Chile: el crepúsculo de la constitución dictatorial
Manuel Fabien Aliana
LA VIOLENCIA DE UN SISTEMA QUE OPTÓ POR PRIVILEGIAR LA ECONOMÍA
“El imputado, Patricio Maturana Ojeada, capitán de la 14 comisaría de San Bernardo (Santiago de Chile), advirtiendo la presencia de personas ubicadas en dicha intersección, sin que por ello se estuviera afectando la libre circulación de transeúntes y vehículos, ni se pusiera en peligro la vida y la seguridad de las personas que circulaban en ese momento en el sector, ni tampoco la de los funcionarios policiales, abusando de su cargo, y con el propósito de proferir dolor, efectúa un disparo, con la carabina lanza gases que portaba, la cual es percutada, de frente, en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas ubicadas en el lugar, en un ángulo inferior a 10°grados, sin realizar parábola alguna, impactando un proyectil, de frente, en el rostro de la víctima Fabiola Capillai Rojas, que se encontraba aproximadamente a 51 metro de distancia del imputado, quien cae al suelo perdiendo el conocimiento…”
Fabiola Campillai Rojas es una de las 460 víctimas chilenas de traumas oculares. La ciudadana perdió la visión de ambos ojos -debido al estallido de ambos globos oculares- por causa de una granada lacrimógena disparada directamente a su cara. El 28 de agosto, la brigada de derechos humanos de la Policía de Investigaciones (P.D.I) detuvo al capitán Maturana, autor del disparo. El mismo día de su arresto, la expareja del capitán reveló en un programa televisivo haber sido víctima de violencia de género, hecho que fue comprobado y que no era desconocido por la institución policial, pero en aquel entonces no fue percibido como razón suficiente para dar de baja permanente al oficial. Cuando uno se entera de que el mismo policía que cegó a una ciudadana indefensa también maltrataba a su pareja, cae en la cuenta de que la violencia policial e institucional tiende a cubrir y a esconder una infinidad de patrones de violencia social que se reproducen en la esfera privada, tales como la violencia de género o la violencia intrafamiliar. Si un policía es capaz de maltratar a su pareja, ¿cómo no va a ser capaz de mutilar a una ciudadana indefensa con la cual no mantiene ningún vínculo afectivo? El sábado 5 de septiembre de 2020, una semana después de haberse decretado la prisión preventiva para el ahora ex oficial de Carabineros, la Corte de Apelaciones de San Miguel revirtió su decisión y ordenó la medida de arresto domiciliario total contra el imputado.
En Chile, la represión al estallido social causó más de 30 muertos, 3400 heridos entre los cuales se contabilizan 460 víctimas de traumas oculares, y 8800 ciudadanos arrestados hasta marzo de 2020. Estas cifras, a finales de 2019, no tenían ningún sentido ni podían reflejar la realidad del país para un extranjero acostumbrado a leer noticias financieras y económicas de Chile, o para un aficionado de turismo de montaña o un connaisseur vinícola. Porque ese extranjero, que idealizaba la aparente estabilidad chilena, estaba totalmente desconectado de la realidad del pueblo chileno. Para quien visitó Chile y conoce su historia reciente, es probable que estas cifras no le hayan sorprendido, pero sí le horroricen. ¿Cómo puede ser que uno de los países más estables, más seguros y más financieramente atractivos de la región fuera en realidad un polvorín dispuesto a estallar en cualquier momento? De repente, y cuando menos se lo esperaba el mundo, por una subida de 30 pesos al costo de los transportes públicos, en un país en que la ley no autoriza ninguna disminución en la tarifa del pasaje, los escolares chilenos se movilizaron masivamente en protestas simbólicas y en una semana estalló toda la rabia contenida.
Hay que señalar que si en Chile se llegó a tal grado de violencia y de represión policial, fue no sólo porque estalló la rabia popular, sino también porque estalló la rabia de todos los que se benefician y defienden un modelo político-económico. Para ilustrar las desigualdades en Chile antes del estallido, es necesario manejar ciertas cifras económicas básicas de 2019:
- Población de Chile: 18,73 millones de habs.
- Sueldo mínimo en Chile: 300.000 pesos en 2019, o sea 385,70 dólares mensuales
- sueldo promedio en Chile: 570.000 pesos mensuales, aprox. 713 dólares
- 50% de la población chilena gana menos de 515 dólares
- 70% de la población chilena gana menos de 715 dólares.
- Aprox. 70% de la población chilena vive endeudada
- Costo de la canasta básica mensual en Chile en 2019: 241 dólares
- Costo de tarifa de transportes: entre 640 y 700 pesos, o sea entre 0.80 y 0.90 centavos de dólar.
- Cesantía antes del Estallido social: 7,2%, o sea 659 mil habs.
- 9000 ciudadanos considerados ricos según los índices de Chile, es decir ciudadanos con un patrimonio entre 5 y 100 millones de dólares
- 250 ciudadanos considerados súper ricos según los índices de Chile: es decir ciudadanos que acumulan más de 100 millones de dólares (el Presidente de la República está en este estrato)
- El mar de Chile está económicamente repartido entre 7 familias constituidas en 4 grandes conglomerados pesqueros.
