Pandemia y abuso de poder
María Teresa Bravo Bañón
La ley suprema es el bien del pueblo.
Cicerón
La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve.
Martin Luther King
“La pandemia del coronavirus se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos». «Esto es inaceptable», subrayó Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, el día 23 de abril de 2020, destacando además que nos encontramos en un momento en el que “los gobiernos deben ser transparentes, receptivos y responsables», sin olvidar que «el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales» y que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado «tienen que desempeñar funciones esenciales». «Y en todo lo que hagamos, no lo olvidemos nunca: La amenaza es el virus, no las personas… la mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho». Guterres señaló que, en el actual contexto de crisis, donde crecen el nacionalismo, el populismo y el autoritarismo, algunos países pueden utilizar al coronavirus como excusa para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia.
Guterres insistió en que “hay que garantizar que cualquier medida de emergencia -incluyendo los estados de emergencia- sea legal, proporcional y no discriminatoria, tenga un objetivo y duración específica, y toma la vía menos intrusiva posible para proteger la salud pública».
Según la organización, ya se aprecia claramente cómo, aunque el virus no discrimina, su impacto sí lo hace, con grandes diferencias en el acceso a servicios públicos y «efectos desproporcionados en ciertas comunidades».
La ONU alerta también de un aumento de los discursos de odio, los ataques a grupos vulnerables y un creciente riesgo de que la mano dura en el ámbito de la seguridad mine la respuesta sanitaria.
En un informe, Naciones Unidas señala que ese tipo de poderes especiales para los gobiernos pueden resultar necesarios para combatir la pandemia, pero también plantean riesgos de abuso.
La organización defiende que precisamente la protección de los derechos humanos debe ser una de las bases de la respuesta a la pandemia, tanto en lo relativo a la emergencia sanitaria como en su impacto más amplio en la vida de los ciudadanos. Subraya que debe garantizarse sanidad para todos y preservar en todo momento la dignidad humana, con especial atención a quienes más están sufriendo; debe protegerse el estado de derecho; y debe trabajarse en una recuperación que cree sociedades más justas y sostenibles. «Respetando los derechos humanos en estos momentos de crisis, construiremos soluciones más efectivas e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana», insistió Guterres.
¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó?
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas (ONU), que acababa de establecerse, el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La DUDH sigue sirviendo de base para leyes y normas nacionales e internacionales.
Pero además, también tenemos múltiples organismos internacionales basados en los 30 puntos de los derechos humanos que han sido ratificados y firmados por los países de los 5 continentes , por el cual se comprometen a la aplicación y defensa de los mismos.
Los gobiernos que infringen los tratados firmados y ratificados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo hacen sin legitimidad ninguna. Desde el tiempo de Hamurabi, las civilizaciones de todos los tiempos nos regimos por leyes de cumplimiento que dan lugar al estado de derecho. Saltarse las leyes del estado de derecho es legitimar dictaduras, con las consecuencias que ello conlleva.
El matonismo de Nayib Bukele, El Salvador
Las antipatías violentas son siempre sospechosas y revelan una secreta afinidad.
William Hazlitt (1778-1830) Literato inglés.
Ante las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele para contener la pandemia, que incluyen la detención de personas en confinamiento forzoso por incumplir la cuarentena domiciliaria, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, publicaron una carta abierta dirigida al presidente para expresar su preocupación por las acciones del gobierno salvadoreño y difundida en medios de comunicación internacionales y redes sociales. “Hoy presentamos un llamamiento colectivo al presidente Bukele para liderar una estrategia de salud pública que proteja a la población y sus derechos ante la pandemia del COVID-19. El gobierno debe revertir inmediatamente aquellas medidas que, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Las autoridades han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico. Con esta estrategia, el gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad. Además, la detención de personas que salen a buscar agua, comida o medicinas afecta desproporcionalmente a quienes viven en pobreza. El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.” “Nuevamente el presidente Bukele ha hecho sonar las alarmas de la comunidad internacional. Son inaceptables sus mensajes públicos que llaman al incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sugieren que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos. El gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos”.
También José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las
Américas expresó que se trata de un “nuevo abuso de poder de Bukele”, quien decidido a “convertirse en un verdadero autócrata, da carta blanca a la policía para matar pandilleros”. Para Erika Guevara-Rosas, las políticas de “mano dura” de gobiernos anteriores solo han generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, señaló. Guevara-Rosasarirma que la decisión de Bukele puede causar que las fuerzas de seguridad salvadoreñas comentan graves violaciones a los derechos humanos, en un país consumido por la violencia.
