¿Cuál es la ruta?

Omar Treminio
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El autor es sociólogo y abogado.

…ojo, pestaña y cejas” sobre las élites políticas que amenazan con pactar nuevamente; que sepan y sientan que ya no juegan en una jaula de hierro, sino en una de cristal que nos permite observar sus triquiñuelas.

Parecía no haber confusión, planteada la pregunta la respuesta resonaba al unísono: ¡que se vaya el hijueputa! Tres años después la respuesta se ha venido matizando, hasta pareciera que ya no se quiere que se vaya, sino que se quede, que aterrice suavemente. Mientras, el dictador quiere continuar mandando, cuando mínimo desde abajo, que al fin de cuentas no es “desde abajo” sino a la par: ¡cogobernar!

Pensar en ir a elecciones presidenciales donde el dictador Daniel Ortega corra como candidato sería disponerse, por ese solo hecho, a legitimar a un dictador, su sistema de represión y de producción de fraudes. La idea de Ortega de reelegirse encierra un fraude en sí misma.

La reelección: Daniel y Somoza son la misma cosa

Diré una verdad sabida: el dictador Daniel Ortega está inhibido de postularse como candidato a la presidencia para un quinto mandato y cuarto consecutivo, el artículo 147 de la Constitución Política, aún con las ilegales modificaciones del segundo mandato sandinista, hechas a través de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia lo prohíbe. Aunque la espuria sentencia declaró, en un sinsentido legal, que el artículo 147 era inconstitucional, especialmente en cuanto a la no reelección continua ni más allá de dos mandatos, la voluntad constituyente de prohibir el ejercicio continuo del poder presidencial quedó impresa en los literales a) y d) del texto constitucional. 

El dictador Ortega regresó al sistema somocista de continuidad indefinida en el poder atenuando la prohibición constitucional de no reelección, sin poder acabar con ella. Si los parientes cercanos del dictador no pueden ser candidatos o candidatas a la presidencia o vicepresidencia ¿Cómo es posible que él sí pueda serlo? El pretexto, la argucia alegada por el dictador, se centraba en que el 147 constitucional le negaba su derecho a la igualdad, ¿igualdad con quién? Con los Somoza, puesto que ni sus familiares fueron considerados “iguales” dado que no los protegió con su sentencia de inconstitucionalidad de la constitución. En consecuencia, la única igualdad que añora es la de aferrarse a la silla presidencial por tanto tiempo o más que los otros dictadores y caudillos que le antecedieron. De manera que el año 2010 es posiblemente el año en que el dictador institucionalizó su régimen dictatorial con la aberrante sentencia que declaró inconstitucional un artículo constitucional. 

<<Después de 1980 para cada elección se ha aprobado una nueva ley o una reforma a la ley. Esta elección no será la excepción, y con ella el dictador se ha garantizado que los resultados electorales de este año perpetúen esa viciada práctica política.>>

La Comisión de Venecia (marzo 2018) ha concluido que el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Es posible poner límites objetivos y razonables al derecho de ser elegido. El presidente tiene la obligación de hacer valer la constitución y proteger los derechos humanos. El presidente no puede exigir sus derechos políticos en contra de la constitución. Los límites a la reelección presidencial, por ende, no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos.

 Ortega y su FSLN: la esencia antidemocrática

Para entender cómo hemos llegado aquí se debe tener presente la filosofía política del fsln. Después de su llegada al poder en 1979 el fsln ha sustentado su acción en cuatro directrices de pensamiento político básicas: 1. Las elecciones son un estorbo (como lo declaró Bayardo Arce, en mayo de 1984, ante el Partido Socialista de Nicaragua [mayores detalles en F. Valpini, 1987]), 2. Los partidos políticos no deben existir, porque dividen a la sociedad (declaraciones de Daniel Ortega en el Foro de Sao Paulo realizado en Managua en 2011), 3. El pueblo es una masa que necesita una vanguardia, y  4. Hay que retener el poder a cualquier precio (el mandato de Tomás Borge). 

Esos principios han sido utilizados por el sandinismo para hacernos transitar un camino de continuo deterioro sociopolítico y particularmente electoral. De acuerdo con Salvador Marti i Puig (2019) pasamos de unas elecciones competitivas: 1990, 2001 y 2006; a unas “elecciones contestadas” en 2008 y, finalmente a “elecciones hegemónicas” en 2011, 2012 y 2016. En su reciente informe sobre la libertad en el mundo Freedom House ha colocado a Nicaragua bajo la categoría de “No Libre”, en tanto el último informe sobre la democracia en el mundo, publicado por la organización internacional IDEA continua colocando a Nicaragua en una situación de régimen ‘hibrido’ y señala que mientras la mayoría de los países de América Latina han consolidado sus democracias, Nicaragua se ha colocado a la par de Venezuela y en el grupo de los 10 países del mundo con graves retrocesos democráticos. En este contexto ¿qué tipo de elecciones tendremos en 2021?, ¿cómo podemos retornar a elecciones competitivas? ¿es posible romper la hegemonía que ejerce el fsln en la política electoral nicaragüense? 

