La ductilidad de los sectores hegemónicos [sacrifican los derechos de todos por los privilegios de unos cuantos]
Oscar René Vargas
La Real Academia Española define el adjetivo dúctil como aquello que, en el caso de un metal, admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. Si se tratara de algo no metálico, se hablaría de un cuerpo fácilmente adaptable o maleable. Una quinta acepción del término se refiere a lo acomodadizo, de blanda condición, condescendiente o de pescuezo flexible. Tales serían las características de la “oposición política comparsa”, del gran capital y otros sectores de la sociedad en Nicaragua. La ductilidad del gran capital es pieza angular en su relación con el régimen autoritario, incluso mediante una aceptación de sacrificios de los derechos de los ciudadanos y el silencio de cara a la militarización de la sociedad y de la existencia de los paramilitares.
La política dúctil de la “oposición comparsa” le permite amoldarse a diversas situaciones para no poner en riesgo su alianza, abierta o encubierta, con el gobierno. De hecho, la conversión de leyes, garantías y derechos en materia dúctil para la dictadura Ortega-Murillo forma parte de un sostenido juego del gran capital y de la “oposición comparsa” que una y otra vez ha tratado de encontrar las mejores condiciones para fortalecer y acerar el puño del gobernante. Mientras tanto, el régimen ha ido pasando de una tolerancia táctica a un endurecimiento extremo frente a la oposición real y las manifestaciones de protestas sociales.
Listos para “co-gobernar” [con represión] en medio del estancamiento
Frente a un cuadro de probable estancamiento económico en el período 2022-2026, que podría ir generando nuevos conflictos y protestas sociales por diferentes motivos (escasez de agua, tala de árboles en diferentes departamentos del país, desempleo, bajos salarios, incremento de la pobreza, desigualdad crónica, megaminería, cultivos depredadores del medio ambiente, privatización de las tierras comunales en el Caribe, incapacidad de compra una canasta básica, etcétera), las cúpulas partidarias de la oposición dúctil y de la dictadura deslegitimada (por la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública y la militarización del país) han creado instrumentos legales de represión abierta que hacen posible la implantación de una dictadura aceptable para el gran capital dúctil, para los partidos manejables de la “oposición comparsa” y para los líderes políticos con “pescuezo flexible”.
Es así como la dictadura apuesta a recomponer su alianza con la élite empresarial, sello de su gestión anterior a la rebelión de 2018. Y, a pesar de declaraciones retóricas reclamando institucionalidad democrática, los grandes empresarios nacionales no dejan de dar señales de estar dispuestos a seguir legitimando a la dictadura Ortega-Murillo con tal de conservar los beneficios de esa alianza, a través del Estado corrupto. De hecho, el Estado ha servido para legitimar la corrupción, y ambas partes del pacto legitiman la lógica del Estado-Botín al permitir la apropiación indebida de los bienes estatales y facilitar a la dictadura su permanencia en el poder.
De esta corrupción se enriquecen varios grupos empresariales. El grupo empresarial de la “nueva clase”, por ejemplo, tiene distintos orígenes y, por tanto, distinta relación con el gran capital. La mayoría de quienes amasaron recursos con la “piñata” de los años 90 quebró. Los que supieron administrarlos y crecieron mantienen vínculos con el capital financiero y con el gran capital agrupado en el COSEP desde mucho antes de que Ortega regresará al poder. Ambos grupos coinciden en visión e intereses. Lo mismo puede decirse de otro grupo de empresarios orteguistas, la mayoría medianos, que a finales de los años 90 conformaron el “Bloque de Empresarios” y que actúan como base de apoyo económico al “orteguismo” y que lograron desde entonces posiciones importantes en el engranaje gubernamental/partidario y en algunas cámaras empresariales.