Lanzan «Proclama por Nicaragua»
Francisco Larios
El autor es Doctor en Economía, escritor, y editor de revistaabril.org.
Hace falta emprender “mayores y más contundentes, más amplias y más frecuentes medidas de presión contra el régimen y sus funcionarios responsables, empresarios corruptos y cómplices”.
La Proclama es dirigida al pueblo de Nicaragua, a los gobiernos del mundo (en particular a la Comisión de Relaciones Exteriores del congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y el gobierno de la Unión Europea), al Consejo Permanente de la OEA, su Secretaría General y organismos que forman parte de la organización (CIDH/MESENI/GIEI), a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a su Alta Comisionada para Derechos Humanos (OACNUDH).
El núcleo de la propuesta es que el régimen orteguista atropella cada vez más abiertamente (incluso aprobando leyes represivas) los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses, e incumple obligaciones y acuerdos cuya violación no solo coloca al régimen en situación de ilegalidad e ilegitimidad, sino que hace imposible que pueda concretarse un proceso electoral “transparente, libre, justo, pacífico, auditable, observado y con la credibilidad nacional e internacional necesaria.”
Puntos esenciales del documento:
- “La prioridad fundamental”, dice la Proclama, “es retomar la ruta originaria y la demanda fundamental de abril 2018 y conectar a ese casi 80% de la población nicaragüense con sus expectativas y anhelos fundamentales”. Hace falta “re-encauzar la lucha y presión interna por la democracia, libertad y justicia”.
- Hay que construir “una instancia unitaria amplia, integral, participativa y representativa” de esa inmensa mayoría de la población.
- Hace falta emprender “mayores y más contundentes, más amplias y más frecuentes medidas de presión contra el régimen y sus funcionarios responsables, empresarios corruptos y cómplices”.
- Las elecciones libres no son el inicio de un proceso de democratización, sino la culminación de una fase del proceso, que debe conseguir, por medio de “la presión doméstica e internacional suficientes”, “que la dictadura sandinista restablezca todos los derechos y garantías.”
- El documento llama a impulsar, entre otros medios para llegar a una fase de elecciones, “el desconocimiento de la legitimidad del régimen, ya sea ilegitimidad de origen, por flagrantes y abundantes violaciones constitucionales para la ilegal reelección de Ortega en 2011 y una serie de flagrantes y diversos fraudes electorales monumentales; o la ilegitimidad de ejercicio” por las graves violaciones a los derechos humanos documentadas hasta la fecha. Y añade: “Todo sin perjuicio de una combinación mixta y de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana cuando existan las condiciones apropiadas.”
Puede leer abajo el documento completo.
PROCLAMA POR NICARAGUA MARZO 2021
A: Pueblo de Nicaragua
Embajadores Comunidad Internacional
Hermanos en el Exilio
Consejo Permanente OEA /Secretario General /CIDH/MESENI/GIEI
Unión Europea / Parlamento Europeo
Secretaría General ONU/ Alta Comisionada de ONU para Derechos Humanos OACNUDH
Comité de Relaciones Exteriores del Senado USA
Un grupo de organizaciones cívicas, sociales y políticas dentro y fuera de Nicaragua, algunas de las cuales presentamos oportunamente los argumentos y documentos que acreditaban el respaldo para la propuesta de Resolución de la OEA sobre la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo; venimos ante ustedes a presentar referencias de los incumplimientos del régimen nicaragüense ante la Resolución de la OEA de octubre 2020 y el incumplimiento de los Acuerdos de marzo 2019, del Comunicado OEA de marzo 2021, de la comunicación de OACNUDH de febrero 2021 y otros, con relación especialmente a la falta de condiciones básicas suficientes a la presente fecha, para un hipotético proceso electoral transparente, libre, justo, pacífico, auditable, observado y con la credibilidad nacional e internacional necesaria.
Asimismo, deseamos compartir el pliego de precondiciones y garantías básicas deseables previas a cualquier proceso electoral; referirles los contenidos de algunos instrumentos internacionales que el régimen está poniendo en riesgo de suspensión o anulación por su falta de voluntad política para resolver pacífica y cívicamente la grave crisis sociopolítica y económica de la nación entre otros.
I.- ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS QUE YA DEBIERON HABERSE RESUELTO Y QUE CONTINUAN PENDIENTES POR LA FALTA DE VOLUNTAD POLITICA DEL REGIMEN EN NICARAGUA.
