Del estallido social pacífico del 2018 a uno nuevo, organizado y violento

José Mario García
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 Nicaragüense con Master en Ciencias Políticas de la Universidad de Malmó, Suecia.

<<El pueblo se pertrechará con las armas de la Policía y del Ejército. Habiendo optado el régimen por una senda violenta, no hay ningún chance en Nicaragua para una salida pacífica. No se trata de optar por la guerra, porque no hay vías que escoger, ya que los Ortega-Murillo cerraron todos los espacios cívicos y han dejado claro que no quieren soltar el poder y que, más bien, cada día están más aferrados al mismo. >>

La dictadura de la familia Ortega-Murillo enfrentó de la peor manera el espontáneo estallido social pacífico del 2018 para no admitir que la mayoría del pueblo nicaragüense se rebeló por sus violaciones a la Constitución y las leyes, su atropello de los derechos humanos y la falta de libertad, democracia y justicia.

Dirigentes que hubieran estado en su sano juicio, como los de Chile durante el estallido social de octubre del 2019, hubieran reconocido que Nicaragua vivía una grave crisis social, de derechos humanos y de gobernabilidad, y que había que actuar de inmediato para enmendar esa delicada situación. Pero el orteguismo estaba enceguecido.

Los Ortega-Murillo pudieron ser razonables y propiciar una salida justa, digna y efectiva mediante elecciones libres, y acordar de antemano seguridades para ellos y sus principales cómplices, y se habría evitado la matanza. No se hubieran terminado los problemas, pero estaríamos en una mejor posición, con un gobierno nacional impulsando un programa mínimo consensuado.

Pero la familia Ortega-Murillo más bien tomó el camino criminal de la represión y asesinó a más de trescientas personas, la mayoría jóvenes, porque no quería dejar el poder por ningún motivo, aunque tuviera que pagar un costo muy alto.

Tras la matanza, con mayor razón la mayoría de la ciudadanía exigía la inmediata salida del poder de la dictadura, pero esta se enroscó en el Estado, y al mismo tiempo, para tratar de cubrirse las espaldas, por todos los medios a su alcance trató de borrar que había sucedido un genuino estallido social no violento, una legítima y poderosa protesta ciudadana ante sus desafueros. 

El invento del “golpe de Estado”

Entonces el orteguismo inventó la idea del “golpe de Estado”, un viejo concepto tradicionalmente utilizado para designar intentos de los ejércitos para arrebatarle el poder por la fuerza a presidentes electos constitucionalmente, a pesar de que en la rebelión pacífica del 2018 no participaron las instituciones militares ni policiales. No le importó que la definición no calzara con lo sucedido, y forzó su uso. Urdió su gran mentira y se propuso convertirla en verdad.

El régimen pretendió revertir la realidad por una artificial creada por él: que gobiernos extranjeros encabezados por EE. UU., desde hacía tiempo venían conspirando con organizaciones y líderes sociales locales, a quienes financiaron armamento y equipos de comunicación y logística para asestarle un “golpe de Estado”.

Con esta falaz narrativa de un “golpe de Estado” los Ortega-Murillo quisieron desaparecer de la memoria y de la historia la legítima lucha cívica de todo un pueblo en el 2018, justificar su criminal respuesta a la protesta social, y proveerse de una historia para su propaganda, de modo que gracias a la espesa cortina de humo que fabricaron, como por arte de magia pasaron de genocidas a víctimas. 

No le importó a la dictadura que fuera de sus áreas de control su cuento del “golpe de Estado” no tuviera credibilidad, pues para ella lo más importante era darle a su disminuída base social argumentos para justificar sus criminales acciones paramilitares, y para que permaneciera subordinada. Lo repitieron de manera incansable, varias veces cada día, en sus medios de comunicación televisivos, digitales y radiales, y lograron meter ese engendro en la cabeza de sus partidarios.

La criminal represión del 2018 no solo profundizó la grieta insondable entre el pueblo y el orteguismo, sino que abrió “una caja de Pandora” que fue empujando a este, cada vez con más fuerza, hacia los brazos de una maldad siempre más espesa, dañina y cruel, de una manera en que quizás ni la familia Ortega-Murillo llegó a imaginar la deriva inhumana en la que caería.

La represión se desbordó

Ahora la dictadura ha dinamitado todos los puentes, y pareciera ilimitada su capacidad de hacer daño a los luchadores azul y blanco, pues se ha desbordado en la represión: además de los crímenes de lesa humanidad, secuestró a más de mil quinientas personas, de las que mantiene como presos políticos a doscientas cinco, terminó de destruir el Estado de Derecho y creó un paquete de absurdas y caprichosas “leyes” para castigar a los opositores, ha judicializado a centenares y unos trescientos mil nicaragüenses han tenido que huir del país.

El orteguismo eliminó más de dos mil organizaciones sociales y no gubernamentales, y se ensañó con los medios de comunicación (ni un diario impreso existe en Nicaragua), confiscando a cerca de setenta organismos y medios, cerró a otros, sometió a una fuerte autocensura a televisoras y radios y provocó el exilio de unos ciento veinte periodistas y comunicadores.

No le ha temblado la mano a la familia Ortega-Murillo al reprimir a la iglesia Católica: ha saqueado,  destruido o incendiado sacristías de templos y la capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, expulsó del país a un obispo, al Nuncio Apostólico y a monjitas de la orden de Santa Teresa, tiene presos a otro obispo y a una decena de sacerdotes y diáconos, y ha obligado al exilio y al destierro a una veintena de ellos. 

