El botín y la máscara: Anatomía de un despojo con bandera de democracia
«El poder no se hereda ni se decreta: se conquista en las urnas o se transforma en fuerza cuando deja de responder a ellas.» — Paráfrasis inspirada en Max Weber.
Hay escenas políticas que parecen concebidas por un novelista porque contienen, concentradas en unos pocos minutos, demasiadas contradicciones para pertenecer a la realidad ordinaria. La que ocurrió en Nueva York en septiembre de 2026 tiene esa cualidad. En la misma tribuna donde Venezuela debía explicar al mundo qué clase de transición estaba viviendo, Delcy Rodríguez anunció que habrá elecciones como parte de un proceso hacia la «democracia plena», sin dar fecha. Casi al mismo tiempo, su gobierno profundizaba negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras Washington consolidaba un acuerdo energético que coloca una parte sustancial de la explotación petrolera venezolana dentro de un esquema de participación estadounidense. La escena tiene algo de alegoría: una mujer que llega a la principal tribuna diplomática del planeta para hablar de democracia mientras el país que representa atraviesa una transición cuyo origen no está en unas urnas, sino en la desaparición del poder anterior tras la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. No hace falta atribuir intenciones ocultas a cada protagonista para advertir la magnitud de la contradicción. Basta observar la arquitectura de los hechos.
Primera escena: el apretón de manos que lo dice todo.
El martes 22 de septiembre, en el hotel Lotte New York Palace, Trump ofreció una recepción a líderes extranjeros. Y allí, a puerta cerrada y sin acceso de prensa, se produjo el encuentro. Trump y Delcy Rodríguez, cara a cara por primera vez. Según la versión oficial que ella misma publicó en redes, fue una reunión «histórica» en la que se discutieron energía, minería y seguridad. Los asistentes incluyeron a Marco Rubio, secretario de Estado; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefa de gabinete; y Stephen Miller, subjefe de gabinete. Los nombres no son casualidad: son el equipo de halcones que ha gestionado la política más agresiva de Washington hacia América Latina en décadas.
Trump, en su discurso ante la Asamblea, no se anduvo con rodeos. Calificó a Maduro de «dictador fuera de la ley», celebró la liberación de «cientos de presos políticos» y presentó la incursión de enero como una demostración de que Estados Unidos usará su «inigualable poderío militar» para proteger sus intereses en el hemisferio. Y luego soltó la frase que resume toda la transacción: «Al vencedor le corresponde el botín». El botín, en este caso, era un acuerdo petrolero que da a Estados Unidos acceso a decenas de miles de millones de barriles de reservas venezolanas. Y el vencedor, aunque Delcy se pavonee en las fotos, no es Delcy. El vencedor es el que tiene los aviones, los abogados y la cuenta bancaria donde se depositará el dinero. Ella es la empleada que estampa la rúbrica. Él es el dueño que cobra.
Segunda escena: el acuerdo que no es un acuerdo.
El acuerdo petrolero, presentado por la Casa Blanca como el mayor de la historia, contempla una estructura de varias capas que conviene precisar porque la simplificación la vuelve fácil de refutar. Según la información disponible, la concesión a la empresa NABEP contempla hasta cien años para 17 yacimientos que reúnen alrededor de 64.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez describe el proyecto binacional como un acuerdo de 25 años. La Casa Blanca ha confirmado derechos de cien años sobre esos yacimientos y una estructura en la que Estados Unidos obtiene una participación accionaria del 35% en la matriz de NABEP, derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y prioridad sobre parte del crudo restante. Una cosa son las concesiones otorgadas sobre determinados campos y otra el horizonte operativo del proyecto energético. Precisamente por eso conviene evitar las simplificaciones que convierten una negociación compleja en un eslogan.