A nuestro juicio y a pesar de que algunas de las consideraciones a continuación no necesariamente fueron comprometidas por el régimen, creemos que se ha incumplido a la fecha lo relativo a las necesarias Reformas Constitucionales para establecer las Elecciones adelantadas y simultáneas (Nacionales y Municipales) así como el restablecimiento de la legalidad constitucional de la No Reelección del presidente ni de quien ejerce la Vice-Presidencia, incluyendo inhibiciones y prohibiciones al cónyuge, hijos, hermanos y familiares en 2do grado de consanguinidad y 4to de afinidad de quien haya ejercido la Presidencia, Vicepresidencia, Diputados, Alcaldes y Vice-Alcaldes en el período inmediato anterior, entre otros temas. También consideramos que el régimen ha incumplido lo relativo a la urgente reforma electoral que permita depurar y auditar el padrón o los padrones; revisar la cartografía, cambiar a los magistrados y estructuras electorales de dirección y mando; revisar los mecanismos de selección de policías electorales, miembros de Juntas Receptoras de Votos; acreditación de fiscales; retornar a la mayoría de al menos el 50% +1 para ganar en primera vuelta (de lo contrario restituir la segunda vuelta electoral); el establecimiento de la suscripción popular nacional, regional, departamental y/o municipal; cambios en lo referente a la escogencia y determinación de la casilla, emblema, lema, colores, bandera y otros relacionados con las alianzas electorales; garantía plena de la urgente cedulación y voto de los nicaragüenses en el exterior; revisar los mecanismos de impugnación y de transmisión de las actas y copias; el sistema de escrutinio supervisado; que los diputados no sean rehenes de las organizaciones políticas por las que resulten electos; que se elimine la diputación regalada y que se proscriba a organizaciones políticas cuyos miembros o directivos sean señalados de la comisión de graves violaciones a derechos humanos o delitos y crímenes de lesa humanidad; Inhibiciones para ser candidatos a funcionarios o personas sancionadas por violaciones a derechos humanos o corrupción o crimen organizado y delitos relacionados, así como para quienes hayan sido señalados o con indicios razonables en la comisión de delitos ya sea como actores o en cualquier modalidad de colaboración, complicidad, encubrimiento u otros, por parte de organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras y otros. A la fecha no hay cumplimiento de los anteriores planteamientos que servirían para un proceso transparente, libre, democrático, justo, observado, auditable y pacífico.
Diversas organizaciones sociales y políticas han planteado ante instancias internacionales la urgente necesidad de EXIGIR la calendarización de las acciones necesarias indispensables resueltas por la OEA, para que exista un eventual proceso electoral con transparencia, y el régimen a la fecha mantiene una política de oídos sordos al respecto de ello.
Informe ONU/OACNUDH
El informe de las Naciones Unidas ONU de fecha 25 Febrero 2001 durante el 46 periodo sesiones de esta instancia, por medio de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos refiere sobre Nicaragua entre otras cosas que: «La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”…”Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas” … “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad.»
De la misma manera resalta el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior e instó una vez más al gobierno (de facto en Nicaragua), que permita a los delegados de su instancia para acceder al país y cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Finalmente señala que es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes; e igualmente hace unas horas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un documento donde demanda la liberación de los presos políticos en Nicaragua entre otros temas.
Recientemente el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, Almirante Craig S. Faller en coincidencia con el informe reciente del Departamento de Estado sobre la región ubicó a Nicaragua, Venezuela y Cuba, en la lista de países de «actores estatales regionales malignos» (…) «que perpetúan la corrupción y desafían la libertad y democracia al abrir la puerta a los Actores Estatales Externos y Organizaciones Criminales Trasnacionales a expensas de sus propia gente». … «Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico»; asegura Faller.
OEA SE PRONUNCIA SOBRE PRESOS POLITICOS Y OTROS ASPECTOS EN NICARAGUA
Unos días antes la Secretaría General de la OEA emite un pronunciamiento sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua, de fecha 4 de Marzo de 2021 en donde: “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) expresa su condena por la situación de los presos políticos en Nicaragua y reitera el llamado para su inmediata liberación.
La Secretaría General ha recibido constancia de la existencia al presente de más de cien presos políticos en Nicaragua presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales, encarcelados junto a delincuentes comunes, sufren agresiones y amenazas de los presos comunes y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros; acciones que conllevan responsabilidad en función de la violación de normativa nicaragüense, así como los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
La Secretaría General tiene constancia de que los familiares de los presos políticos sufren constantes amenazas por parte de agentes del Estado, así como el hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias y tratos lesivos a sus personas por parte de los funcionarios de las cárceles. El Gobierno de Nicaragua debe permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regrese al país para informar sobre la situación actual de Derechos Humanos.
