Nicaragua en la encrucijada

…han surgido dos puntos de vista divergentes en el grupo empresarial, unos plantean que sin depender de un partido dominante ni de un caudillo… quién posee el capital controla la economía, y por lo tanto también debe gobernar; otros… que es preferible llegar a un acuerdo o entendimiento con Ortega en lugar de tenerlo gobernando desde abajo…

El régimen corporativista de Ortega

Antes de 2007 -año en que Ortega alcanzó nuevamente la presidencia- la estrategia que desplegó fue la del acercamiento con los grupos del gran capital con el fin de volver más potable su candidatura ante los ojos del poder económico. A la par, pidió perdón a la Iglesia Católica para dar muestra de que sí había cambiado, por lo que su nueva retórica se basó en un discurso desideologizado y a favor de una reconciliación nacional.

Ya de regreso al poder, Ortega fue conformando con sus nuevos aliados un modelo que denominaron de “diálogo y consenso”, que se elevó a rango constitucional y fue calificado por uno de los más conspicuos representantes del capitalismo nicaragüense como un “hecho revolucionario”.

Pero ¿en qué consiste ese modelo –también llamado alianza pública-privada— que logra la armonía del orteguismo con el gran capital? Simplemente, Ortega lo que hizo fue garantizar la continuidad de la lógica económica de acumulación capitalista neoliberal, además de crear un grupo empresarial propio, gracias a una fuerte mediación del Estado. 

Todo esto le permitió a Daniel Ortega concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar, así como en manos de nuevos grupos político-económicos emergentes y subordinados al dictador. Estos últimos no pocas veces han asumido el papel de testaferros de la familia dictatorial.

La base económica que permitió el funcionamiento y el sostén de ese modelo fue el flujo de recursos provenientes del convenio petrolero con Venezuela. Se estima que el monto de dólares que ingresaron al país durante en el periodo 2007-2018 fue de U$4,000 millones, a los que hay que agregarle U$1,000 millones que también recaudó el Estado a través del BANDES, por lo que esta cooperación que se manejó como una operación privada totaliza los U$5,000millones. De esta suma, una mínima parte fue destinada a la compra de conciencia a través de programas clientelistas; igualmente por el lado de las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela -y a pesar de que el ALBA se denomine TCP o sea, Tratado con los Pueblos- el gran capital se despachó hermoso con un valor exportable de U$2,409.64 millones durante el periodo 2009-2017.

<<No hay duda de que Ortega resultó ser un excelente neoliberal.>>

La manipulación de la cooperación venezolana por parte de la dictadura -con la complicidad de la alianza inter-capitalista COSEP-AMCHAN- permitió al orteguismo presentarse como un gobierno de unidad nacional y defensor de las masas populares. Sin embargo, por la crisis venezolana, así como por las sanciones a dicho país, a partir de 2016 se redujeron drásticamente el flujo de dólares y las exportaciones hasta llegar a prácticamente cero. Por ende, el tamaño del pastel se redujo considerablemente, el modelo de alianza se fracturó y la economía inició una etapa de crisis que el gobierno dictatorial pretendió neutralizar con dos medidas económicas propias del “capitalismo salvaje”.

El termino de “capitalismo salvaje” fue conceptualizado por el sociólogo brasileño Francisco C. Weffort en 1967, al describir las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar de su país. En nuestro caso, nos referimos al recorte del subsidio de la tarifa eléctrica en febrero de 2018, y a la reforma del INSS –del conjunto de las reformas tributarias de 2019– y otras ya aplicadas antes de 2018, que adicionadas a la política depredadora y destructora del medio ambiente han afectado profundamente a los sectores vulnerables de la población. No hay duda de que Ortega resultó ser un excelente neoliberal.

Mientras se hicieron negocios y hubo pingües ganancias para el gran capital aliado de la dictadura, temas primordiales como la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos fueron asuntos marginales. Los potentados aceptaron la corrupción en las instituciones estatales donde tenían representación: un caso icónico fue precisamente el INSS. Sin embargo, una vez que se les acabó el business, estos mismos potentados mágicamente se transformaron en grandes demócratas, defensores de la independencia de los poderes, lo que llevó naturalmente a que se rompiera la alianza con el orteguismo.

La rebelión cívica de abril

Ante la situación generada por el fin de la bonanza económica y el rechazo a las medidas impopulares de corte neoliberal, la dictadura respondió con acciones represivas a la protesta popular. Pero, ni el gobierno dictatorial, ni el gran capital, y menos aún los partidos tradicionales, esperaban una reacción tan masiva del pueblo, movilización que originó la insurrección cívica popular de abril, en donde el pueblo fue protagonista y no espectador.