Las imágenes de la prisión de Izalco, en El Salvador, de la policía requisando las celdas, mientras miles de reclusos esperaban casi desnudos y amontonados en el suelo de la cárcel, han indignado a todo el mundo. Human Rights Watch ha denunciado la medida del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de permitir a la policía “utilizar la fuerza letal” y ordenar el encierro en celdas hacinadas, insalubres y sin luz, a miembros de pandillas rivales, lo que podría hacer crecer los motines y la violencia ya exacerbada en las prisiones del país. Califica de “repugnantes” las medidas, Y denuncia el trato “cruel y degradante” del gobierno a miles de presos, al mantenerlos “sin luz, sin poder mirar hacia fuera y aislados de forma indefinida”; como resultado, el riesgo de que se agredan o maten, dice, es enorme, además del riesgo de que se contagien por coronavirus. “Pareciera que ese es el objetivo del presidente Bukele”, denuncia.
Rodrigo Duterte, Presidente de Filipinas: “disparad a matar”
El presidente de Filipinas ordena «disparad a matar» a los que violen la cuarentena por coronavirus”. En Filipinas, el parlamento también otorgó «poderes especiales» al Presidente, durante la emergencia nacional. De esta forma, Duterte tendría carta blanca para actuar sin el poder legislativo, modificar los presupuestos a su antojo, intervenir empresas privadas o colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la gestión de la crisis de la pandemia, en vez del Ministerio de Sanidad. En las últimas semanas, según denuncia Human Rights Watch, han sido detenidas más de 17.000 personas por violar el confinamiento; muchas de ellas han sido metidas en jaulas a pleno sol durante horas como forma de castigo.
«Muerto, en vez de causar problemas, te enviaré a la tumba», dijo en un mensaje televisado. «No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar». Defensores de derechos humanos y grupos civiles denunciaron esta orden, y la etiqueta #OustDuterte (expulsar a Duterte) se multiplicó viralmente por las redes.
«Estamos seriamente alarmados por las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días», lamentó la organización de derechos humanos Karapatan.
El grupo estudiantil CEGP indicó que «no se puede esperar que la gente permanezca en silencio si sus estómagos se revuelven» y advirtió al gobierno que «no deben aferrarse a planes fascistas y militaristas contra una nación azotada por el hambre y en enojo contra un régimen.
Hungría: gobierno por decreto
Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control.
Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés.
En marzo el parlamento húngaro aprobaba una enmienda para dar más poderes al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. La medida, criticada ampliamente por la oposición y organizaciones de derechos humanos, da la posibilidad al gobierno de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones «que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa» (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.
Toque de queda en Latinoamérica
Gran parte de Latinoamérica se encuentra en cuarentena o toque de queda, y después de que (desde mediados de marzo) muchos países de la región han declarado estados de emergencia como parte de sus enfoques de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19, los medios de comunicación internacionales comenzaron a informar de abusos contra la población civil, en algunos casos obligándoles a asumir posiciones forzadas, hacer saltos o recitar frases humillantes ante la cámara.
La aplicación de tales medidas ha comenzado a volverse más siniestra. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe las restricciones a la libertad personal en tiempos de emergencia, nunca permiten la tortura o el trato degradante hacia las personas y siempre exige que todo uso de la fuerza por parte de la policía o el ejército sea proporcional, necesario y adaptado a ley.
Perú, por ejemplo, aprobó el 28 de marzo una Ley de Protección Policial que viola abiertamente las normas internacionales y que podría abrir el camino a la impunidad policial, haciendo más difícil que se activen consecuencias legales para los policías que violan los derechos humanos. Mientras tanto, en Venezuela, el periodista Darvinson Rojas estuvo en prisión durante 12 días por cubrir la difusión del COVID-19. Su liberación llegó horas después de que Amnistía Internacional lo declarara prisionero de conciencia. Dado que aún está sujeto a procedimientos legales a pesar de su liberación, Amnistía Internacional sigue haciendo campaña en el caso hasta que Darvinson y todos los trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela puedan llevar a cabo su vital trabajo de forma libre y segura.
