Un campo minado por Ortega
(La «vía electoral» o los prolegómenos de la «ruta constitucional»)

El convencimiento de que es actualmente la vía electoral el único camino posible para un cambio político en Nicaragua, está basado en la improbable suposición de que, a estas alturas del tiempo (un tiempo que Ortega, complacido por las pugnas opositoras ha dejado correr con maquiavélica intención) las necesarias reformas a la Constitución Política o a la Ley Electoral para lograr un escenario de elecciones libres podrían realizarse este mismo año; sin embargo se avizoran por un camino difícil y escabroso.

Hace poco participé en un programa de radio que conduce en Miami el nicaragüense Abraham Delgado. Fue una conversación con Miguel Mora y Eliseo Núñez, ambos integrantes de la Coalición Nacional, en la que también participaron los colegas Ariel Montoya y Marlon Powell.

Yo traté de ir directamente a un tema que, debido a las crispaciones que causa en la opinión pública, algunos actores políticos de la oposición suelen tratar «con pinzas», casi con miedo: el hecho ineludible de que, a estas alturas, la llamada vía electoral se podría estar imponiendo como única salida posible o expedita a la crisis nacional.

Se trata de una opción que, en las tuberías de la oposición, si no es vista sotto voce como única salida a la crisis, al menos es considerada como la contención transitoria de su progresiva agudización; sin menoscabo de que, en el corto plazo, esa ruta nos pueda o no llevar a lo que la gran mayoría aspiramos: la erradicación total de la dictadura y el emprendimiento de cambios estructurales profundos en nuestro sistema político y en nuestra organización como nación.

Ya en otro artículo traté de esbozar la forma en que se simplifican los estados de opinión al respecto: la propuesta de quienes están comprometidos con la opción electoral, y la de quienes proponen acciones urgentes para desestabilizar al régimen, desconocer su legitimidad de origen y nombrar un gobierno de transición.

UN VIEJO COMPROMISO

También he expresado, y la reitero aquí, mi absoluta incredulidad respecto a que la segunda opción anotada arriba sea aún contemplada por nadie en la Coalición Nacional. Estoy convencido de que absolutamente todos sus directivos están comprometidos desde hace tiempo con la llamada vía electoral, pero creo que el temor a plantearlo públicamente con claridad los ha estado empantanando.

El caso es que, a estas alturas, la evidente desmovilización de la lucha popular y los invariables niveles de represión y monopolio de la violencia por parte del régimen, sumando los terribles estragos de la pandemia, hacen cada vez más inevitable enfrentar como una opción muy probable la Ruta Constitucional, tal como es llamada con ánimo de imposición o como inamovible opción por el Secretario General de la OEA y por los altos personeros de Washington y de la diplomacia europea que dicen cabildear por la instauración de la democracia en Nicaragua.

El periodista Mora, quien fue nombrado como delegado del Partido de Restauración Democrática (PRD) en el directorio de la Coalición, habló en el programa de reactivar la protesta y la resistencia pacífica, así como de emprender acciones de desobediencia civil para exigir la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de libertades, etcétera, como condiciones previas para prepararse ante un evento electoral y garantizar que sea verdaderamente libre y transparente; sugiriendo no obstante que la Coalición no fue creada única y exclusivamente con fines electorales.

Por su parte Núñez, quien fue diputado por una de las fracciones del liberalismo y aparentemente hoy funge como operador político de la Alianza Cívica en la Coalición, respaldó en general lo expresado por Mora, pero subrayó categóricamente la inevitabilidad de un escenario electoral, agregando que cualquier otro tipo de desenlace imponderable, abrupto o anticipado a la situación actual de la dictadura, tendrá que derivar inevitablemente en un proceso de elecciones. 

Podría darles razón a ambos, pero con muchas reservas. Por un lado debido al evidente abandono, por parte del llamado liderazgo opositor, de la organización, movilización y protesta ciudadanas como prioridades en sus distintas o variopintas agendas políticas. Por otra parte debo agregar que una Coalición semejante, con tan exhaustivos y discutidos estatutos en su documento de constitución, claramente evidencia su naturaleza electoral. 

EL PROPÓSITO ELECTORAL

Se trata de una alianza diversa de organizaciones y partidos cuyos obvios propósitos son fundamentalmente políticos, por tanto, a la corta o a la larga, inevitablemente serán electorales.

Creo además que el convencimiento de que es actualmente la vía electoral el único camino posible para un cambio político en Nicaragua, está basado en la improbable suposición de que, a estas alturas del tiempo (un tiempo que Ortega, complacido por las pugnas opositoras ha dejado correr con maquiavélica intención) las necesarias reformas a la Constitución o a la Ley Electoral para lograr un escenario de elecciones libres podrían realizarse este mismo año; sin embargo se avizoran por un camino difícil y escabroso.

Debo recordar aquí que los últimos dos fraudes electorales perpetrados por la delincuencia organizada del FSLN, que propiciaron la consolidación de esta sangrienta dictadura, fueron finalmente legitimados con su participación por la clase política nicaragüense, con la complacencia del gran capital, pese incluso al ostensible rechazo reflejado en el enorme nivel de abstención de la ciudadanía durante las más recientes elecciones presidenciales en el 2016.

UN PRESIDENTE «LEGÍTIMO»

Lo recuerdo porque todo eso, entre otras cosas, le permitió a Ortega no sólo ser admitido (y aún seguir siéndolo pese a los terribles crímenes de Estado cometidos en los últimos años) como presidente legítimo de Nicaragua por una comunidad internacional que apenas lo presiona ahora, después de las masacres, con sanciones quirúrgicas; sino que también ya le había permitido desde antes clausurar con múltiples candados todas las puertas legales posibles que podrían desalojarlo (a él y a su camarilla) del poder.