<<…el gran capital … prefirió continuar oxigenando al dictador por la vía fiscal, facilitándole los recursos para mantener todo su aparato represor…>>

La incorporación de la población a la lucha social y política, si bien es cierto que tuvo como principal objetivo el derrocamiento de la dictadura, también fue una expresión de rechazo en contra del gran capital y de los partidos políticos. Esta realidad provocó preocupación en las élites dominantes que no tenían el control del movimiento ciudadano.

Por esa razón y pese a que la población movilizada mantenía trancada las principales ciudades y las carreteras de tránsito internacional, el gran capital nunca se decidió a apoyar la lucha del pueblo mediante un paro nacional indefinido, para así poder dar el golpe de gracia a la dictadura. Más bien prefirió continuar oxigenando al dictador por la vía fiscal, facilitándole los recursos para mantener todo su aparato represor.

Ortega, que necesitaba oxigenarse también políticamente, por estar a la defensiva, solicitó a la Iglesia Católica organizar un diálogo nacional para “alcanzar la paz”. Este hecho marcó el punto de inflexión estratégico en contra de los intereses del pueblo. Este diálogo le permitió a Ortega cambiar la correlación de fuerzas a su favor, desplazando a los dirigentes de la insurrección cívica y anulando el protagonismo de los nuevos liderazgos.

Por la inexperiencia de algunos dirigentes juveniles y de una fracción del movimiento campesino que desmovilizaron a las masas populares y se acomodaron a las prácticas tradicionales de las élites de poder, se perdió la oportunidad de oro de organizar la resistencia nacional de la población. Sin embargo, muchos consideramos que estos jóvenes y el campesinado aún tienen la posibilidad de dirigir la lucha cívica.

Hegemonía del gran capital y las élites políticas

Durante el diálogo, después de que fuera suspendido –y hasta hoy–, la dictadura ha incrementado exponencialmente la represión, mostrando su rostro fascista, representado por grupos paramilitares y fuerzas de choque represivas, que son parte de la acción coercitiva meramente institucional del Estado. El Estado hoy no acepta la divergencia, la disidencia o el pensar diferente, desembocando en prácticas propias del fascismo.

El contexto que resultó después de suspendido el diálogo fue la inmovilización de los sectores populares sin  estructura organizativa –dada la ausencia de cuadros y de liderazgos– lo que llevó a  que las fuerzas conservadoras (gran capital y élites políticas) se percataran de la oportunidad que tenían de asumir la dirección de la lucha política. De esa manera lograron garantizar sus intereses económicos y sus posiciones de privilegio. Levantaron como bandera de lucha las reformas electorales para poder participar en las elecciones del 2021, y esperan que la presión internacional obligue al dictador a aceptar sus condiciones y considerar legítimos los resultados de esa futura elección.

<<No hay salida electoral sin impunidad, no hay desarrollo bajo hegemonía del “gran capital” oligárquico.>>

Creer lo anterior es creer que de manera voluntaria el dictador aceptaría dejar su cargo o permitir elecciones en las que pueda ser derrotado. Eso solamente ocurriría si obtuviera las garantías necesarias para no rendir cuentas por abusos a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad; dicho sin reparo, si tuviera garantizada su seguridad personal, ampliada a su familia (impunidad) y asegurara la conservación de su capital (producto de la corrupción y saqueo al pueblo nicaragüense).

También es ilusorio creer que la democracia, la justicia económica-social y el desarrollo nacional equitativo se lograrán bajo la hegemonía de los mismos grupos que históricamente han privilegiado sus intereses sobre los intereses del pueblo.

Ni el estilo corporativo del gran empresariado, ni el orteguismo, están diseñados para dirigir un cambio social y político que implique una transformación profunda de la sociedad nicaragüense.

Porque la cúpula empresarial tiene una visión técnica-burocrática-administrativa de la crisis política nicaragüense. Por eso contrataron burdamente un grupo de expertos para realizar una reingeniería a la hora de formar una alianza con la atónica y maltrecha Coalición Nacional. 

Luego, para estar a tono con la globalización del capital, nombraron en la Alianza Cívica a un CEO (Chief Executive Officer, en español Director Ejecutivo). A finales de cuentas, todos caen en el dogma de la maximización de las ganancias como principal criterio racionalizador de la sociedad, lo cual no coincide con los intereses de la nación.

Por su parte el caudillismo intolerante de Ortega, quien consolida su poder creando bases patrimoniales, se perpetua gracias al apoyo de un eficiente sistema represor. Adicionalmente, desarrolla una red de prebendas y corruptelas para mantener a su “lumpen burguesía” y otra red de “migajas” para los sectores más empobrecidos de la población.   