India: a palo limpio contra los infractores
Bofetadas, golpes con palos y flexiones: el castigo de la policía india a quien se salta el confinamiento. El primer ministro de la India, Narendra Modi, decretó el confinamiento nacional para frenar la propagación del coronavirus. La medida de contención fue anunciada en la medianoche del 24 de marzo y se alargará hasta el 15 de abril, cuando se cumplan 21 días del encierro. “La única manera de salvarnos del coronavirus es no salir de casa. Da igual lo que suceda, permaneceremos en casa”, declaró este martes en su segundo discurso televisado en menos de una semana.
Durante los días en encierro, como se aprecia en el siguiente vídeo, la policía castiga con violencia a los ciudadanos que no cumplen el aislamiento preventivo. Algunos agentes, armados con palos de carga, han golpeado a las personas que paseaban por la calle. Mientras que otros han optado por obligarles a hacer sentadillas, flexiones y otras formas de ejercicio físico a modo de reprimenda. [https://elpais.com/videos/2020-03-27/bofetadas-golpes-con-palos-y-flexiones-el-castigo-de-la-policia-india-a-quien-se-salta-el-confinamiento.html]
La policía está rociando con productos químicos a trabajadores que volvían de las grandes ciudades a sus lugares de origen para pasar la cuarentena, en lo que parece un intento de desinfectarlos antes de entrar en sus localidades. Según el periódico local Indian Express, se utilizó una solución de hipoclorito sodio, producto utilizado para la limpieza de piscinas y que puede causar quemaduras en piel, ojos y pulmones.
Pero también en otros países se reportan abusos. Por ejemplo, desde que se impuso un toque de queda en Kenia el pasado 27 de marzo, varias organizaciones de defensa de derechos humanos vienen denunciando la brutalidad policial y del ejército con el uso de gases lacrimógenos contra quienes intentan volver a casa desde sus trabajos. Según información de la Agencia EFE, las autoridades kenianas están investigando la muerte de un niño de 12 años que murió a causa de un balazo de la policía mientras estaba en el balcón de su casa.
Turquía: represión contra la oposición
El 13 de abril, el Parlamento turco aprobó una ley que autorizó la liberación anticipada de hasta 90.000 reclusos. Pero, precisamente, no de quienes jamás deberían haber ido a prisión: periodistas, intelectuales, profesionales del derecho, miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos…
Afortunadamente, Taner Kiliç, Presidente Honorario de Amnistía Internacional de Turquía, está a la espera de sentencia fuera de la cárcel. Pero muchos otros acusados de cargos similares están encarcelados, como el líder de la sociedad civil Osman Kavala o el periodista Ahmet Altan, que ha difundido este mensaje: «Si el virus entra las cárceles, se extenderá como un incendio en un bosque».
¡Es urgente que sean liberadas las personas que nunca deberían haber ido a prisión! Hay un elevado número de personas encarceladas en aplicación de vagas leyes antiterroristas, a pesar de la absoluta falta de pruebas. Otras muchas están en prisión preventiva a la espera de juicio desde hace meses o años.
Mientras la COVID-19 se extiende a un ritmo alarmante por Turquía, la vida de miles de personas presas y el personal penitenciario corren grave peligro en unas cárceles masificadas y faltas de higiene.
Silenciar la información: amenazas contra la libertad de expresión
Para combatir la propagación del virus, los gobiernos deben garantizar la difusión de información accesible, precisa y basada en pruebas sobre la COVID-19, y sobre cómo evitar el contagio. Sin embargo, hemos visto con demasiada frecuencia a autoridades de Europa Oriental y Asia Central ejerciendo sus nuevos poderes excepcionales para hostigar a periodistas y otras personas que intentaban difundir información.
“Los gobiernos de Azerbaiyán y Rusia han procesado a personas usuarias de redes sociales, periodistas y profesionales de la medicina por poner en evidencia sus defectuosas respuestas a la COVID-19. Otros países, como Uzbekistán, han impuesto ruinosas multas por difusión de ‘noticias falsas’”, ha dicho Heather McGill. “Esto transmite un mensaje paralizante a quienes ejercen el periodismo en toda la región y demuestra que muchos gobiernos están más interesados en atacar a quienes los critican que en proteger la salud de la población.”
