Rescatar la democracia de dos amenazas: el Capital y AIPAC
Editorial
La generación actual de estadounidenses atraviesa un momento peligroso de la historia, bajo la doble amenaza de la guerra exterior y de la disolución democrática. Estas amenazas no son accidentes del destino, ni el resultado de oscuras fuerzas conspirativas que escapen a nuestro alcance. Pueden rastrearse hasta dos orígenes distintos pero convergentes dentro del propio cuerpo político del país: el creciente poder del Capital — la oligarquía del 1% — sobre la sociedad estadounidense, y la captura de la política exterior de Estados Unidos por AIPAC — el American Israel Public Affairs Committee, el brazo más poderoso del lobby pro-israelí —, con consecuencias nefastas para la libertad de expresión. Nombrarlas con honestidad es el primer acto de ciudadanía en un momento que exige ciudadanía.
La primera amenaza consiste en el aumento grotescamente desproporcionado del poder de la minoría más rica del país. A lo largo de los últimos cuarenta años, la riqueza en Estados Unidos se ha concentrado a un ritmo y en una escala no vistos desde la Edad Dorada de finales del siglo XIX, la era de los *robber barons*. De acuerdo con las estadísticas de distribución de la riqueza de la Reserva Federal — los datos no partidistas del propio gobierno —, el 10% de los hogares más ricos posee hoy más de dos tercios de la riqueza nacional, y el 1% más rico posee tanto como el 90% más pobre en su conjunto.
En el otro extremo, el 50% más pobre de la población apenas posee alrededor del 2,6% de la riqueza total, en gran parte en forma de bienes de consumo duraderos —vehículos y modestos patrimonios inmobiliarios—. Dicho de manera sencilla: la mitad de la población prácticamente no posee nada, mientras que un 10% concentra casi el 70% de toda la riqueza. Atrapado entre estos dos polos, y empujado hacia una precariedad cada vez mayor por la evolución del capitalismo contemporáneo y las políticas neoliberales — la deslocalización, la automatización, la inteligencia artificial, el desmantelamiento de la educación pública, el costo desorbitado de la atención médica privada—, se encuentra el 40% restante, que posee aproximadamente el 25% de los activos totales.
Esta desigualdad aguda e inestable plantea interrogantes éticos fundamentales sobre el sistema de valores de una sociedad cuya retórica descansa en la libertad y la igualdad de oportunidades. El dominio abrumador de una minoría diminuta choca con la autoimagen de Estados Unidos como nación «sin clases» o «de clase media»; choca, en lo más hondo, con el relato legitimador del sistema de poder estadounidense. Pero es también, y de modo más urgente, un hecho político brutal: la riqueza concentrada compra poder político concentrado, y es por ello profunda, esencial y agresivamente antidemocrática. Así, el 1% redacta las leyes fiscales, controla a los reguladores, vacía las leyes antimonopolio concebidas para limitar el poder económico concentrado, deslegitima y erosiona los servicios públicos, y convierte a los dos grandes partidos en gerentes rivales de una misma clase dominante. El resultado es una población que percibe con razón que su gobierno no responde a sus intereses, y una clase política que trata esa percepción como un problema de relaciones públicas en lugar de como un síntoma revelador. El trumpismo no es una mera consecuencia de esta podredumbre: es a la vez su acelerador y su escudo, el producto de la oligarquía convertido en arma. Un multimillonario que se presenta como tribuno de los olvidados es la forma más perfeccionada, y más cruel, del camuflaje oligárquico.
La segunda amenaza es más específica, pero no menos grave. AIPAC y sus organizaciones aliadas han alcanzado, a lo largo de décadas, un grado de influencia sobre la política estadounidense en Oriente Medio — un ámbito estratégica y globalmente decisivo — incompatible con el autogobierno democrático. Miembros del Congreso juran defender a un país extranjero como si esa fuera su tarea, cuando su tarea es defender a Estados Unidos y a su Constitución. Los políticos que se desvían de la ortodoxia son derrotados sistemáticamente mediante financiación coordinada. Ciudadanos, estudiantes y periodistas que critican al gobierno israelí, o que defienden los derechos humanos de los palestinos, son difamados como antisemitas — una calumnia que banaliza el antisemitismo real y creciente a la vez que sofoca el debate legítimo. El reciente y desastroso giro hacia la guerra con Irán es el desenlace previsible de un aparato de política exterior que responde a un lobby antes que a la ciudadanía; pero es también el producto de un Ejecutivo marcado por el impulso autoritario, la ceguera ideológica y la adulación servil, una administración cuyo desprecio por el saber experto garantiza errores evitables en las decisiones más graves. Sometida desde fuera e incompetente desde dentro, la presidencia de Trump ha empujado al país hacia la guerra en contra del interés manifiesto del pueblo estadounidense.