<<Romper con la senda de deterioro sociopolítico en que la dictadura nos tiene inmerso pasa obligadamente por rechazar, por resistirse a continuar con la lógica de reformas exprés y a la carta con que el dictador conduce su régimen.>>

Reformas exprés

Hace dos años, el 29 de marzo de 2019, se establecieron los Acuerdos para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas un documento que consta de 18 artículos. Hoy en día ninguno de esos acuerdos se ha cumplido. Al contrario, la dictadura ha emitido un conjunto de leyes que garantizan un acelerado deterioro de derechos y libertades civiles, políticas, sociales y económicas. De hecho, las mismas leyes son una muy buena evidencia de la falta de voluntad del régimen de cumplir con los acuerdos y de demostrar su voluntad dictatorial de retener el poder a cualquier precio. 

Romper con la senda de deterioro sociopolítico en que la dictadura nos tiene inmerso pasa obligadamente por rechazar, por resistirse a continuar con la lógica de reformas exprés y a la carta con que el dictador conduce su régimen. Desde su retorno al poder, Ortega ha enviado con trámite de urgencia la mayoría de las propuestas de leyes. Así ha dejado de lado su modo ochentero de gobernar por decreto, revistiendo de una falsa legalidad su actuación. Las añoradas reformas electorales amenazan transitar por esa misma senda: un trámite expedito, sin discusión, sin debate, sin posibilidad alguna que se recojan en ella las exigencias mínimas para unas elecciones ajustadas a estándares internacionales.

Más penoso aún es pensar que, aunque las reformas electorales se hubiesen realizado siguiendo el debido proceso de reforma de leyes constitucionales, no hubiéramos escapado de la viciada práctica política de ajustar las reglas electorales a cada elección. Después de 1980 para cada elección se ha aprobado una nueva ley o una reforma a la ley. Esta elección no será la excepción, y con ella el dictador se ha garantizado que los resultados electorales de este año perpetúen esa viciada práctica política.

Esta será posiblemente la más ilegitima de todas las espurias reformas electorales y constitucionales que se han realizado en los últimos 40 años. Desde 2016 existe un memorándum de entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y la dictadura nicaragüense para tales fines. Dicho memorándum deja de lado la posibilidad que actores de la sociedad civil participen en el proceso de diálogo, ni siquiera en condición de observadores. Lo que públicamente se conoce indica que el memorándum después de cuatro años no produjo ningún resultado. Lo que sí es relevante resaltar es el hecho que para la OEA un proceso de reforma electoral como el que necesita Nicaragua debe desarrollarse en un tiempo no menor de 6 meses, lo que implicaría que las deseadas reformas están fuera de término. 

<<En Nicaragua, defender los derechos humanos es un acto de resistencia, porque el gobierno ejerce el poder con total desprecio al estado de derecho, el Estado legisla con la finalidad de restringir las libertades y de producir leyes abiertamente injustas, violatorias de derechos humanos, y no existe la más mínima separación de poderes.>>

La ruta

Una vez más la voluntad popular truena claramente, sin dejar grieta alguna para las dudas, todos sabemos cuál es la ruta. Esta es una ruta que incluye una serie de elementos que son inconfundibles. 1) el dictador Ortega no puede postularse para un quinto mandato, 2) liberación de los presos y presas políticas, que de acuerdo al último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas son 125 [121 hombres , 3 mujeres y 1 mujer trans] 3)  reformas constitucionales y electorales, 4) derogación de leyes represivas de la dictadura [Ley 1055, ley de defensa de la soberanía nacional; Ley 1040, ley de agentes extranjeros, la constitucionalización de la cadena perpetua por “delitos de odio”, a través de adición de un párrafo al artículo 37 constitucional; Ley 1042, ley de ciberdelitos; Ley 1060, que reforma el Código Procesal Penal], 5) que la dictadura desmovilice sus fuerzas paramilitares y mercenarias; 

En Nicaragua, defender los derechos humanos es un acto de resistencia, porque el gobierno ejerce el poder con total desprecio al estado de derecho, el Estado legisla con la finalidad de restringir las libertades y de producir leyes abiertamente injustas, violatorias de derechos humanos, y no existe la más mínima separación de poderes.

Si este contexto no cambia, si la ruta trazada en abril de 2018 no se sigue, las elecciones de noviembre de 2021 serán unas no-elecciones. Desde 2011 no existen condiciones para que los y las nicaragüenses podamos ejercer nuestro derecho a elegir y ser electos, la dictadura nos lo ha conculcado.

Este noviembre, la ceguera de las élites políticas puede hacer necesario que como ciudadanía revivamos la “rebelión del voto blanco” o la “rebelión del no voto”. Sin condiciones, sin garantías y sin un liderazgo político que responda a las demandas y necesidades ciudadanas, la “rebelión del no voto o del voto blanco” será la mejor estrategia de resistencia pacífica a utilizar. 

Por ahora, “ojo, pestaña y cejas” sobre las élites políticas que amenazan con pactar nuevamente; que sepan y sientan que ya no juegan en una jaula de hierro, sino en una de cristal que nos permite observar sus triquiñuelas.

Omar Treminio

El autor es sociólogo y abogado.