En Azerbaiyán, las autoridades han usado la pandemia de COVID-19 como pretexto para reprimir a la oposición. El 19 de marzo, el presidente Ilham Aliyev anunció “nuevas normas” mientras dure la pandemia de COVID-19, que incluyen “aislar” y “despejar” a la oposición de su país. Posteriormente se detuvo al activista de la oposición Tofig Yagublu por cargos falsos de vandalismo, seguido del defensor de derechos humanos Elchin Mammad, acusado de robo.
En Rusia se citó a Anastasiya Vasilieva, presidenta del sindicato independiente “Alianza Médica”, para ser interrogada por la supuesta difusión de “noticias falsas”. Su organización hizo un llamamiento al colectivo de profesionales de la medicina de Rusia para que pusieran al descubierto la incompetencia de las autoridades. Como consecuencia, muchos de sus miembros sufrieron acoso y amenazas, y la propia Vasilieva fue detenida por la policía por “incumplimiento de la cuarentena” cuando estaba abasteciendo de material a un hospital local.
Los medios de comunicación rusos no se han librado de la presión. Las autoridades obligaron al prestigioso periódico Novaya Gazeta a suprimir un artículo donde se criticaba las políticas de confinamiento de las autoridades chechenas después de que el jefe de la república, Ramzan Kadirov, amenazara públicamente a su autora, Elena Milashina. No es sorprendente que algunos gobiernos hayan reaccionado ante la pandemia de COVID-19 con desprecio por los derechos humanos fundamentales. “La población de Europa Oriental y Asia Central merece algo mejor en unos momentos tan difíciles”, ha afirmado Heather McGill.
Videos de represión y humillación
El coronavirus agrava la represión en el mundo: más violencia en la calle por concesión de mayor poder a los gobiernos. En declaraciones a eldiario.es, Adrián Tarín, profesor español de comunicación social en la Universidad Nacional del Ecuador y periodista en un medio comunitario, relata: «Eran las propias fuerzas del orden las que grababan y colgaban las escenas en redes sociales, en las que se puede ver cómo los obligan a hacer ejercicio físico pero además lo combinan con golpes con látigos, palos o cinturones», explica. «Ha habido casos de gente a la que le pintaban la cara, le cortaban el pelo, en plena calle». En Guayaquil hay una estricta militarización de las calles y un cierre de la ciudad, a la que solamente tienen acceso los transportes de abastecimiento.
A finales de marzo, en la república rusa de Chechenia se grabó a la policía blandiendo tuberías de plástico. Las imágenes de vídeo parecen indicar que los agentes golpeaban a quienes no llevaban mascarilla. Hasta la propia policía chechena se filmó agrediendo a personas por no llevar mascarillas.
Soldar las puertas de las casas
En Kazajistán, las autoridades también han hecho cumplir la cuarentena en bloques de pisos soldando las puertas para que sus residentes no pudieran salir, dejando a residentes atrapados dentro de las viviendas.
En Karakol, Kirguistán, el 6 de abril, las autoridades soldaron todas las puertas de un bloque de viviendas donde vivían decenas de familias, después de que un residente diera positivo en la prueba de COVID-19
El 18 de abril, el ejército ucraniano bloqueó el único acceso al pueblo de Staromarivka, situado en el territorio bajo control gubernamental afectado por el conflicto en el este de Ucrania, dejando a sus 150 residentes sin acceso al exterior y sin medios para obtener alimentos, asistencia médica y otros servicios.
Motines en las cárceles
El caos del Covid-19 infecta las prisiones de Latinoamérica porque el sistema penitenciario está totalmente abandonado. Un millón y medio de reclusos albergan las prisiones de América Latina en instalaciones precarias y con presupuestos que impiden el abastecimiento suficiente de agua y jabón, imprescindibles para frenar la propagación del coronavirus.
El director para las Américas de Human Rights Watch, el Sr. Vivanco, asegura que en general las cárceles latinoamericanas sufren de un hacinamiento por sobrepoblación superando en al menos el 30% la capacidad máxima de los centros. “Ese problema es responsabilidad del Estado”, subraya, y denuncia que la clase política utiliza la demagogia y el populismo y no trata de solucionar los problemas de las cárceles porque no da votos.
En Brasil y México las autoridades se limitan a protegen los alrededores del centro penitenciario y “dejan a los reclusos a su suerte y allí rige la ley del más fuerte”, explica. Eso hace que se produzcan todo tipo de abusos, e incluso homicidios. “La corrupción es la norma. Están en manos de los cárteles porque las autoridades se preocupan únicamente de que no se den a la fuga”.