Estas dos amenazas convergen. El Capital y el lobby de AIPAC no son idénticos, pero se refuerzan mutuamente: un estado de guerra permanente enriquece al complejo militar-industrial-tecnológico — los contratistas tradicionales de defensa, a los que se suman ahora las empresas de Silicon Valley que proveen al Pentágono de vigilancia, inteligencia artificial e infraestructura en la nube —, y ese complejo financia a los políticos que hacen permanente el estado de guerra. Los perdedores de esta convergencia son los estadounidenses de a pie: aquellos cuyos hijos combaten, aquellos que cargan con el peso de los impuestos presentes y de una deuda pública creciente, cuya libertad de expresión se ve cercenada, y cuyas necesidades quedan desatendidas mientras la oligarquía se enriquece y las bombas caen sobre seres humanos lejanos que no tienen ni voz ni voto, solo tragedia y sufrimiento sin fin.
El remedio tiene un nombre: democracia. Una democracia reforzada y revitalizada, con el dinero privado fuera de la política, con los grupos de presión extranjeros registrados y limitados, con la legislación antimonopolio aplicada con rigor, con las clases trabajadoras (la inmensa mayoría de la población) fortalecidas políticamente, con los bienes públicos restaurados.
Reforzar y revitalizar la democracia exige también enfrentar el problema de la presidencia imperial: un Ejecutivo que va a la guerra de manera rutinaria sin debate ni autorización del Congreso, que utiliza el Departamento de Justicia como instrumento de intimidación y represión políticas, que ignora tratados internacionales vinculantes sin coste político alguno. Los contrapesos previstos para contener el poder ejecutivo han demostrado ser insuficientes ahora que la pesadilla de los Padres Fundadores — un demagogo poderoso — se ha apoderado de la Casa Blanca. La reforma política es una prioridad de corto plazo si se ha de preservar la república democrática.
Preservar la democracia exige además un programa de acción colectiva vigoroso y una movilización por la justicia económica y social: un sistema fiscal que obligue al 1% más rico a pagar lo que le corresponde, una estructura salarial que permita a los trabajadores vivir con dignidad, la salud y la educación tratadas como derechos y no como mercancías, una política de vivienda orientada a construir, no a acaparar. Significa también la recuperación de la libertad de expresión como derecho inherente — a la vez consecuencia y condición previa de la democracia —, incluido el derecho a criticar a cualquier gobierno, el propio o cualquier otro, sin sufrir aniquilación política, profesional ni social.
Este programa es, además, el único puente duradero capaz de salvar las divisiones que la extrema derecha explota. La xenofobia, la islamofobia, el racismo y el antisemitismo florecen en el terreno fértil de la desesperación material y la búsqueda de chivos expiatorios. Drenar ese pantano — dar a la gente seguridad, dignidad y un relato veraz de quién le ha arrebatado qué — y los demagogos quedarán sin oxígeno. Los trabajadores conscientes de que su enemigo es el Capital — la riqueza concentrada que destruye la democracia — no necesitan odiar a su vecino. Se movilizarán, en cambio, para defender la libertad y los derechos humanos, dentro y fuera de sus fronteras.
El derrumbe de la democracia, el abandono de la paz, la erosión del derecho internacional: nada de esto es inevitable. Es obra de actores concretos con nombres concretos. Podemos nombrarlos, organizarnos contra ellos y reemplazar el sistema que los sostiene. Esa es hoy la tarea prioritaria de los amantes de la libertad. La alternativa es un país que conserva su bandera y pierde todo aquello que la bandera prometía representar en la tradición democrática estadounidense.
Evitar este desenlace exige no solo emprender un programa de reformas en la dirección aquí enunciada, sino hacerlo con la celeridad que impone la urgencia y con la lucidez de comprender que los descalabros sociales en curso brotan de la dinámica inherente de la economía de mercado: para prevenirlos, aminorarlos y mitigarlos, la regulación social es imprescindible. Estas fuerzas disruptoras y antidemocráticas, que emergen de la lógica del mercado, han crecido sin freno y han acumulado sus efectos durante más de cuatro décadas. No cabe esperar, por tanto, que las crisis que ya estamos viviendo remitan con reformas modestas ni con un mero ciclo electoral adverso al autoritarismo. El cambio social, radical y profundo, es una necesidad histórica si el propósito es una sociedad de ciudadanos libres. La necesidad, madre de todo cambio verdadero, lo reclama. No se trata de una visión utópica. Lo verdaderamente utópico es proceder como si la corrección de rumbo pudiera ser menor, como si para el rescate de la democracia bastara un cambio de nombres en la presidencia o en el Congreso.