La Secretaría General reitera la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos, y exhorta a que cese el hostigamiento y persecución para asegurar un proceso de elecciones libres, justas y transparentes.
Es muy importante señalar que el régimen en Nicaragua se ha negado en forma reiterada a cumplir con las recomendaciones, resoluciones, llamados y exigencias de los organismos internacionales particularmente desconoció y negó la entrada al país de la Comisión Especial de Alto Nivel que fuera aprobada por mayoría de los cancilleres de la región reunidos en Medellín, Colombia en el año 2019. Asimismo se ha negado a cumplir con los acuerdos suscritos en Marzo 2019 entre representantes de su régimen y un grupo de organizaciones que forman parte de la sociedad civil en Nicaragua. Dichos acuerdos establecen la libertad de los presos políticos (los que estaban y extensivamente los que estuvieren a la fecha actual), el restablecimiento de las libertades públicas e individuales incluyendo el derecho a marcha y protesta pacífica y cívica; el desarme de los paramilitares y el cese de la represión entre otras cosas para crear las condiciones adecuadas para un proceso de reformas y elecciones con condiciones de transparencia, seguridad, libertad, auditabilidad, observables.
Tanto el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI/OEA cuyos integrantes también fueron expulsados del país por representantes del régimen Ortega Murillo, como el informe de la Comisión Especial de Alto Nivel mandatada por la reunión de cancilleres de la OEA en Medellín 2019, señalan la existencia de indicios de la comisión de crímenes y delitos de lesa humanidad así como de graves violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense.
No obstante la gravedad de lo anterior, el Consejo Permanente de la OEA en su Resolución RESTABLECIENDO LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA A TRAVÉS DE ELECCIONES LIBRES Y JUSTAS emitida en la reunión de Cancilleres de Octubre del año 2020 y que no cumplió con las expectativas de un importante grupo de organizaciones nicaragüenses que impulsamos la solicitud de desconocimiento del régimen Ortega Murillo, el organismo regional reitera la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, en los considerandos hace un llamado a la liberación de los presos políticos, la restitución de las garantías constitucionales y las libertades públicas e insta al Gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La resolución señala la necesidad de modernizar y restructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), e insta a que el Gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”. También expresa la grave preocupación porque no han cesado las detenciones arbitrarias; no han sido desmanteladas -según recomendó la CIDH- las fuerzas policiales auxiliares y milicias armadas del partido gobernante, cuyos abusos y acciones ilegales continúan; no se ha protegido el trabajo independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos; ni se ha permitido el retorno seguro y permanencia de quienes se vieron obligados a salir de Nicaragua.
De igual forma observan la preocupante tendencia a instrumentalizar la legislación para intimidar y / o amenazar a miembros de grupos pro-democráticos y medios de comunicación independientes en Nicaragua, como la introducción de la «ley de agentes extranjeros», otra que propone cadenas perpetuas para «delitos motivados por prejuicio» ampliamente definidos, y un tercero castiga la difusión de las llamadas fake news en las redes sociales con hasta cuatro años de prisión. Estas iniciativas de ley, según la CIDH, socavan el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión, así como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de asociación.
Un aspecto de importancia relevante y clave de la Resolución de Octubre 2020 es que refiere la Resolución IJC / RES159 (LXXV-O / 09) del Comité Jurídico Interamericano donde señala que “la democracia no consiste solo en procesos electorales, sino también en el ejercicio legítimo del poder, en el marco del estado de derecho, que incluye el respeto a los elementos esenciales, componentes y atributos de la democracia.”
Como podemos apreciar, es evidente que el régimen Ortega Murillo no solo ha incumplido pues a la fecha las recomendaciones de OACNUDH, GIEI, MESENI, CIDH, OEA, Parlamento Europeo y otros actores internacionales sino que además ha incrementado su represión y restricción de libertades con la sistemática y permanente violación de los derechos humanos, sino que se niega a cumplir con lo resuelto por la Asamblea de Cancilleres de Octubre 2020.
