La propuesta de la llamada Justicia Transicional: para un crimen mayor, un castigo menor.

23 de octubre de 202227 de octubre de 2022 Francisco Larios

<<La “doctrina” de Justicia Transicional no calza con la realidad nicaragüense. En Nicaragua no estamos en un “enfrentamiento” entre partes política o éticamente comparables. Más bien, la población desarmada ha sido víctima del ataque premeditado de policía, ejército, y fuerzas paramilitares al servicio de un grupo criminal que usurpa el poder del Estado. Alvarito Conrado no cayó en un “enfrentamiento” con las “fuerzas del orden”. Ni don Eddy Montes, ni Hugo Torres. Ni los centenares de jóvenes asesinados a mansalva por escuadrones de la muerte. Ni hubo “escuadrones de la muerte azul y blanco”. Basta ya de falsas equiparaciones. No estamos en un “enfrentamiento”.>>

Digámoslo claramente: los clanes políticos corruptos y los poderes fácticos introdujeron en Nicaragua el concepto de “justicia transicional” como un instrumento más en su anhelada negociación de convivencia con Ortega y Murillo.

Una vez más, la “viveza”, la bola rápida, la prestidigitación, el baile de máscaras, el cinismo; todo con tal de buscar o expandir sus cuotas de poder y privilegio. Por supuesto, siendo tan poco sofisticados ––porque encima de escaseces éticas padecen hambruna de otras capacidades–– el enorme manto de “justicia transicional” les ha quedado chiquito.

Hay que recordar que los propios ideólogos internacionales de la “justicia transicional” declaran que esta “no es una ruta trazada”, que “diferentes sociedades toman rutas diferentes, dependiendo de la naturaleza de las atrocidades”, e insisten que la “justicia transicional tiene que ver con las víctimas. Se centra en sus derechos y dignidad como ciudadanos y seres humanos y busca la rendición de cuentas, el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos.”

En otras palabras, la intención teórica (diferente de la de los políticos nicas) no es no hacer justicia, sino más bien procurar, al hacerla en conflictos sociales sistémicos, dos cosas. Una es que cuando haya enfrentamiento entre dos partes, y ambas cometan atrocidades, el afán de saldar cuentas no sea un obstáculo para detener la destrucción mutua. Se llega a un acuerdo, y ambas partes aceptan someterse a un proceso de rescate de la verdad y de castigo a los infractores, dentro de un nuevo contrato social acordado por las partes. La otra es resarcir a las víctimas de ambos bandos; y la sociedad entera, a través del Estado que emerge del nuevo contrato social, debe hacerse responsable.

¿Qué tiene esto que ver con Nicaragua? Obviamente que muy poco.

La “doctrina” no calza con la realidad nicaragüense, y de hecho no hace falta ninguna nueva doctrina. En Nicaragua no estamos en un “enfrentamiento” entre partes política o éticamente comparables. Más bien, la población desarmada ha sido víctima del ataque premeditado de policía, ejército, y fuerzas paramilitares al servicio de un grupo criminal que usurpa el poder del Estado. Alvarito Conrado no cayó en un “enfrentamiento” con las “fuerzas del orden”. Ni don Eddy Montes, ni Hugo Torres. Ni los centenares de jóvenes asesinados a mansalva por escuadrones de la muerte. Ni hubo “escuadrones de la muerte azul y blanco”. Basta ya de falsas equiparaciones. No estamos en un “enfrentamiento”.

En cuanto a resarcir a las víctimas: eso es parte del objetivo de cualquier sistema judicial moderno. No es el descubrimiento del siglo; no van a ganarse el premio Nobel nuestros genios de la política. En cualquier Estado de Derecho los ciudadanos tienen derecho a demandar reparación. Y cuando la intención de la sociedad es apuntalar una nueva sociedad, con Justicia, las nuevas instituciones diseñan y aprueban (como debe ser) programas para resarcir a las víctimas. En nuestro caso, es obvio que debe haber compensación, hasta donde esta sea posible, ya que hay pérdidas irreparables. Nadie puede hacer que Álvarito Conrado regrese con vida a brazos de sus padres.

Entendido esto, es de elemental justicia que todas las propiedades de los Ortega y sus cómplices sean usadas para financiar el resarcimiento a quienes han perdido familiares, facultades físicas o psicológicas, negocios, estudios, etc. No es expropiación para piñata de unos pocos, sino recuperación de lo robado al Estado, a la Sociedad, desde los canales de televisión, empresas de energías, mineras, a la Universidad llamada UNICA de Roberto Rivas y familia, para que los victimarios compensen a las víctimas. A este fondo debería también ––todo esto de manera ordenada y legal–– obligarse a contribuir a los bancos y capitales a los que pueda probarse, bajo debido proceso, complicidad criminal con el régimen.