Pero una vez hecha esa precisión, la pregunta permanece intacta: ¿qué clase de soberanía es aquella que conserva formalmente el recurso mientras concede a un socio extranjero una participación decisiva en su explotación, acceso privilegiado a la producción y una posición estratégica dentro de la estructura empresarial que habrá de administrarla? Expertos y abogados han planteado interrogantes sobre la transparencia del acuerdo, la ausencia de un proceso competitivo de adjudicación y la falta de claridad inicial sobre determinadas autorizaciones legales. Nadie conoce el texto completo del contrato. La diputada opositora Amelia Belisario lo dijo con crudeza: «El bienestar social no se decreta en Nueva York. Se construye aquí, con transparencia y con institucionalidad». Y Luis Emilio Rondón, del partido Un Nuevo Tiempo, votó a favor del respaldo pero exigió conocer el texto completo. No se lo dieron.
Dostoievski, en Los hermanos Karamázov, escribió una frase que le queda como anillo al dedo a este gobierno: «El hombre que miente a sabiendas y se escucha a sí mismo mentir, llega al punto de no distinguir la verdad de su mentira, y pierde el respeto por la verdad, y por sí mismo». Delcy Rodríguez no cree en su propio discurso. Nadie que firme un contrato de cien años cediendo una participación decisiva de la producción petrolera a una potencia extranjera puede creer que está defendiendo la soberanía. Pero lo dice con tal convicción, con tal solemnidad, que el oyente desprevenido podría pensar que es sincera.
La retórica de la soberanía entra aquí en tensión evidente con la estructura económica y jurídica del acuerdo. Y esa tensión no necesita adjetivos: se demuestra sola.
Tercera escena: las voces en la calle.
Mientras en Nueva York se servían canapés, en Caracas, frente a la sede del PNUD, decenas de venezolanos gritaban una consigna que debería avergonzar a cualquier gobierno: «¡No nos representa!». Las pancartas decían «Delcy arrodillada ante el imperio» y «Venezuela tiene voz y no es la de Delcy». Andrés Velásquez, líder opositor, lo dijo sin rodeos: «Ella puede tratar de buscarse todo el reconocimiento internacional que quiera, pero eso no sustituye jamás lo que es el voto popular». Y José Gregorio Ochoa, activista de sesenta años, resumió el sentimiento colectivo: «Su agenda es una bofetada al pueblo venezolano, producto de que esta ciudadana nunca fue elegida, nunca fue votada».
En Washington, el congresista republicano Carlos Giménez —cubano-americano, conocedor de lo que significa una dictadura de cerca— fue más duro aún: «Delcy es una dictadora, no electa. Representa la opresión, la mediocridad y un régimen decrépito que tiene sus días contados». Pero ni siquiera él, que es de los pocos que se atreve a decirlo en voz alta, señala al verdadero responsable: el gobierno de su propio país, que la sostiene. Y Ligia Bolívar, activista de derechos humanos, señaló la hipocresía del anfitrión: «Presidente de Palestina no podrá ir a la ONU. Delcy Rodríguez sí. EE. UU. viola acuerdo de país sede de un organismo internacional para favorecer a una dictadura». Este es el humor negro que la realidad nos regala sin pedir permiso: el líder de un pueblo ocupado no puede pisar la ONU, pero la usurpadora de un país soberano sí. ¿Por qué? Porque tiene petróleo. Porque le conviene a Trump. Porque la dignidad, en el mercado de la geopolítica, cotiza menos que el barril de crudo.
Cuarta escena: la ausencia y el exilio
Y mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba María Corina Machado, la líder opositora que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025? En Panamá. Intentando regresar a Venezuela tres veces en una sola semana, por vía marítima y aérea, sin lograrlo. Había salido clandestinamente de su país en diciembre de 2025 para recibir el Nobel, y desde entonces le han impedido volver. Panamá le otorgó un pasaporte diplomático «por razones humanitarias».
El contraste es obsceno: la líder legítima no puede pisar su tierra, mientras la usurpadora pasea por los pasillos de la ONU y estrecha la mano del presidente estadounidense. Y lo más grave: Estados Unidos, que dice ser el paladín de la democracia en el hemisferio, es el mismo que mantiene una relación privilegiada con una autoridad que no ha sido elegida directamente por los venezolanos. El propio Departamento de Estado ha señalado que la reunión entre Trump y Rodríguez no debía interpretarse como un reconocimiento de legitimidad electoral. Es una distinción jurídicamente importante, pero políticamente deja abierta una pregunta que no puede resolverse mediante semántica: si una autoridad no deriva su legitimidad de las urnas, ¿cuánto poder puede ejercer durante cuánto tiempo antes de que la provisionalidad comience a convertirse en una nueva forma de permanencia?
