Sobre nuestros compatriotas secuestrados: ¡no al chantaje y a la manipulación, libertad incondicional para todos!
¿Y a quién puede ocurrírsele que con la excarcelación de nuestros compatriotas secuestrados por el régimen usurpador podemos «escucharnos los unos a los otros y comenzar a desarmar la desconfianza mutua…»? ¿A quién puede ocurrírsele que debemos empezar a confiar en ese «otro», es decir, en la dictadura? ¿A quién puede interesarle?
Empiezo por el principio: la dictadura Ortega-Murillo-Pellas-Ortiz Mayorga-Zamora Llanes y Cía. es un grupo usurpador del poder, sin ninguna autoridad moral ni legal para encarcelar a nadie por razones políticas. Cometen, todos, un crimen de lesa humanidad por el que deberán responder, al aplastar los derechos humanos de todos y cada uno de los compatriotas a quienes mantienen, en condiciones que–unos más, unos menos– son de tortura. Actúan como actúa cualquier secuestrador, buscando recibir un rescate, es decir, extraer una recompensa de quienes quieren la libertad de los secuestrados. Quieren ganancia por su crimen.
¿Qué implica el principio? La libertad incondicional, no solo la excarcelación temporal y condicionada, de las personas presas políticas, es un reclamo irrenunciable de la ciudadanía nicaragüense, y de todos los que digan defender los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Por supuesto, exigir la libertad incondicional, y no solo la excarcelación temporal y condicionada de nuestros compatriotas, obliga a enfrentar la realidad esencial del país: no habrá libertad incondicional sin derrocamiento de la dictadura: tarde o temprano, el régimen usurpador excarcelará, cuando así piense conveniente u oportuno, a quien considere conveniente u oportuno; de la misma manera, secuestrará de nuevo—mientras tenga el poder—a quien considere conveniente u oportuno. Un juego digno de campo de concentración, en el que se da como privilegio lo que es un derecho, y se quita lo que es un derecho como un castigo.
Un juego así, juego cruel y destructivo, debe denunciarse sin ambages, condenarse con indignación, y eliminarse a través de la práctica que es frecuente desde el punto de vista de la justicia democrática y de la defensa de la sociedad: no permitir que nuestros compatriotas sean usados como moneda de cambio, rechazando la transacción, exigiendo, no que el régimen usurpador “nos dé” algo que no le pertenece, sino exigiendo con todas nuestras fuerzas que regrese lo que solo a las víctimas del secuestro pertenece, su libertad.
Por eso, es lamentable el comunicado que han emitido, con la firma—seguramente inducida por el dolor de ver a sus familiares encarcelados—de una parte, 27 de por lo menos 170–de nuestros compatriotas secuestrados.
Lamentable, porque el texto tiene un contenido político, y que es contrario al principio, y constituye una promesa que la sociedad nicaragüense no puede [y por principio, no debe] hacer: que si el régimen usurpador excarcela a las personas a quienes tiene secuestradas, podría, este acto, iniciar “un proceso de unificación ciudadana”.
¿Unificación con quién, con una pandilla que, ilegal e ilegítimamente, usurpa el poder represivo del estado? ¿“Unificación” con los secuestradores?
¿Y quién dice que los nicaragüenses, fuera de la ínfima minoría que usurpa el poder, no estamos “unificados” en el reclamo de que a nadie pueda encarcelarse por razones políticas?
¿Y quién dice que no estamos “unificados” en el conocimiento de que, mientras exista la dictadura Ortega-Murillo-Pellas-Ortiz Mayorga-Zamora Llanes y Cía., esta encarcelará a quien se le antoje, a gusto y conveniencia de su poder?
¿Quién, entonces, promueve esta promesa, aun a expensas del dolor de los familiares de nuestros compatriotas? ¿Quién—o, mejor dicho, quiénes—están interesados en aceptar la “transacción” con la dictadura en la cual las personas presas políticas son moneda de cambio?
¿Quiénes estarían dispuestos a aceptar que se dé a la excarcelación de las personas presas políticas significación de “gesto de unificación”, “concesión graciosa” del régimen usurpador?
¿Quiénes podrían concebir que la excarcelación condicionada de los secuestrados permitiría “construir puentes”? ¿Entre quiénes? ¿Quiénes necesitan ser vistos cruzando esos puentes, montados sobre la espalda de la libertad de los secuestrados?
¿Y a quién puede ocurrírsele que con la excarcelación de nuestros compatriotas secuestrados por el régimen usurpador podemos “escucharnos los unos a los otros y comenzar a desarmar la desconfianza mutua…”? ¿A quién puede ocurrírsele que debemos empezar a confiar en ese “otro”, es decir, en la dictadura? ¿A quién puede interesarle?
¿A quién conviene, una vez más, escudarse tras la Iglesia y tras el sufrimiento de las familias de los secuestrados?
¿Quiénes quisieran, una vez más, justificar un “diálogo” público – en privado no hay silencio—con la tiranía, y lograr su ansiado “aterrizaje suave”?
¿Quiénes necesitan, para “dialogar”, que el régimen usurpador aparente “ceder” a la ciudadanía, cuando apenas se posiciona, con todos sus socios, para buscar una “salida” que estabilice el sistema?
Digamos, aunque algunos puedan fingir indignación, que un nombre lo indica: Ortega-Murillo-Pellas-Ortiz Mayorga-Zamora Llanes y Cía.
Y hablando de nombres: es nuestro deber exigir la liberación incondicional de todas las personas presas políticas, no solo las 27 de la carta, y no solo aquellas cuyos nombres conocen y mencionan los medios de comunicación, las que tienen familias o conocidos que pueden blandir alguna influencia social.
TODOS deben ser liberados incondicionalmente. NADIE debe dejar que se pudran en el olvido. NADIE debe permitir que se manipule a la opinión pública, ni se explote la desesperación de las familias víctimas, para conseguir objetivos mezquinos y bajos, que es lo que pretenden regresando al viejo “diálogo”, para “escucharnos los unos a los otros”, como si el 90% de los nicaragüenses que quieren libertad no “escucháramos”. ¡Como si la tragedia de Nicaragua fuera atribuible a nuestra “sordera”! Como si nuestra libertad, y sobre todo, como si la libertad incondicional de TODAS las personas presas políticas no fuera un derecho humano, y la violación de este no fuera un crimen de lesa humanidad.
Francisco Larios
El autor es Doctor en Economía, escritor, y editor de revistaabril.org.
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