Basta revisar la forma en que fueron reformadas la Constitución Política y la Ley Electoral entre el año 2000 y el 2014, para comprobar que el camino a unas elecciones libres, limpias y transparentes, que de nuevo se busca ahora con solapada determinación, ha sido meticulosamente plagado de minas por Ortega, con la ayuda y la complacencia de los más connotados miembros de nuestra clase política. 

Se trata de una legislación espuria cuya futura derogación o transformación deberá eventualmente incluir la Ley de Asociación Público Privada, con la que han estado hasta hoy tan contentos los flamantes millonarios que controlan políticamente las expresiones gremiales y políticas del «sector privado».

Al insistir en el apremio del tiempo y la innegable dificultad que representa, a estas alturas, la materialización de un proyecto de reformas electorales que ha sido consensuado hasta ahora por gran parte de la oposición (reformas que, por supuesto, no parecen interesar mucho a los partidos políticos dentro y fuera de la Coalición), Eliseo Núñez respondió con un razonamiento que al menos a mí me parece no solo sugerente sino revelador.

Según Núñez, por ahora no es necesario hacer grandes reformas a la Ley Electoral, pues, como se dijo, el tiempo apremia, y para hacerlo se necesitarían, según disposición constitucional, dos periodos legislativos. Además, los cambios necesarios para garantizar elecciones libres, según el joven político liberal, bien se pueden realizar a través de disposiciones administrativas.

LA VIRTUD DEL DEFECTO

Núñez ejemplificó su argumento a través de un interesante retruécano: la gran virtud de la Ley Electoral actualmente vigente, dijo, es precisamente su gran defecto: la discrecionalidad en la administración del proceso electoral. 

Así, según Núñez, bajo la actual Ley Electoral bastaría con que exista voluntad política para que se puedan resolver todos los cambios y disposiciones técnicas o políticas que se necesitan, a través de resoluciones administrativas del propio CSE, con apoyo y vigilancia internacional. En otras palabras: desde esa perspectiva las reformas electorales en este momento no son necesarias.

Yo encuentro ahí una preocupante coincidencia con lo que, según entiendo, Arnoldo Alemán estaría tratando de lograr en la Coalición, es decir, bajo el pretexto del apremio del tiempo, no detenerse a negociar reformas y participar en elecciones bajo la actual Ley Electoral.

Ante mi observación de que el PLC seguramente querrá hacer prevalecer allí su condición de «segunda fuerza política» que le dejaron como prebenda los últimos fraudes electorales, y que eso podría terminar destruyendo a la Coalición, Mora aseguró que Alemán les ha dicho no estar interesado en imponer su casilla, y que ha puesto a disposición de la Coalición todo su tendido electoral. 

«CUMPLIR JAMÁS»

No sé ustedes, pero yo, a alguien que popularizó en Nicaragua el cínico proverbio que dice: «firmar me harás, cumplir jamás», no estoy dispuesto a creerle nada.

Lo que sí creo es que, para lograr esos cambios necesarios para elecciones libres y transparentes a través de «resoluciones administrativas», como lo propone Núñez, habría que primero lograr que la mayoría de magistrados del CSE aprueben y emitan todas esas resoluciones. Por tanto será necesario, al menos, lograr la elección de un nuevo CSE para que las emita. 

Es cierto que para elegir un nuevo CSE no es necesario reformar la Ley Electoral: los actuales magistrados tienen su periodo vencido, y para lograrlo bastaría, hipotéticamente, con convocar a una nueva elección de magistrados en la Asamblea Nacional, quienes supuestamente se encargarían de emitir las resoluciones.

Pero la aplanadora de impostores orteguistas se vanagloria de poseer una asquerosa y fraudulenta, pero no por eso menos apabullante «mayoría» parlamentaria en la Asamblea Nacional. Y es claramente inadmisible, desde cualquier perspectiva en que pretenda situarse la oposición, que sea esa falsa mayoría la que se imponga en esa hipotética elección de magistrados. Al menos eso es lo que por ahora supongo.

Por eso no veo yo que se pueda hacer mucho desde allí. Ni aun logrando la reincorporación de los 16 diputados del Partido Liberal Independiente destituidos olímpicamente por Ortega en el 2016, se lograría neutralizar el oneroso funcionamiento de la aplanadora sandinista en el parlamento.

¿Quién propondrá los nuevos nombres para magistrados en la lista que dispone la ley? ¿Presentará su lista el flamante «presidente» Ortega? ¿Cuáles serán las listas de los diputados «opositores» y cuáles las del orteguismo?

UN CAMINO PLAGADO DE TRAMPAS

Si asumimos, pues, que no habrá reformas electorales y que los cambios necesarios para elecciones libres se harían solamente con las resoluciones administrativas a que alude Nuñez, bajo la actual Ley Electoral, entonces, aunque se lograse una nueva mayoría de magistrados en el CSE, se enfrentaría el problema de la posibilidad o no, según esa ley, de otorgar personería jurídica a viejos o nuevos partidos, o bien de conformar alianzas electorales entre los partidos inscritos. Y ese es un terreno en el que los llamados partidos tradicionales, por supuesto, se sienten muy cómodos.

Lo cierto, al final de cuentas, es que estamos ante un verdadero campo minado; un camino arteramente plagado de trampas por Ortega y sus comparsas políticos. Y por lo que veo, aunque estemos o no de acuerdo en que debamos recorrerlo, si quienes deciden las cosas en la oposición (sean auténticos opositores o lobos disfrazados de ovejas) así lo han dispuesto, pues ya deberían estar actuando en consecuencia. 

Lo que aguarda entre los vericuetos de esa ruta, como se dice en buen nicaragüense: «no es jugando».