Aunque no parezca posible descender más en el tortuoso camino inhumano que escogió al cometer la sangrienta represión del 2018, la dictadura siempre encuentra nuevas formas represivas, por ejemplo: el secuestro de familiares de personas a las que no pudo capturar; y el destierro de nicaragüenses a quienes les negó la entrada al país tras intentar regresar. 

Habiendo optado el régimen por una senda violenta, no hay ningún chance en Nicaragua para una salida pacífica. No se trata de optar por la guerra, porque no hay vías que escoger, ya que los Ortega-Murillo cerraron todos los espacios cívicos y han dejado claro que no quieren soltar el poder y que, más bien, cada día están más aferrados al mismo. 

Creadas las condiciones para un nuevo estallido social

Las graves y documentadas violaciones a los DD.HH., que han hecho los principales organismos especializados del mundo; y las sanciones, condenas y denuncias de las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA y países como Estados Unidos y los europeos, no han logrado hacer mella en la dictadura, y aunque todo esto la tiene en la picota, no la mueve de los resortes del poder.

Todo indica que solo mediante la violencia organizada del pueblo se podrá sacar del gobierno a la dictadura.

Durante los últimos cuatro años y medio la intensa represión orteguista ha ido creando las condiciones para un nuevo estallido social que, a diferencia del 2018, sería violento y organizado. Un factor del enardecimiento actual de la ciudadanía es la crueldad con que la familia Ortega-Murillo ha tratado a los presos políticos recluidos en “El Chipote”: están demacrados por la falta de alimentación adecuada, y los malos tratos y las torturas probablemente ya les causaron daños irreversibles. 

Otro factor que ha hecho hervir la conciencia social es el profundo y sistemático desprecio de la dictadura hacia la ciudadanía, cuyos derechos básicos le han sido conculcados; y un tercer elemento es la intensa represión contra la iglesia Católica. 

Recordemos que un intimidante cordón de numerosos antimotines que rodeaba la iglesia San Jerónimo el 19 de septiembre en Masaya, no logró desalentar a la población devota que por miles acudió al templo a celebrar a su santo patrono. En una acción provocadora, el comisionado policial Juan Valle Valle ese día entró escoltado a la parroquia, y cuando salía recibió un abucheo de campeonato.

En las calles les quitarán las armas a los policías

Por temor a cualquier chispazo que aliente la rebelión, la dictadura prohibió las tradicionales procesiones de San Jerónimo el 30 de septiembre y 7 de octubre. ¿Durante cuánto tiempo más podrá contener la rebeldía popular? La caldera está en ebullición.

En un nuevo estallido social, que deberá contar con una alta organización y mucha información, después de las iniciales escaramuzas que le hayan permitido a la población recuperarle a la Policía las primeras armas para mantener cierto nivel de fuego, es de esperar que efectivos policiales se cambien de bando, porque gran parte de la base social orteguista también vive bajo un aire irrespirable. 

Sobre todo al inicio, la lucha será complicada, y solo posible porque la mayoría de la población se encuentra en la sin remedio, en un agobiante callejón sin salida, hastiada y sumamente indignada ante un régimen cruel, ilegítimo y desacreditado. 

Los opositores saldrán a las calles, pero no a marchar, como en el 2018, sino a emboscar las camionetas de la Policía, a rodear a sus efectivos, y a quitarles las armas. También atacarían a los que estén en las rotondas. En los barrios, grupos de pobladores armados de cocteles molotov le harían mucho daño a sus represores, de cuyos movimientos rutinarios la resistencia popular organizada deberá estar muy bien informada.

De esta manera los combatientes populares obtendrían su armamento para combatir a los duros que hasta el último momento defiendan a la familia Ortega-Murillo. Después vendrían los asaltos a las estaciones policiales y cuarteles del Ejército. Eso es puramente especulativo, pues los que conocen de asuntos militares de las filas azul y blanco, sabrán cómo hacer avanzar la justa lucha popular.

Quien a hierro mata, a hierro muere

También es previsible la intervención del Alto Mando castrense a favor del orteguismo, o para escamotearle al pueblo su victoria, en pro de una opción que los corruptos generales y coroneles puedan manejar a conveniencia de sus turbios intereses económicos, pero de la misma manera habría unidades militares que se pasarán al bando popular o que al menos no le dispararán a la ciudadanía.

Resultaría muy difícil para la dictadura sofocar un estallido social violento y organizado del pueblo nicaragüense porque las contradicciones son demasiado profundas, no tienen arreglo, y la población estaría dispuesta a llegar hasta derrumbar al régimen.

Una ciudadanía numerosa y muy empoderada luchará con valentía hasta la victoria contra una fuerza represiva entrenada, aunque temerosa ante el impetuoso desborde de la gente, y en adición, por su origen popular, precondicionada a pasarse a las filas azul y blanco.

Habría un nuevo baño de sangre, otro luto nacional, otra guerra fratricida, aunque esta podría ser breve, por la avasalladora superioridad numérica de las fuerzas del pueblo que cada día estarán mejor organizadas y pertrechadas de armamento y logística de combate, y en la misma proporción irá decayendo aceleradamene el orteguismo.

¿Qué pasará con la familia Ortega Murillo? En los estertores del poder, ¿podrá huir o será víctima de la venganza popular? Quien a hierro mata, a hierro muere.

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José Mario García

 Nicaragüense con Master en Ciencias Políticas de la Universidad de Malmó, Suecia.