Quinta escena: el discurso de los dieciocho minutos
El miércoles 23, Delcy Rodríguez subió al podio. Su discurso duró dieciocho minutos. Habló de paz, de diálogo, de «Venezuela renace». Agradeció a Trump su «disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas». Y pronunció la frase que la prensa internacional esperaba: «Quiero decirlo muy claro: en Venezuela habrá elecciones». Pero no dio fecha. No dio plazos. Dijo que «el pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto».
Ahí está el resumen de todo. La promesa de elecciones sin calendario no es una promesa: es una hipoteca sobre el futuro que se renueva cada seis meses. Es el clásico «vuelva mañana» de la dictadura que se disfraza de democracia. Y en la calle, los venezolanos que la escuchaban por radio sabían exactamente lo que significaba ese discurso: nada. La misma nada de siempre, dicha con otras palabras. Porque el que promete sin fecha es como el que siembra en el mar: hace el gesto, pero no espera cosecha. Delcy Rodríguez sembró en el mar de la ONU. Y el mar, como todos sabemos, no devuelve nada.
Sexta escena: la sombra que no se ve
Hay una figura que no aparece en las fotos de la ONU, ni en las reuniones del FMI, ni en el apretón de manos con Trump. Es la sombra de Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, a escasos kilómetros de la sede de Naciones Unidas. La comunidad internacional lo ha borrado de sus comunicados. Y Delcy Rodríguez, que le juró lealtad antes de reemplazarlo, ahora ocupa su silla.
«Gobierna bajo presión de Washington», dicen los medios. «Ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales». Su gobierno ha terminado negociando en términos que coinciden sustancialmente con las prioridades estratégicas de Washington. Y aquí está el punto que nadie quiere ver: los hechos posteriores a la captura de Maduro permiten sostener que el petróleo se convirtió en uno de los intereses centrales de Washington en la nueva relación con Caracas. No hace falta demostrar una intención oculta para reconocer la magnitud del interés. Basta con mirar el tamaño del acuerdo, la duración de las concesiones y la velocidad con que se retiraron las sanciones en abril. La dimensión económica no es secundaria ni anecdótica: forma parte del corazón mismo de la transición.
Séptima escena: el pueblo que no es comparsa
Pero hay algo que ni Washington ni Miraflores quieren reconocer: el pueblo venezolano no es un convidado de piedra en esta función. Es el único actor de la obra que no ha firmado el guion, y el único que puede romperlo. En las elecciones de julio de 2024, el CNE anunció la victoria de Nicolás Maduro con el 51,2% frente al 44,2% atribuido a Edmundo González, pero no publicó los resultados desagregados por centro de votación. El Centro Carter, que observó el proceso, concluyó que no podía verificar ni corroborar los resultados anunciados y señaló que la elección no cumplió los estándares internacionales de integridad. Al mismo tiempo, la oposición publicó más del 80% de las actas producidas por las máquinas de votación, y el análisis del propio Centro Carter encontró que esas actas eran auténticas y otorgaban a González una ventaja ampliamente superior a la anunciada oficialmente. Existe, naturalmente, una posición institucional venezolana distinta: el Tribunal Supremo validó posteriormente los resultados proclamados por el CNE. Pero esa decisión no resolvió el problema central señalado por los observadores: la ausencia de publicación de los resultados mesa por mesa y la imposibilidad de que terceros verificaran de manera independiente la totalidad de los datos.
El pacto entre el capital transnacional y la dictadura no es un esquema perfecto ni duradero. Es una transacción frágil, sostenida por la fuerza y por el interés ajeno. Y las transacciones frágiles, en la historia de América Latina, tienen una vida útil más corta que la de sus firmantes. La historia latinoamericana conoce demasiados regímenes que confundieron la duración con la eternidad. Decir que el pueblo es un tercero que sobra es un error de diagnóstico: el pueblo es el único que queda cuando los dos primeros se van.