Entre el 30% y el 50% de los procesados no han sido aún condenados. HRW ha hecho un llamamiento a reducir la población carcelaria empezando por quienes han cometido delitos no violentos ante la hacinación y falta de suministros como el agua potable que harían que un brote de coronavirus en el interior fuera imparable.
En las últimas semanas hemos tenido noticias de varios motines. La consigna es la misma en todos los motines: los presos exigen mejores condiciones dentro de la cárcel, las cuales se han degradado aún más desde el inicio de la crisis del coronavirus, que ha provocado el colapso total de los servicios médicos y funerarios.
Brasil
Un motín en una cárcel de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus, terminó con un saldo de 17 heridos, sin que se hayan registrado víctimas mortales, informaron fuentes oficiales. Tres prisiones en diferentes regiones han puesto en jaque a las autoridades penitenciarias, que exigen el mejoramiento de las condiciones salubres, y no solo por parte de los presidiarios, sino también por familiares y por grupos de derechos humanos.
46 muertos en Venezuela
Al menos 46 muertos y un número indeterminado de heridos se registraron durante un intento de fuga en una cárcel de Venezuela, informó un funcionario del penal, quien aseguró que la cifra de fallecidos “irá subiendo”
Hacinamiento en Perú
Con el sistema sanitario desbordado en algunas regiones, a Perú se le ha abierto un nuevo frente en su lucha contra el Covid-19, al registrar un gran foco de infecciones en sus hacinadas prisiones, lo que ha provocado una oleada de violentos motines para pedir medicinas y libertad. Hasta el momento hay al menos 21 presos fallecidos por el virus y unos 650 contagiados, y entre los funcionarios de prisiones hay no menos de siete fallecidos, entre ellos el director de la cárcel de Trujillo, y unos 180 contagiados. Desde entonces las cárceles peruanas se han vuelto una trampa potencialmente mortal para los 97,500 presos que permanecen recluidos en 68 penales, cuya capacidad es de unos 40 mil reos, lo que supone una superpoblación de 238%.
Argentina
“Nos negamos a morir en la cárcel”. La bandera con este reclamo flamea entre las chapas arrancadas del techo durante un motín este viernes en la prisión en Villa Devoto, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Las diversas manifestaciones dentro de las prisiones reflejan cómo la pandemia de Covid-19 se convirtió en la chispa que hace estallar la crisis del sistema carcelario de Argentina, con graves problemas de superpoblación y hacinamiento, repercutiendo en las cárceles del resto del país, donde en las últimas semanas ya se registraron otros violentos incidentes por mejoras de salubridad.
Desesperación en Colombia
La cárcel de Villavicencio, en el centro de Colombia, se convirtió en uno de los principales focos del virus en el país, con cerca de 100 contagiados y tres muertos, situación que la tiene al borde de una catástrofe sanitaria; fueron detectados hace dos semanas los primeros casos de coronavirus y desde entonces la cifra de contagiados no para de crecer entre reclusos y guardianes.
Italia, la fuga de 300 presos
En marzo, un total de seis personas murieron en motines carcelarios contra el decreto que imponía más restricciones en los centros penitenciarios en respuesta al brote del nuevo coronavirus. Los presos además están empezando a pedir una amnistía. En una de las cárceles, la de Foggia (sur) fueron numerosos los fugados. También hubo incidentes en la cárcel de San Vittore (Milán), Vallette (Turín), y la cárcel de La Spezia. “Tres presos han muerto en Módena, otro ha fallecido en Alessandria, uno más en Verona y el último en una pequeña prisión cuyo nombre no puedo revelar”, explicó el portavoz nacional del Sindicato de Policía Penitenciaria, Aldo di Giacomo, en declaraciones a la agencia de noticias italiana AdnKronos. “Las muertes parece que serían como consecuencia del uso de drogas psicotrópicas”, apuntó Di Giacomo, ya que los dispensarios fueron asaltados durante los disturbios. “Buscaban metadona y los cuerpos no parecen tener signos de violencia”.
Fuentes consultadas
Fotos de las cárceles de El Salvador:
https://www.eldiario.es/desalambre/carceles-masificadas-America-Latina_12_401879810.html
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%b3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
Tabla de ratificaciones de instrumentos internacionales de derechos humanos: http://www.derechoshumanos.net/normativa/tabla-de-ratificaciones-de-instrumentos-de-derechos-humanos.htm