¿Un nuevo diálogo?

Actualmente, quienes definen las estrategias por el lado del gran capital han fijado como objetivo central el establecer un nuevo diálogo con la dictadura. Hacia ese objetivo apuntan las reiterativas declaraciones del señor Mario Arana y la carta enviada por los presidentes de la cámara de industria y la cámara de comercio al dictador Ortega. También en ese sentido va la actividad realizada por el señor Alejandro Bolaños Davis, “fortaleciendo la convivencia” que según sus propias declaraciones fue financiada por un empresario ligado al sector financiero.

Sin embargo, han surgido dos puntos de vista divergentes en el grupo empresarial:

1. Los primeros plantean que el estilo corporativo debe desarrollarse con autonomía sin depender de un partido dominante ni de un caudillo, y defienden su posición afirmando que quién posee el capital controla la economía, y por lo tanto también debe gobernar;

2. La otra corriente asume una posición según ella pragmática y considera que es preferible llegar a un acuerdo o entendimiento con Ortega en lugar de tenerlo gobernando desde abajo.

<<Las élites del gran capital nunca han tenido la disposición para hacer concesiones o ceder un mínimo de espacio.>>

En ambos casos, el objetivo de estas dos corrientes es el de recomponer las tasas de ganancias empresariales y mantener la defensa de sus intereses, lo que no les impide hablar demagógicamente de la necesidad de un modelo económico inclusivo. Pero en la realidad económica de Nicaragua (con o sin dictaduras), el crecimiento siempre se pensó dentro del marco de un modelo acaparador, explotador y excluyente. Las élites del gran capital nunca han tenido la disposición para hacer concesiones o ceder un mínimo de espacio.

Por su parte, la dictadura ha convertido en una oportunidad la tragedia provocada por los huracanes. Si bien es cierto que los montos indicados por los organismos multilaterales y destinados a Nicaragua son específicamente para ayuda humanitaria -casi un  U$1,000 millones de dólares- ello le dará para el 2021 una holgura presupuestaria que le permitirá mantener sin sobresaltos su aparato burocrático y represor, además de reconstruir relaciones de clientelismo con los sectores más empobrecidos, convirtiéndolos en base política manipulada por chantaje para que voten a  favor del  caudillo, quien es en realidad el principal culpable de su precariedad. Retribuir el voto con láminas de zinc, paquetes de alimentos, etcétera, es una verdadera ofensa a la dignidad humana de nuestros compatriotas, y es una vergüenza nacional.

El camino de la desobediencia civil

La alternativa que ofrecen las élites dominantes es en última instancia la de mantener el statu quo. Traerá mayor decepción, frustración y desesperanza al pueblo y sobre todo acrecentará la ira popular, lo cual significa tener un polvorín a la vuelta de la esquina.

Hoy más que nunca es urgente conformar una nueva estructura organizativa y retomar la movilización popular. La unidad tiene que darse dentro del pueblo y con el pueblo, para así poder desarrollar su capacidad táctica y estratégica a través de actos y manifestaciones de resistencia pacífica, que desemboquen en una desobediencia civil colectiva capaz de enfrentar al aparato represivo y vencerlo. Eso permitirá no solo la salida del dictador sino el desmontaje total del sistema dictatorial. Es la condición sine qua non para garantizar la No-Repetición.  

Solo en estas condiciones es posible hablar de un proceso electoral en el que las fuerzas organizadas del pueblo participen autónomamente, y por medio del voto derroten a las fuerzas que se oponen al cambio. De este proceso tiene que surgir un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores, cuyo objetivo sea avanzar hacia la equidad económica y social, y edificar desde las bases las estructuras necesarias que fortalezcan la democracia política y participativa.

En caso de darse esa conjunción de factores que permita una futura etapa democrática, el crecimiento económico tendrá que pensarse en forma incluyente. Por lo tanto, la recaudación de impuestos y su redistribución a través de políticas públicas efectivas deberá ocupar un lugar central. Los frutos del desarrollo económico deben beneficiar a todos y el Estado debe colocar en primer lugar el desarrollo nacional. Solo de esta manera saldremos de la pesadilla que por casi 200 años ha sufrido nuestra Patria y pueblo nicaragüenses. Lo contrario corresponde a prolongar el calvario de la población y desoír sus demandas expresadas desde la lucha de Abril. No olvidemos, para concluir, cuales son estas demandas: democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, nunca más presos políticos, no a la impunidad, sí a la justicia y reducción de la desigualdad económica-social.