las 5,781 camas hospitalarias existentes serían ampliamente rebasadas antes que llegue el pico de la epidemia a finales de abril, eso sin contar que en todo el país solo existen 160 ventiladores que podrían utilizarse en pacientes con el COVID 19. En este punto es importante hacer notar que entre estos muertos estarán nuestros abuelos, padres y otros familiares, incluyendo nuestro cónyuge y eventualmente hijos. Siempre es importante ponerle rostro a las cifras.
A diferencia del resto del mundo, las autoridades nicaragüenses han emprendido una cruzada de contactos personales en todo el país mediante la convocatoria a manifestaciones, reuniones, carnavales y concentraciones, etc. a las que, a diferencia de otras ocasiones, los principales dirigentes de este gobierno están ausentes. Las medidas para evitar el contagio se difunden a través de brigadistas del partido en el poder mediante un procedimiento contradictorio de visitas casa por casa, especialmente a enfermos crónicos, adultos mayores y personas con discapacidad, que lo único que está consiguiendo es la difusión del virus entre éstos. En los hechos, el gobierno trata de enfrentar esta epidemia utilizando las estrategias utilizadas en las epidemias transmitidas por vectores, como el aedes aegypti, basada en la movilización de los servicios de salud comunitaria y brigadistas para enfrentar la epidemia, convencido que su llamado partidario, modelo de salud familiar y comunitario, es suficiente.
Los activistas del Frente Sandinista son los encargados de movilizar a los trabajadores estatales, pobladores de barrios populares y escuelas públicas. Con el argumento que la promoción de las medidas internacionales son utilizada para dañar la imagen del gobierno por parte de grupos de oposición política, los trabajadores del Estado son obligados a asistir a sus puestos de trabajo so pena de perderlo, los padres que han anunciado que sus hijos dejarán de asistir a la escuela son amenazados con la expulsión de sus niños, los agitadores políticos que tienen programas en la cadena de medios de comunicación perteneciente a la familia gobernante atacan y se burlan de cualquier estrategia diferente de la gubernamental.
Por otra parte, el sigilo y secreto con que se maneja la información sobre la epidemia, la que centraliza Rosario Murillo, encargada de la coordinación del manejo de la epidemia, es contraria a las recomendaciones internacionales para el manejo responsable de la epidemia. Hasta ahora, los casos detectados han sido internados en los hospitales estatales, bajo condiciones de aislamiento, atención deficiente y desinformación.
Se especula mucho sobre los motivos que pueden tener los gobernantes nicaragüense para actuar de forma opuesta a las recomendaciones internacionales. Aparentemente, tratan de mantener la imagen de “normalidad” y mostrar que el gobierno tiene el control de cualquier situación adversa que se presente en el país. Las declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales y otros operadores políticos, señalan que cerrar las fronteras, establecer cuarentenas y limitar la movilidad y contacto social atentarían contra la economía del país y enviaría una mala señal a los inversionistas extranjeros. También se ha argumentado que la muerte masiva de personas mayores reduciría la presión económica que en estos momentos ejerce el Instituto de Seguridad Social por medio de los jubilados.
Reforzando el actuar gubernamental, el representante de OPS/OMS en Nicaragua, señaló públicamente que “nosotros reconocemos todos los esfuerzos que ha hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental reconocer que en este acompañamiento el país ha reconocido y tiene incorporadas las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la OPS le ha brindado”.
Sin embargo, si medimos el abordaje de la epidemia por los hechos y no por las intenciones, las medidas impulsadas por el gobierno, pueden causar muchas muertes, especialmente en aquellos con patologías crónicas preexistentes. Los primeros afectados serán aquellos que han participado en las visitas casa a casa, se han movilizado en las marchas y concentraciones gubernamentales y han desechado las medidas de auto-cuidado. Igualmente corren riesgo los cuadros históricos del partido gobernante y los líderes para militares, todos ellos mayores de sesenta años.
Obviamente, el resto de la población no está exenta del contagio. Esta población como es de esperar llegará posteriormente a hospitales saturados, con personal de salud, equipamiento e insumos insuficientes, lo que junto al rechazo a atender a aquellos que no declaren su adhesión al gobierno, probablemente presentará una mortalidad superior al promedio. Sobre este último punto se señalan casos donde la primera pregunta que se le hace a las personas que buscan asistencia es si “apoyan o no al Comandante y la Compañera”.
La situación planteada por la respuesta gubernamental en Nicaragua nos lleva a preguntarnos si existe conciencia que esta negligencia criminal podría también categorizarse como genocidio, en la medida que de forma activa se está provocando la muerte de un segmento poblacional susceptible. La Asamblea General de la ONU definió el genocidio el 11 de diciembre de 1946 como “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación del derecho a vivir” (Resolución 96).