II.- PRECONDICIONES Y GARANTIAS BASICAS PREVIAS A CUALQUIER PROCESO ELECTORAL
Sabemos y reconocemos que el pueblo ha decidido la ruta cívica y pacífica, a pesar de que la dictadura no ha respetado la legalidad, la legitimidad ni la Constitución Política y la Ley Electoral con sus manipulaciones y fraudes, sin embargo, EN ULTIMA INSTANCIA, Y LUEGO DE ALCANZADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS ENTRE OTRAS PLANTEADAS EN ESTE DOCUMENTO, y luego de lograda una reforma urgente al sistema electoral, se deberá valorar oportunamente si hay condiciones básicas y suficientes para participar en el proceso de elecciones que deberían ser simultáneas (las presidenciales y de diputados con las regionales y municipales), para lo cual deben iniciarse cuanto antes una serie de acciones unilaterales urgentes por parte del régimen que muestren a la comunidad internacional y al país si en efecto tiene la voluntad política de realizar los cambios demandados previamente y los relativos a una reforma amplia a todo el sistema electoral conforme los tiempos y plazos electorales requeridos en la calendarización presentada, incluido que debe cuanto antes invitar en calidad de Misiones de Observación Electoral a la OEA, Unión Europea entre otros, y a organizaciones de observación nacionales.
No obstante lo anterior, es indispensable que previo a cualquier reforma, el régimen cumpla de inmediato con la liberación de TODOS los presos políticos que permanecen en las ergástulas de tortura de la dictadura que a la fecha suman más de 130 prisioneros políticos.
Cese de la represión y desarme de paramilitares, parapolicías y otros esquemas de represión, amenazas, asedio, intimidación, acoso, secuestros, desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias en el campo denunciadas por dirigentes campesinos y demás acciones violatorias de parte de la dictadura sandinista y todos sus órganos y otros esquemas represivos.
Restablecimiento pleno de las libertades públicas, individuales y colectivas, libre derecho a circulación, reunión y de protesta y marchas cívicas y pacíficas, libertades de información y prensa, devolución de bienes confiscados e indemnización por daños causados.
Toma de acciones de prevención y protección contra la pandemia del COVID-19, ante la cual el régimen ha sido inepto, inoperante, ineficiente, ya que brinda información estadística inconsistente y expone mediante promoción de actividades de concentración masiva, la contaminación, el contagio y exposición a la muerte a miles de personas y familias nicaragüenses.
El retorno inmediato de los organismos internacionales de Derechos Humanos que fueron expulsados del país por parte del régimen: CIDH, MESENI, GIEI, OACNUDH, Amnistía Internacional, Unión Europea, Parlamento Europeo y otros.
La creación de condiciones elementales de seguridad para la garantía del retorno sin riesgos de más de 130 mil hermanos nicaragüenses que sufren las penurias del exilio y la masiva y urgente cedulación y creación de condiciones para el ejercicio del sufragio electoral a quienes por cualquier razón prefieran no retornar a Nicaragua hasta el momento de un eventual proceso electoral con garantías básicas.
Derogación del combo de leyes macabras en contra de las libertades tales como Ley de Ciberdelitos, ley de ampliación del plazo de detención, ley de agentes extranjeros, ley de cadena perpetua, ley de reforma a la ley de consumidores (que eventualmente se percibe como interventora de las decisiones del sistema financiero nacional); la ley de rótulos, ley de inhibiciones a candidatos a cargos públicos a quienes (aún con argumentos y razones) aplaudan o promuevan sanciones contra la dictadura y sus funcionarios en virtud de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses entre otras leyes, medidas y disposiciones arbitrarias.
La prioridad fundamental es retomar la ruta originaria y la demanda fundamental de abril 2018 y conectar a ese casi 80% de la población nicaragüense con sus expectativas y anhelos fundamentales a fin de re-encauzar la lucha y presión interna por la democracia, libertad y justicia y crear una instancia unitaria amplia, integral, participativa y representativa de todos aquellos sectores que también deben ser parte de esos espacios de unidad.
III.- ACCION CONJUNTA INTERNACIONAL PARA EL RESCATE DE LAS LIBERTADES, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICA EN NICARAGUA.
Hace apenas unos días, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, Almirante Craig S. Faller dijo ante el Comité de Servicios Armados del Senado que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es una amenaza para ese país al vincularlo a intereses de Rusia y China en el continente americano.
El almirante advirtió sobre la influencia que ejercen lo que considera organizaciones criminales trasnacionales, en referencia a Rusia, China e Irán, “que ejecutan todas las formas de actividades ilícitas para obtener ganancias, a expensas del estado de derecho y, lo que es más importante, de las vidas de todos los que están impactando en el camino”. El Comando Sur también se refirió a la actual crisis política de Nicaragua que comenzó en 2018 y señala el llamado a Ortega a que renuncie. “Ya estamos viendo una preocupante supresión de la oposición antes de las elecciones de este año”, dijo.