EPÍLOGO: EL COMPRADOR NO ES EL JUEZ
Al final de esta función hay que decir quién puso el teatro, quién vendió las entradas y quién se quedó con la taquilla. Porque el error de todos los análisis que se hacen en el calor del día siguiente es el mismo: se concentran en la actriz y olvidan al productor. Delcy Rodríguez es la máscara, pero el que sostiene la máscara tiene pasaporte azul, oficina en Washington y una lista de campos petroleros apuntada en un papel.
El problema no es solamente que una potencia extranjera persiga sus intereses económicos; el problema aparece cuando esos intereses se presentan bajo el lenguaje de la democracia, la transición y la soberanía mientras la arquitectura material del acuerdo cuenta otra historia. Estados Unidos no es un actor neutral en esta tragedia. Tampoco es un actor cuyo único motivo sea el petróleo, porque las grandes potencias rara vez actúan por una sola razón: seguridad, energía, influencia regional, migración, estabilidad geopolítica y oportunidades económicas pueden coexistir dentro de una misma estrategia. Lo verdaderamente relevante es que, en este caso, la dimensión económica forma parte del corazón de la transición, y que los intereses en juego se están presentando con un lenguaje que no coincide con su sustancia.
Y lo más cínico de todo esto no es el acuerdo. Es el contraste. El presidente de Palestina no pudo pisar la ONU; Delcy Rodríguez sí. La mujer que las actas de la oposición y los observadores independientes señalan como ganadora no puede volver a su país; la que nunca fue elegida pasea por los pasillos como jefa de Estado. Si a Washington le importara solo la democracia, todo esto tendría una coherencia distinta. Pero entonces no se llamaría transición; se llamaría negocio. Y el problema no es que Trump negocie con quien le conviene: el problema es que lo haga en nombre de la libertad, con la bandera de la democracia en una mano y el contrato petrolero en la otra.
«And nothing is but what is not.» — William Shakespeare, Macbeth, acto I, escena III
«Nada es, sino aquello que no es». Porque eso es exactamente lo que ocurre con Venezuela: un despojo presentado como normalización, una ocupación económica presentada como alianza, y una usurpadora presentada como presidenta encargada. El lenguaje se ha vuelto el arma más eficaz del saqueo.
Que no nos vendan el cuento de que aquí hay dos bandos. Aquí hay tres: la usurpadora que firma, el imperio que cobra, y un pueblo que mira desde la acera cómo se reparten su tierra. Los primeros dos se necesitan. El tercero, aunque parezca ausente, es el único que tiene la fuerza de la legitimidad y el tiempo de la historia.
Y al final de esta historia, detrás de la máscara y debajo del botín, permanece una pregunta más sencilla que todos los discursos pronunciados en Washington, Caracas o Nueva York: ¿quién decide el destino de Venezuela? Si la respuesta termina siendo Washington, las compañías petroleras, los organismos financieros o quienes ocupan provisionalmente el poder, entonces habrá cambiado el administrador del país, pero no habrá regresado la soberanía política a su pueblo. Si, en cambio, la respuesta vuelve a ser el ciudadano venezolano, expresándose mediante elecciones libres, verificables y competitivas, entonces la transición habrá cumplido realmente su propósito. Porque una nación puede necesitar ayuda para levantarse, capital para reconstruirse y acuerdos para volver a producir; lo que no debería necesitar, si aspira a llamarse democrática, es permiso de una potencia extranjera para decidir quién habrá de gobernarla.
El petróleo puede comprar tiempo, los acuerdos pueden comprar estabilidad y el dinero puede acelerar una reconstrucción. Pero la legitimidad no se compra. Se obtiene cuando los ciudadanos, sin máscaras y sin intermediarios, vuelven a tener en sus manos la decisión sobre su propio destino.
Observador del Circo Diplomático.
Miami, EEUU. Jueves, 24 de septiembre de 2026