- 2 grandes empresas controlan 70% del negocio forestal chileno (prácticamente un duopolio)
- etcétera
Durante la dictadura de Pinochet, Chile se convirtió en el laboratorio económico de los discípulos de la Universidad de Chicago. Pero fue solo a partir de los años 2000 en que pasó a ser el modelo liberal más aclamado de la región, sobre todo gracias a su auge económico entre los años 2000 y 2007. Su rápida recuperación después de la crisis económica de 2008 armó de fe a los dogmáticos que buscaban justificar bajo cualquier pretexto la continuidad de un sistema económico de por sí bastante frágil por estar basado esencialmente en el sector agro-exportador. Y a pesar del progresivo deterioro económico en los años previos a la crisis sanitaria de 2020, Chile siempre logró proyectar una imagen macroeconómica positiva, gracias a los pilares fundamentales e inamovibles de su sistema: una Constitución económicamente neoliberal heredada del régimen dictatorial, un eficaz sistema privado de pensiones que opera financieramente con las rentas de todos los trabajadores chilenos (los llamados fondos AFP), y las más modernas y republicanas instituciones militares (ejército y carabineros) intocables y supuestamente incorruptibles. Sobre esta santa trinidad se pretendió edificar un sistema político democrático y con Estado de derecho a partir de 1990. Treinta años después, el Estallido social y la violencia desatada por el Estado revelan que a pesar de todos los esfuerzos de una sociedad por construir un país más justo, democrático e inclusivo, al final de cuentas lo más importante siempre fue la economía: por sobre las personas, la economía; por sobre la dignidad de un pueblo, la economía; por sobre los ojos de los protestantes, la economía.
A finales de la década de 1980 fueron sistematizados los diez puntos claves del mal llamado Consenso de Washington, que aceleraron la homogeneización y dogmatización del pensamiento económico liberal en torno a ciertos principios macroeconómicos y financieros, como por ejemplo:
- la reducción del déficit fiscal con el fin de obtener buenas calificaciones por parte de las calificadoras de riesgo y así atraer inversionistas extranjeros;
- la reducción del rol del Estado en la economía (a través de privatizaciones, por ejemplo);
- la financiarización de las economías (con leyes, decretos y directivas a favor de los banco y los grandes consorcios);
- la libre-circulación de capitales y mercancías (pero no de personas) en una economía completamente globalizada regida por Tratados de Libre Comercio.
Y todo esto se operó bajo el dominio de la tríada del FMI, el Banco Mundial y el Departamento de Tesoro estadounidense. A partir de 1988, cuando se empezó a aplicar a escala regional la reestructuración económica liberal, se consideraba gracias al ejemplo de Chile que el modelo había demostrado ser totalmente exitoso. La terrible crisis económica de 1981- 1983, un periodo en que la población chilena pasó masivamente hambre y frío, parecía solo un detalle histórico o un accidente económico necesario a los ojos de las nuevas generaciones de políticos liberales. Casi 40 años después, los chilenos no se imaginaron que volverían a sufrir hambre, que volverían las ollas comunes en los barrios y poblaciones, y que volverían los militares a las calles. Y lo más irónico es que toda esta tragedia sucede cuando la era de la Constitución de Pinochet se acerca a su fin.
El renacer de la esperanza
Dentro de los peores errores que cometemos los seres humanos, está el creer que las cosas son de una manera porque no pueden ser de otra. Esa resignación es el combustible de los modelos económicos injustos, de los sistemas políticos dictatoriales y de las desigualdades en todos los ámbitos. Como seres humanos finitos y pasajeros por esta tierra, hoy víctimas directas o indirectas de una crisis sanitaria que nos recuerda nuestra precariedad biológica, seguimos permanentemente expuestos a la voracidad y a la represión de los que se benefician de modelos políticos y económicos injustos. Desde que somos escolares nos enseñan que las cosas son como son, que no hay alternativas, y siempre buscan obligarnos a encajar, a pesar de nuestras carencias o de nuestra resistencia, en un sistema hecho para satisfacer la economía y no para satisfacer las aspiraciones de los seres humanos.
Hoy, desde Chile, enterarse en una misma semana que dos carabineros han sido imputados por causar traumas oculares irreversibles a ciudadanos chilenos, definitivamente devuelve la esperanza en el futuro y demuestra que sí, hay alternativa: es posible construir un Estado de derecho en el que no reine la impunidad ni la ley del más fuerte. En un país donde todo fue confiscado por la economía, hoy poco a poco vemos a una ciudadanía que va recuperando sus derechos, en tanto se siguen erosionando los pilares de un modelo que llega a su fin. Y mientras una encuesta anuncia que el presidente Sebastián Piñera ha caído a un 18% de aprobación nacional, otra encuesta nos revela la gran noticia de que un 77% de chilenas y chilenos votarán Apruebo una Nueva Constitución en el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.