Porque lo que hace falta en Nicaragua es máxima y severa justicia. Nada justifica lenidad, mucho menos impunidad hacia quienes han cometido crímenes atroces contra individuos y han llevado al país a la destrucción, imponiendo con mano de hierro, a sangre y fuego, su voluntad.

No se trata, el de Nicaragua, de un caso en el cual, como abogan los partidarios de la llamada justicia transicional “los ciudadanos y los líderes concuerden en que la violencia y los abusos contra los derechos humanos no pueden repetirse”. En nuestro caso, los “líderes” son precisamente los criminales violentos que violan los derechos humanos, y su único recurso para mantener el supuesto “liderazgo” es precisamente repetir, día tras día, las violaciones.

¿Por qué, entonces, el afán de prometer una justicia especial para ellos?

Se trata solo de un recurso más, habrá que llamarlo “patético”, que han empleado los agentes de la oligarquía y políticos cuya ambición superponen al interés de la libertad, de la democracia, y de los derechos humanos.

Al hablar de “justicia transicional”, quisieron convencer a Ortega [y seguramente estarán dispuestos todavía, si ven una rendija abierta] de que el tirano podía confiar en ellos; de que no lo harían pagar por sus crímenes con tal de que aceptara compartir con ellos el espacio político, pactar elecciones, y pactar convivencia.

Todo en el nombre del pueblo y con los cadáveres todavía en las calles.

Ya desde abril del 2019 Mario Arana, entonces vocero y una de las figuras principales de la Alianza Cívica, decía:

“Sobre el tema de justicia no tengo grandes expectativas, verdaderamente creo que este es un tema que va a quedar para una siguiente administración, para que de allí aprendamos verdaderamente las lecciones que haya que aprender … Pero francamente veo más el tema de justicia para una posterior administración.”

Se refería, con torpe sinceridad, a que un gobierno surgido de “elecciones adelantadas” en las que Ortega presuntamente sería derrotado, no buscaría justicia. Eso quedaría para un futuro indefinido, y por indefinido, distante; para otra “administración” (del mismo Estado, no de uno nuevo, democrático). Eso es como decir, ante una exigencia de hoy, “otro día hablamos”. Eso es un “quizás” que es más un “hasta nunca” que otra cosa.

Poco después, en enero del 2020, el Sr. José Pallais, ahora víctima del monstruo que todos ellos ayudaron a alimentar se ufanaba, posaba de muy sabio en el programa del conocido periodista Sergio Marín Cornavaca, enunciando con aire de autoridad estas palabras que dicen más de lo necesario para explicar el poco valor que las élites negociantes de Nicaragua dan a la justicia, y el poco valor que dan al sacrificio del pueblo por encontrarla:

“nosotros hicimos una EXCELENTE propuesta de Justicia, una propuesta de una Justicia Transicional, verdad, que significa un régimen diferenciado… con penas diferenciadas, igual que ocurrió en Colombia, en las negociaciones entre la FARC y el Gobierno, en el Timor Oriental, etc.; hay otras grandes experiencias en el mundo; y que permite preservar el principio de la justicia, el principio de la sanción, PERO, que ACOMODA con PENAS INFERIORES a las normales para los que participaron en las violaciones a la ley en la persecución y demás.”

“Violaciones a la ley en la persecución y demás”. Para quien, desde muy lejos o desde un futuro desinformado de la tragedia que vive Nicaragua hoy en día, lea esta frase, entienda que las palabras del Sr. Pallais quieren no decir “genocidio y masacre”, que es lo que en realidad ocurrió.

En resumidas cuentas, un cuento, la tal “justicia transicional”. Un cuento con un guiño de ojo para la pareja de sádicos de El Carmen: “entendámonos, Comandante; entendámonos, compañera, hay que arreglarse; lo de la justicia es secundario.”

A lo mejor el Sr. Pallais y otros han aprendido, picados por el aguijón del FSLN, que la justicia no es nada secundaria. Es muy dudoso, sin embargo, que sus patrones y sus patrocinadores en el Gran Capital, y en el Departamento de Estado, tengan a bien hacer la misma reflexión. Para todos ellos, lo importante es “la estabilidad”, y las cuotas de poder, y para eso, la versión criolla de la llamada Justicia Transicional les cae como anillo al dedo: “para un crimen mayor, un castigo menor”.