Consideramos un deber patriótico y un compromiso de la comunidad internacional, la continuidad de la lucha jurídica, diplomática, internacional por la salida del régimen por medio de elecciones libres y transparentes o mediante acciones conjuntas, mayores y más frecuentes y fuertes medidas contra los violadores de derechos humanos y/o el desconocimiento de la legitimidad del régimen ya sea ilegitimidad de origen, por flagrantes y abundantes violaciones constitucionales para la ilegal reelección de Ortega en 2011 y una serie de flagrantes y diversos fraudes electorales monumentales; o la ilegitimidad de ejercicio con base en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-OEA), que certifica indicios de graves violaciones a los derechos humanos de miles de hermanos nicaragüenses y evidencias de la comisión de crímenes y delitos de lesa humanidad por parte de operadores del régimen sandinista. Todo sin perjuicio de una combinación mixta y de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana cuando existan las condiciones apropiadas.
El rescate de la democracia, la justicia y la libertad en Nicaragua requiere el impulso de mayores y más contundentes, más amplias y más frecuentes medidas de presión contra el régimen y sus funcionarios responsables, cómplices, empresarios corruptos y cómplices que hubieran, sus familiares eventualmente involucrados y otros; por indicios de crímenes graves relacionados con violaciones a derechos humanos, corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, delincuencia transnacional conforme la Convención de Palermo. Este apartado incluye la valoración de impulsar la aplicación de las clausulas DE GOBERNABILIDAD democraticas del CAFTA-DR y del Acuerdo de Asociación Comercial con Europa[P1] (AdA) u otras relacionadas, o por el desconocimiento e ilegitimidad del régimen sandinista; aplicaciones que solo deben permanecer mientras el régimen se resista y/ó no muestre voluntad política para resolver la crisis humanitaria, sociopolítica y económica del país.
Insistimos en que para nosotros el tema electoral es lo último, después de lograr la presión nacional e internacional suficiente que permita que la dictadura sandinista restablezca todos los derechos y garantías, así como libertades conculcadas y violentadas desde hace varios años y que desembocaron en la crisis y la catástrofe humanitaria que desde ahora requiere también la demanda de acción conjunta de los países del continente para salvaguardar la vida, la integridad, física, la salud, la democracia, las libertades y la justicia en Nicaragua. La comunidad internacional mediante la doctrina Betancourth y la Doctrina Roldós, el R2P Responsabilidad para Proteger (entre otros), e inspirados en la tutela superior de los derechos humanos, debe activar mecanismos de acción concertada entre varios países del continente para presionar por la serie de planteamientos aquí señalados que permitan el restablecimiento de la libertad, la justicia, la democracia y la paz en Nicaragua.
¡Volvamos a Abril 2018! ¡Rescatemos la Democracia, la Libertad, la Justicia y la Unidad TODOS!
Unidos Somos Invencibles, Nicaragua Siempre Abril
Managua, Nicaragua Marzo 2021.
Organizaciones y Personalidades suscriptoras de la Proclama por Nicaragua:
Movimiento Campesino y Aliados, Freddy Navas
Ciudadanos y Abogados Democráticos, Jaime Chavarría
Gran Alianza Nacional Republicana GANAR, Oscar Carrión Orozco
Ex Reo Político de Matagalpa, Hamilton Francisco Hernández
Bloque Democrático de Centro, Antonio Duarte
Unidad Patriótica por el Cambio UPC, Dr. Eddy Valverde
Movimiento Nacional Autónomo 18 de Abril, Chester Cortez
Movimiento Social Cristiano MSC, Carlos Manuel Jarquín
Coalición de Organizaciones de Exiliados en Panamá, Lubi Molina
Ciudadanos Unidos por Nicaragua CUN, Bernardo Pastora
Mujeres por la Democracia, Margarita Alonso Flores
GRITO DE ABRIL USA / RETORNO AL GRITO DE ABRIL, Anthony James (Seudónimo por Seguridad)
Profesionales Libertarios, Dr. Ramiro Granera Padilla
Fundador MA 18 de Abril , Lesther Hamilton
Movimiento CIUDADANOS , Gustavo Soto García
Movimiento Democrático Independiente, Alicia Ríos Roque
Activista Social/ Defensora Derechos Humanos Miami, Cinthya Regina Álvarez.
Juristas Independientes, Dr. Lulio Marenco
Liberales por León Norte, Jaime García Mangas
Liberales por León Sur, Javier Guerrero
Cristianos por la Democracia, Donald Dolmus
