Haydee Castillo, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco: «No permitiremos un aterrizaje suave de Ortega»

Haydee Castillo es una destacada activista de derechos humanos en Nicaragua, fundadora del Instituto de Liderazgo de las Segovias y actualmente miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Desde hace varios años, casi una década, Haydee ha venido involucrándose y comprometiéndose activamente en la lucha emprendida por diversos sectores de la sociedad nicaragüense contra la instauración demoledora de la dictadura Ortega Murillo.

A partir de la rebelión cívica de abril 2018 las actividades no solo sociales sino también políticas de Haydee obviamente se incrementaron, y al mismo tiempo, de manera proporcional se incrementó la presión y persecución del régimen en su contra. Fue arrestada, interrogada y luego liberada, lo que la obligó a exiliarse y propició el acoso paramilitar contra su familia, llegando incluso al límite de provocar el incendio de sus propiedades.

Actualmente Haydee cumple funciones de apoyo a la lucha contra la dictadura desde el exterior, organizando actividades de la diáspora y haciendo cabildeo político ante distintos gobiernos y organismos internacionales. Una de sus recientes actividades precisamente nos permitió realizar esta entrevista: un encuentro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos para puntualizar planteamientos y proyectar acciones en apoyo a la población en su búsqueda de Libertad, Justicia y Democracia.

Durante la entrevista Haydee habló acerca de las reuniones que en los días siguientes sostendría en Washington una delegación conjunta de la UNAB y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el propósito de pedir más presión de la comunidad internacional contra el régimen, y donde de hecho plantearon la conformación de la Coalición Nacional Azul y Blanco, que en teoría habrá de constituirse en «la plataforma más amplia de oposición».

Durante esta entrevista consultamos a Haydee sobre las distintas posiciones que por separado dieron a conocer algunas organizaciones como la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales y la misma UNAB acerca de las acciones a emprender para salir de la crisis político social que agobia al país, lo que plantea el dilema de cómo hacerlo sin el derrocamiento o desmantelamiento previo de la dictadura.

Curiosamente todas coinciden en la opción electoral, anticipada o no. Por un lado la Alianza Cívica plantea el «restablecimiento de la confianza en el Sistema Electoral a través de la implementación de las recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento y otras propuestas de reformas» (léase OEA), que según sus cálculos garantizaría elecciones anticipadas y libres.

La propuesta de la Alianza dice priorizar aspectos urgentes, es decir, se limita solo a reformas a la Ley Electoral, dejando otros puntos de mayor profundidad o importancia a un eventual nuevo gobierno democrático. Mas curioso todavía es que, paralelamente a la propuesta de la Alianza, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó una propuesta de quince puntos para «promover un acuerdo de nación», que también subraya el tema de elecciones anticipadas.

Por su parte la UNAB hizo pública una Propuesta de Programa Mínimo Común en el que básicamente plantean que la salida a la crisis de Nicaragua pasa por el desmantelamiento del aparato dictatorial actualmente vigente, la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional que según se deduce de la propuesta hipotéticamente tendría funciones de transición y garantizaría el emprendimiento de una serie de pasos para obtener Justicia y Democracia.

La UNAB propone un amplio programa de reformas (creación de una nueva policía, replanteamiento de la posición y la estructura del ejército dentro del marco institucional del país, entre otras), que habrían de profundizarse una vez desmantelado el aparato dictatorial. La pregunta toral, sin embargo, parte de cuándo y cómo será desmantelado ese aparato. Y esta fue precisamente una de las primeras preguntas planteadas a Haydee en esta entrevista.

También tratamos de indagar con ella acerca de por qué todos estos planteamientos (en los que se observan evidentes y muy notables diferencias) se producen por separado, siendo que presuntamente todas estas organizaciones pertenecen o están aglutinadas en una misma plataforma llamada Unidad Nacional Azul y Blanco. La respuesta fue una admisión tácita de las diferencias o de la profunda división imperante en la «sombrilla» de la UNAB.

Es claro que desde un inicio la dirección de la UNAB cedió inconsultamente el liderazgo de las negociaciones con el régimen a la Alianza Cívica, que desde entonces tendió a establecer una hegemonía visible en las acciones derivadas de la dinámica interna de la UNAB. Ante lo obvio de este panorama Haydee nos brindó su versión sobre las tensiones y dilemas internos que se han producido todo este tiempo en dicha organización, afirmando que ese estado de cosas ha empezado a cambiar a partir del fracaso de las negociaciones con el régimen. 

Haydee también reveló algo que días después se confirmó públicamente: que la UNAB venía trabajando con otras estructuras en la conformación de una Gran Coalición Azul y Blanco bajo el axioma de dos propósitos políticos: fortalecer la lucha contra la dictadura y prepararse para un eventual momento electoral, lo cual nos llevó a preguntarle si en tal caso estarían dispuestos a hacerlo con la participación de los Ortega Murillo y su organización FSLN en esa eventual contienda.

Su respuesta fue categóricamente negativa. «Para nosotros -explica- el desmantelamiento de la dictadura como punto primordial significa que no queremos maquillaje. No queremos unas reformas que vayan a implicar un orteguismo sin Ortega. Nuestro planteamiento es que las elecciones son un medio, no un fin. Si nosotros nos planteamos como opción una lucha pacífica, eso significa que en algún momento ese proceso desembocará en un momento electoral».

Pero no se trata, dice, de cualquier proceso electoral ni se trata de cualquier momento. «Cuando hablamos de desmantelamiento de la dictadura -explica-, significa que no podemos ir a elecciones en las actuales condiciones porque estaríamos ante otro fraude. No podemos aceptar un acuerdo bilateral entre Ortega y la OEA que fue establecido antes de los sucesos desencadenados en abril 2018. No podemos aceptarlo porque ahora hay otro contexto».

Recordó que los sucesos de abril marcaron un parteaguas en Nicaragua. «Eso es algo que nadie puede ignorar -afirma-. Se lo dije personalmente al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Se lo dijimos también a las distintas comisiones y embajadores de esa organización. Señores, para nosotros es muy importante lo que hay que hacer previamente a un proceso electoral. No podemos ir a ese proceso con un fusil AK apuntándonos a la espalda. Cuando hablamos de desmantelamiento hablamos de crear las condiciones para que nunca se repita lo que acabamos de vivir».

Afirma que la UNAB, como «la gran sombrilla» que aglutina a todas las organizaciones que luchan contra la dictadura, tiene su propia apuesta. Esa propuesta -agrega- incluye no permitir un «aterrizaje suave» de Daniel Ortega, y según dice «estamos obligados a hacer que eso se escuche y se logre».